Deterioro de las condiciones socioeconómicas de la sociedad civil a efecto las nuevas formas de acumulación

capitalista

El plan de estabilización económica y social, impulsado desde el gobierno del presidente Alfredo Cristiani mostraba a corto plazo, un componente para “salir de la crisis económica”, por lo que se decidió poner en marcha un Plan de Desarrollo Económico y Social para cinco años, que supuestamente lograría: crear las condiciones necesarias para alcanzar un desarrollo económico sostenible, mejorar el nivel de vida de la población, especialmente de aquellos que vivían en condiciones de extrema pobreza. En el mediano plazo, este plan incluía la instauración de un programa social que establecería una economía de mercado y reformas al sistema económico, así como la modernización de los servicios sociales15. El proceso de las reformas estructurales o de reconstrucción nacional inició con un enfoque de favorecer económicamente, en forma descendente desde los sectores privilegiados hasta logar el bienestar de las grandes mayorías desposeídas, – a efectos de “la teoría del rebalse” sugerida por el gobierno del presidente Cristiani – a través de la política económica de libre mercado que había ya instaurado la privatización de los sectores económicos claves (tales como reprivatización de la banca)16, la disminución de impuesto principalmente al patrimonio, la baja arancelaria y por supuesto la liberalización de los precios.

En el siguiente periodo gubernamental presidido por el Dr. Armando Calderón Sol (1994 – 1999) se procedió a continuar con la implantación del modelo de libre mercado, al iniciar el proceso de dolarización, privatización de las autónomas estatales y

15

Alexander Segovia Cáceres, “Transformación estructural y reforma económica en El Salvador”, Págs. 36-37.

16 _{Según cifras del Ministerio de Económica (1992-93) el proceso de reprivatización de la banca restó} 350 millones de dólares a la economía salvadoreña, además en el área fiscal se impuso una carga del 10% bajo el concepto del Impuesto al Valor Agregado, que posteriormente el gobierno de Calderón Sol gravó con un incremento del 3%.

más impuestos gravosos a la población de escasos recursos y dando paso a los grandes procesos de corrupción estructural17, potenció la inversión maquilera, con su transferencia tecnológica y valor agregado insignificante, que a la larga fragmentó aún más el sector agropecuario (provocando una oleada más de la población rural a las ya pauperizadas áreas urbanas engrosando los cinturones de pobreza en las urbes); además, continuó con la política de fuerte apertura comercial (a tal extremo de proponer en enero del 95 el establecimiento del arancel cero, y declarar que se trataría de convertir a El Salvador en “una sola Zona Franca”), impulsó una reforma fiscal con la eliminación del impuesto de timbres y la implantación del IVA en la línea preferencial de establecimiento de impuestos indirectos, siguió dando prioridad a la política monetaria y cambiaria por sobre toda otra política económica, continuó permitiendo la ampliación de la brecha comercial, completó las privatizaciones en dos áreas estratégicas de la economía (las telecomunicaciones y la distribución de energía eléctrica), se abandonaron las políticas sectoriales especialmente hacia el agro y la industria manufacturera nacional, se eliminó el Ministerio de Planificación, se mantuvo el sesgo anti agrario de la política macroeconómica, etc.

Por otro lado, un fenómeno social ocurrido como consecuencia del conflicto armado, había comenzado a tener un impacto socio-económico extraordinario en la población. Los salvadoreños emigrados durante los años ochenta estaban remesando desde hacía algunos años grandes cantidades de dólares a sus familiares en El Salvador. A inicios de los noventa, pues, se daba una sustitución providencial de fondos externos: las remesas familiares sustituían con creces las donaciones oficiales, lo cual significaba que la formulación de la política económica continuaría contando, durante varios años por delante, con un financiamiento unilateral de recursos externos.

17_{El sistema financiero salvadoreño se desempeñó de forma inadecuada a los requerimientos que el} desarrollo económico demandado, convirtiéndose en el sector dominante de la economía

salvadoreña y generando un proceso de transferencia económica de otros sectores hacia éste, sobre todo a través de las tasas de interés, comisiones y recargos a los préstamos concedidos a nivel sectorial. En tal sentido, es oportuno señalar las asombrosas cifras contables de instituciones financieras como FINSEPRO, INSEPRO, FINCOMER y CREDISA, que en un momento

Lo cuestionable es que se hiciera tan poco frente a los problemas que el gobierno mismo puso como eje socioeconómico relevante del quehacer estatal. Ya que, en el fondo, ninguna de las dos administraciones pudo conciliar el modelo de desarrollo económico impulsado a la luz de los preceptos neoliberales con los propósitos de equidad social con los que decían estar comprometidos. Durante el mandato del Lic. Francisco Flores (1999- 2004) se continuó dando cumplimiento a la consigna de privatización y reducción del estado; en tal sentido, la imposición de la (dolarización)18 dejando el dólar americano como moneda de curso legal y única en todo el territorio; el analista económico Arturo Zablah Kury, lo mencionaba ya al ubicar “la dolarización y la maquila de confección [. . .] en los pilares de la política económica de la gestión Flores, siempre en el marco de la continuidad expresada en el abandono del agro y demás políticas sectoriales y en la posición marginal que jugó la agenda social.

En el plano social, no obstante, “lo mejor estaba por venir”: a las privatizaciones y conformación de monopolios se aunó el ancestral mal de la corrupción, se hizo presente con “los arreglos entre el sector privado y público” los cuales, fueron comunes, tanto así, como los desfalcos financiero-bancarios, con lo que se puede denominar una “inconsistencia y retroceso en términos de política económica”19

. Para este periodo, la movilización social ya se ha configurado en el transcurso del tiempo, por la relación y contradicción de los diferentes sujetos sociales: Gobierno Central y ciudadanía o población civil, y sus respectivos proyectos; el gobierno por una parte tratando de imponer un significado propio de ciudadanía; y las fuerzas sociales organizadas, velando por la reivindicación ciudadana de sus derechos civiles, políticos, sociales. Por parte de los diversos actores sociales no se hizo sentir ningún tipo de oposición a esta serie de privatizaciones a nivel nacional. De hecho los sindicatos adscritos cedieron a tal

18 _{La puesta en marcha de la Ley de Integración Monetaria en El Salvador, a partir del uno de enero} de 2001, fue impuesta en la sociedad como una medida estratégica (debido a que su aprobación causó gran desconcierto) ya que la moneda nacional dejó de circular y cesó su utilización para hacer transacciones.

iniciativa, integrándose al seno de las nuevas corporaciones creadas y los que protestaron lo hicieron sin ningún efecto, ya que en este periodo no se lograba estructurar un movimiento social amplio a nivel nacional que se opusiera al proceso privatizador y cierre de las compañías estatales. En tal sentido, los gobiernos –para los períodos de 1989/1994 y 1994/1999– no encontraron en la sociedad civil ningún tipo de estructura consistente dentro de sectores populares a nivel nacional, aunado al hecho de que las organizaciones obreras, campesinas, magisteriales e indígenas existentes re- chazan las ideas de formar parte dentro de la “sociedad civil”, fundamentalmente por considerar que tal concepción tiene su origen en los organismos internacionales; por lo que mantenían que su representatividad era exclusivamente a través de las organizaciones no gubernamentales.

Es dentro de este contexto, que sucede la catástrofe sismológica del 13 de enero y 13 de febrero (2001) que de hecho produjo 225 mil nuevos pobres (cuyo aumento paso del 47.56% a 51.1% de la población en nivel de pobreza del país), mientras que 200 mil más cayeron en una situación de extrema pobreza (pasando de 20.3% a 23.6% de la población en pobreza extrema total), según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)20, profundizando así, la precaria situación del tejido social salvadoreño dejando nuevamente, al descubierto los altos niveles de vulnerabilidad social, económica y ambiental que convierten éste y otro tipo de desastres naturales en tragedia y que sin embargo, sirvió –y sirve hasta la fecha al gobierno en turno, como pretexto para justificar y matizar las causas reales de la crisis social, económica y política que vive el país. Apartando la atención (de la sociedad civil) de los efectos de la dolarización, las graves medidas tributarias, la eliminación de subsidios y demás medidas económicas (que a la larga han afectado aun más que la actividad sísmica para ese periodo), que se habían dado bajo el concepto ambiguo de concesiones, se da la “renovación político-económica” que implementaron los gobiernos desde 1989 hasta la fecha, y que habían generando un descontento social, y la creciente formación de grupos

que luchaban por detener o al menos manifestar su descontento con aplicación de esas medidas; así, tales esfuerzos no lograron detener el curso del modelo.

La implementación de los PAE para finales de los 90´s que ocasionaron los iniciales cambios económicos en El Salvador; obstaculizaron el conjunto de tareas que estaba programada para instaurar las bases para la convivencia democrática, que promulgaban tales acuerdos; para lo cual, se esperaba, una eliminación de las condiciones económicas, sociales, y políticas que habían generado el anterior conflicto armado; muchos de los espacios y estructuras de discusión que el movimiento social solía usar para movilizarse se cerraron y con ello, la oportunidad para establecer las condiciones y mecanismos de participación social y política, que dieran impulso al proceso de desarrollo económico concertado. Como ya lo mencionaba Alexander Segovia en su libro “Cambio Estructural, Políticas Macroeconómicas y Pobreza en El Salvador”: “El mayor reto que tendrá que enfrentar El Salvador en los próximos años es el relacionado con la necesidad de incorporar a las zonas rurales en general y al sector agropecuario en particular al desarrollo global del país, como la única manera viable de avanzar en la reducción de la pobreza extrema y de asegurar la sostenibilidad del crecimiento”21, lo cual es contrastado con los datos22 del Informe sobre el Desarrollo Humano El Salvador 2005, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a escala nacional –para el 2004–, el 19.5% de los hogares de El Salvador se encuentran en situación de extrema pobreza, y el 21.7% sobrevive en condiciones de pobreza relativa, para un total del 41.2% de los hogares en situación de pobreza, en donde las condiciones de pobreza son significativamente más severas en las zonas rurales del país

21_{Alexander Segovia Cáceres, “Cambio Estructural, Políticas Macroeconómicas y Pobreza en El} Salvador”, Pág., 35.

CUADRO N. 2