Corporaciones y partidos políticos

A partir de la necesidad de los capitalistas de organizarse corporativa y/o políticamente para imponer sus intereses de clase se pueden identificar distintos niveles al analizar el comportamiento de la burguesía. Al respecto, O’Donnell (1977) distingue tres planos diferentes de análisis de las clases sociales: el estructural, el corporativo y el político. Por plano estructural se entiende a la posición de una fracción de clase en el sistema productivo, es decir, en términos de sus relaciones económicas con otras fracciones burguesas, con las clases dominadas y con el aparato estatal. El segundo plano de análisis, el corporativo, hace referencia fundamentalmente a la organización en entidades empresarias. El análisis de la burguesía en el plano político (tercer plano) resulta algo más complejo que en el plano corporativo dado que, como se mencionó, en las sociedades capitalistas el poder político no está directamente en sus manos.

En regímenes democráticos a la burguesía se le presenta el siguiente dilema: si los partidos son homogéneos y representan sólo a la clase capitalista, están condenados al fracaso electoral; en cambio, si aspiran a ampliar su convocatoria, se incrementan las posibilidades de éxito electoral pero disminuye su carácter clasista. Para que un partido político sea relevante como una organización de la clase capitalista tiene que pagar el precio de se ineficaz electoralmente. Por otro lado, el precio que paga el partido para volverse electoralmente exitoso es la pérdida de su identidad de clase, perdiendo por lo tanto su condición como un actor político de clase. La ampliación de su base implica la utilización de un discurso que debe hacer referencia a los intereses de la mayoría de los electores como ciudadanos individuales en lugar de la clase de propietarios. Por este motivo, según Acuña (1995a), los capitalistas individuales son menos propensos a establecer identidades colectivas a través del accionar de este tipo de

partidos de masas. Entonces, la burguesía, por su constitución y su lugar en la lucha de clases, parece incapaz de erigirse, por sus propios partidos políticos, en hegemónica37.

Es por esto que el análisis político de la clase dominante no debe limitarse únicamente a los miembros del sistema político; en este sentido, las corporaciones empresariales no se ciñen estrictamente a la articulación de intereses puramente sectoriales, ya que muchas veces el contenido de su accionar puede ser catalogado como político. El objetivo explícito de las corporaciones empresarias es la defensa de los intereses económicos de sus miembros, pero también son importantes para entender las políticas de una clase. En primer lugar, el sólo hecho de representar los intereses corporativos las constituye como actores de la política ya que, como sostiene Schmitter (1987), las corporaciones representan intereses organizados de la sociedad civil que buscan vincularse con el Estado. En segundo lugar, se encuentran las acciones políticas propiamente dichas, las cuales refieren a las intervenciones de estas organizaciones en las que, ya sea directamente o a través de burocracias estatales, trascienden la articulación de intereses puntuales y se presentan como portadoras de intereses generales que implican alguna propuesta de organización política y económica de la sociedad (O’Donnell, 1977). La incorporación al discurso de las corporaciones de presentarse como precondición del bienestar social no disminuye su carácter de clase. Como espacios organizacionales, estas corporaciones conllevan la lógica de la articulación de las luchas económicas, políticas e ideológicas entre las distintas fracciones de clase. Según Acuña (1995a), la apariencia de organizaciones meramente económicas les permite a las corporaciones empresarias evitar los costos con los que deben lidiar los partidos políticos en su competencia por los votos.

37 _{“(la) incapacidad de la burguesía para erigirse en el nivel propiamente político viene de}

su impotencia para realizar su unidad interna: se deja naufragar en luchas de fracciones, sin poder realizar su unidad política a partir de un interés común políticamente concebido (…) Pero esa incapacidad viene también, al mismo tiempo (…) de la lucha de la burguesía contra las clases dominadas, y de la dificultad particular en que se encuentra de realizar su hegemonía política respecto de ésta” (Poulantzas, 2001: 371)

Por lo tanto, es en el nivel de las corporaciones empresarias donde se debería poder observar y analizar mejor la agregación y desagregación de intereses que predominantemente definen y limitan la capacidad de los capitalistas para actuar políticamente como clase o fracción. Su carácter corporativo no puede ser separado de su rol político. Este plano de acción política cobra una mayor relevancia de análisis aún en situaciones de crisis profundas, ya que se ponen en juego distintas visiones sobre como debería reorganizarse la sociedad en términos amplios. Es por todo ello que las corporaciones empresarias pueden ser consideradas como la principal forma de organización política de los capitalistas.

De allí que los partidos no deban ser los únicos y ni siquiera los principales actores sobre los que debe hacerse eje en el análisis de la organización política de la clase capitalista bajo regímenes democráticos. Sin embargo, esto no supone que los partidos políticos no estén vinculados a los intereses de la clase capitalista, aunque de forma mediada. La dependencia estructural del Estado respecto al capital hace que no sea necesario que el aparato estatal sea controlado personalmente por la burguesía. SI bien posee una autonomía relativa, la burocracia estatal, al no ser una clase social y carecer de “poder propio”, se ve obligada a satisfacer los intereses de la burguesía debido fundamentalmente a que el mantenimiento del gobierno depende en gran medida de que exista un creciente nivel de actividad económica. El crecimiento económico le garantiza a la burocracia estatal un mayor financiamiento a través de la recaudación de impuestos y, en contextos democráticos, un mayor apoyo social al gobierno38.

En el caso argentino en particular es aún más difícil discernir entre la acción corporativa y la acción política de las clases dominantes. Desde el primer golpe de Estado en 1930, no se han logrado consolidar partidos de masas que representen directamente los intereses inmediatos de la burguesía argentina39. Por lo tanto, gran parte de la acción política de la misma se ha

38 _{Este tema será abordado en el próximo punto. Sobre la dependencia estructural del}

Estado respecto al capital se puede consultar, entre otros: Block (1980), Offe (1990), Przeworski (1990), y Przeworski y Wallerstein (1988).

39 _{Uno de los autores que mejor ha analizado los efectos de la ausencia de un partido}

canalizado principalmente a través de las presiones de las corporaciones empresarias y los grandes capitalistas sobre el sistema político y el aparato militar. En este sentido, no han sido pocas las veces que los intereses económicos y políticos de la burguesía se han manifestado conjuntamente a través de las entidades que representan al empresariado40.

C. Offe y H. Wiesenthal (1985) sostienen que la comunicación entre las asociaciones empresarias y los aparatos del Estado puede ser poco visible en comparación con las acciones de las organizaciones que representan a los trabajadores, pero, dado que el capital posee naturalmente el poder de decisión de inversión -con la enorme capacidad presión que esto conlleva-, este bajo nivel de exposición suele ser suficiente para alcanzar sus objetivos políticos. No obstante, debería destacarse que en épocas de crisis económica las corporaciones empresarias adquieren una mayor visibilidad, sobre todo teniendo en cuanta que un contexto de este tipo las inversiones ya se encuentran retraídas y, por lo tanto, la amenaza de desinversión pierde parte de su efectividad. Cabe aclarar que los posicionamientos adoptados por las distintas corporaciones empresarias son casi siempre el resultado de la relación entre los intereses de las mayorías y las minorías dentro de las mismas.

Hay casos en que algunas fracciones de clase muy importantes ni siquiera tienen una cabal representación en el ámbito corporativo. Tal ha sido el caso, por ejemplo, del capital extranjero en la Argentina, el cual, por lo general, tiene una presencia mucho menos visible que los capitalistas locales dentro las entidades patronales y, sobre todo, en el espacio del “lobby” político. Pero el hecho de que sea menos visible no le resta importancia sino que, al contrario, habla de su fortaleza estructural, ya que la presencia y la incidencia del capital extranjero tiene consecuencias sustantivas en las

Para el autor, la incapacidad de la gran burguesía argentina de lograr la hegemonía a través del sistema político democrático condujo al reiterado reemplazo de este por regímenes dictatoriales en los cuales el actor militar permitía una “hegemonía burocrática por sustitución” (Rouquié, 1978).

40 _{Una situación similar –aunque por motivos bien distintos- es la que se dio en la}

Argentina a través de los sindicatos y el peronismo, sobre todo cuando el partido justicialista se encontraba proscripto de la pelea electoral. Los sindicatos nucleados en la CGT asumieron de hecho la representación política de los trabajadores que no podían canalizar su adhesión al peronismo a través del partido.

modalidades de desarrollo del proceso de acumulación de capital. A pesar de no tener una representación corporativa específica, las empresas transnacionales suelen actuar como fuerza social a partir de sus “efectos pertinentes”, lo cual puede ser deducido a partir de su peso estructural y los posicionamientos que adoptan el resto de los actores -especialmente aquellos que representan a la burguesía local-, ya que deben dar cuenta de los intereses de esta fracción.

Es por todo ello que la principal unidad de análisis para analizar la dimensión político-ideológica serán las grandes corporaciones empresarias representativas de los principales sectores de la economía41 y, en segundo lugar, los partidos políticos. El análisis de las corporaciones empresarias como actores políticos no debe limitarse a lo que Offe (1990) denomina como mirada “desde abajo”, es decir, a la organización de los intereses económicos agregados, sino que también debe abarcar una mirada “desde arriba”, es decir, las relaciones político-institucionales e ideológicas de la asociación empresaria dentro del sistema político en el que está inmersa. Si bien no es el objetivo principal de la tesis, la perspectiva “desde adentro”, es decir, partiendo de sus características organizacionales, es tenida en cuenta en la medida en que resulta relevante parta explicar su accionar político. En definitiva no es posible abordar una sola dimensión o restringir el análisis a sólo una de las lógicas que gobiernan las corporaciones42.

Las corporaciones empresarias pueden distinguirse por sus distintos niveles o grados: En el primer nivel se ubican las cámaras empresarias, las cuales agrupan a las empresas por rama de actividad de un determinado ámbito

41 _{Para un sintético panorama sobre las entidades empresarias analizadas en la presente}

investigación, consultar el Anexo I.

42 _{Schmitter y Streeck (1999) consideran que las corporaciones empresarias organizan y}

desarrollan estrategias dentro de contextos donde los intereses económicos individuales de sus miembros y los conflictos con otros actores colectivos originan presiones contrapuestas. Su estructura organizacional puede ser considerada como la conjunción de dos lógicas: la “lógica de pertenencia” o “membresía” y la “lógica de influencia”. En el primer caso la estructura organizacional debe otorgar suficientes incentivos a sus miembros para que los mismos sigan aportando a la asociación y garantizar así su supervivencia o crecimiento, mientras que, en el segundo caso, la organización debe otorgar suficientes incentivos a sus miembros para permitir que obtengan una mayor influencia sobre las autoridades públicas o en el enfrentamiento con otras corporaciones. Mientras que en la “lógica de membresía” está contenida la dimensión económica-estructural, en la “lógica de influencia” estarían expresados los condicionamientos político-institucionales e ideológicos.

geográfico (ciudad, provincia, región, país, etc.); en el segundo nivel se encuentran las federaciones, que agrupan a diversas cámaras a nivel local o nacional; mientras que pertenecen al tercer nivel las entidades que representan a todo un sector de actividad en todo el país (industria, comercio, sector rural, finanzas, etc.) y que están compuestas por diversas cámaras y federaciones. Por último, se puede considerar un cuarto nivel que incluye a aquellas asociaciones empresarias que buscan representar a todo el empresariado del país sin distinción de sector de actividad. En general estas últimas están conformadas por las más importantes entidades de tercer nivel. En la presente investigación, siendo que el objetivo es analizar a las diferentes fracciones de la burguesía, la mayor parte de las unidades de análisis son las entidades de tercer grado. Sin embargo, la selección de las distintas corporaciones empresarias no se ha restringido a este criterio sino que se han tenido muy en cuenta también el grado real de representatividad de cada corporación entre las más grandes empresas del país y el lugar – estratégico o no– que ocupan sus representados en la economía argentina. En este sentido, hay asociaciones empresarias que son de primer o segundo nivel pero que tienen una importancia decisiva en tanto han sido históricamente reconocidas como las más destacadas interlocutoras de un sector de actividad o bien representan a empresas que, por su rol estratégico, tienen la capacidad de condicionar la política económica del país. Este es el caso, por ejemplo, de la Sociedad Rural Argentina, entidad de primer nivel que se ha consolidado como una de la principal interlocutora de los grandes productores agropecuarios43.

Sin embargo, muchas veces los grandes capitalistas actúan por fuera de las grandes corporaciones que representan los intereses sectoriales, más aún cuando se trata de grupos económicos con inversiones en diversos sectores de actividad. Como se mencionó, una de las corrientes de estudio más importante sobre los sectores dominantes en la Argentina contemporánea ha abordado la cuestión de las fracciones de clase a partir de su estructura conglomeral (entre los más destacados, Azpiazu, Basualdo y Khavisse, 2004; Azpiazu, 1997; Basualdo, 1999b, 2000 y 2006; Bisang, 1998). La

diferenciación de las empresas según pertenezcan o no a grupos económicos ha permitido dar cuenta del amplio grado de diversificación de los capitales en la Argentina y ha sido, sobre todo, extremadamente relevante para el análisis del período que se inicia con la dictadura militar en el año 1976. Si bien esta metodología utilizada para agrupar a los grandes capitales ha sido y es una herramienta sumamente útil para el análisis de la clase dominante en la Argentina, los cambios que sufrió la economía argentina durante de la década de 1990 y la particular coyuntura de crisis que se abre en 1998 condujeron a priorizar la inserción sectorial como criterio clasificatorio de las fracciones de clase y, con ello, las corporaciones empresarias como los principales actores representativos. Los motivos que determinaron esta decisión son explicados en el Capítulo 2, dado que es allí donde se analizan los cambios que sufrieron los sectores dominantes durante los años noventa.

El análisis de los intereses de los actores corporativos y políticos y de sus recursos políticos e ideológicos se realiza a través de un seguimiento de los discursos de los mismos a partir de una selección de diarios nacionales, publicaciones oficiales, revistas de política y economía, documentos de las entidades empresarias (anuarios, memorias, anales, etc.) y eventos organizados por las mismas (conferencias y reuniones anuales)44. Pero el análisis no se restringe únicamente a lo dicho sino que también abarca las principales acciones de “protesta” hechas y/o propuestas por dichos actores.