El decálogo neoliberal del Consenso de Washington

En el contexto económico y político que acabamos de analizar, destaca el decálogo de medidas políticas y estrategias de desarrollo que, diseñadas por el economista John Williamson323 _y

bautizadas como Consenso de Washington324_{, fueron impulsadas por el gobierno de Estados}

Unidos y otros organismos internacionales a partir de la década de los ochenta.

El Consenso de Washington estaba inspirado, por un lado, por el conjunto de estudios que desde finales de la década de los setenta seguía la línea de crítica al estado y, por otro lado, por la visión que desde el principio de la década de los noventa había impulsado el Banco Mundial, según la cual la participación del estado podía tener también matices positivos en la medida en que apoyara el

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CEPAL, “Notas sobre la Economía y el Desarrollo”, (ibídem p. 44). 323

John Williamson, experto economista del Institute for International Economics, retomando las ideas defendidas durante la década de los ochenta por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacioanl, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, creó en 1989 el decálogo de Consenso de Washington, por el que se establecían los requisitos necesarios para lograr el desarrollo y que eran: 1) la disciplina presupuestaria; 2) la reorientación del gasto público hacia actividades con impacto social (sanidad, enseñanza e infraestructuras); 3) la reforma fiscal; 4) la liberalización financiera; 5) la instauración de un tipo de cambio competitivo; 6) la apertura comercial; 7) la liberalización de la inversión directa extranjera; 8) la privatización de empresas públicas; 9) la desregulación o eliminación de barreras a la libre circulación de mercancías y de mano de obra; 10) la garantía de los derechos de propiedad privada. Williamson, J., “What should the Bank Think about the Washington Consensus?”, Institute for International Economics, Washington, julio 1999. Igualmente, Williamson, J., “The Washington Consensus revisited”, en Emmerij L., Núñez Del Arco, J., (comps.), El desarrollo económico y social en los umbrales del siglo XXI, Washington, Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Bustelo, P., “Desarrollo del Consenso al Post- Consenso de Washington y más allá”, Estudios en homenaje al profesor Francisco Bustelo, Editorial Complutense, Madrid, 2003, 11 p., especialmente p. 1. Documento electrónico: http://www.ucm.es/info/eid/pb/BusteloPCW03.htm

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Como han señalado algunos autores, el Consenso tenía las visiones de organismos de Bretton Woods, de los altos funcionarios del Congreso de Washington, de las Agencias Económicas del Gobierno, del Consejo de la Reserva Federal y los grupos de expertos. Como señala Casilda fue en este sentido “la expresión de una visión no sólo tecnocrática sino parcial”. Casilda, R., “América Latina: Del Consenso de Washington a la Agenda de Desarrollo de Barcelona”, Área de Economía y Comercio Internacional / América Latina – DT n° 10/2005, Real Instituto Elcano, febrero de 2005, 33 p., especialmente p. 17.

159 desarrollo competitivo del mercado325_.

Desde esta perspectiva y retomando las palabras de Bustelo, el Consenso era el resultado de “la

intersección o los puntos comunes entre el planteamiento neoclásico radical (o abiertamente neoliberal) de los años ochenta y el enfoque neoclásico moderado (o liberal a secas) de los años noventa”326_{. Frente a las tesis radicales de la década de los ochenta que reclamaban un papel}

estatal mínimo, las corrientes moderadas de la década de los noventa abogaban por un “enfoque

amistoso del mercado”, en el que el estado cobrara más protagonismo como impulsor del proceso

de desarrollo327_.

El Consenso de Washington fue concebido como una forma de impulsar que los países de América Latina llevaran a cabo las reformas necesarias que les permitiera salir de la crisis de la deuda externa, de tal manera que como señaló Williamson, todos abordaran el problema desde una perspectiva común. El decálogo fue adoptado por la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos, muchos de ellos democracias jóvenes, que de esta manera pasaron a ser denominadas por algunos autores como “democracias de mercado”328_.

Entre los efectos positivos observados, cabría señalar ante todo la prudencia monetaria que trajo consigo un control de la inflación en la mayor parte de los países, permitiendo disminuir el déficit presupuestario del 5% del PIB al 2% y reducir la deuda externa del 50% al 20% del PIB. Los aranceles se redujeron con la apertura comercial de un 40% al 10%, disminuyendo igualmente las barreras no arancelarias. Igualmente, la liberalización financiera se realizó de una manera

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Las críticas en torno a esta visión han sido constantes. Para algunos autores, las tesis propuestas por el Banco Mundial en su Informe sobre el desarrollo mundial en 1991, lejos de suponer una ruptura con las tesis neoliberales de los años ochenta, prolongaba las mismas, hasta el punto de que algunos han llegado a identificar este Consenso con neoliberalismo, en la medida en que impulsaría el fundamentalismo del mercado. Al respecto, el propio Williamson en estudios posteriores ha tratado de explicar su teoría, matizando que si bien él era partidario de la disciplina macroeconómica, las privatizaciones, la economía de mercado y el libre comercio, estaba en contra del monetarismo, la Economía de la oferta, los impuestos bajos y la existencia de un Estado minimalista. Williamson, J., “What should the Bank think about the Washington Consensus?”, documento de antecedentes para el World Development Report, julio 2000.

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Bustelo, P., (ibídem p. 2). 327

Banco Mundial, “Informe sobre el desarrollo mundial. La tarea acuciante del desarrollo”, Washington, D.C., 1991.

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El primero en utilizar esta denominación fue el presidente W. Clinton en un discurso ante la Asamblea General de la ONU el 27 de septiembre de 1993, al establecer: “Nuestro propósito conductor debe ser expandir y fortalecer la comunidad mundial de democracias de mercado”, esta expresión sería retomada días después por el asesor de seguridad nacional, Lake, A., quien la convirtió en una nueva doctrina de política exterior al declarar que “la sucesora de la doctrina de contención debe ser una doctrina de ampliación (doctrine of enlargement): la ampliación de la comunidad libre mundial de democracias de mercado”. Vilas, C.M., “¿Más allá del Consenso de Washington?. Un enfoque desde la política de algunas propuestas del Banco Mundial”, América Latina Hoy, n° 26, diciembre 2000, pp. 21 a 39, especialmente p. 23.

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impactante, facilitando la inversión extranjera directa, que en el período comprendido entre 1988 y 1999 pasó de 4.250 millones de dólares a 15.775 millones de dólares y, posteriormente, en el período entre 1990 y 1994, aumentó hasta los 60.948 millones de dólares. Paralelamente, el número de privatizaciones creció considerablemente, favorecido por la nueva regulación existente y la desregulación de sectores hasta entonces protegidos. Durante el período comprendido entre 1986 y 1999 se llevaron a cabo 396 ventas en el sector privado, lo que suponía la mitad de las privatizaciones que se realizaron en el conjunto de los países en vías de desarrollo. Además y como elemento favorable, cabe señalar el aumento del volumen de exportaciones.

De igual manera, también se presentaron una serie de elementos negativos, entre los que cabría destacar los relacionados con el impacto social y, en específico, factores como la fragmentación del mercado de trabajo, amplias tasas de desempleo y subempleo, el deterioro de los salarios reales, la pérdida de servicios básicos de cobertura, el aumento de la inseguridad y de las desigualdades sociales y, en términos generales, el aumento de la población en condiciones de pobreza, que según las estadísticas de la CEPAL, pasó de ser un 40,5% en 1980, a un 48,3% en 1990 y a un 43,5% en 1997.

Como señalan algunos autores, el promedio de ingresos per cápita de las economías latinoamericanas era de 3.500 dólares en la década de los noventa, lo que no representaba más del 30% de los ingresos por habitante de los países desarrollados329_{. A esto hay que unir los problemas}

derivados de las privatizaciones realizadas y el desempeño de las mismas, la desregulación del comercio y las finanzas y, en definitiva, la persistencia de una cultura empresarial basada en el clientelismo, la falta de transparencia, la búsqueda del beneficio en el corto plazo, las prácticas monopólicas y, por último, la crisis financiera vivida por México en 1994-1995, país que hasta la fecha había sido considerado uno los más avanzados en lo que a adopción de medidas inspiradas por el Consenso de Washington se refiere330_.

El resultado del impacto de este conjunto de reformas generó entre la población una saturación reformista, en los términos del Banco Interamericano de Desarrollo. Así lo pone de manifiesto una encuesta realizada bajo la denominación de Latinobarómetro en 17 países de la zona, puso de manifiesto la baja aceptación de las medidas derivadas del Consenso de Washington entre la

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Casilda, R., “América Latina: Del Consenso de Washington a la Agenda de Desarrollo de Barcelona”, Área de Economía y Comercio Internacional / América Latina – DT n° 10/2005, Real Instituto Elcano, febrero de 2005, 33 p.

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161 población de la región331_.

La mayor parte de las críticas al Consenso de Washington hacían referencia a la ausencia del tema de la equidad, lograda a través de la redistribución de la renta. Igualmente, llama la atención que fueran excluidos otros temas como el crecimiento o el medio ambiente. Expertos como Stanley Fisher332 _{o Stiglitz}333 _{han destacado también las escasas referencias al papel regulador del Estado}

como garante de la competencia de los mercados. A las críticas también se sumó el Banco Mundial, cuyo presidente Wolfensohn, aprovechando la Cumbre de las Américas de Santiago de Chile de 1998, puso en tela de juicio los resultados obtenidos del Consenso, excesivamente orientados al ámbito económico y sin tener en cuenta el impacto social. En su defensa, el propio Williamson trató de relativizar el impacto de su decálogo, argumentando que nunca pretendió crear un manifiesto neoliberal, admitiendo la connotación negativa que ha adquirido con el tiempo la propia denominación.

Por todo lo anterior, la mayor parte de la doctrina coincide en señalar que los resultados obtenidos durante el periodo comprendido entre la década de los ochenta y primera mitad de la década de los noventa, corresponden a los de una “primera generación de medidas”, que buscaron principalmente la reducción del papel del estado, así como la estabilización y la liberalización comercial de la región. Por lo tanto, sería necesaria una “segunda generación” de medidas, orientadas al ámbito social, con una participación más activa del Estado en aquellos aspectos considerados como positivos, es decir, aquellos que buscan el buen funcionamiento del mercado a través del fortalecimiento institucional.

Esta nueva generación de medidas, muchas de ellas complementarias a las ya existentes, buscaba no sólo la puesta en marcha de buenas políticas públicas, sino también el desarrollo de un marco institucional fuerte que evitara los fallos y redujera el riesgo de crisis en un contexto económico marcado por la liberalización del mercado. Como señalan algunos autores, el éxito o fracaso de

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Este estudio de opinión pública se llevó a cabo desde 1996 en un gran número de países latinoamericanos y gracias al mismo se entrevistó a un promedio de 1000 personas por país, principalmente de las áreas urbanas.

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Primer subdirector gerente del FMI y vicepresidente de Economía del Desarrollo del Banco Mundial desde 1994 y 2001. Negociador de la crisis mexicana, asiática, brasileña y argentina. Gobernador del Banco Central de Israel.

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Stiglitz, J., “Globalization and its Discontents”, Penguin, Londres, 2002. Para este experto, además de los efectos económicos, el Consenso debía evaluarse en función de otros parámetros como: 1) la mejora del nivel de vida, de los índices de educación y salud; 2) las medidas adoptadas para lograr un desarrollo sostenible ecológico; y 3) el logro de un mayor desarrollo democrático, lo que incluye la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones.

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estas medidas implicaba un esfuerzo institucional considerable y dinámico, así como la generación de amplios consensos334_.

Sin embargo, lo cierto es que las estadísticas muestran cómo la segunda mitad del la década de los noventa no aportó cambios sustanciales a esta situación, demostrando según la CEPAL, las debilidades sobre las que se cimentó el programa de liberalización económica y generando lo que se ha dado en denominar como “la media década perdida”, comprendida entre 1995 y el año 2000335_.

4.2. El nuevo regionalismo latinoamericano en el contexto de la transformación