El cuento de hadas de Venezuela

De la situación de amante menor en sus inicios venezolanos, los medios de comunicación alcanzaron el lugar de dama privilegiada de la corte política nacional. Esa trayectoria de ascenso empezó después de la muerte de Vicente Gómez en 1935. En ese momento, las fuerzas incubadas en los más de 30 años de dictadura estallaron, y para mantener el orden, se levantaron las ya restringidas libertades de comunicación. Los medios contrarios “al orden público” fueron criminalizados y la ideología comunista y anarquista, así como partidos y sindicatos, fueron proscriptos. También se cancelaron las libertades políticas.

Sólo después de controladas las reacciones opositoras por el General López Contreras (1936-1940), fue que Venezuela pudo aprobar su legislación básica sobre la radiodifusión con dos textos fundamentales: la Ley de Telecomunicaciones de 1940 y el Reglamento de Radiocomunicaciones de 1941. A esas fechas, la empresa privada ya se había adueñado del sector y el reglamento permitió que los años 40 se desarrollaran como los años dorados de la radio privada (Freytes, 1976; Arreaza y Hernández, 1997). Y así como ese medio nació en el auge de la dictadura gomecista, la primera televisión (Televisora Nacional) surgió en 1952, como medio estatal de la dictadura de Pérez Giménez. El texto se anticipaba a la normatizacion de los sistemas de radiodifusión visual cuando aún no existía televisión en el país, y

19 _{La dictadura brasilera promulgó sucesivas normas que fueron progresivamente retirando los derechos políticos y civiles. Esas}

77 aseguraba la exclusividad del Estado en el establecimiento y la explotación del nuevo sistema. La medida reflejaba la mayor preocupación de las autoridades con respecto al sector emergente, pero también la crisis de concurrencia temida por los empresarios de la radio y las elevadas inversiones demandadas por el nuevo medio televisivo.

De esa forma, el Estado ganó más control sobre las concesiones, las cuales obedecían a criterios de favoritismo partidista y permitían una cómoda cercanía entre los empresarios y las élites políticas. La “amistad” favoreció los procesos de concentración, como la del banquero Orlando Castro, que en los 50 se apoderaba de más de 40 emisoras radiofónicas.

En 1953 fue fundado el primer canal privado (Televisa), el cual en 1960, después de su quiebra y ocupación por sindicatos considerados de extrema izquierda, fue vendida al grupo Cisneros.

El negocio, apoyado por la American Broadcasting Company (ABC), posibilitó la emergencia de una de las mayores concentraciones verticales, en qué, dueños de otros ramos mercantiles, se convirtieron ellos mismo en los principales anunciantes y clientes del medio televisivo (Yanes, 2000; Britto García, 2004). Además de acumular los servicios de transmisión, programación, producción y entretenimiento, eran los dueños del mercado publicitario.

Elizabeth Fox (1997) recapitula que en los primeros episodios de esa trama los medios privados y las élites políticas vivieron una fuerte unión informal. Sus lazos atravesaron las dictaduras del principio del siglo, y toda la democracia elitista del Punto Fijo (1958-1998). Esa boda larga legitimó la política excluyente y conformó la estructura de la explotación mercantil (Capriles, 1980; Freytes, 1977; Fox y Waisbord, 2002; Mastrini y Becerra, 2009; Sinclair, 1999).

De una estructura regulativa, en que el papel del Estado fue suplantado por agentes empresariales, surgieron conglomerados mediáticos, como el grupo Cisneros. Uno de los cuatro mayores del continente, con facturación de 3,5 millones de dólares por año, y cuyo propietario figura entre los cien individuos más ricos del mundo (Alvarado, 2007; Mastrini y Becerra, 2009; Rizotto, 2010).

El desarrollo del Grupo Cisneros en el sector de la radiodifusión “coincidió” con la democracia establecida después del Pacto del Punto Fijo (1958), el cual conformó un sistema bipartidista dónde por más de 40 años se alternaron dos grupos políticos (ADN Y COPEI) en el poder, excluyendo a las demás voces disidentes del proceso democrático.

El pacto de la política institucionalizada con los dueños mediáticos se hizo de forma bastante tranquila, permitiendo el desarrollo del sector y del sistema democrático sin sobresaltos. Ese proceso de

78 convergencia de intereses se reflejó en la ausencia en los años siguientes de nuevos marcos legales que actualizasen la legislación de medios.

Ya los grupos revolucionarios vivieron los inicios de una “convivencia democrática” marcada por la casi desintegración de los movimientos de izquierda, precedida por la acción represiva estatal, y después por la ofensiva ideológica de convocación de la conciencia cívica en sobreposición a la consciencia de clase.

La táctica de Betancout (1959-1964) fue de destruir la influencia de izquierda en la organización popular y sindical para garantizar la validez de la represión sistemática de los partidos y grupos disidentes, como el Partido Comunista de Venezuela y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, los cuales eran víctimas frecuentes de “represiones tolerables”. Desde entonces se asoció la lucha política a la lucha armada, justificando la criminalización y represión violenta de grupos opositores (Maya, 2005).

Raúl Leoni (1964-1969), considerado el presidente de la concordia y del entendimiento, proclamaba la “coincidencia” entre los intereses del estado con los movimientos obreros, señalando la política de cooptación y clientelismo para la neutralización de las organizaciones independientes, incluyendo la tímida comunicación proletaria (Zavala y Mata, 1980). Con la renta petrolera, el Estado, hasta mediados de los 80, pudo contener las protestas. Las que se realizaron, en general, fueron antesala de la negociación entre cúpulas dirigentes sindicales e instituciones estatales (Maya, 2005).

Y aunque en los años setenta, el país despuntó como defensor de una nueva alternativa en el orden internacional de la comunicación e información, sus propuestas nunca fueron implementadas siquiera en su propio territorio (ver más en el punto 2.4.3).

Todo ese escenario enmarcó una comunicación alternativa de acción política reducida, y favoreció la libre iniciativa de los medios privados en un estructura regulatoria inalterada por otros 40 años. Como un cuento de hadas, parecía que ese modelo permanecería intacto y sus protagonistas serían felices para siempre.

2.2.4 En memoria

Como recuento de ese ciclo largo y definitivo, se puede asegurar que ese momento consolidó la explotación privada, bajo la protección y mirada atenta del Estado. La boda argentina fue seguramente la más atribulada, marcada por rupturas y sobresaltos. Tras un principio de desarrollo precoz de

79 organización empresarial, con lastro legal desde 1929, sospecho que ese diseño inicial conveniente garantizó una relativa tranquilidad de explotación del servicio privado. Esa estabilidad inicial generó una desmovilización del empresariado, que desde los 20 ya presentaba embriones de organización de clase.

Con un sector relativamente plural y competitivo, esos actores priorizaron dinámicas de concurrencia, generando una correlación de fuerzas más equilibrada con otros sectores. Esa fragilidad permitió que los momentos de tensión del momento populista generasen un período relativamente largo de episodios críticos y rupturas.

Pero ese escenario, sólo consolidó la hegemonía de su industria radiofónica de manera tardía, y bajo el salvo conducto de la intervención dictatorial. Ese vínculo tan directo entre medios y militares hizo de los fantasmas de los Prudencios una marca de la estructuración de la radiodifusión argentina.

En Brasil la fase de acomodación fue la más larga y continúa. Se desarrolló casi que sin interrupciones por más de 60 años. Los episodios críticos no fueron suficientes para generar nuevas dinámicas o alterar modelos. Al revés, fortalecieron la organización de los empresarios y aceleraron las alianzas entre las élites y los poderes políticos y militares. Así se exhibió patrones de regularidad, continuidad y madurez de las alianzas estado-capital mediático, favoreciendo vínculos históricamente consolidados. Otra diferencia importante en relación a Argentina, es que así como en Venezuela, el país forjó su principal legislación del sector (Ley de Radiodifusión de 1962) en un legítimo período de democracia, lo que favoreció su legitimación pública posterior.

En la democracia venezolana se siguieron una serie de decretos y disposiciones menores y desarticuladas que complementaban la ley de 1940, pero hasta los años noventa, no hubo ninguna alternación normativa significativa. Esa ausencia reglamentaria o silencio normativo reflejaba el acuerdo tácito que imperó en el país, permitiendo el avance de la concentración mediática con consentimiento y conveniencia de los grupos políticos de una democracia limitada en el pluralismo político y de voces alternativas en la distribución de medios. En resumen, ese largo ciclo de definición y consolidación, puede observarse en el cuadro 2.4:

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Cuadro 2.4

Síntesis del ciclo de consolidación del modelo privado Consolidació n Argentina (1933- 1946 y 1976-1983) Brasil (1931-1988) Venezuela (1940-1999) Normativas Decreto 21.004/33 Nueva Ley de Radiodifusión 15.469/57 Ley de Radiodifusión 22.285/80 Decretos 20.047/31 y 21.111/32 Código Brasilero de Telecomunicaciones (CBT) Ley 4.117/62 Ley de Telecomunicaciones de 1940 y reglamento de radiodifusión de 1941.

Similitudes Normativas más detalladas y específicas para el sector; se fijaron con interferencia militar y son marcos de control estatal; favorecieron la explotación

comercial privada; y restringieron o eliminaron voces antagónicas.

Diferencias Se fina en momentos interrumpidos; de un mercado competitivo a la explotación privada concentrada en alianza con militares. Mercado concentrado y con elevado poder asociativo y político privado;

Período de alianzas largas y continuas que atraviesa varias etapas políticas.

Mercado concentrado;

Fue un proceso largo y continuo que se fijó en la democracia del Punto Fijo.

81 Esa etapa larga significó la consolidación de un modelo raro y estable de relación entre Estado y capital privado, dónde los marcos normativos más específicos y detallados establecieron mecanismos de control estatal directos, pero garantizaron la predominancia y avance de la explotación mercantil. Las relaciones de poder que permitieron la acomodación normativa del sector acercaron los intereses de los dos sectores como agentes reguladores privilegiados y el avance normativo que favoreció el modelo de negocios comercial y el control de contenidos desde el Estado.

Sea en las dictaduras o en las democracias, ese juego normativo fue acompañado del exterminio, proscripción política y prohibición reglamentaria de cualquier tentativa de apropiación subalterna del potencial comunicativo. Las medidas eran principalmente dirigidas en contra de las ideologías comunistas y anarquistas, como forma de eliminar los riegos de inestabilidades provenientes de la organización proletaria. Con ello se neutralizaban las luchas embrionarias de los medios revolucionarios, que todavía se concentraban en el medio impreso.