31 ¿Qué efecto tiene este tipo de estrategia de intervención en la eficiencia y efectividad

de la cooperación?

¿Qué elementos diferenciadores tiene la labor de cooperación técnica en el mejoramiento de las políticas públicas de SAN? 

1.3. La seguridad alimentaria y nutricional obliga al diseño de

políticas públicas diferentes

La formulación e implementación de políticas públicas, como se verá en el capítulo 2, referido al marco conceptual propuesto en este documento, es un proceso complejo y dinámico.

Pese a que en la mayor parte de los países de la región existe formalmente un régimen de derechos humanos ratificado y vigente, el cual provee un marco conceptual explícito de contenidos y principios que podría orientar la formación de políticas públicas más expansivas e inclusivas en el territorio, los decisores políticos y técnicos no han sido capaces de adoptar un enfoque de derechos humanos, así como tampoco la ciudadanía ha sido capaz de ejercer una contraloría social real sobre las políticas de SAN. A raíz de esta situación, el proceso de discusión y formación de políticas ha quedado en el campo de influencia de los actores políticos y sociales dominantes y legitimados, con tiempos de maduración largos, e involucrando necesariamente procesos sociales y ajustes permanentes.

Los tiempos de cambio y transformación en el marco de cada proceso son diferenciados según los países de acuerdo a la realidad institucional de cada uno de ellos. Además, en los últimos años se ha dado una tendencia cada vez mayor a implicar a los actores sociales destinatarios de estas políticas, haciéndoles más participes de todo el ciclo de la política pública, sobre todo del proceso de seguimiento y evaluación de la misma.

En el caso de las políticas públicas relacionadas con el logro de la SAN, estos procesos se vuelven aún más complejos, debido a la necesidad de romper con la estática histórica con más y mejores procesos políticos, requisito fundamental para asegurar su pertinencia, legitimidad y sostenibilidad. Los elementos diferenciadores, vinculados con las “trampas” reseñadas previamente, son:

El logro de la SAN es un problema político y no netamente técnico o de recursos. Esto es más evidente en una región como América Latina y el Caribe, que es productora neta de alimentos, en la cual los principales problemas para el logro de la SAN se centra en su dimensión de acceso (FAO, 2012a). En ese sentido, se tornan claves para la SAN aspectos como el compromiso político y su articulación en más y mejores marcos institucionales, políticas y programas, sistemas de información y esquemas de gobernanza inclusiva, lo que facilita transitar desde “políticas de gobierno” a “políticas de Estado”.

La competencia existente en el ámbito de la construcción de las agendas políticas de los países entre la SAN con otros problemas que enfrentan las sociedades de la región. Cuando prevalecen otros temas, la SAN ha sido tradicionalmente relegada

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a ministerios de agricultura, los que en general, no cuentan con el peso político necesario para convocar con efectividad a acciones amplias e intersectoriales, lo que deriva en la encapsulación de sus estrategias que, debido al peso de sus mandatos, historia y capacidades, se concentra en la provisión de bienes meramente productivos.

Sin embargo, la SAN durante estos últimos años se ha posicionado en la mayor parte de las agendas políticas de los países de la región, en este proceso, la crisis de los precios de los alimentos del año 2008 fue un hito importante que facilitó y reforzó esta tendencia. El análisis de todo este proceso seguido en la región alrededor de la lucha contra el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición ha puesto de manifiesto la necesidad de tener una incidencia constante en los procesos políticos relacionados con la SAN tanto en los ámbitos locales, nacionales como también en los regionales.

La naturaleza propia del problema del hambre y la malnutrición, siendo una temática multiactoral, con diferentes dimensiones12 _{y que necesita ser abordado de una forma}

multisectorial mediante acciones de corto plazo y largo plazo (el enfoque de doble vía) desde un enfoque de derechos y territorial.

La aplicación de enfoques universales como el derecho a la alimentación adecuada obliga a los Estados a: i) identificar y caracterizar los grupos más necesitados y vulnerables a la inseguridad alimentaria y nutricional, ii) Llevar a cabo una evaluación completa del estado actual del derecho a la alimentación; iii) Formular políticas, estrategias y planes de acción para la seguridad alimentaria y nutricional; iv) Asignar obligaciones y responsabilidades institucionales; v) Establecer un marco legal y legislativo; vi) Monitorear procesos y el progreso de la realización del derecho a la alimentación; y vii) Asegurar mecanismos adecuados de reclamación y vigilancia de los derechos; entre otros.

La inclusión de nuevos conceptos y enfoques dentro de las políticas públicas de SAN de la región como el de soberanía alimentaria, que ha sido recogido en constituciones y leyes de algunos países de la región13 _{y por organismos de cooperación técnica. Sin}

ir más lejos, la 32° Conferencia Regional de FAO para América Latina y el Caribe acordó, en el año 2012, iniciar un proceso de debate y reflexión sobre el concepto de Soberanía Alimentaria en la región.

12 Se trata de es un concepto dinámico, pues ha variado con el tiempo, haciéndose cada vez más completo. También tiene distintas definiciones de trabajo, acuñadas y promovidas por instituciones o países. Existe una definición global, oficializada unánimemente por los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) durante la Cumbre Mundial de la Alimentación (1996). La definición adoptada indica que existe seguridad alimentaria "Cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa".

13 Actualmente este concepto, con diferentes acepciones, ha sido incluido en Constituciones, legislaciones y planes de desarrollo de la región. Estos son los casos del Estado Plurinacional de Bolivia, Ecuador, la República Bolivariana de Venezuela y Nicaragua.

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