Derivadas de la naturaleza del Estado y su organización

En la actualidad, en todos los países de Centroamérica se ha alcanzado la democracia electoral y sus libertades básicas; el reto ahora es avanzar hacia la democracia de la ciudadanía, que

159 EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD Y LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Tabla 17. Diferencias entre la evaluación convencional y la participativa.

das

Meta Responsabilidad técnica y financiera

de quién financia

Refuerzo de las competencias, mayor apropiación de los resultados, múlti- ples partes involucradas asumen com- promisos

Dirigida por: Persona o equipo de evaluación Partes involucradas en el programa / proyecto, ayudadas por un facilita- dor(a) externo

Mandato: Establecido por quién financia con aporte limitado del programa y/o pro- yecto

Establecido por las partes involucra- das en el proyecto

Métodos y técnicas: Reducido a técnicas de extracción de información: entrevistas, cuestiona- rios

Privilegia el uso de técnicas en donde se propicia la reflexión, el diálogo y el aprendizaje: grupos focales, testimo- nios, entrevistas abiertas, etc.

Efecto: Informe final discutido entre las auto- ridades del programa / proyecto que genera reorientaciones técnicas.

Mejor comprensión de la realidad local, co- participación en las decisio- nes estratégicas de cambio

aún se encuentra plena de carencias y en cons- trucción, para que el conjunto de derechos, tanto de los hombres como de las mujeres, se hagan efectivos (PNUD, 2004).

Una de las características más importantes de la democracia es la del poder que otorga a la gente para participar en las decisiones que más le afec- tan y, en consecuencia, elegir. Sin embargo, la complejidad de las sociedades actuales hace que ese poder de la gente se limite, básicamente, al momento electoral en donde se eligen los dirigen- tes. A partir de allí, los gobiernos elegidos asumen que han recibido un “cheque en blanco” para actuar y deciden por la ciudadanía (democracia representativa) aquello que, suponen, más con- viene. Decimos esto para llamar la atención sobre una característica de la mayoría de nuestros Estados y sus gobiernos: la poca o inexistente cul- tura de participación, de escuchar y de incorporar las prioridades de la gente en las decisiones polí- ticas, a partir de otros procesos legitimados desde el interior de la propia sociedad civil como espa- cios libres para la construcción de voluntades, intereses y perspectivas (Jardim, 2004). En otros términos, una vez elegidos, los gobiernos actúan a través de una estructura de poder claramente jerarquizada en la que el presidente71 _{tiene la} máxima autoridad72 _{que luego transfiere a sus} ministros (as), éstos a sus subalternos (as) y, a su vez, éstos a los suyos. De aquí derivamos tres con- sideraciones:

La importancia que adquiere, en este contexto, el nivel de conciencia y compromiso con la equi- dad y la igualdad que deben tener las máximas autoridades gubernamentales, para que estos principios se integren, como ejes transversales, en

todo el quehacer político y programático del gobierno y sus instituciones. Esto es así pues el proceso de incorporación de la equidad de géne- ro en la planificación, el seguimiento y la evalua- ción es, en gran parte, de naturaleza política, por tanto, si el nivel superior no toma un claro parti- do a favor de la igualdad, difícilmente lo harán los mandos medios y técnicos de las instituciones;

Incorporar la equidad y la igualdad encuentra una dificultad en el hecho de que las instituciones públicas –y quienes las integran- son parte de y recrean el sistema patriarcal transmitiendo y reforzando valores, tradiciones y costumbres que promueven la exclusión y subordinación de las mujeres. Para ello cuentan con autoridad, recur- sos y con los métodos y procedimientos propios de la gestión pública, entre los que se cuentan las políticas, los programas y proyectos. Por ello, es posible que nos encontremos con distintos grados de resistencia frente a la incorporación la perspec- tiva de equidad de género por parte de los funcio- narios e, incluso, de algunas funcionarias guber- namentales;

La persistencia de una cultura institucional autoritaria y jerárquica no facilita procesos eva- luativos que, por definición, implican hacer valo- raciones sobre las actuaciones gubernamentales. En otros términos, las autoridades no siempre se manifiestan dispuestas a que se pongan en cues- tión sus actuaciones públicas.

Dicho lo anterior, y excluidas las resistencias personales, en el desempeño gubernamental a favor de la igualdad entre mujeres y hombres podemos encontrar distintos matices. Puede ocu- rrir, por ejemplo, que exista un mandato superior, es decir, una decisión política traducida en una

71_{Actualmente, todos los países Centroamericanos cuentan con formas de gobierno republicano, por lo que denominan Presidente a}

su máxima autoridad.

72_{Recordemos aquí la naturaleza autoritaria de los actores gubernamentales, a la que nos referimos cuando explicamos el factor de}

Política Nacional de promoción o integración de los derechos de las mujeres, pero no existen mecanismos institucionales a diferentes niveles y en distintas instancias estatales, que puedan brin- dar asesoría y seguimiento a nivel sectorial y territorial para la incorporación de dicho enfoque y, por ello, tampoco se crea la correspondiente obligación por parte de las instancias responsa- bles de la ejecución. También puede suceder que a nivel político se incorpore la igualdad como algo que ni se puede ni se debe obviar, pero sin entender el marco de referencia interpretativo acerca del origen de las desigualdades y las estructuras que las sostienen. Así, las políticas que deriven de esas instancias, serán menos claras en cuanto a sus contenidos, su programa y su orientación normativa73_{y, en esta medida, tendrán} un dudoso impacto sobre las condiciones de equi- dad y de igualdad entre mujeres y hombres.

8.2. Derivadas de la naturaleza operativa de las