El diagnóstico previo a su ejecución

Una configuración adecuada de las actuaciones y proyectos para el desarrollo del Plan de Modernización Tecnológica de la Administración de Justicia iniciado en el año 2002 exigía, en primer lugar, un enfoque de la situación desde una perspectiva global, es decir, una necesaria la valoración de los elementos y situaciones existentes que condicionaban las actuaciones generales y concretas a desarrollar. Como elementos más destacados agrupamos los siguientes:77

a) Un primer conjunto formado por cuatro componentes:

 El primero de carácter subjetivo y que responde al elevado número de jueces, fiscales y funcionarios que prestan sus servicios en la Administración de Justicia.

 Un segundo elemento, complementario al anterior, relativo a los distintos perfiles que se corresponden con las distintas categorías (jueces, fiscales, secretarios judiciales, médicos forenses, gestores procesales y administrativos, tramitación y auxilio).

 La tercera unidad también va ligada a las anteriores, ya que esos variados perfiles responden a diferentes funciones y, por consiguiente,

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a unas dispares necesidades en cuanto a los servicios que se deben prestar.78

 Y, finalmente, un cuarto módulo que responde a la gran dispersión territorial de las distintas sedes y órganos de la Administración de Justicia, lo que dificulta de forma considerable la prestación de servicios de calidad al ciudadano por medios electrónicos.

b) Un segundo grupo de premisas que se derivan de las cuatro anteriores:

 Con referencia a los aspectos técnicos de la infraestructura:

- El requerimiento de una arquitectura tecnológica unitaria con la concentración de los servidores, la centralización de la información y de los servicios con la instalación de unos sistemas de mayor capacidad, lo que supone unos costes inferiores.

- También la actualización de las redes de comunicación con velocidades más altas para permitir la adecuada transmisión de datos, imágenes y voz. Cuestión directamente proporcional al número de órganos de una sede concreta, ya que las redes LAN de los grandes centros se actualizan para soportar un aumento del “ancho de banda”, cuestión no tan relevante en los edificios con menores servicios y usuarios.79

c) Con respecto a las aplicaciones y servicios ofertados:

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A fin de optimizar y adecuar la instalación de equipos informáticos en los distintos órganos judiciales y fiscalías, por la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia se editó el 4 de abril de 2002 “La guía de necesidades previas a la instalación de PC´s en los órganos

judiciales”. En la misma se diseñaron unos impresos tipo para detectar las distintas necesidades de

material informático en cada órgano o fiscalía. Así, por ejemplo, se plantearon cuestiones como si las salas de vistas estaban provistas de material informático para recoger actas y comparecencias, o la enumeración e identificación de los equipos en su caso existentes y otros dispositivos auxiliares, las conexiones de red en funcionamiento, …etc. (Fuente del documento: Servicio de Informática de la Gerencia Territorial de las Islas Baleares).

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Esta infraestructura no sólo hace referencia a los PC´s, sino que y entre otras actuaciones, la Dirección General para la Modernización de la Administración de Justicia a través de la Subdirección General de las Nuevas Tecnologías de la Justicia (Área de Comunicaciones. Instalación de Redes), dictó “las normas de instalación de cableado estructurado voz/datos en

edificios de la Administración de Justicia”. En su punto 1º nos señala que el objeto de estas

directrices es dotar a las sedes judiciales de una infraestructura de cableado adecuada para soportar la integración actual y futura de todos los elementos necesarios para la comunicación, tanto de voz como de datos e imágenes, enumerándose los requisitos técnicos a tener en cuenta en su ejecución. Fuente Intraweb:

<http://cydal.mju.es/publico/instalacion_cableado/normasinstalacion_cableado_marzo_2003.pdf> (15 de junio de 2003). Todo este ámbito ha cobrado actualmente gran importancia debido a la digitalización de las vistas y la videoconferencia, que permiten una adecuada transmisión de datos, imágenes y voz.

 La necesidad de ofrecer una abanico de servicios lo más amplio posible para lograr un eficaz Sistema de Información de la Justicia. Esta oferta no debe ceñirse sólo a los perfiles de los usuarios, sino también a los profesionales que intervienen (abogados y procuradores –a los que añadimos los graduados sociales-), a los otros organismos que establecen una relación con la Justicia y, sobre todo, al ciudadano como verdadero protagonista de este sistema y beneficiario último.

 El diseño de nuevas aplicaciones, en especial las encaminadas a la gestión procesal y de consulta, bajo el criterio de concentración de la información, lo cual supone:

- Una mayor eficacia en la gestión de los recursos destinados al mantenimiento del sistema y su soporte.

- Mayores cotas de eficiencia al ser menores los costes con la aplicación de políticas de menor dispersión.

Pero con estas premisas son necesarios otros ajustes como, por ejemplo y tal como vimos en la arquitectura tecnológica, la implantación de una base de datos robusta, es decir, tolerante a los fallos y que sea capaz de atender al mismo tiempo a una mayor cantidad de usuarios y de información en cada uno de los ámbitos. - La flexibilidad y estandarización previa del sistema, es decir, que

las aplicaciones sean adaptables a futuros cambios organizativos y legislativos.

- Otro aspecto derivado es que si queremos lograr la prestación de servicios de calidad a los ciudadanos por medios electrónicos es necesario el diseño de formas de acceso más atractivas y adaptables.

d) La seguridad es otro de los temas cruciales que tendremos ocasión de examinar. La realidad de una Administración de Justicia Electrónica, con el consiguiente desplazamiento progresivo del papel en la Oficina Judicial, requiere introducir criterios estrictos de seguridad que garanticen adecuadamente la confidencialidad, integridad, privacidad y autenticidad de los datos.

e) La formación se erige como otro pilar básico a consolidar. De este modo y con respecto a los usuarios de los sistemas, se remarca la necesidad de realizar a priori un especial esfuerzo en políticas de formación y a

posteriori un apoyo continuo en la utilización de los servicios tecnológicos.

f) Para terminar es inexcusable el ámbito presupuestario, como concepto necesario para acometer cualquier iniciativa. Tal es así que la asunción, implantación y renovación de las nuevas tecnologías para que jueguen un papel relevante en la modernización de la Administración de Justicia pasa por el incremento de la partida presupuestaria. La duplicación del presupuesto destinado a estos efectos en los últimos años pone de manifiesto la apuesta decidida para alcanzar todos los objetivos fijados.80

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Por ejemplo, en el año 2001 la suma presupuestada fue de 19.865.860.- € y en el año 2002 alcanzó la cifra de 36.056.480.- €.

6. EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OFICINA JUDICIAL. LA IMPLANTACIÓN DE LOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS. SUCINTA MENCIÓN DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS