La recta final en el desgastante proceso de tres años que tuvo como objetivo impedir el triunfo electoral de López Obrador en 2006, se obser- vó en las semanas previas al 2 de julio, fecha de la contienda electoral. Estuvieran sesgadas o no las encuestas realizadas durante marzo y junio de aquel año, el hecho cierto es que la campaña mediática había logrado reducir la ventaja inicial que el candidato opositor había mantenido frente al oficial, Felipe Calderón. Aun así no era seguro el triunfo de este último. Así las cosas, cabe pensar que se tomó la decisión de realizar un fraude electoral. El argumentar sobre la existencia de un fraude en el proceso electoral de 2006, ameritaría en sí mismo un trabajo aparte, por lo que aquí se expondrán de manera resumida los elementos que han permitido sustentar las denuncias correspondientes. Las evidencias indican que las principales determinaciones acerca de la necesidad de aplastar mediante dicho fraude la fuerza del movimiento encabezado por López Obrador, fueron tomadas por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, el presiden- te Vicente Fox, la cúpula empresarial del país agrupada en el Consejo Coordinador Empresarial, y algunos influyentes políticos de la extrema
derecha, como el entonces senador Diego Fernández de Cevallos7.
Para llevar a cabo su plan, requirieron de algunos apoyos funda- mentales: en primer lugar, la complicidad de la Suprema Corte de Justi-
7 La investigación hemerográfica en que se sustenta esta parte del trabajo fue realizado por
la estudiante Nadia Anel Juárez de la licenciatura en Ciencia Política de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
cia y de la Procuraduría General de la República, que sistemáticamente desecharon recursos de inconformidad sobre la iniquidad del proceso y el uso ilegal de recursos públicos y privados en la campaña contra López Obrador. En segundo lugar, del silencio y subordinación del Ejército, las fuerzas de seguridad pública y todas las instituciones gubernamenta- les dedicadas al desarrollo social del país, que permitieron impávidos que se reorientaran cientos de millones de pesos de recursos públicos para ponerlos al servicio de un aparato de inducción del voto a favor del candidato oficial e intimidación de votantes opositores, a quienes se amenazó con retirar todo apoyo público si triunfaba Andrés Manuel. Y en tercer lugar, de la abierta complicidad y colaboración del mayor sin- dicato del país, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, cuya dirigente, Elba Esther Gordillo, amplió un procedimiento de in- tervención directa en las casillas y en las juntas distritales de recuento de votos, que había ensayado ya con éxito en distintos eventos electorales; y de su aliado y socio, Luis Carlos Ugalde, Presidente del Instituto Fede- ral Electoral, principal responsable de la alteración electrónica de resul- tados electorales, y cómplice de la campaña mediática en contra de Ló- pez Obrador. Estos últimos constituyeron la pinza fundamental con que se cerró el fraude electoral del 2006. Fue evidente la premura de Ugalde por declarar ganador de la contienda al candidato oficial (Duar- te, 2006; Raphael, 2007; Cano y Aguirre, 2008; Urrutia, 2006 b; Vi- llamil y Scherer, 2007).
Entre los meses de marzo y junio de 2006, el control del aparato político y electoral que aseguraría la imposición del candidato oficial estaba ya asegurado. Los recursos públicos de los programas sociales habían sido certeramente dirigidos hacia las zonas más pobres, de ma- yor presencia electoral de la oposición, y más alejadas del país. En estas mismas zonas, los cambios de procedimientos en el Código Electoral permitieron que fungiera como presidente de miles de casillas un maes- tro subordinado a la dirección sindical nacional. En las zonas pobres de las ciudades, en cambio, se aseguró la presencia de directores de escuela y supervisores de zona controlados por la dirigente magisterial mediante la intimidación o compra de presidentes de casilla no leales al oficialis- mo, así como con la intervención de las casillas mediante la sustitución de funcionarios el propio día de la elección.
Por otra parte, el cómputo electoral estuvo a cargo de la empresa
ta. Esto aseguró, luego de una breve interrupción en el suministro de la información sobre el cómputo, que a partir de las primeras horas de la madrugada del día siguiente a la elección, los resultados comenzaran a favorecer al candidato del PAN. Y finalmente, la cúpula empresarial actuó tanto en el frente de sus empresas, amenazando con cerrar y liqui- dar a sus trabajadores en el caso de un triunfo de la oposición, como en la inversión de miles de millones de pesos en la campaña oficialista, en un acto de dispendio del cual posiblemente no lleguemos a tener la dimensión exacta, pero cuya investigación ha sido rechazada sistemáti- camente por el Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral del Po- der Judicial de la Federación, y la Suprema Corte de Justicia (IFE, 2006; Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2006).
El día de la elección, los aparatos de los gobernadores priístas y panistas, concertados por la dirigenta del magisterio Elba Esther Gordi- llo, hicieron todos los esfuerzos por volcar sus caudales electorales a favor de Felipe Calderón (Garduño y Becerril, 2006 c). Las denuncias de la desaparición en las listas de empadronados de miles de votantes identi- ficados como simpatizantes de López Obrador, la intervención directa para asegurar un fraude hormiga que desapareció cerca de dos millones de votos opositores, y por último la manipulación electrónica de los resultados, fueron denunciadas por los partidarios de López Obrador ante los tribunales y el Instituto Federal Electoral. Justo es decir que facilitó el fraude la incapacidad de las redes ciudadanas y partidos para ubicar funcionarios y representantes en miles de casillas.
Cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación llevó a cabo la calificación del proceso electoral, negándose a contar “voto por voto, casilla por casilla” y anular las casillas con alteraciones, como demandaba la oposición unida y organizada en un inmenso plantón en las principales avenidas del centro y el zócalo de la capital del país, era evidente que todas las instituciones habían cerrado filas para asegurar el fraude, y que solo un gran movimiento de masas unido y organizado podría derrotar la ignominia que se había tendido en contra del Proyecto
alternativo de nación.
Del fraude electoral se escribió extensamente. Vale la pena recor- dar, solamente, que en más del setenta por ciento de los centros de votación no coincidió el número de boletas recibidas con los votos emi- tidos; que desaparecieron al menos ochocientas mil boletas de las urnas; y que existen cuatro resultados electorales distintos hasta el día de hoy:
el correspondiente a las casillas, el Programa de Resultados Electorales Preliminares; el cómputo de las juntas distritales y del Instituto Federal Electoral y, finalmente, luego de un pequeño recuento de votos (corres- pondiente al 8% del total) (Crespo, 2008; Hernández, 2006 c y en Garduño y Becerril, 2006 a), el del Tribunal Federal Electoral. El dicta- men con que pretendió cerrarse el caso quedará en la historia como uno de los documentos más ignominiosos de que se tenga memoria (Duarte, 2006; Crespo, 2008).
Podríamos resumir los argumentos que sustentan la acusación de fraude electoral de la siguiente manera:
a. Una descalificación de antemano de cualquier alegato de fraude que pudiera provenir del lopezobradorismo. Esto se hizo mediante la infiltración del sitio web de López Obrador introduciendo una carta falsa firmada por este en donde desde antes de la elección
este decía que se observaría un fraude8.
b. La eliminación de un gran número de votantes del padrón electoral (por ejemplo adultos mayores) con respecto a los cuales se presumía votarían por López Obrador. Hay que recordar que la empresa Hildebrando tenía el control del padrón electoral además de un software con una base de datos con preferencias electorales
de los votantes (Hernández, 2006 b)9.
c. Probable adulteración del padrón electoral como lo revela que en 101 distritos electorales (un tercio del total) las diferencias de empadronados entre 2004 y 2006 fueran divisibles o multiplica- bles por números exactos (Hernández, 2006 a).
d. Sustracción de miles de boletas marcadas a favor de López Obrador, las cuales fueron encontradas parcialmente quemadas en basureros (Garduño y Becerril, 2006 b; Hernández, 2006 c; Martínez, 2006; Crespo, 2008).
e. Alteración en el programa de resultados preliminares (PREP) de los resultados electorales provenientes incluso de actas de casi- llas en las que se mostraba que López Obrador había ganado con una diferencia de 100 votos (Crespo, 2008; Hernández, 2006 c y en Garduño y Becerril, 2006 a).
f. La desaparición de al menos 2 millones de votos en los resulta-
8 La Jornada, Editorial. México D.F. 2 de julio de 2006.
dos iniciales (Crespo, 2008; Hernández, 2006 c y en Garduño y Becerril, 2006 a).
g. Duplicación de resultados en casillas que favorecían a Felipe Calderón (se contaban dos veces). (Crespo, 2008; Hernández, 2006 c y en Garduño y Becerril, 2006 a).
h. Una mayor cantidad de votantes para senadores y diputados que para Presidente de la República en algunas regiones del país (Avilés, 2006).
i. Casillas a las cuales no llegaron las boletas para la elección pre- sidencial (Avilés, 2006).
j. Colocación de boletas marcadas a favor de Felipe Calderón en urnas electorales. En ocasión las boletas ni siquiera fueron dobla- das (en el argot electoral mexicano a esto se le llama “embarazo de urnas”) (Méndez, 2006).
k. Anulación de votos que eran para López Obrador (Martínez y Urrutia, 2006). El saldo mayor de la elección fraudulenta y la usurpación es, sin embargo, que el agravio que produjo permane- ce hasta el día de hoy. No están lejanas las manifestaciones de protesta y el plantón popular en las principales avenidas del Cen- tro de la Ciudad; el fin del ceremonial que pretendía legitimar al Presidente saliente y a quien se impuso en contra de la voluntad del pueblo de México; pero, sobre todo, se ha vuelto cotidiano el que Felipe Calderón se haga acompañar en todos los actos oficia- les por numerosos contingentes militares y no ha habido una sola ocasión en que grupos de opositores dejen de recordarle el origen
fraudulento de su régimen10.