La historia como coartada

Ya que, como hemos dicho, el pasado reciente tiene una gran importancia estratégica para la línea editorial del diario, todo intento por revalorar este período, por incorporar elementos que refuten la visión ideológica impuesta durante la dictadura, constituye un ataque a sus recursos argumentativos y se

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procurará contrarrestarlo con la mayor efectividad posible. Especialmente ilustrativo, al respecto, resulta el tratamiento que reciben los temas vinculados con las violaciones de los derechos humanos. En este caso, la línea editorial se ve afectada por la relevancia social de una visión sobre la historia antagónica a la suya, ambas visiones cohabitan en los temas relacionados con las violaciones de los derechos humanos y el diario, al mismo tiempo que las nombra, asegura el desprestigio de una y la conservación de otra.

“Pues las versiones históricas de una y otra parte continuarán difiriendo entre sí. Los militares y quienes los defienden sostendrán, con buenas razones, que aquellos salvaron al país de una intentona totalitaria armada y que debieron combatir a un adversario clandestino y militarizado, que ocasionó muchas víctimas entre sus filas; los sectores de izquierda, especialmente de la más extrema, harán hincapié en la desproporción de los métodos empleados por los uniformados y en el atropello a los derechos humanos implícito en ellos.” (Ed 26 A)

“Tal vez esa diferencia de enfoques, derivada de que las Fuerzas Armadas desean una solución armónica, absteniéndose de imputar culpas, en tanto que la contraparte insiste en responsabilizar corporativamente a aquéllas por las violaciones de los derechos humanos, represente el impedimento clave para avizorar concordancias de corto plazo.

“Lo que para los uniformados fue un enfrentamiento con un adversario subversivo, clandestino y armado, cuyo propósito era terminar con el régimen democrático, y para oponerse al cual fueron convocados por la civilidad de la época, para los herederos de la Unidad Popular constituyó, en cambio, un prolongado episodio de persecución sistemática de sus ideas, con atropello de los derechos humanos de quienes las sustentaban.” (Ed 3 S)

Señalemos, en primer lugar, que el conjunto del discurso editorial omite cualquier detalle sobre casos específicos de violaciones de los derechos humanos, no menciona nunca las pruebas ni las bases de los procedimientos legales, con lo cual se mantiene en un nivel general y abstracto. Además, insiste en que “resulta evidente la pérdida de perspectiva histórica con que en la actualidad se están presentando ante la opinión pública los acontecimientos inmediatos al 11 de

septiembre de 1973” (Ed 12 J), como si el hecho de situarlos en su contexto pudiera restarle gravedad a los delitos cometidos.

En los textos anteriormente citados los bandos presentes son nombrados de acuerdo con estrategias referenciales claramente diferenciadas. Uno de los grupos es referido como militares, fuerzas armadas o uniformados, lo cual hace referencia a unas instituciones específicas. A este grupo se le atribuyen predicados activos y de carácter positivo, como “salvar al país”, “combatir a un adversario clandestino y militarizado, que ocasionó muchas víctimas entre sus filas” y desear “una solución armónica” a los problemas relacionados con las violaciones de los derechos humanos. Como contraparte se presenta un grupo sin referente específico, pero vinculado, en cualquier caso, con los aspectos más negativos de la interpretación histórica sostenida por la línea editorial; son “los sectores de izquierda, especialmente de la más extrema”, “los herederos de la Unidad Popular”. Los integrantes de este grupo “harán hincapié en la desproporción de los métodos empleados por los uniformados y en el atropello de los derechos humanos implícito en ellos”, es decir, se presentan las violaciones de los derechos humanos como una consecuencia inherente a unos “métodos” (necesarios, como hemos visto, para salvar al país) que, además, son calificados como desproporcionados por unos sectores de dudosa probidad. Esta deslegitimación le sustrae igualmente cualquier valor a su insistencia “en responsabilizar corporativamente” a las fuerzas armadas y a su evaluación del período como “un prolongado episodio de persecución sistemática de sus ideas, con atropellos de los derechos humanos de quienes las sustentaban”.

Las afirmaciones contenidas en la línea editorial reproducen, reiteradamente, falsificaciones tanto sobre el pasado como sobre el presente de la enunciación, que deben ser refutadas mediante datos históricos. Sin embargo, el nuestro no es un estudio historiográfico, y sólo utilizamos los datos del contexto en la medida en que son necesarios para interpretar el discurso, no con una finalidad de verificación. En este sentido, es tarea de otros trabajos pronunciarse sobre los hechos anteriores y posteriores al golpe de estado de 1973, nosotros nos limitaremos a señalar los casos en que estas falsificaciones son evidentes y tienen una función estratégica dentro del discurso sobre la campaña. De esta

forma, si bien tenemos la convicción de que es falsa una afirmación como “Los militares y quienes los defienden sostendrán, con buenas razones, que aquellos salvaron al país”, el carácter complejo de la aserción nos obligaría a un prolongado tratamiento para demostrar su falsedad. Ésta es evidente, en cambio, y constituye una estrategia referencial, cuando se nombra a quienes intentan juzgar a los violadores de los derechos humanos como “sectores de izquierda, especialmente de la más extrema”, “herederos de la Unidad Popular”, ya que este grupo está constituido por asociaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, abogados defensores de los derechos humanos y partidos de izquierda (socialistas y comunistas).

La estrategia consiste, en este caso, en transformar las víctimas en victimarios, con el fin de conservar intacta la visión histórica que la corriente ideológica suscrita por el diario utiliza como repertorio interpretativo. El significado del adjetivo “extremo/a” para referirse a posiciones ideológicas puede variar bastante de acuerdo con el contexto, no obstante, su utilización en general se refiere a corrientes de alguna forma nocivas para la convivencia social, este es el caso, por ejemplo, de la “extrema derecha” o la “extrema izquierda”. El valor negativo, violento, de esta adjetivación resulta claro cuando consideramos otros términos relacionados, como “extremismo” o “extremistas”, equiparados en la práctica del discurso mediático a terrorismo y terroristas. Lo mismo sucede con el sintagma nominal “herederos de la Unidad Popular”, si es interpretado en relación con la visión de la historia que el diario utiliza como base de sus proposiciones.

Es decir, en el enfrentamiento de estas dos visiones de la historia, una (la del diario) está representada por quienes salvaron a la patria y la otra por “extremistas”, a través de cualquiera de las dos formas de referencia consideradas anteriormente. El carácter estratégico de esta vinculación entre la corriente crítica y el extremismo se confirma al ser reiterada y estar presente en otras subsecciones. En diversos Artículos de Autor, por ejemplo, se desarrolla esta misma idea con un estilo más libre, de acuerdo con lo que hemos denominado estilo personal.

“¿Cómo pueden hablar los chilenos de ‘defensores de los derechos humanos’ para referirse a los grupos que representan hoy entre nosotros la mayor amenaza contra los derechos humanos?” (ArA 8 S)

“Como por encanto desaparecieron del mapa los socialistas peleadores, los activistas de los detenidos desaparecidos, los extremistas mapuches repudiados por la mayoría pacífica que votó por Lavín, los denunciantes de la actividad empresarial y del mercado, los insultadores de uniformados y los proponentes de utopías sociales, de esas que en el siglo XX costaron 100 millones de muertos.” (ArA 11 E)

En esta última cita es todo un espectro de corrientes críticas, incluidos los “socialistas peleadores” y los “activistas de los detenidos desaparecidos”, el que se vincula con actos violentos, “extremistas”, causantes de 100 millones de muertos.

En consecuencia, existen dos procedimientos básicos para contrarrestar la crítica que se efectúa sobre uno de los puntos más vulnerables de esta visión histórica, como es la violación sistemática de los derechos humanos. Por una parte, estos “excesos” se presentan como inevitables en el contexto de una guerra antisubversiva, que salvó al país del totalitarismo marxista, es decir, el fin justifica los medios. Por otra, se afirma que quienes hoy se empeñan en juzgar estos hechos lo que buscan realmente es la venganza, puesto que ellos eran los subversivos, los terroristas que intentaban imponer el totalitarismo marxista.

“El odio y el rencor son parte sustancial de ciertas doctrinas políticas. Para mantenerlos vivos es preciso pasar sobre la amnistía y reescribir la historia. Olvidar que la izquierda armó un ejército irregular; que en 1973 desde radicales y democratacristianos hasta nacionales llamaron, por acuerdo de la Cámara de Diputados, a los militares a poner término a ‘la instauración de un sistema totalitario’ asentado en ‘grupos armados que, además de atentar contra la seguridad de las personas y sus derechos y contra la paz interna de la nación, están destinados a enfrentarse contra las Fuerzas Armadas’.” (ArA 16 J)

Finalmente, señalaremos que, además de las estrategias fundamentales mencionadas anteriormente, y con el mismo fin de mantener intacta esta coartada histórica, el diario utiliza estrategias referenciales específicas para designar de forma atenuada casos de violaciones de los derechos humanos que no puede evitar nombrar. Ya hemos dicho que la línea editorial no menciona nunca la tortura, ni habla de hechos o pruebas concretos, pero le resulta imposible abstraerse de señalar la existencia de detenidos desaparecidos. Sin embargo, elimina reiteradamente el primero de los términos de esta nominación, el cual tipifica claramente la situación de estos casos, es decir, el tratarse de personas de quienes se sabe que se encontraban recluidas bajo custodia militar.

“En fin, en cuanto al paradero de las personas desaparecidas, es evidente que el mismo sólo puede lograrse ofreciendo suficientes garantías, y posiblemente incentivos, para que quienes tengan conocimiento de los hechos hagan las revelaciones conducentes. Los desaparecimientos no fueron un proceso institucional ni documentado, sino consecuencia de múltiples acciones realizadas al margen de la legalidad, en un período bastante caótico de lucha contra grupos armados organizados bajo el alero de la Unidad Popular.” (Ed 19 J)

En otros casos se eliminan ambos términos.

“...los problemas de derechos humanos, esencialmente representados por la existencia de alrededor de 950 personas cuyo paradero se ignora y que se supone caídas a raíz de la acción del gobierno militar contra el extremismo...” (Ed 2A) Estos procedimientos eufemísticos pueden llegar a niveles extremos, sin ningún respeto por criterios éticos que vinculen al discurso periodístico con la veracidad. Tal es el caso cuando se habla de la Caravana de la Muerte, un comando militar que se desplazó por diversos campos de detención y asesinó a más de 70 presos políticos en el Norte de Chile.

“Más de 25 años después de los hechos, un ministro de fuero ha sometido a proceso a cinco ex oficiales de Ejército por el delito de secuestro calificado de personas que se hallaban detenidas por orden de tribunales militares. Tales delitos se habrían cometido entre septiembre y octubre de 1973, en el curso de visitas

inspectivas para agilizar procesos ante tribunales militares en tiempo de guerra.” (Ed 12 J)

Comparemos estas “visitas inspectivas” con la descripción que hace del hecho Patricia Verdugo, la periodista chilena que más ha investigado sobre este caso y cuyos trabajos han servido de material para los procesos judiciales: “La masacre –en la que participaron o asistieron oficiales locales- tenía por objetivo ordenar a las Fuerzas Armadas tras una línea dura y criminal, así como notificar a los disidentes de que se iniciaba una “guerra sucia” (...). Y para completar la amenaza, se ordenó ocultar los cadáveres, y así prolongar el sufrimiento y el terror de las familias”.6