El desarrollo de actividades de Ciencia y Tecnología

En el paradigma tecno-económico actual, el conocimiento es clave para el desarrollo tecnológico. La forma como un país logre incorporarlo y por tanto, desarrolle las actividades de CyT, estaría determinando el camino hacia su crecimiento. En particular, el surgimiento de la microelectrónica barata como factor clave, implicó la necesidad del desarrollo de una infraestructura que lograra la adaptación de los nuevos productos y sus procesos productivos. En este sentido, se hace indispensable el estudio de las oportunidades que se han generado en Uruguay en cuanto al desarrollo de la CyT con miras a la consecución de los procesos de innovación en el marco de un sistema.

Siguiendo a Arocena y Sutz (1998: 7), el hecho de que Uruguay sea un país de economía pequeña y abierta, hace indispensable que base su competitividad en la calidad del producto y no ya en el precio o la cantidad. Son varios los atributos que debería adquirir, entre otros, ganar en originalidad, en especificidad, en optimización y no sólo en relación a su producción, sino en lo referente a un conjunto de problemas que hacen la diferencia en la calidad de vida de los habitantes. En este sentido, existe un fundamento válido para el desarrollo de una política de CTI. Así, desde la definición sistémica de innovación, el mismo estaría conformado y se retroalimentaría de; un subsistema científico, uno de educación y formación, uno financiero, y la intervención estatal (Anlló y Suárez, s.a).

El tema de las capacidades científicas y tecnológicas no ha sido regularmente estudiado, y por lo tanto se cuenta con escasos datos al respecto. En concreto, la producción académica en la materia comenzó a aumentar a fines de los noventa. Una posible explicación a este hecho puede encontrarse en que en el país, el campo de la CyT hasta los noventa había sido totalmente ajeno a los ámbitos de recopilación de datos.

Sumado a esto, encontramos el hecho de que la evolución de largo plazo del país presenta problemas estructurales en relación a la baja tasa de inversión y a la especialización productiva de bienes de bajo valor agregado (Lanzilotta, Llambí y Pittaluga, 2005: 173). Lo antedicho se constituye en uno de los factores explicativos respecto de la dificultad que ha tenido Uruguay para encontrar una estrategia de crecimiento basada en el desarrollo de las tecnologías del conocimiento.

De acuerdo a un estudio de Argenti, Filgueira y Sutz (1986), y como indica el cuadro 26, se obtiene un primer panorama institucional relacionado con la investigación. De este modo, se

observa que la investigación realizada en el año 1986 era principalmente pública, ocupando las unidades no productivas el 90% del total de unidades registradas en el estudio, y un 93,2% de los investigadores totales. Se puede agregar que la relación de investigadores por unidad también era mayor en el sector público que en el privado, encontrando una posible explicación en el hecho de que el país no contaba con fundaciones u organizaciones orientadas a la investigación científica.

Igualmente, en los países en vías de desarrollo el sector público suele ser el principal inversor en materia de I&D. En estos países, la importancia de la participación del capital público es indispensable, ya que el aporte en la materia de capital privado suele ser magro. La articulación entre los actores pasa a ser clave en el paradigma tecno-económico actual (Arocena y Sutz, 1998: 19).

Cuadro 26

Unidades*, proyectos e investigadores según sector institucional – Año 1986 Unidades de

investigación

Proyectos Investigadores Investigadores por unidad Sector institucional

Número % Número % Número % %

Universidad 118 51,5 428 56 1.181 56,4 10,1 Empresa pública 8 3,5 22 2,9 64 3,1 8,0 Adm. central y servicios 55 24,0 141 18,4 478 22,8 8,7 MGAP 25 10,9 86 11,3 229 10,9 9,2 Sector privado 21 9,2 76 9,9 135 6,5 6,5 Organismos internacionales 2 0,9 11 1,4 6 0,3 3,0 Total 229 100 764 100 2.093 100 9,1

Fuente: ARGENTI, FILGUEIRA y SUTZ (1986: 38)

*Se incluye en el concepto de unidad de investigación a todo núcleo institucionalizado que en el momento del relevamiento realizaba algún proyecto comprendido en lo que convencionalmente se denomina actividades de Investigación básica, aplicada, Desarrollo experimental y Desarrollo de Aplicaciones.

Como aseguran Argenti, Filgueira, y Sutz (1986: 66), la participación de individuos con niveles de formación terciaria tenían un gran peso en el sistema de I&D en el año 1986. En cuanto a los estudios de posgrado, no era significativa su participación y en comparación con otros países latinoamericanos, como ser Venezuela, era del orden de una tercera parte. Concluyen que: “…una buena parte de los recursos humanos volcados a la investigación corresponden aún a etapas fundacionales de la ciencia, caracterizada por el desempeño de actividades científicas realizadas a partir de estructuras semi-formalizadas y de investigadores formados en las disciplinas liberales, o sea en el tercer nivel universitario” (Argenti, Filgueira, y Sutz, 1986: 63 y 66), y agregan que esa modalidad ya no es viable, y que los modelos actuales exigen una estructura del saber superior, con niveles de cuarto grado y facultades científicas institucionalmente formalizadas.

Actualmente el sector público continúa teniendo un peso marcado en lo que concierne a la investigación en CyT, en particular la UdelaR, como sugiere el cuadro 27. También el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA)164 tiene un peso relevante, y ambos se constituyen en las mayores instituciones públicas proveedoras de conocimiento científico- tecnológico. La UdelaR concentra aproximadamente el 80% de los investigadores nacionales. En el ámbito de lo privado han surgido empresas de servicios, entre los que se destacan los de

164

Persona de derecho público no estatal. Se trata de un ente autónomo con co-participación público-privada, la que incluye el co- financiamiento y el co-gobierno. En su gestión se rige por el régimen privado y utiliza los recursos humanos, financieros y físicos, incluyendo el establecimiento de acuerdos y contratos con organismos nacionales e internacionales.

ingeniería y se caracterizan por contar con un plantel mayoritariamente conformado por profesionales. (Bértola et al., 2005: 28)

Cuadro 27

Inversión en Ciencia y Tecnología de la UdelaR – dólares corrientes para cada trienio

Año CSIC Facultades Total en CyT Presupuesto CyT / UdelaR

(%) 1995-97 12.852.965 49.604.909 62.457.874 360.514.598 17,3 1998-00 8.564.995 60.279.752 68.844.747 356.400.833 19,3 2001-03 6.805.519 40.446.153 47.251.671 312.572.146 15,1 Fuente:LANZILOTTA, LLAMBÍ y PITTALUGA (2005: 180)

En lo que respecta a la industria, en 1986, tres de cada cuatro establecimientos hacían I&D de manera informal. El énfasis estaba volcado en la modificación de maquinaria y de productos, vinculado principalmente al procesamiento de materias primas no agropecuarias, siendo de menor proporción el diseño de maquinaria y de sistemas. La evidencia mostraba que la actividad de I&D no estaba arraigada y por lo tanto se hacía muy difícil el seguimiento de la misma. El gasto, era muy difícil de estimar, ya que la mayoría de los establecimientos industriales no sabía lo que le insumía la actividad. A la vez se daba un fenómeno de concentración, siendo el 3% de los establecimientos responsables por el 60% del gasto en investigación.

Ocupaba un lugar relevante el grado en que las industrias recurrían a asesoría externa, la que en su mayoría era brindada por organizamos públicos o paraestatales como ser; la UdelaR, el Instituto Nacional de Pesca (INAPE), el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), entre otros. (Argenti, Filgueira y Sutz, 1986: 98, 101, 102 y 124) Esta vinculación entre el sector productivo y estos organismos, estaría demostrando la existencia de una articulación inter-institucional, lo que posibilitaría comenzar a esbozar el surgimiento de un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

Por el contrario de lo que iba sucediendo en el nuevo paradigma tecno-económico, siguiendo a Argenti, Filgueira y Sutz (1986; 128,129), la industria en Uruguay presentaba en el año 1986 un pobre comportamiento tecnológico, gran desigualdad entre los distintos establecimientos, y un comportamiento inercial en cuanto a la incorporación de tecnología. La situación no es muy distinta en la actualidad, más allá de que desde la segunda mitad de la década de los noventa se incorporaron nuevas formas de gestión y organización del trabajo utilizadas como estrategia de modernización de la industria del país165, (Bianchi, 2007) los datos son elocuentes en lo que respecta a la innovación.

De las encuestas de innovación industrial, realizadas por la Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología (DICyT), en los períodos 1998-200 y 2001-2003, se desprendió que sólo un 32,8% de los establecimientos industriales desarrolló alguna actividad de I&D en el período comprendido entre 1998-2000, la que constaba principalmente de adquisición de bienes de capital y capacitación de personal, como se aprecia en el gráfico 11. La innovación se da en su mayoría en empresas grandes y con una antigüedad mayor, y en las que hay involucrado capital extranjero. También se constató que a mayor peso relativo en la industria, mayor es la

165

No se llegó a producir una reforma sustancial en los modelos productivos. Muchas veces se terminó en un modelo en el que coexistían las viejas formas tayloristas de organización del trabajo, junto a las nuevas formas de aseguramiento de la calidad y el control preventivo, sumado a la conformación de equipos de trabajo. (BIANCHI, 2007)

participación en actividades de I&D. La reinversión de utilidades se destacó como la fuente de financiamiento predominante en toda la industria actual. (Bértola et al., 2005: 22) De la encuesta 2001-2003 se obtuvo información similar, y sólo el 36% declaró haber hecho alguna actividad de innovación, con lo que se puede concluir que la mayor parte de las empresas manufactureras no ha innovado.

Gráfico 11

Composición del gasto en actividades de innovación industrial (año 2000)

Fuente: BÉRTOLA et al. (2005: 23)

En su mayoría son químicos, físicos, ingenieros y arquitectos quienes están ocupados en actividades de I&D. De acuerdo a Bértola et al. (2005; 25), es extraña la escasa participación de profesionales de ciencias biológicas, como ser biólogos y bioquímicos. Por último, se constató un magro desarrollo de las capacidades innovativas de las firmas, lo que se vio reforzando por el hecho de que los indicadores de capacidad endógena, dieron valores nulos, confirmando la dificultad que continúan teniendo las empresas uruguayas para generar un proceso endógeno de creación de conocimiento.

En relación al sector agropecuario, en el año 1986 era la investigación biológica y la experimentación las actividades más importantes, y eran llevadas a cabo por el sector público y la UdelaR. En el campo privado la situación era la inversa, ambas actividades mencionadas eran las más importantes pero la experimentación superaba a la investigación biológica. (Argenti, Filgueira y Sutz, 1986) Actualmente, las actividades de I&D agropecuario continúan realizándose principalmente a nivel público, si bien existen algunas empresas privadas que invierten un monto considerable en ellas, no tiene un peso significativo en el financiamiento general de la I&D agropecuaria.

Se comenzó en la década de los ochenta a incursionar en el campo de la biotecnología. En 1986 era el sector público quien había investigado más sobre el tema, ya sea mediante la realización de proyectos o porque había demostrado interés por continuar con esa línea de estudio. Si bien en la actualidad se da una creciente importancia de esta rama, es un grupo reducido de grandes empresas agroindustriales las que demandan bienes y servicios de este tipo, lo que contrasta con la oferta científica al respecto, la que está muy desarrollada en el país (Bértola et al., 2005: 22).

Argenti, Filgueira y Sutz (1986: 144 a 149) argumentan que en el año 1986, el sector público concentraba la mayor cantidad de profesionales dedicados a la actividad agropecuaria,

contando con el 57,5% del total. En relación a estudios de cuarto nivel, eran las consultoras las que contaban con mayor cantidad, un 20%, seguido por el sector público con un 13% y la UdelaR con un 12%166. De los laboratorios, la mayoría realizaban algún tipo de experimentación y de adaptación al medio local, cada vez que salía un nuevo producto al mercado. También se comprobó que en su mayoría los laboratorios pertenecían a casas matrices y por lo tanto el grueso de actividad de I&D se hacía fuera de fronteras. El gasto en I&D agropecuario alcanzó en 2002 el 1,8% del producto sectorial, lo que constituye una tasa muy superior al gasto total en I&D en relación al PBI, y por su elevado monto estaría acercándose a la franja inferior de los países desarrollados (Bértola et al., 2005: 29).

Al momento de plantearse la viabilidad de una política de I&D a nivel nacional, se deben tener en cuenta factores como; el gasto en I&D, la estructura institucional de apoyo a la innovación y el problema de las prioridades en la medida de que los distintos actores demuestren o no interés por la misma. El gasto en I&D es difícil de estimar, hasta mediados de los noventa no existían estadísticas consolidadas al respecto. (Arocena y Sutz, 1998: 46 y 47) Hoy se ha logrado llegar a una estimación del mismo. De acuerdo a los datos del gráfico 12, se comprueba que en el año 2000, el 61% del gasto se concentraba entre la UdelaR y las instituciones Estatales y Paraestatales, siendo un 27% la UdelaR. Es común que en las economías latinoamericanas exista una muy baja participación del sector privado en la inversión de I&D, mientras que en las economías más avanzadas, este fenómeno se revierte (Bértola et al., 2005: 31)

Gráfico 12

Composición del gasto en I&D – 2000

Fuente: BÉRTOLA et al. (2005: 31)

El gasto en I&D, ha estado condicionado por los préstamos de organismos internacionales recibidos para el mismo. Se puede hablar del carácter cíclico de este tipo de gasto, el que se vio muy afectado durante la crisis de 2002, en la que se restringió el acceso al financiamiento externo.

Al analizar el porcentaje de profesionales científico-tecnológicos con que cuentan las empresas, -componente clave de los requerimientos ocupacionales demandado por el paradigma-,

166 _{Se debe tener en cuenta que la UdelaR antes de la dictadura militar registraba un mayor porcentaje de investigación}

de acuerdo al cuadro 28, se encuentra que en el conjunto de empresas con menos de veinte empleados -más del 90% de empresas del país-, prácticamente carece de profesionales científico- técnicos. Esto es percibido como impedimento en la generación de capacidades. La carencia de este tipo de profesionales, propicia una situación en la que no se recurre al apoyo tecnológico debido a que no se conoce la forma cómo abordar la temática. (Arocena, Bortagaray y Sutz, 2008: 176)

Cuadro 28

Porcentaje de empresas sin profesionales científico-tecnológicos según diferentes características – año 2005

Empresas sin profesionales científico-tecnológicos (%)

Total de la muestra 77,9

< 20 empleados 87,4

20-99 empleados 63,2

> 100 empleados 21,9

Con actividades innovativas 65,4 Sin actividades innovativas 84,9

Declaran realizar I&D 54,5

Fuente: AROCENA, BORTAGARAY y SUTZ, Judith (2008: 176)