Entrevista a José Luis Parisí*
Datos generales
¿Hay registros del número de estudiantes universitarios con algún tipo de discapacidad en la Argentina?
—No hay registros concretos, lo que hay es un relevamiento, que fue un poco un disparador de nuestra línea de trabajo, que hizo en el año 2003 la SPU. Esa es la única información, con datos aproxi- mados, que hay sobre estudiantes con discapacidad en el sistema universitario argentino. Habla de una proyección de diecisiete mil estudiantes con algún tipo de discapacidad. Y hay información relevada en algunas universidades por sus comisiones internas. Pero creo necesario explicar que para nosotros no es un dato útil: nosotros trabajamos en la necesidad de generar políticas de inclu- sión y, si trabajásemos sobre la base del frío dato estadístico (“hay un bajo porcentaje de estudiantes discapacitados”), sería una infor- mación que podría manejarse mal, operando en contra del con- cepto de inclusión. Es necesario comprender que si actualmente hay pocos estudiantes es porque la universidad no está siendo todo lo accesible, abierta e inclusiva que podría ser. Y ahí está el desafío. En varias oportunidades he tenido debates con funcionarios uni- versitarios que me decían: “Ustedes insisten en promover este tema de la discapacidad, pero resulta que yo tengo en toda la universi- dad cinco discapacitados”. A lo que respondemos: “Justamente, porque hay sólo cinco, cuando debería haber muchísimos más, eso está demostrando que la universidad no es accesible y está exclu- yendo”. Entonces, el dato estadístico no sirve si se utiliza para argumentar al revés. Y menos aún cuando se usa para argumentar
* Coordinador del Programa de Apoyo a Políticas de Bienestar, subsecretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación.
la focalización. Estamos a favor de políticas universales. Nuestra meta no es una política para chicos discapacitados, nuestra idea tiene que ver con pensar la universidad de otra manera, realmente abierta a todos.
Entonces, ¿lo mismo sería si tiene algún número de graduados con discapacidad?
—No tengo datos de que esté relevada esa información en la Argentina.
¿Tienen algún registro de docentes o autoridades con discapaci- dad? Porque la Convención habla de incluir a docentes…
—Registro no tenemos en el programa porque este no tiene entre sus objetivos ese registro. Tenemos la posibilidad de proponer rele- vamientos, pero con la CIDyDDHH1 hemos pensado en hacerlo
posteriormente a la implementación de algunas acciones sistémi- cas importantes, que se vienen realizando en dirección a promover la accesibilidad. Preferimos medir impacto, resultados. Insisto, hoy en las universidades siempre hay urgencias, y hay un lógico deba- te por el destino de los recursos económicos en los espacios de cogobierno. Y la verdad es que un frío dato estadístico podría jugar en contra. Me imagino discusiones como esta: “Tengo tres disca- pacitados, ¿para qué querés que me gaste doscientos mil pesos para hacerles la facultad accesible?”. Entonces, no conviene plantear el tema desde ahí, en todo caso se lo puede hacer, pero en un análi- sis global, en términos de la poca capacidad del sistema para incluir población con discapacidad.
¿En qué consiste el trabajo de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) con relación a las políticas de inclusión?
—Con referencia a la inclusión de las personas con discapacidad, desde la SPU tenemos en marcha un plan de trabajo que pone el eje en la promoción de la temática en ámbitos universitarios. Más
allá del marco normativo vigente2 que obliga a las universidades
a trabajar para garantizar el acceso de las personas con discapaci- dad, lo cierto es que los cambios institucionales, necesarios para cumplir con las metas definidas por las leyes, vienen cumplién- dose de forma paulatina y heterogénea. Nosotros comenzamos abordando la temática desde un aspecto restringido, el de la acce- sibilidad física. Pero ese fue el disparador de otras acciones. Sobre esa línea de trabajo definimos una agenda año tras año que tiene como idea central apoyar la red universitaria que trabaja desde hace tiempo la problemática de la discapacidad: la Comisión Interuniversitaria de Discapacidad y Derechos Humanos (CIDyDDHH). Fortalecerla en su carácter de red y apoyar su agen- da de acciones. Porque la universidad en su autonomía se auto- legisla. Por ello entendemos que la manera óptima de promover ciertas políticas es acompañar aquellas acciones que son promo- vidas desde las propias universidades.
¿Pero el fundamento desde el cual trabajan es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Disca - pacidad?
—En ella están los fundamentos. Pero nosotros vamos más allá. Porque a partir de ella logramos generar iniciativas y estrategias, no sólo dentro de la Secretaría de Políticas Universitarias, sino dentro del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a todos los rectores de las universidades nacionales y que tiene un rol muy importante a la hora de proponer políticas para el siste- ma universitario. En primer lugar, en el marco de nuestro progra- ma de Apoyo al Bienestar Universitario, comenzamos con un pro- yecto de capacitación sobre accesibilidad física en obras y edificios universitarios. El programa, de carácter regional, comenzó a visi- bilizar la temática en áreas institucionales que tienen a su cargo el diseño y la ejecución de obras edilicias. Un poco después, la CIDyDDHH presentó al CIN un Plan Integral de Accesibilidad,
2 Convención Internacional Nº 26.378/08 sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; Ley Nacional 24.314/94 sobre Accesibilidad de Personas con Movilidad Reducida y Ley Nacional 25.573/02, modificatoria de la Ley de Educación Superior.
que fue aprobado mediante la resolución del Comité Ejecutivo Nº 426 de 2007. Dicho plan fue presentado a la Secretaría de Políticas Universitarias. Y, de esta forma, la iniciativa tuvo el peso suficien- te para que, a fines de 2009, surgiera una respuesta política con- creta. Así, en materia de accesibilidad física, se va a cumplir un año del lanzamiento del programa denominado “Accesibilidad en las universidades nacionales”, que está invirtiendo para este año veinte millones de pesos para adecuaciones edilicias en edificios existentes. Esa es un poco la idea, yo les podría comentar sobre todas las líneas de nuestro programa. Pero me importa remarcar que nuestra política central en el tema es acompañar a la CIDyDDHH en todo el trabajo que hace hacia adentro de cada universidad y en su institucionalización. Aportándole recursos para sus encuentros, financiando un portal universitario que va a ser de soporte para el funcionamiento de la red, promoviendo dentro de cada universidad la creación de una Comisión de Discapacidad, promoviendo, donde la hay, que se institucionali- ce, que pase a ser un espacio de consulta de los rectorados y de propuestas universitarias.
¿Hay alguna otra acción que afecte a los alumnos con discapa- cidad?
—Sí. Existe en ámbitos de la SPU el Programa Nacional de Becas Universitarias. Este es un programa muy importante, con una inversión para este año superior a los doscientos millones de pesos (sumando los tres programas que se llevan adelante: Programa Nacional de Becas Universitarias, Becas TIC, Becas Bicentenario). Existe en este programa un sub-programa específico para personas con discapacidad sin cupo, por lo que los alumnos discapacitados acceden a la beca sin determinados requisitos académicos que sí son requeridos para los estudiantes sin discapacidad.
¿Es una beca económica?
—Sí, tres mil pesos anuales. En torno a ese programa, se reúne periódicamente una comisión de adjudicaciones, donde participan representantes de redes universitarias, de fundaciones, sociedad civil y organizaciones gubernamentales. Tal es el caso de la
Comisión Nacional de Discapacidad (CONADIS), que tiene su representante. Como dato interesante, recuerdo que a veces ocu- rrió que hubo muy pocos inscriptos al sub programa de Becas para Discapacitados. De hecho, se becaban a todos los que se inscribían. Ese es un dato interesante que estaba marcando que, incluso habiendo apoyo económico disponible, muchos chicos con disca- pacidad no estaban dispuestos a emprender el ingreso a la univer- sidad. Y ahí es fundamental, tal como decías antes, el trabajo con el secundario. Primero, porque al chico ya en el secundario no se lo alienta a que pueda pensar en estudiar en la universidad. Y, en segundo lugar, porque se precisa un compromiso mayor de las jurisdicciones en la difusión de la oferta de becas universitarias, antes del egreso del secundario.
Accesibilidad
La principal línea de acción entonces es la de accesibilidad…
—Sí, estamos trabajando fuerte con eso a partir de la aprobación del Programa de Accesibilidad desarrollado desde el área de infraestructura universitaria de la SPU, con la que cooperamos de forma cotidiana y con muy buenos avances. Y la CIDyDDHH ha tenido un lugar importantísimo en la definición del nuevo programa de accesibilidad. Treinta y una universidades están participando con sus proyectos de adecuación de edificios para hacerlos accesibles. Veinte millones de pesos invertidos para este año. Y el otro salto importante para nosotros, tal vez el más importante, ha sido lograr junto a la CIDyDDHH que se instale la temática en la universidad, en particular en aquellas donde no había ni una sola persona que se ocupara del tema discapacidad. Proponiéndoselo a las áreas de Bienestar y Asuntos Estudiantiles; exhortando a las autoridades a cumplir con la normativa vigen- te; convocando a las personas involucradas, al arquitecto, al pro- yectista del área de obras, a capacitaciones para comenzar a empaparse del tema. Desde lo normativo a lo técnico. Capacitarse con pares, con gente que sabe del tema, que son uni- versitarios también. Eso para mí es el logro más importante, por- que ese arquitecto mañana puede no tener el financiamiento de
este programa nuevo de accesibilidad, pero, seguramente, cuan- do lo convoquen a diseñar un edificio “desde cero”, lo va a dise- ñar accesible, porque ya contará con la capacitación y el entre- namiento necesarios para cumplir con la ley. Y este es un tema prioritario. No estamos tan mal de normas como de apego y conocimiento de ellas. Entonces, muchas veces no es un proble- ma de normas ni de recursos. Es un problema de falta de com- promiso de todos por hacer visible un tema y preocuparnos por informar, capacitar y controlar. Y este es el tercer punto que para nosotros es central: lograr que la comunidad universitaria sea la que construya la política, porque de esa forma se fortalece una cultura institucional, que trasciende una gestión.