Desempeño social ambiental y actividad minera

La RSE es un marco conceptual que permite averiguar la actitud corporativa de las empresas en cuanto a su desempeño medioambiental hacia las partes interesadas, es esa fuente de oportunidades, innovación y competitividad que les permite a las organizaciones relacionarse con su entorno (Porter y Kramer, 2006). Más aún, para las empresas mineras, la RSE trata de equilibrar las diversas demandas de las comunidades, y el imperativo de proteger el medioambiente, con la necesidad de obtener beneficio (Jenkins, 2004).

Para Peck y Sinding (2003) a las empresas mineras, la RSE les obliga a evidenciar su existencia y documentar su desempeño a través de la divulgación de información social y ambiental. El exhibicionismo que considera Slack no solo se da en las mineras que operan en los países desarrollados sino también en aquellos en vías de desarrollo, donde la supervisión gubernamental de las operaciones de industrias extractivas es débil o inexistente. Así, las empresas mineras tienen libertad para expresar públicamente el compromiso con la RSE mientras en la práctica violan flagrantemente los principios de RSE. La violación de la RSE en la práctica lleva a la contaminación. El sector minero es considerado como el sector industrial más contaminante de un país (Liulla, 2006). El impacto sobre la naturaleza es mayor por los niveles de presencia de metales y residuos minerales en las cabeceras de cuencas, ríos y lagos, que afectan no solo la cantidad y calidad del agua sino también el ecosistema. Este gran impacto medioambiental hace que las empresas mineras influyan en el bienestar de una sociedad (Hilson, 2012).

El mismo autor considera que el crecimiento sostenible de las empresas mineras en los países desarrollados es particularmente importante, porque la gestión adecuada de la riqueza derivada de la extracción minera podría elevar el nivel de vida de las poblaciones afectadas y poner en marcha actividades del sector manufacturero y de servicios en países en vías de desarrollo en lugar de afectarlos negativamente.

Coincidimos en que la actividad minera requiere de un tiempo significativo para generar los ingresos, y que la dirección estratégica de la empresa minera debe lidiar con la paciencia y satisfacción de las demandas de la comunidad, incluso en lugares donde no existen regulaciones estatales debe bregar con organismos no gubernamentales, que son muy influyentes teniendo en cuenta, además, que la operaciones propias de una mina son llevadas a cabo en el recurso tierra.

La extracción minera de recursos naturales se desarrolla a gran escala, por lo que genera importantes impactos sociales y ambientales (Oxfam America y Earthworks, 2004). Es difícil la construcción de grandes operaciones a tajo abierto minero o construir miles de kilómetros de tuberías sin causar disturbios; estos pueden ser controlados, pero nunca completamente eliminados (Slack, 2011).

Las áreas de operaciones de las empresas mineras son aquellas social y ambientalmente sensibles, puesto que deben estar y trabajar en el lugar donde se encuentra el mineral. Bajo este contexto, la RSE se convierte, en cierto modo, en una protección contra la propia naturaleza del negocio Slack (2011).

Toda esta realidad lleva a pensar que nos encontramos con una contradicción. Por un lado las empresas mineras argumentan que causan impactos pero, apoyadas en la RSE, confían en que pueden manejar responsablemente los aspectos destructivos y perjudiciales de sus operaciones (Slack, 2011). Una contradicción existente entre los compromisos para operar de manera responsable y los mecanismos reales de cómo la industria funciona actualmente.

Las operaciones de las empresas mineras a veces llevan a desplazar físicamente a comunidades enteras, a fin de poder realizar las excavaciones en las montañas vírgenes o en alguna selva tropical. Esto, según Slack, significa la acumulación de muchísimos metros de roca estéril y, como consecuencia, es inevitable que el ácido

sulfúrico se filtre en las aguas subterráneas utilizadas por las comunidades locales. Esta realidad de las empresas mineras difícilmente será vista como socialmente responsable. Estos impactos ambientales se dan tanto en los países desarrollados como en los que se encuentran en vías de desarrollo, pero pueden ser mayores en estos últimos, dada la limitada capacidad de los gobiernos y la voluntad política para regular eficazmente las operaciones extractivas, evidenciando una tensión entre la naturaleza de la extracción de recursos industriales y los compromisos en materia de RSE para con las comunidades locales de las zonas de extracción de recursos naturales (Slack, 2011).

Para Jenkins (2004), la RSE en las empresas mineras tratan de equilibrar las diversas demandas de las comunidades y el imperativo de proteger el medioambiente, siempre con la necesidad primordial de obtener beneficios. Por esto, Slack argumenta que para que se convierta en un marco significativo para facilitar un mejor desempeño social y ambiental en el sector, las empresas mineras deben empezar a incorporar los principios de RSE en su modelo de negocio de una manera más congruente de lo que lo hacen ahora, de tal manera que puedan obtener la licencia social para operar.

Para que puedan contribuir al desarrollo sostenible, las operaciones mineras deben adoptar un enfoque holístico; es decir, integral, seguido de políticas más amplias y prácticas que alcancen el ciclo extractivo completo desde la exploración hasta la extracción y distribución del mineral Hilson (2012). Teniendo en cuenta que la actividad extractiva se realiza de manera visible, en tierra, los impactos son mucho más evidentes. Por ello la importancia de la licencia para operar, puesto que las empresas mineras deberán lidiar con la comunidad y alrededores hasta que al término de la refinería del mineral se vean los beneficios económicos, asegurándose, según Slack la aceptación de dicha comunidad.

Esto refleja también los intereses propios de las empresas de industrias extractivas, para las que la licencia social se ha vuelto cada vez más convincente (Ebrahim y Herz, 2007). Las empresas mineras se han enfrentado a las crecientes amenazas a la viabilidad de sus operaciones de resistencia de la comunidad organizada, que en algunos casos ha obligado a la suspensión o abandono total de las operaciones. Estas situaciones representan costos significativos para ellas.

Para Quiroz (2008), las empresas mineras peruanas o extranjeras con operaciones en el país están trabajando de modo serio y consistente en programas de RSE integrales. Si bien años atrás se concentraron en programas filantrópicos, dispersos y sin conexión entre sí, hoy en día existen empresas mineras con programas de RSE coherentes e integrales que no solo se abocan a la comunidad sino a su público interno. Además, son conscientes de que para todo proyecto la empresa debe aportar técnicos especializados e involucrar a la comunidad en su conjunto.

Gifford et al. (2009) manifiestan que los críticos sociales sostienen que las empresas mineras a menudo tratan de eludir el control de sus políticas públicas y que las comunidades vecinas no solo tienden a ser pobres y vulnerables, sino que en general carecen de la protección del gobierno. Los cambios ambientales y económicos provocados por empresas mineras no solo afectan el medioambiente sino que además, eventualmente, pueden afectar la salud de la comunidad aledaña.

Es por esto que se han planteado interrogantes sobre el desempeño social y ambiental de las empresas mineras en los países en desarrollo (Meyer, 2004). Varios argumentan que las empresas tienen una obligación de respeto por los derechos humanos de las comunidades afectadas, que se extiende a la salud, la educación y el medioambiente (Caplan y Silva, 2005). Para Condosta (2011), el interés de las empresas mineras es más social que plítico, ya que sin perder la perspectiva de empresa, pueden utilizar las operaciones para generar un impacto positivo en las comunidades cercanas a ellas garantizando, al mismo tiempo, un negocio sostenible para el futuro.

Para las empresas mineras es crucial tener el consentimiento y aceptación de las comunidades que —según Slack (2011)— es un tema crítico —tal vez el más importante— para la adopción de un modelo de negocio. En realidad, las empresas mineras están llamadas a ir más allá de compromisos vagos de "licencia social" y adoptar el principio más claramente definido del consentimiento libre, previo e informado. En su esencia, el principio representa un acuerdo por parte de las empresas a participar de buena fe desde el principio de su relación con la comunidad local y para escuchar (y actuar sobre) las preocupaciones de la comunidad.

Es también un intento de nivelar las diferencias de poder entre las empresas extractivas y las comunidades locales, y para construir una relación duradera y

mutuamente beneficiosa. Los proyectos que no cuenten con el consentimiento de las comunidades locales no serán sostenibles y ninguna cantidad adicional de "RSE" (programas de desarrollo comunitario) será capaz de superar la falta de aceptación y confianza. Por ello es primordial que la actividad minera se desarrolle con la máxima legalidad.