3.2 Las hormigas y la reacción al neoliberalismo
4.1.2 Las hormigas biónicas y la nueva ley de medios
Después del conflicto de la soya, la presidenta mostró interés en gestionar una nueva ley de medios. La pelea con Clarín se intensificó y en ese episodio, la Coalición lanzó su segundo documento manifestando apoyo a la construcción de la iniciativa38. Tras unos meses de incertidumbre y silencio
gubernamental sobre el tema, presentó en marzo del 2009 el borrador del proyecto de ley basado en los 21 puntos39.
Previendo el tamaño de la pelea, el gobierno tomó algunas precauciones para blindar el documento con legitimidad pública. Entre ellas, la idea de una legislación con notas de derecho comparado, con estándares de derechos humanos y declaraciones de los relatores de libertad de expresión y de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. También apuntó las referencias normativas en las cuales se basó el texto. Eso lo afirma uno de los redactores del proyecto:
“Buscamos refrendar el proyecto con base en las legislaciones más avanzadas del mundo, principalmente de países que no tuviesen polémicas en la regulación, como Estados Unidos y Gran Bretaña, además de los estándares internacionales. Tuvimos ese cuidado para evitar las acusaciones de autoritarismo y censura que sabíamos que serían el tono. Lo más loco es que en todo el proyecto no había una única nota de referencia a la legislación de Venezuela y todo el tiempo la acusan de una norma chavista... ”, (Damian Loretti, integrante de la Coalición y uno de los redactores del proyecto de la nueva ley, en entrevista realizada en Buenos Aires, en abril de 2010).
Sus principios buscan destacar la comunicación como derecho público y hace un cambio significativo al trasladar el debate de la regulación del uso del espectro hacía el tipo de servicio prestado por las concesionarias. Entre sus objetivos resalta la democratización de los medios y la regulación participativa del servicio público audiovisual. También fomenta la producción nacional e impone reglas antimonopólicas como límite de frecuencias por propietario. Otro punto a destacar es la reserva de 33% del espectro para los medios sin fines de lucro, incluyendo los comunitarios, pero no se aplica a otros sectores como equivocadamente se ha sido divulgado (Amarc, 2010).
La otra medida para blindar el proyecto de los posibles ataques en contra de esas perspectivas bastante avanzadas en el tema, fue realizar un amplio proceso de consulta pública, el cual duró cinco meses, con la realización de 28 Foros Participativos, en que se recurrieron todas las provincias del país, dónde los presentes tenían siete minutos para exponer sus comentarios. En ese proceso fueron colectadas más de
38 http://21puntos.blogspot.com/2008/08/carta-de-la-coalicin-por-una.html
39 Proyecto de ley disponible en http://www.comfer.gov.ar/web/Varios/ley/Anteproyecto-18-3.pdf, vide también reportaje al respecto en http://edant.clarin.com/diario/2009/03/19/elpais/p-01880339.htm
164 1.200 sugerencias de cambios al texto original40, además de contribuciones en la Web41. De estas, 512 alteraciones fueron incorporadas al proyecto en las votaciones en las Cámaras.
Como analiza uno de los académicos que acompaño ese proceso, esas medidas fueron fundamentales para generar un sentido de unidad y pertenencia entre los variados actores con la normativa propuesta por el gobierno:
“Las medidas participativas no son obligatorias, ni tampoco una práctica común, en Argentina. Pero el gobierno decidió usarla para la ley de medios. Estoy seguro que el debate que ese proceso suscitó fue el resultado más rico de la nueva ley. El gobierno tomó el cuidado de, al incorporar un cambio, citar el autor de la propuesta. De esa forma hubo un sentimiento de pertenencia de los activistas con el proyecto, que movió la gente en su defensa. Además hizo del proyecto algo mayor, inició un proceso político de debates rarísimo en este país”. (Entrevista con Martín Becerra, integrante de la Coalición y profesor de la Universidad de Quilmes, realizada en abril de 2010, en Quilmes, Argentina)
Entre los temas en debate, el de medios comunitarios estuvo en el centro, revelando la fragmentación interna. La RNMA insistía en la definición específica de ese tipo de emisora, como este trecho de una entrevista:
“No somos lo mismo que una radio sindical, ni una cooperativa. Y ¿a la hora de definir la señal entre ellos, que tienen muchos más recursos, y nosotros, como sería? Era preciso poner los nombres y lo conseguimos”. (Entrevista con Fabiana Arenciba, integrante de la RNMA, realizada en la comunidad del Moron, Buenos Aires, en abril de 2010).
Ya para la Coalición, que pasó a reunir las posiciones en general contrarias y de disputa entre FARCO y Amarc, el debate era otro:
“Optamos por esa solución para no caer en el error que cayeron todos los otros países del mundo cuando legislaron en el tema y crearon leyes corral, que acorralaron las emisoras comunitarias en frecuencias limitadas geográficamente y de baja frecuencia”. (Damian Loretti, integrante de la Coalición y uno de los redactores del proyecto de la nueva ley, en entrevista realizada en Buenos Aires, en abril de 2010).
Esa posición fue la que prevaleció en el texto final, aunque citando específicamente a las emisoras comunitarias.
Encerradas las consultas, el gobierno silenció sobre el tema otra vez y generó una serie de angustias al movimiento, como lo recuerda uno de los protagonistas de la Coalición:
“Empezamos a pensar que algo pasaba, que se iba retroceder. Pero la cosa ya se había salido del control. Organizamos las marchas para presionar a la presidencia. En el agosto convocamos más de 30 mil personas en el día de la radio, y avisamos: o la presidenta aprovecha el momento para entregar el proyecto a votación, o haremos de la fecha la mayor protesta tras el 2001” (Entrevista con Néstor Buso,
40 Las contribuciones de los Foros están disponibles en http://www.comfer.gov.ar/web/blog/?cat=10 41 Aportes vía web están disponibles en http://www.comfer.gov.ar/web/blog/?cat=9
165 uno de los líderes de la Coalición, realizada en Buenos Aires en abril de 2010).
En agosto de 2009, en el aniversario del día de la radio y de la Coalición, el Gobierno entregó el ante- proyecto al Congreso42. En eses debates la Coalición ganó cada vez más visibilidad y legitimidad política, como lo afirma ese testigo:
“El consenso en torno a los 21 puntos era tanto, que cuando el proyecto llegó para votación los diputados no discutían el modelo normativo, y sí se el texto era fiel o no a los 21 puntos. Nosotros estábamos en éxtasis, un año atrás aquello era impensable” (Entrevista con Néstor Buso, uno de los líderes de la Coalición, realizada en Buenos Aires en abril de 2010).
Durante todo el proceso de aprobación de la normativa se buscó destacar la diferencia entre los puntos fijados por el nuevo proyecto “de una ley de la democracia” con las limitaciones de la normativa anterior, “la ley de la dictadura”. Las Madres de la Plaza de Mayo despuntaron, al lado de FARCO y de algunos académicos, como los principales interlocutores. Esa vinculación del tema de medios con el poderoso mote de los Derechos Humanos en Argentina, unió las banderas de los sectores democráticos con la nueva ley de medios. Para el activista y académico Martín-Becerra, con eso se operó una transferencia de consensos que fue fundamental en la construcción de la legitimidad de la normativa (Becerra, 2010)43.
Para Gabriel Mariotto, interventor de la nueva autoridad de aplicación (AFSCA), entidad que por la nueva ley sustituía el antiguo Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), la diferencia entre las dos normativas eran tajantes. Mientras una estuvo basada en la Doctrina de Seguridad Nacional, la otra reconoció y garantizó la libertad de expresión e información como derecho humano universal a ser garantizado por el Estado. La nueva medida, también buscaba impedir la formación de monopolios y oligopolios, con restricción de frecuencias a un total de 10 permisos a un mismo concesionario. Y la cuestión de la equidad entre los tres sectores, garantizando un mínimo de 33% del espectro a los privados sin fines de lucros (Sel, 2010).
Los grandes conglomerados de comunicación respondieron a la iniciativa con rechazo total, apelando al blindaje de “libertad de expresión” como condición excepcional de su producto cultural para hacer de la política de comunicación un tema tabú. Luego negaron la necesidad de una nueva ley, y por fin, sesgaron los contenidos del debate como un producto exclusivo de la polarización de intereses con el
42 http://www.comfer.gov.ar/web/Varios/ley/Proyecto_de_Ley_SCA_27-8.pdf, último acceso en 20.05.11
166 gobierno (Sel, 2010). En la polarización del debate, el proyecto de ley fue vinculado a la gestión kircherista, y bautizado negativamente como la “Ley K”.
La disputa en las dos Cámaras terminó con 146 votos afirmativos y 3 votos negativos al proyecto gobernista en el Congreso44. En el senado45, fueron 44 afirmativos y 24 negativos. La aprobación fue
conmemorada como una victoria de fútbol con más de 40 mil personas en plaza pública, y la Ley de Servicios Audiovisuales 26.522 fue sancionada en octubre de 200946.
La medida fue saludada por los relatores de la Libertad de Expresión de Naciones Unidas y OEA como el nuevo parámetro para la democracia comunicativa en América Latina. Pero meses después, la misma normativa, fue frenada judicialmente por supuestos problemas procedimentales en sus trámites. Se inició ahí un litigio multinivel, en que la judicialización del tema revelaba la última jugada de los empresarios. Se iniciaría ahí otro capítulo de movilización de la Coalición y del gobierno para garantizar la legalidad jurídica, el cual se revela en toda su intensidad el siguiente trecho del reporte de AMARC:
“El fallo de la jueza de la provincia de Mendoza, Olga Pura de Arrabalse, se convirtió en un elemento clave de este proceso, por sus precariedades en términos legales; por sus efectos institucionales; por la discutible legitimidad de una medida cautelar que suspendió la aplicación de una norma, sólo a partir de elementos del proceso de sanción y sin comentar ni una línea del texto normativo; por las denuncias sobre la actuación de los camaristas; por la apelación del gobierno nacional, y la llegada del caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación” (Amarc, 2011).
Para presionar la suspensión de la judicialización de la Ley, los sectores sociales destacados de la Coalición, los diputados aliados y el Gobierno se unieron. El enfrentamiento entre los K (Kirchner) y los C (Clarín), ganó las calles a tal punto que se requería sólo mencionar el tema en el tren o en un café para encender la polémica.
En la manifestación más significativa ocuparon las calles del centro de Buenos Aires con más de 50 mil manifestantes47, en el mayor acto público del país tras los conflictos del 2001.
Además de las acciones más estratégicas planeadas por los principales involucrados en la aprobación de la ley, también explotaron manifestaciones espontáneas, las “autoconvocadas” por redes sociales que ayudaban a dar el clima del debate público para ir más allá de los espacios institucionalizados. Un
44 http://www.comfer.gov.ar/web/Varios/ley/dictame-15-9.pdf, último acceso en 21.05.11 45 http://www.comfer.gov.ar/web/Varios/ley/Ley-Senado-21-9.pdf, último acceso en 21.05.11 46 http://www.comfer.gov.ar/web/ley26522.pdf, último acceso en 21.05.11
47 Vide imágenes de la marcha y parte de los debates en el trecho del documental del Canal 7 Argentino “La guerra por otros medios”
167 ejemplo fueron los seguidores del “6,7,8”, un programa del canal público que discute el tema de medios, que autoconvocaron una manifestación y en horas reunió 10 mil personas protestando en el Obelisco de Buenos Aires a favor de la nueva ley48.
En el intenso debate que movilizó el país, las posturas se tornaron cada vez más radicales y pasó a exigir adhesiones incondicionales, como lo afirman eses testigos:
“Nosotros, que siempre integramos a la Coalición, ya no vamos más a las marchas. Se convirtió en otra cosa. Reconocemos que la ley es un avance y participamos de su construcción. Aún así tenemos críticas, el proyecto tiene fallas sí, y es importante debatir eso sin pasiones. Y hoy se resumió a una pelea del gobierno y parece que ya no hay espacio para el debate”, (Entrevista con Eleonora Rabinovich, directora del Programa de Libertad de Expresión de la Asociación de los Derechos Civiles).
“El problema es que la reacción de los empresarios forzó ese tono. Si no apoyamos el gobierno ahora, regresamos a la ley de la dictadura. Además no es un proyecto del gobierno” (Entrevista con Gustavo Granero, presidente de la FATPREM, realizada en buenos aires, en abril de 2010).
Antes de una definición, en noviembre de 2009, el gobierno creó el Consejo Federal de Comunicación49, en el ámbito de autoridad Federal de Aplicación (AFSCA). El órgano institucional híbrido, con representación de los tres sectores de la sociedad (24 gobiernos provinciales, 03 de los empresarios y 11 de la sociedad civil50), sería el responsable por el diseño de la política de radiodifusión y acompañamiento de la aplicación de la nueva ley. Es importante destacar que la presidencia fue asumida por uno de los liderazgos de la coalición y presidente de FARCO y ALER. La medida reafirmaba que aun en la disputa judicial, el gobierno seguía entendiendo que no retrocedería en sus intentos de aplicación de la normativa aprobada, y con la presidencia de la Coalición buscaba dar mayor legitimidad a su proyecto político.
Tras una serie de movilizaciones, en el 15 de julio de 2010 la Suprema Corte votó por unanimidad garantizando la constitucionalidad de la ley. Pero se siguieron produciendo medidas cautelares movidas por ATA que siguieron impidiendo su aplicación integral, cuestionando artículos específicos y manteniendo la normativa en un limbo normativo por casi todo el año de 2010. Entre los principales temas en disputa, está el artículo 131 que trata de los límites de propiedad y afecta el centro de la normativa, que es la redistribución del espectro. La Suprema Corte se ha posicionado favorablemente a la petición de ATA/Clarín que suspende las medidas de desinversión forzada que le serían obligadas por la nueva ley a fines de desmonopolizar el sector.
48 http://www.youtube.com/watch?v=ablL8tmYDMg, último acceso en 21.05.11 49 http://www.comfer.gov.ar/reglamentacion/?p=294, último acceso en 21.05.11
168 Para Becerra (2010), en ese asunto, el judiciario se invistió de las facultades que tendría el Tribunal de Defensa de la Competencia, aseverando que en el sistema de medios de comunicación que un solo actor concentre el 57% de un sector, no constituye daño al interés público, cuando en el tema de las telecomunicaciones índices de concentración superiores al 25% ya constituyen un poder significativo (apud Amarc, 2011).
Aún en medio a eses ruidos jurídicos, el gobierno siguió avanzando y ha iniciado la reglamentación de la nueva ley. La Resolución 174/10, convocó a la sociedad civil a realizar propuestas normativas. Las medidas fueron publicadas en el Decreto Reglamentario 1225/2010 que marca los primeros pasos para implementar la ley.
La gestión de Cristina también se ha dedicado a otras áreas, como la expansión del modelo de TV Digital nipo-brasilero, el formato ISDB-T. El Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre distribuyó gratuitamente 1,2 millón de convertidores para comunidades populares, e inició uno de los programas más avanzados de digitalización del Mercosur. Sin embargo, para las vísperas electorales, no hubo debate público del nuevo modelo. Tampoco el tema de la digitalización se insertó en la discusión de la nueva ley de radiodifusión, como evalúa el siguiente relato de un especialista en el tema:
“El texto que trataba del tema fue excluido del anteproyecto por presión de nuestra propia base aliada. Yo considero eso un error grave. Más cedo o más tarde tendremos de enfrentar la cuestión, la digitalización ya está a la vuelta. Las telefónicas quedaron calladas en toda la discusión, porque la historia muestra que cuando actúan sin regulación eso les favorece” (Entrevista con Guillermo Mastrini, integrante de la Coalición y profesor de la Universidad de Quilmes, realizada en abril de 2010, en Buenos Aires, Argentina).
En cuanto al funcionamiento de los medios oficiales, sus formas de gestión, y su línea editorial parecen seguir adscripta al gobierno, lejos de un modelo público (Becerra, 2011). En el tema del acceso a la información, otro pilar del derecho a la comunicación y a la democracia, la presidencia dio señales contrarios al avance de otra iniciativa de la sociedad civil por la transparencia en la publicidad estatal. Finalizando el cuento incompleto, la nueva ley argentina entra en su momento de aplicación parcial en un contexto que aún refleja la polarización del debate, el desgaste que el tema generó entre los aliados, y la novedad y complejidad de su cumplimiento real. En medio de esos debates apasionados y sus tonos intensos y dramáticos sigue el tango argentino para la redefinición de su modelo de comunicación. Para acompañar el paso de las hormigas en ese baile, hay que seguir el próximo capítulo.
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