Frente a esta realidad, llegando al final de los años 90, otras preguntas y otra mirada se hacían necesarias; preguntas y miradas que permitieran comprender ampliamente las dinámicas del conflicto, repensar estrategias de prevención y analizar los efectos políticos de la atención; en últimas, se requería con urgencia una ampliación y una complejización de la perspectiva de análisis.
10 Aunque el Manual citado data de 2002, conserva las definiciones básicas de los lineamientos que han
construido con la participación de expertos desde décadas atrás. Los mismos manuales internos de organizaciones como ASCOFAME o la Conferencia Episcopal de Colombia se basan en los lineamientos de la OPS.
31 Fue acá donde aquellas organizaciones que habían animado la puesta en la arena pública del problema del desplazamiento forzado, jugaron un papel fundamental. Sus observaciones críticas y su insistencia en estudiar el fenómeno ampliando sus preguntas, dio el fruto esperado. En este tránsito, la academia es llamada a dialogar y abre espacios de trabajo práctico en terreno haciendo sus aportes significativos; quizás la Red Nacional de Investigadores en Desplazamiento Interno Forzado, REDIF conformada en el año 2002, fue un espacio de construcción y articulación de gran importancia en la reflexión sobre la teoría y la práctica profesional. En la REDIF además de participar las universidades públicas y privadas y los sistemas de información como el SISDES de CODHES y el RUT, acudieron también organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales como ACNUR, OCHA, OIM, Defensoría del Pueblo, Conferencia Episcopal y la antigua Red de Solidaridad Social (hoy Acción Social).
El diálogo fructífero de las organizaciones interesadas en el fenómeno del
desplazamiento forzado animó a ―un proceso de construcción de hipótesis que permiten
reconocer en el desplazamiento una estrategia de guerra de los actores armados que tiene
referentes políticos, militares y económicos‖ (L. E. Pérez 2002, 29).
En primer plano, la ampliación de la pregunta por la génesis del desplazamiento de una única causa a múltiples causalidades, permitió el análisis de los aspectos estructurales del conflicto armado, particularmente los económicos (Pérez (2002), Bello y Villa (Bello y Villa 2005), Reyes (1997), Fajardo (1999), CODHES (1999), Lozano y Osorio (1999), Flórez (2005), Castillo (2004) y Abadía (2005)):
Indagar sobre los determinantes más estructurales del desplazamiento es el primer requerimiento para avanzar en su conocimiento y en la formulación de alternativas de prevención, máxime cuando el Estado ha mostrado limitada capacidad para atender la emergencia humanitaria y restituir los derechos de la población (L. E. Pérez 2002, 20). Esto permitió reconocer que la motivación de los actores del conflicto trascendía la disputa por el control del territorio y requería del despeje de grandes extensiones, pues se vinculaba con las dinámicas económicas en las que diversos actores sociales y políticos (nacionales y extranjeros) tenían intereses. A partir de este análisis fue posible asumir el
32 desplazamiento como una estrategia dentro del conflicto armado, destinada a despejar amplias zonas para facilitar tráficos o para implantar mega proyectos.
Así se evidenció que las hostilidades lejos de ser prioritariamente entre ejércitos en disputa, eran dirigidas de manera intencional hacia la población civil; en otras palabras, que los civiles se constituyen en objetivo militar en el conflicto.
Para entonces la producción de conocimiento sobre el desplazamiento forzado diversificó sus temas de análisis incluyendo la pregunta sobre sus diferentes causas; y aun en la manera de ver los mismos efectos hubo un giro significativo que amplió el espectro temático de los diagnósticos o las caracterizaciones en los estudios de caso y en las sistematizaciones de intervenciones localizadas y, por lo tanto, la naturaleza misma de tales intervenciones.
Los temas socio–jurídicos y económicos pasaron de la descripción de efectos sociodemográficos (CODHES (1999), Clavijo (1993), Conferencia Episcopal de Colombia (1994), Giraldo y Galindo (2002)) y la magnitud de la emergencia humanitaria (Defensoría del Pueblo (1997), GAD, 1996), al análisis cuidadoso de las estrategias de los actores, incluyendo intereses económicos (Castillo (2004), Flórez (2005), Castrillón y Palacio (2005), Codhes (2005)), conexiones territoriales estratégicas (Sarmiento 2000), reconfiguraciones territoriales (Castrillón y Palacio (2005), Osorio (2005), Pérez M. E. (2005)), flujos migratorios (Castrillón y Palacio (2005), Flórez (2005), Osorio (2005), Salcedo (2002)) y contexto histórico (Castrillón y Palacio (2005), Abadía, (2005).
En su mayoría, estos análisis alcanzaron a reconocer los intereses de las partes en conflicto y su intrincada relación con el poder político y con las dinámicas económicas. Algunos de estos análisis incluso llegaron a mostrar la vinculación de la economía internacional en el fenómeno.
El alcance de esta identificación permitió tener un panorama más amplio y menos ingenuo del conflicto; así mismo trasladó el énfasis de las dimensiones políticas de la búsqueda de las soluciones negociadas al conflicto armado, a la incidencia en las estructuras económicas y especialmente en las jurídicas, a escala nacional. Esto hizo que la
33 mayoría de las investigaciones sobre el tema, que eran en sí mismas denuncias
contundentes, incluyeran las infaltables ―sugerencias para las políticas públicas‖.
Muy pronto, había un importante acervo académico que demostraba las fallas más importantes de la política pública relacionada con el desplazamiento forzado y que ponía en evidencia la macabra estrategia de desarraigo como política de Estado. Así mismo el trabajo de las organizaciones de base dio frutos parciales en materia de derechos sociales y
económicos (acceso a la salud, educación, vivienda, etc.…), que sumaban una a una la casuística cada vez más difícil de nutrir por las trabas institucionales.
Sin duda hubo logros muy notables como las sentencias de la Corte Constitucional, de manera especial la T–025 (sobre el goce efectivo de los derechos de los desplazados y que conmina al Estado a garantizar el restablecimiento económico de las víctimas) que lamentablemente fue más simbólico que real, pues seis años después el juicioso seguimiento de una comisión del CODHES11 nos muestra que las situación no ha mejorado significativamente.
No obstante, junto con estos avances jurídicos, vinieron las trabas institucionales, cada vez más fuertes y la persecución violenta que cobró la vida de varios líderes comunitarios y de académicos, llevando a otros a exilios intermitentes o permanentes. Tal persecución puede ser frecuente en cualquier país del mundo, pero acá resulta de una magnitud desproporcionada.
La peor parte la llevan las comunidades de base, por ejemplo, en el caso de las 52 familias desplazadas de la finca La Alemania en San Onofre en el departamento de Sucre, que llevan un proceso de denuncia y búsqueda de restitución, ya van 15 líderes asesinados; estas familias conforman la Empresa Comunitaria Alemania, a la que el INCORA (Instituto Colombiano de Reforma Agraria) en 1997 adjudicó 556 hectáreas ubicadas en los Montes
11 Los últimos informes de la comisión de seguimiento sobre política pública y desplazamiento del Codhes
han estado dedicados a los temas de restitución de tierras y reparación a las víctimas, dada la promulgación de la ley 1448 correspondiente a estos asuntos. Pero hasta los informes de 2010 era evidente que, a pesar de algunos avances reconocidos, el ―estado de cosas inconstitucional‖ no había cesado y que los derechos de los desplazados seguían vulnerados.
34 de María a 20 minutos de San Onofre; en 2001 el paramilitar Rodrigo Mercado Pelufo,
alias ―Cadena‖, tras una masacre de tres campesinos, los despojó de esta tierra12.
Así mismo, el MOVICE (Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado) denunció que entre enero de 2010 y marzo de 2011, fueron asesinados 12 líderes sociales reclamantes de tierras.
Pero los académicos y los profesionales que apoyan estas iniciativas, no están exentos de la persecución; es el caso es el del sociólogo e ingeniero agrónomo Alfredo Correa de Andreis, asesinado en el año 2006, quien era catedrático e investigador de las Universidades Simón Bolívar y del Norte, y acababa de realizar y presentar públicamente un estudio sobre los desplazados de la Costa Atlántica; como él, otros académicos fueron asesinados durante la vigencia de la política de Seguridad Democrática, algunos de ellos,
incluyendo a Correa, habían sido perseguidos jurídicamente con procesos ―montados‖
(ficticios) por agencias de seguridad estatales y sus abogados defensores habían sido fuertemente amenazados13.
Sumado a esto, la serie de esfuerzos de organizaciones de desplazados por encontrar alternativas económicas que les permitan subsistir y resurgir, se ha visto frustrada sistemáticamente. Por ejemplo la entidad gubernamental, Acción Social, optó por priorizar la financiación de pequeñas unidades productivas como parte de su proceso de atención en emergencia y desestimuló las iniciativas colectivas; aun así, sólo contaba con presupuesto para responder a casi la mitad de estos proyectos, por lo que la obtención del plante, se
12 La larga lista de víctimas de la vereda La Alemania en San Onofre. Miércoles, 19 de mayo de 2010 en
http://www.verdadabierta.com/paraeconomia/2467-la-larga-lista-de-victimas-de-la-vereda-la-alemania-en- san-onofre
13 Human Rigth Firts, documentó entre 2008 y 2009 32 casos de defensores de derechos humanos falsamente
criminalizados. En Colombia con la revelación de los, llamados por los medios de comunicación, ―falsos positivos‖ y las interceptaciones de comunicación y actos de persecución (amenazas, atentados, entre otras) del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad del Estado) a miembros de partidos políticos, comunicadores, congresistas, sindicalistas y abogados, todos críticos frente al Estado (las ―chuzadas‖ del DAS), se hizo evidente que durante la Seguridad Democrática la oposición fue perseguida de manera sistemática e impune; así, no sólo a las personas desplazadas que exigían sus derechos sino a cualquier persona u organización que se opusiera a intereses gubernamentales, fue objeto de este tipo de persecuciones. Con el cambio de gobierno se redujo esta persecución, pero es una realidad que no cesa, pues obedece a condiciones estructurales e históricas de fuerte arraigo en la política colombiana.
35 convirtió en un premio al ingenio de la familia que proponía su pequeño negocio y no un derecho de cada uno de los afectados.
La precariedad, heterogeneidad regional, burocratización y provisionalidad de la respuesta estatal a la crisis humanitaria generada por el desplazamiento forzado, dio pie a algunas controvertidas prácticas en las personas afectadas, tales como registrase como desplazado más de una vez y en diferentes ciudades con la esperanza de agilizar la ayuda o de obtener más apoyo, o profesionalizar la condición misma de desplazado o de víctima, como en los casos documentados por Leidy Bolaños (2012) de mujeres desplazadas que
convirtieron su condición en un oficio, de manera similar a una serie de ―líderes‖ que
cobraban un monto de dinero a otros desplazados para apoyarlos con la preparación para la declaración, la ubicación de eventos y sitios de entrega de ayudas, la redacción de derechos de petición u otros documentos para gestionar los servicios de salud, educación que el Estado provee14.
El panorama puede generar la sensación de impotencia y sin duda representa un serio cuestionamiento al efecto político de los acompañamientos e intervenciones que profesionales y académicos hacemos a los procesos de recuperación de las víctimas.
Sin duda, iniciando el siglo XXI tuvimos un avance decisivo al reconceptualizar el desplazamiento como estrategia de guerra y distanciarnos de la propuesta despolitizada que durante muchos años lo concibió a la par de un desastre natural. A pesar de este avance, es necesario ir más allá en el análisis de manera que la idea del desplazamiento como
14 Este fenómeno ha sido registrado repetidas veces en el trabajo de campo de la mayoría de acompañantes,
pero pocas veces, como en el caso de Leidy Bolaños (2012), ha sido tratado y teorizado. Como ejemplo de este registro, me permito citar un testimonio de un líder desplazado, recogido por Wendy Tatiana Muñoz (2008) para su trabajo de grado como politóloga: ―Tengo casos en que he denunciado donde líderes desplazados han pretendido lucrarse de los mismos compañeros que siendo desplazados, requieren de su asesoría o colaboración, les cobran 30 mil o 40 mil pesos, cuando estas personas salieron con una sola muda de ropa o escasamente con una maleta. No voy a eso porque mi acción es una acción social, y vuelvo y digo hay personas que me colaboran a mi muy desinteresadamente y fuera de eso yo me ayudo del lucro que yo también devengo de mis actividades comerciales. - ¿Entonces hay algunos líderes que cobran por hacer papeles?- Exactamente, ellos cobran por afiliado cinco mil pesos, y por llenar un formulario tres mil pesos, cuando son personas que no tienen los recursos. Esto me parece el colmo, quitarles el dinero así, porque quitarles el dinero así por un papel que a mí me cuesta 100 pesos. Yo llevo 17 años viviendo en Bogotá y a veces me veo corto para realizar una gestión, con mayor razón ellos que nadie los conoce, y si ellos dicen que son desplazados, los miran como bichos raros y aparte de todo no tienen recursos‖ p. 116.
36 estrategia de guerra no se limite a la escala nacional. En este sentido propongo ampliar una vez más la perspectiva sobre el fenómeno de manera que capte su complejidad.
1.4
Desplazamiento como dinámica local inserta en el flujo global
de capitales: entre lo local, lo global, lo material y lo simbólico
La opción de ampliar la perspectiva de análisis sobre el desplazamiento forzado como efecto colateral, hacia una visión del mismo como estrategia de guerra, fue protagonizada por diversas orientaciones analíticas que pueden agruparse en dos grandes tendencias15: la primera enfatizaba en las estructuras sociales y económicas en la explicación sobre conflicto armado interno y por lo tanto buscaba entender el desplazamiento forzado interno desde el análisis de las estructuras (CODHES 2007 y 2009, Fernández y Vidal (2003)y Castillo (2004) entre otros); la segunda tendencia identificaba aspectos culturales del fenómeno, reconociendo el papel de los significados y prácticas culturales en la legitimación de la violencia sociopolítica (Osorio 2005, Bello 2001, Pérez 2003, entre otros). De ambas perspectivas, la más atendida fue la de corte estructuralista que se hallaba con mayor frecuencia entre economistas y juristas. Esta mirada, a pesar de minimizar el papel de los aspectos culturales y simbólicos del desplazamiento forzado, fue crucial en el tránsito del análisis uni–causal del fenómeno al análisis de varios factores, especialmente los económicos, que develaron el carácter estratégico del destierro.
No obstante, la preponderancia de esta perspectiva llevó a sobredimensionar la importancia de las estructuras políticas a escala nacional, como principales unidades de explicación y por lo tanto, como focos de transformación de los fenómenos asociados al conflicto armado, centrando la investigación en tales estructuras.
15 Los autores de la tendencia cultural, casi siempre se adherían o asumían como un presupuesto la
explicación de la otra tendencia (estructuralista), pero hacían hincapié en la necesidad de atender a los aspectos cognitivos, identitarios y emocionales del fenómeno y entenderlos también como parte de la etiología y mantenimiento de la violencia en el conflicto colombiano. El caso de la tendencia estructural fue distinto, los autores reconocían los efectos en el ámbito cultural y emocional, pero lo consideraban residual.
37 Paradójicamente, esta misma perspectiva estructural terminó allanando el camino para el avance en la comprensión de los aspectos simbólicos del fenómeno, que se abrían paso con menos visibilidad pero no con menos fuerza. Así pues, una vez fue claro que la población civil era objetivo militar –en la medida en que la intención del despojo era facilitar la implantación masiva de megaproyectos– el enfoque centrado en la resolución negociada del conflicto armado se amplió a otros factores de comprensión que no se redujeron a los estructurales (económicos, políticos y jurídicos).
De esta manera, visto el desplazamiento forzado como un asunto de largo plazo, que no se resolvería con un proceso de negociación política, habría que pensar en alternativas de análisis de la problemática que permitieran resistir de múltiples maneras a la devastación que traía consigo el conflicto armado. Aspectos como los significados y prácticas culturales, así como la memoria colectiva y los elementos afectivos, cognitivos y relacionales involucrados en la violencia y en el destierro, fueron objeto de investigación y debate. Esta mirada más detenida permitió alertar sobre el hecho de que los programas de atención que contemplaban la ayuda humanitaria y tenían en cuenta, al menos en el papel, las posibilidades de reconstrucción económica e inserción social, carecían de un trabajo psicosocial cuidadoso y serio que pudiera mitigar gran parte del impacto en las víctimas y conjurar el demonio de las cadenas de violencia que signaban nuestra historia desde la colonia.
De un énfasis en lo estructural, se había pasado a la apertura de los aspectos simbólicos del desplazamiento forzado y sus efectos. Así, con una mirada que había superado la determinación de lo estructural sobre lo simbólico, se realizan avances significativos en lo que se refiere al compromiso político de los trabajos de investigación e intervención. Esta perspectiva del desplazamiento como un entramado económico y cultural avanza al identificar en sus análisis los intereses de las transnacionales y las políticas internacionales en el conflicto armado y el desplazamiento forzado.
No obstante, la perspectiva estado–centrista parece mantenerse entre los analistas que dirigen sus recomendaciones y acciones de incidencia únicamente a las instancias en las que la estructura clásica ciudadano–estado considera que reside la decisión política, es
38 decir, a los políticos profesionales representados en los funcionarios públicos, los parlamentarios, los partidos políticos y otras entidades reconocidas constitucionalmente como instancias de participación y de mediación política. Así, de inmediato se da un paso atrás, pues por esa vía (la del Estado–centrismo) se vuelve fácilmente a la escala nacional, desconociendo la movilización internacional en conexión con la acción local de los pobladores directamente implicados, en tanto actores políticos, no sólo como interlocutores del Estado, sino como sujetos de acción directa y de diplomacia y diálogo en distintos niveles. En el próximo capítulo se mostrarán los límites y los riesgos de esta manera de proceder.
Mi propuesta en es visibilizar que ese entramado simbólico–cultural implicado en el desplazamiento forzado responde también al flujo internacional de capitales y por lo tanto, analizarlo también a escala global, aporta ampliamente en su comprensión y puede iluminar las respuestas de afrontamiento y resistencia. La idea es desarrollar una mirada que no abandone la escala local en el análisis y que a la vez comience a pensar el fenómeno en la escala global, es decir, emprender un abordaje multi–escalar del desplazamiento forzado interno.
Para esto, es preciso repensar el desplazamiento forzado interno a partir del fenómeno de red intercambios materiales y simbólicos a escala planetaria en las dinámicas de lo que se ha llamado más comúnmente globalización o mundialización (Wallerstein, Bauman, Castells, entre otros), identificando la manera como el fenómeno del desplazamiento forzado interno en Colombia participa de dicha red global y cómo esto se expresa en la escala local y en casos concretos.
En esta línea ha avanzado significativamente Juan Ricardo Aparicio (2012) con su trabajo titulado Rumores, residuos y Estado en “la mejor esquina de Sudamérica” cuya aproximación metodológica se ubica, como él mismo lo dice, en la intersección entre la etnografía de los derechos humanos y el humanitarismo y la etnografía de la violencia. En este trabajo, Aparicio analiza la tensión entre dos vectores (en el sentido de Deleuze y Guattari): por un lado, el vector trazado por el gobierno nacional y los organismos
39 desplazamiento forzado así como por generar prácticas para afrontarlo y, por el otro, el vector trazado por la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en su intento de defenderse comunitariamente de la violencia. Este análisis es capital al lograr ubicarse en redes de intercambios materiales y simbólicos y simultáneamente en múltiples escalas.