Documentación de las actuaciones de control financiero

1. Las actuaciones de control financiero se documentarán en diligencias, para reflejar hechos relevantes que se pongan de manifiesto en el ejercicio del mismo, y en informes, que tendrán el contenido y estructura y cumplirán los requisitos que se determinen reglamentariamente.

2. Los informes se notificarán a los beneficiarios o entidades colaboradoras que hayan sido objeto de control. Una copia del informe se remitirá al órgano gestor que concedió la subvención señalando en su caso la necesidad de iniciar expedientes de reintegro y sancionador

3. Tanto las diligencias como los informes tendrán naturaleza de documentos públicos y harán prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario.

COMENTARIOS

1. Las diligencias se utilizan para documentar las visitas al beneficiario o EECC dejando constancia de hechos

2. Diferencias entre diligencias e informes:

Diligencias

Hechos relevantes

Se emiten en el desarrollo del control Carecen de tramitación

Carecen de efectos distintos del valor probatorio

Informes

Hechos puestos de manifiesto y conclusiones que se deriven

Ponen fin al control

Notificación al interesado y comunicación al OG Efectos vinculantes en cuanto a la exigencia de reintegro

Ley 6/2011. de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura

3. En cuanto a los informes, se emiten informes provisionales con objeto de que el beneficiario y EECC, así como el órgano gestor, puedan alegar cuanto consideren oportuno; e informes definitivos que contienen las alegaciones del sujeto controlado y del órgano gestor.

4. Sin embargo, no se contiene en la LSCAE previsión alguna sobre el otorgamiento de un trámite de alegaciones a beneficiarios o entidades colaboradoras, lo que pudiera interpretarse como una reducción de garantías para el sujeto controlado. Tal apreciación, que no deja de tener fundamento si se piensa que en los informes de control pueden denunciarse infracciones y comportamientos incorrectos de los perceptores. Ante esta disyuntiva, en la Intervención General de Extremadura se están emitiendo informes provisionales e informes definitivos.

5. Por el contrario, en la IGAE se emiten únicamente informes definitivos, no obstante esta afirmación debe ser matizada con dos observaciones:

a. A tenor de la exposición de motivos de la LGS, lo que se ha pretendido es reducir la carga de formulación de alegaciones a un solo procedimiento de forma que las posibles discrepancias internas entre el órgano de control y los gestores se resuelvan internamente.

b. Si como consecuencia de los informes de control se iniciaran procedimientos de reintegro o sancionadores, con los consiguientes efectos perjudiciales para los interesados, en éstos sí que se concede un trámite de audiencia en el que podrán formular alegaciones y argumentar contra aquellos criterios del informe que hubiera asumido la Administración concedente.

6. Los informes se notificarán al beneficiario y se comunicarán al Órgano Gestor

7. No se contempla la publicidad de los informes de control financiero soslayándose así la repercusión social de las eventuales denuncias, al contrario de lo que sucede con los informes de los órganos de control externo.

8. Respecto a la consideración de documento público, ver Arts. 317 – 323 Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil:

Artículo 317. Clases de documentos públicos.

A efectos de prueba en el proceso, se consideran documentos públicos:

1. Las resoluciones y diligencias de actuaciones judiciales de toda especie y los testimonios que de las mismas expidan los Secretarios Judiciales.

2. Los autorizados por notario con arreglo a derecho.

3. Los intervenidos por Corredores de Comercio Colegiados y las certificaciones de las operaciones en que hubiesen intervenido, expedidas por ellos con referencia al Libro Registro que deben llevar conforme a derecho.

4. Las certificaciones que expidan los Registradores de la Propiedad y Mercantiles de los asientos registrales.

5. Los expedidos por funcionarios públicos legalmente facultados para dar fe en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones.

6. Los que, con referencia a archivos y registros de órganos del Estado, de las

Administraciones públicas o de otras entidades de Derecho público, sean expedidos por funcionarios facultados para dar fe de disposiciones y actuaciones de aquellos órganos, Administraciones o entidades.

Artículo 319. Fuerza probatoria de los documentos públicos.

Ley 6/2011. de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura

comprendidos en los números 1 a 6 del artículo 317 harán prueba plena del hecho, acto o estado de cosas que documenten, de la fecha en que se produce esa documentación y de la identidad de los fedatarios y demás personas que, en su caso, intervengan en ella.

2. La fuerza probatoria de los documentos administrativos no comprendidos en los números 5 y 6 del artículo 317 a los que las leyes otorguen el carácter de públicos, será la que establezcan las leyes que les reconozca tal carácter. En defecto de disposición expresa en tales leyes, los hechos, actos o estados de cosas que consten en los referidos documentos se tendrán por ciertos, a los efectos de la sentencia que se dicte, salvo que otros medios de prueba desvirtúen la certeza de lo documentado.

9. En los procedimientos administrativos se debe tener en cuenta el artículo 137 de la Ley 30/1992 de RJAP y PAC:

Artículo 137. Presunción de inocencia.

1. ... 2. ...

3. Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados.

10. En los procedimientos contencioso-administrativo, la prueba se desarrollará con arreglo a las normas generales establecidas para el proceso civil (artículo 60.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa)

11. Fundamento: Imparcialidad y especialización del personal actuante

12. Alcance: se trata de una presunción iuris tamtum de veracidad de los datos consignados por los funcionarios

13. En ningún caso tendrán valor probatorio las calificaciones jurídicas, juicios de valor o simples opiniones que se consignen en los informes y diligencias