Mientras el zapatismo hizo, entre 1994 y 2008, un proceso de institucionalización alternativa y gradual –pasando de ser un movimiento guerrillero a formar gobiernos municipales autónomos con un ejército
irregular que los protege–4, el movimiento liderado por López Obrador
realizó un recorrido en sentido inverso. AMLO pasó de ser Jefe de Go- bierno de la ciudad más importante del país, a candidato presidencial
del PRD y, ante el fraude cometido en su contra5, a encabezar un gigan-
tesco movimiento de protesta. Es decir, transitó un recorrido –gobier-
4 Cabe señalar que se trata de una institucionalización siempre autónoma del Estado. 5 En este trabajo doy por hecho el fraude electoral, que ha sido argumentado y documentado
no-partido-movimiento– a primera vista desinstitucionalizador. Sin em- bargo, la preocupación por lo institucional ha conservado en su discurso y en su práctica un lugar privilegiado aunque cambiante, que vale la pena analizar.
Partiendo del primer texto que tomamos en este trabajo –el discur- so del desafuero pronunciado ante el pleno de la Cámara de Diputados el 7 de abril de 2005, todavía como Jefe de Gobierno–, se observa en él una intervención fuertemente institucional. En primer lugar, AMLO estruc- turó toda su defensa centrándose en la legalidad de su proceder, en la falsedad de las acusaciones en su contra e increpando a sus oponentes, ellos sí, como transgresores de la ley, preguntando “¿de cuándo acá los más tenaces violadores de la ley, los saqueadores, quieren aparecer como garantes del derecho?” Cierto. En segundo lugar, acusaba al “Presidente de la República (por) actuar de manera facciosa con el propósito de degra-
dar las instituciones”, así como al Presidente de la Suprema Corte de Justi-
cia por “supeditar los altos principios de la Constitución a… intereses creados… envileciendo las instituciones”. Así, en un primer momento, su discurso se podría caracterizar como de rescate de lo institucional.
Ya después del fraude, López Obrador convocó primero a “lim- piar” la elección, aferrándose a que la “ilegalidad de todo el proceso” le permitiría apelar a las instituciones, en este caso el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia, para que se hiciera valer el “sufragio efecti- vo” (8/7/2006). En este tenor, se abocó principalmente a argumentar y documentar, de la manera más minuciosa posible, las irregularidades que sustentaban la acusación de fraude para promover el reconocimien- to institucional del mismo. Incluso en el discurso del 16 de julio, al exigir el recuento de “voto por voto, casilla por casilla”, que se convirtió en la consigna principal del movimiento de protesta, sostuvo: “¡Para
afianzar la legalidad, voto por voto, casilla por casilla! ¡Para fortalecer las instituciones, voto por voto, casilla por casilla!” (16/7/2006). ¿Cierto?
¿Hasta qué punto AMLO creía en las instituciones y se proponía forta- lecerlas o ya las consideraba como un obstáculo a vencer?
Desde el inicio de su campaña había propuesto “crear una nueva legalidad, una nueva economía, una nueva política, una nueva convi- vencia social” (7/4/2005), pero hasta ese momento el problema parecía colocarse más bien en “los hombres que tienen en sus manos las institu- ciones” (30/7/2006), responsables de haberlas envilecido. Pero a media- dos de agosto de 2006, cuando la consumación del fraude parecía un
hecho irreversible y el recurso a las instituciones una carta perdida, se operó una radicalización, al afirmar que “las instituciones han dejado de representar el interés general del pueblo” ya que “una minoría rapaz (las) ha secuestrado… para mantener y acrecentar privilegios”. AMLO llamó entonces a “poner fin a la República simulada, (y) a construir las bases de un verdadero Estado social democrático de Derecho” y convocó a una Convención Nacional Democrática invocando, igual que los zapa- tistas en la Segunda Declaración de la Selva Lacandona, la soberanía popular y el “inalienable derecho de alterar o modificar las formas de gobierno” (15/8/2006). Por ello, afirmaba que “si se convalida el fraude, nuestro deber ciudadano será terminar con este sistema político basado en la farsa democrática y en instituciones que solo sirven para legalizar el abuso de poder”. Aquí, las instituciones ya no solo están degradadas sino que han sido secuestradas por una minoría, y han dejado de repre- sentar al pueblo; no se trata solo de limpiarlas sino de hacer “una reno- vación tajante”, una “refundación” institucional (13/8/2006).
Esta tónica se profundizó con la consumación del fraude, para pasar a un franco ataque contra la institucionalidad vigente “Ya hemos decidido dejar a un lado a todas esas instituciones caducas, corruptas, que no sirven para nada ni representan el interés general (culminando con su célebre) ¡Que se vayan al diablo con sus instituciones!” (1/9/ 2006)… –salvo el Ejército, naturalmente, al que afirmó respetar como garante de la soberanía, faltaba más–. Se trata del deslinde abierto de las
instituciones políticas, que han pasado de ser instituciones secuestradas a
ser “instituciones piratas” (16/9/2006), es decir, secuestradoras de la voluntad popular. ¿Es creíble este “desengaño” o se trataría más bien de una estrategia que transita entre lo institucional y lo no institucional, según los resquicios que se abren en uno u otro ámbito, dentro del más puro estilo resistente? Es notoria la cautela con la que solo se abandona lo político institucional cuando este es un territorio perdido, así como el cuidado extremo en no cortar aquellos puentes que puedan subsistir y cuya desaparición aislaría o pondría en peligro al movimiento.
Por ello, sería erróneo afirmar que el movimiento tiene un signo antiinstitucional. Muy por el contrario, se propone “no aceptar estas instituciones que han sido envilecidas, desmanteladas, secuestradas, que están al servicio de las minorías”, pero para “renovarlas” (21/3/2007). Así, se convoca nada menos que a la formación de una nueva República, con una “una nueva legalidad donde las instituciones se apeguen al
mandato constitucional” (16/9/2007); se designa un Presidente legíti- mo, identificado por sus siglas, AMLO –como solo ocurre en México con las figuras presidenciales– en un acto formal de toma de protesta, con banda y silla presidencial “hechizas” pero visibles; se nombra un gabinete también legítimo, todo ello frente a una movilización popular de apoyo. ¿Cierto? ¿Creíble? Podría pensarse como una parodia de go- bierno, pero más que una burla parece una invención, un artificio, y es importante establecer la diferencia entre artificio y mentira. La mentira es una “expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se cree o se piensa”. En cambio el artificio refiere al “ingenio o habilidad con que está hecho algo”, al “predominio de la elaboración artística sobre la na-
turalidad”, al “disimulo, la cautela, el doblez”6. En efecto, aquí se toma
el doblez de lo legítimo contra lo que se presenta como legal para, con cautela, habilidad e ingenio elaborar algo que no es “natural”. No se trata de afirmar lo contrario a lo que se sabe, se cree o se piensa; más bien se sabe que la elección ha sido fraudulenta y se recurre al artificio de crear un gobierno legítimo, aunque la ley no lo reconozca.
Estos “gestos” constitutivos se acompañan con hechos políticos contundentes: Se realizan la Primera, Segunda y Tercera Convención Nacional Democrática, que alcanza 1, 700.000 representantes en julio
de 20077. Cada representante se certifica con una credencial, rubricada
por AMLO como Presidente, pero solo después de firmar, a su vez, una carta compromiso de defensa de los derechos del pueblo y el patrimonio de la Nación, en claro ensamblaje del gesto y la acción política.
Ciertamente no es creíble la banda presidencial, ni mucho me- nos el sillón, ni la afirmación insostenible: “He decidido aceptar el
cargo de Presidente Legítimo que me confiere la Convención”. No
hay tal “aceptación” sino una estrategia delineada por el propio Ló- pez Obrador y su equipo antes que por una Convención más bien simbólica –manifestación de apoyo antes que instancia verdadera de toma de decisiones–. Así, la Convención es más formal que real en lo decisorio pero también es más real que formal en la capacidad de convocatoria, de movilización, y el poder que esto representa. Resul- ta entonces una institucionalidad, escasa, imaginaria, producto tal vez de cierta obsesión instituyente. En este sentido, el mismo “artifi- cio” de inventar unas instituciones inalcanzables por el momento,
dibuja otro ángulo, de por sí interesante: la voluntad de crear el embrión de una nueva institucionalidad.
Sin embargo, tal vez lo más novedoso de este intento es el hecho de que un movimiento que se define por la resistencia civil pacífica, cuyo carácter resistente lo haría básicamente no institucional, juegue simultáneamente cartas institucionales, cartas no institucionales y car- tas institucionalizantes, sin rechazar ninguna. Tal vez este sea uno de los rasgos principales de las resistencias políticas: la utilización de todos los resquicios posibles o, en palabras de Juárez-Obrador “como se pueda, con lo que se pueda y hasta donde se pueda”. Ciertísimo. Resalta enton- ces la amplitud del juego político que es, precisamente, lo que sus opo- nentes tratan de restringir desde el gobierno, desde los otros partidos e incluso desde el propio PRD. En la estrategia lopezobradorista se pue- den distinguir tres espacios principales:
1. El movimiento se propone y concreta –aunque con grandes altibajos– el Frente Amplio Progresista (FAP), coalición de partidos for- mada para actuar dentro mismo de lo institucional, especialmente en las Cámaras a través de los legisladores afines. En esta línea de acción, se podrían mencionar la resistencia a la participación del Ejército en las funciones represivas, la modificación parcial de una reforma penal viola- toria de derechos y la investigación de negociados del gobierno panista, como logros parciales, más ligados al posicionamiento del debate que a transformaciones efectivas. En cambio, se consiguió una reforma electo- ral que restringe el poder de los medios –posteriormente boicoteada en su aplicación–, así como el rechazo a la aplicación del IVA en alimentos y medicinas. Ambos logros no provienen de acciones exclusivas del FAP, pero coinciden con sus objetivos y logran una resistencia de corte insti- tucional. Pero la intervención más exitosa, sin duda, y cuyo mérito es exclusivo del FAP, fue la toma de las tribunas de ambas Cámaras, que impidió la aprobación intempestiva de una reforma energética privati- zadora, acordada entre las cúpulas de PRI y PAN. Ello obligó a los otros partidos a suspender la aprobación de la ley y a abrir un amplio debate con diferentes sectores de la sociedad, que forzó a restringir los alcances de la reforma.
2. Se proponen y se llevan a cabo reuniones periódicas de la Con-
vención Nacional Democrática (CND), con asambleas multitudinarias
en el Zócalo de la Ciudad de México. En 2008 los representantes acre- ditados sumaban 1,700.000 personas, estructuradas en una red flexible
y escasamente formalizada, es decir, una instancia no institucional pero sí
institucionalizante.
Cabe preguntarse qué tan verdadera es su representación y qué tan protagónico su papel. Es indudable que una asamblea multitudina- ria que aprueba las propuestas de su líder a mano alzada no constituye una instancia de decisión real. Sin embargo, la sola respuesta a la convo- catoria, de manera reiterada, así como la realidad de un empadrona- miento voluntario cercano a los dos millones de personas implican una convalidación, a la vez que señalan como realidad indiscutible un tipo de participación y cierto esfuerzo organizativo. ¿Cuál es el poder de la gente convocada? Ninguno en lo que se refiere a la decisión inmediata pero todo en lo que se refiere al futuro del movimiento. Todo el poder de AMLO reside en su capacidad de convocatoria. Así pues, a medio cami- no entre la movilización y la organización más estructurada, la CND no ha sido una creación ficticia. Ha funcionado como foro de información, como medio de movilización y como espacio de convocatoria para las sucesivas etapas del movimiento.
La Tercera Asamblea, en noviembre de 2007, convocó a organizar la resistencia civil en torno al Movimiento Nacional en Defensa del Pe- tróleo. Este fue el espacio principal de la acción política del lopezobado- rismo a lo largo de 2008, reactivando la movilización popular a niveles semejantes a los de la campaña electoral, con la concentración de cientos de miles de personas en el Zócalo de la Ciudad de México los días 13 y 27 de abril de ese año. En síntesis, se podría decir que la CND es una instancia intermedia entre la movilización y la formación de redes flexi- bles que pretende ampliarse hasta llegar a conformar “la organización ciudadana más importante que se haya visto en toda nuestra historia” (20/11/2006). ¿Posible?
3. Se propone y se realiza una movilización callejera sin preceden- tes, como forma de lucha antiinstitucional, para protestar e impedir la imposición de medidas antipopulares por parte de las “instituciones piratas”. La toma de las calles del Centro Histórico por millones de personas primero, y de manera continuada durante más de un mes a lo largo de la lucha postelectoral, en lo que se conoció como “el plantón”, es un hecho único en la historia de México. De la misma manera, la imposibilidad del gobierno para realizar los rituales simbólicos del po- der (Toma de posesión en el recinto legislativo, Informe presidencial ante el Congreso, Grito de Independencia) obedecen en buena medida
a la fuerte movilización popular en su contra con acciones que, sin ser ilegales, fueron invariablemente antiinstitucionales. En la misma sinto- nía, el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, organizado en brigadas femeninas, recurrió a la toma de las calles aledañas al recinto legislativo, así como a distintas formas de protesta pública insistente, creativa y con un alto componente de humor.
Esta articulación de lo institucional con lo no institucional es quizás el hallazgo más importante del movimiento que lidera López Obrador y, en buena medida, razón de su fuerte arraigo en numerosos sectores y de un “poder hacer” dentro y fuera de las instituciones –al más puro estilo autonomista–. A su vez, la amplitud de los espacios de lucha en los que actúa se corresponde con la amplitud de los sectores convocados para hacerlo.
El discurso de AMLO inicia invariablemente con un “Amigas y amigos” indefinido y “todoabarcador”. En la medida en que se despliega va formulando un nosotros, constituido en torno a la categoría de pueblo, como eje central y como sujeto de la acción: “la primera palabra la tendrá siempre el pueblo” (13/4/2008). Dentro de él se precisan ciertos grupos “los obreros, los campesinos, los indígenas, los estudiantes y las mujeres” (13/4/2008), es decir, los pobres. “Luchar por los pobres, los humillados y los ofendidos es nuestro propósito esencial” (27/4/2008). Pero también se incorpora a otros más difusos como “los ciudadanos conscientes”, las “mujeres y hombres dignos” que abre el concepto de pueblo de manera muy incluyente y siempre protagónica. Este pueblo, en sentido amplio, se articula estrechamente con el concepto de Nación, en el más puro estilo de la tradición populista. “Solo el pueblo puede salvar al pueblo, solo el pueblo puede salvar a la Nación” (13/4/2008).
En relación con ese nosotros, se dibuja muy claramente un yo: AMLO, como líder, que propone, pregunta, informa y encabeza. Este yo resalta su carácter dirigente frente a los convocados, y busca su confir- mación, en un diálogo principalmente formal pero siempre presente, también en sintonía con la tradición populista. El yo del dirigente se mezcla con el nosotros del colectivo “Les pido que hagamos un compro- miso” (27/4/2008), tengamos, aceptemos, actuemos, son siempre ex- hortaciones que incluyen a quien habla dentro del colectivo del que se asume como líder.
Por fin, ellos, los “adversarios” son los “potentados”, “los banque- ros y especuladores financieros”, “una minoría de políticos corruptos”,
las cúpulas del PRI y el PAN (no el conjunto de esos partidos), “los medios de comunicación ligados al poder económico y político” (no la “prensa libre”), “la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia” (13 y 27/4/2008). Es decir, pocos y muy definidos, de quienes siempre se enfatiza que constituyen una “minoría” de “corruptos” y “co- diciosos” dedicados a la “rapiña” y al “pillaje”, a imponer, confundir, violar y robar.
Es decir hay un nosotros muy incluyente, que constituye el pue- blo; el reconocimiento de un liderazgo personal explícito, como parte de ese colectivo, y unos adversarios bien delimitados, poderosos pero pocos, y mo- vidos principalmente por el interés económico. Esta organización del discurso marca diferencias importantes con lo ya analizado para el caso del zapatismo.
Otra distinción significativa es el rechazo constante del recurso a las armas o a cualquier forma de violencia. Desde el discurso del des- afuero, en 2005, AMLO afirmó: “No llevaré a nadie al enfrentamiento” (7/4/2005). Más adelante, apostó a “hacer valer la democracia solo con las manifestaciones pacíficas” (8/7/2006), cosa que no logró. Ante la insuficiencia de esta medida, planteó como estrategia la resistencia civil pacífica, que “comienza cuando dejamos de pensarnos como nos piensa el poder” (27/8/2006).
El componente pacífico se resalta una y otra vez. “Hago un llama- do, de nuevo, amigas y amigos, para no caer en ninguna provocación. Ni un vidrio roto ni una pedrada, solo recurren a la fuerza los que no tienen la razón, los violentos son ellos, no nosotros” (13/4/2008).
El carácter resistente de la lucha queda claramente expresado en las acciones que se proponen: parar, detener, frenar, defende, pero tam- bién rebelarse, luchar, vencer. En sintonía con la visión autonomista, “no violencia no puede significar abstención, neutralidad o, peor, cola- boración, sino desobediencia, determinación, acción, construcción de otra realidad” (Albertani, 2004: 112). Cierto.
La resistencia civil pacífica se define por tres aspectos: “no caer en la violencia, no transar (negociar) y luchar con imaginación para romper el cerco informativo” (16/9/2006).
Las acciones que emprendió el movimiento fueron parte de esta concepción. Primero, la Asamblea permanente que consistió en la ocu- pación pacífica del Centro Histórico durante un mes y medio sin que se registrara un solo acto violento; después la toma de la tribuna del Con-
greso impidendo que el Presidente Fox rindiera su último informe y la ocupación de la Plaza de la Constitución que lo obligó a cancelar la ceremonia del Grito de Independencia, máxima celebración nacional; por último la Convención Nacional Democrática que convirtió el centro de la ciudad en una gigantesca asamblea. Ya en la administración calde- ronista, la continuidad de la resistencia, atenuada por momentos pero nunca acallada, orilló al Ejecutivo a la toma de protesta a medianoche y rodeado casi exclusivamente por militares y miembros de su propio par- tido; a su presentación ante las Cámaras casi como si se tratara de un operativo comando, por sorpresa y entre empujones; a la presentación de un Informe que solo pudo entregar (sin leerlo) y a la celebración del Grito de Independencia frente a un Zócalo ocupado mayoritariamente por la oposición. Por fin, la resistencia contra la reforma energética se centró igualmente en la movilización masiva callejera y, una vez más, la ocupación de las tribunas de las Cámaras. Todas estas acciones cumplie- ron con los tres requisitos planteados: no desataron la violencia, no tran- saron en el reconocimiento de una Presidencia tachada de ilegítima y obligaron a los medios a darles cobertura, sesgada la mayoría de las ve-