Dictadores electos: la democracia recalificada

Este aspecto de la ideología de El Mercurio, que estima a la democracia como un riesgo que debe ser controlado, es precisamente el mismo que expresa la dictadura al desarrollar el concepto de “democracia protegida”. Plasmado finalmente en la Constitución de 1980, dicho concepto diseña un sistema de gobierno que si bien considera elecciones periódicas (restringidas por un modelo binominal7) incorpora también una serie de mecanismos para preservar la estructura económica-institucional de las “veleidades” del electorado y sus representantes. En el discurso de la línea editorial, es evidente la defensa de esta idea a través de una crítica sistemática a la democracia. Sin embargo, debido a que resulta éticamente difícil de sostener, como empresa de comunicación, una posición contraria a un sistema de gobierno, teóricamente, aceptado por todos, esta crítica se expresa en los Editoriales como rechazo a “lo político”, considerado como tal cualquier intento de eliminar las normas e instituciones que configuran la “democracia protegida”.

“Y justamente el deseo de que la politización no se hiciera extensiva a las instituciones de la defensa - que inspiró las normas sobre autonomía de éstas y sobre profesionalización de la carrera de las armas, contenidas en la Carta de 1980- resulta contrapuesto al que exhibe la Concertación, al proponer volver a someter las referidas instituciones al control político.” (Ed 1 Jl)

Mirado con alguna distancia, desde fuera de Chile, pero posiblemente también desde fuera de América Latina, por ejemplo desde Europa o incluso desde

Estados Unidos (que instauró la doctrina de seguridad nacional), rechazar el control político democrático de las fuerzas armadas puede parecer, en este momento, inconcebible. Pero el diario sigue construyendo su discurso con el argumento del “enemigo interno”, en concordancia con el cual las fuerzas armadas cumplen el rol de “garantes de la institucionalidad”. En las propias palabras del diario, el programa de gobierno de la Concertación busca: “la supresión de la autonomía respecto del poder político de las instituciones de la defensa nacional, a las cuales, además, se propone privar del papel constitucional que la Carta Fundamental les asigna, en particular del de garantes de la institucionalidad.” (Ed 1 J) ¿Qué se diría, por ejemplo, en España, de una corriente política que propugnara esa autonomía, ese papel para los generales y esa Carta Fundamental?

Lo político, en este marco argumentativo, se presenta además como opuesto a lo real, a lo que debería ser verdaderamente significativo en el proceso electoral. Se le atribuyen intereses ajenos a los problemas de la sociedad y, por lo tanto, mezquinos.

“Los problemas que realmente preocupan a la población, como las consecuencias de la crisis económica externa, el arresto arbitrario del senador Pinochet, el clima de anarquía imperante en las calles, las graves deficiencias de la salud pública, la abierta amenaza de la delincuencia y la inusitada violencia mapuche, tendrán que ceder prioridad, una vez más, ante el tema político.” (Ed 28 M)

“Hasta ahora el discurso de Lagos se ha centrado en asuntos estrictamente políticos. Se ha advertido la carencia de propuestas concretas a los problemas reales de las personas. Abundan en sus discursos referencias a cuestiones que, si bien son parte necesaria de toda línea programática de un candidato a la Presidencia del país, no satisfacen las expectativas de la gente común. Los planteamientos del candidato de la centroizquierda difieren sustancialmente de las proposiciones del abanderado de la centroderecha. La crítica que la Concertación hace a Joaquín Lavín consiste precisamente en descalificar el planteamiento medular de su programa de gobierno: la preocupación por los problemas reales de

7

Los cargos se asignan a la lista que obtiene la primera mayoría, o entre las listas que obtienen las dos primeras mayorías.

la gente y la búsqueda de soluciones concretas, modernas y eficientes para superarlos.” (Ed 18 J)

Otra de las formas en que se expresa el rechazo a la democracia sin “protecciones”, es el carácter reiteradamente negativo que se atribuye al poder de las mayorías. Ya hemos señalado anteriormente la definición que el diario da de quienes apoyan su interpretación ideológica como una mayoría “cívica”, “bien informada”, “razonable”; a la cual debemos enfrentar, como se verá, las mayorías “ocasionales”, “coyunturales”. Este procedimiento de adjetivación sustrae el valor porcentual, cuantitativo, que poseen las mayorías (y las minorías) dentro del sistema de representación democrática, y les asigna un valor cualitativo. La posición del diario al respecto se expresa claramente con motivo de su crítica a una iniciativa del gobierno que busca ampliar las posibilidades de consulta popular.

“Si se piensa que ninguna nación civilizada y estable admite que la suerte de los derechos fundamentales de sus habitantes quede entregada a la decisión de una mayoría ocasional, se apreciará lo aventurado del proyecto. Más que un perfeccionamiento democrático, en el nombre del cual se impulsa la iniciativa, el recurso al plebiscito, en la forma propuesta, ha sido más propio de regímenes dictatoriales. Precisamente era ésta la crítica que se formulaba al gobierno militar chileno cuando recurrió al plebiscito en 1988.” (Ed 9 N)

“En el hecho, se pretende consagrar el poder omnímodo de una mayoría, pues bastará la mitad más uno de los votos en las cámaras y en el plebiscito para configurar el ordenamiento jurídico que se desee. Materias tales como las garantías individuales, la libertad de expresión, el derecho de reunión, la independencia judicial o el derecho de propiedad podrían ser objeto de restricción o supresión por una mayoría ocasional. En medio de la euforia del triunfo de un candidato, éste podría, con la reforma que se propone, trastocar por completo el ordenamiento jurídico del país. Es decir, algo parecido a lo que se está viendo en Venezuela (...).

“Los plebiscitos en que una mayoría aprobó el gobierno de Hitler y después lo consagró como "Führer" y canciller, en los años 1933 y 1934, no son antecedentes que puedan justificar algún entusiasmo por esta iniciativa.” (Ed 9 S)

No entraremos aquí en detalles sobre las características de esta iniciativa legal, pero lo cierto es que presentaba bastantes restricciones como para considerar que entregaba un poder “omnímodo” a las mayorías (por ejemplo, el referéndum no podría ser utilizado en más de dos oportunidades durante un mandato presidencial ni afectar a más de dos capítulos de la constitución, y el proyecto sometido a votación debería, previamente, haber obtenido su aprobación por mayoría simple, es decir, absoluta, en una de las dos cámaras del poder legislativo). En todo caso, su vinculación sistemática con regímenes autoritarios (incluida, curiosamente, la propia dictadura militar), y en especial su relación con Hitler, seguramente el arquetipo de la maldad en el poder, expresa una argumentación que busca la reacción emocional del miedo. Los Artículos de Autor ahondan en esta cuestión.

“No es una idea democrática hacer plebiscitos para que una mayoría transitoria elimine o avasalle a la minoría. Hitler no tenía derecho a hacer holocaustos porque gozara de una enorme popularidad, así como la Unidad Popular, aunque hubiera tenido mayoría de votos, no estaba facultada para imponer una dictadura del proletariado que violara los derechos elementales de los individuos.” (ArA 15 J)

“Entre los valores del liberalismo están la responsabilidad, la humildad, la honestidad, el respeto por la libertad ajena, la tolerancia, la compasión. Sus principales instrumentos sociales son el imperio de la ley, el mercado y la democracia, siempre que ésta no se reduzca a meras elecciones y esté amparada por una constitución que le ponga límites al poder y nos proteja de los temperamentales excesos de mayorías coyunturales, como la que disfrutó Hitler.” (ArA 4 J)

Este último párrafo expresa claramente el valor que la democracia tiene en la línea ideológica suscrita por el diario. El liberalismo (una manera de decir la derecha, sin nombrarla) más allá de una serie de valores que, como no podía ser de otra forma, resultan incuestionablemente positivos, basa su acción en el “imperio de la ley”, en el mercado y en “la democracia, siempre que”, en otras palabras, democracia puede ser, sí, pero protegida. Ante todo el imperio de la ley, como si otras corrientes ideológicas propusieran el imperio de la corrupción, o de

la impunidad, lo cual el diario señala efectivamente con respecto a la Concertación.

Por otra parte, una “democracia, siempre que no se reduzca a meras elecciones y esté amparada por una constitución que le ponga límites al poder y nos proteja de los temperamentales excesos de mayorías coyunturales”, se refiere verdaderamente a una democracia en que, de forma contradictoria a lo expresado en primer término, se reduzca el poder de las elecciones, para que no puedan alterar instituciones de mayor valor como la ley y el mercado. Esta frase no puede ser comprendida de otra manera, ya que resultaría absurdo poner límites y protegerse de una democracia que se limitara a un procedimiento formal de “meras elecciones”.

Este riesgo considerado inherente a la expresión libre de las mayorías ocasionales o coyunturales que, en cualquier caso, son las que considera el mecanismo democrático, adquiere una expresión más agresiva al ser equiparadas de forma sistemática, es decir, como estrategia referencial, democracia y dictadura. Este procedimiento se realiza, precisamente debido a su violencia y a su carácter antidemocrático, en los artículos que permiten una mayor libertad expresiva (puesto que no representan la opinión institucional de la empresa), en los cuales resulta posible realizar esta afirmación como si fuera un recurso de estilo personal.

“Se puede estar en desacuerdo con los senadores designados o con el sistema electoral, como es mi caso, pero no por ello se debe concurrir a cualquier reforma y menos para que el dictador de turno, que elegimos, pueda violar más nuestra libertad, con regulaciones, más tributos y la intervención del ejército de funcionarios públicos al servicio del rey.”8 (ArA 15 J)

“Hasta la reforma constitucional pasó a segundo plano, aunque es un tema importante, pero para estudiarlo con calma y en la línea de darle poder a la gente y no a dictadores elegidos, modalidad que conduce al abuso electoral, tipo PRI mexicano.” (ArA 11 E)

8

“Después de todo, en muchas naciones democráticas, los funcionarios elegidos gozan de poder omnímodo sobre la vida y propiedad de sus ciudadanos. La única verdadera libertad que la gente de esos países tiene es la de elegir a sus dictadores cada cierto tiempo.” (Tr 4 D)

El equiparar dictadura y democracia no sólo deteriora el respeto al marco institucional, a ese “imperio de la ley” que el diario dice defender, sino que paralelamente trastoca el valor del término dictadura, que pasaría a ser sólo una democracia mal regulada. Sin duda, el hecho de que existan elecciones periódicas en un país no garantiza, de ninguna manera, que esa nación viva una democracia plena, por el contrario, los ejemplos de gobiernos que se autodefinen como democráticos pero actúan como dictaduras son numerosos. Sin embargo, si se dice que esos gobiernos son seudo-democráticos o dictaduras encubiertas, es porque no respetan las leyes que constituyen un estado de derecho, ni la libertad y la integridad física de las personas.

El tema no es éste cuando El Mercurio se refiere a poderes omnímodos de mayorías coyunturales, dictadores elegidos y dictaduras legales. Se está hablando de la capacidad que pueden llegar a tener las mayorías, mediante mecanismos de consulta popular, para modificar las instituciones y el ordenamiento jurídico. En el caso específico de Chile, se trata de desarrollar unos procedimientos democráticos que permitan cambiar las instituciones y el marco jurídico legados por la dictadura, los cuales imponen hasta ahora lo que se denominó como “democracia protegida”, es decir, un sistema que limita severamente las posibilidades de ser modificado por las tendencias ciudadanas expresadas mediante sufragio, limitaciones contenidas fundamentalmente en la Constitución de 1980 y las leyes electorales.