IV. TERCERA ONDA – “ACERO Y ELECTRICIDAD” (1870-1920)
IV.3 Uruguay
IV.3.1 Incorporación de la nueva tecnología
IV.3.1.3 Primer batllismo – impulso al desarrollo institucional e industrial
Siguiendo a Bértola (2000), el primer batllismo habría conformado uno de los primeros “Estados de Bienestar” del mundo. Así, el gobierno de José Batlle y Ordóñez, iniciado en 1903, y de corte reformista, presentó en su programa político y llevó adelante iniciativas legislativas que indicaban una clara preocupación con respecto a temas sociales como ser las condiciones de vida de las clases trabajadoras, el trabajo infantil y los bajos niveles del ingreso. La jornada de 8 horas, aprobada en 1915 fue un claro ejemplo de ello. Realizó un gobierno de nacionalizaciones y estatizaciones –dentro de las más importantes encontramos la del BROU y el Banco Hipotecario-. Surgió el Banco de seguros. Se crearon institutos públicos; Instituto de pesca, de Geología y perforaciones y de Química industrial. Se crearon las Usinas eléctricas del Estado y una nueva forma de participación estatal con el frigorífico nacional en 1928. También intentó llevar adelante políticas de promoción y desarrollo de la agricultura, de la industria, de los servicios y la reforma de la estructura fiscal. En el ámbito de las instituciones financieras, no se logró lo proyectado, el BROU continuó auxiliando a los grandes propietarios y fue un banco privado, el que con un criterio más amplio financió al pequeño propietario rural. (Jacob, 1990: 18)
Debido a la primera guerra mundial las rentas del Estado cayeron, y los gastos disminuyeron en menor grado, pero a una tasa cada vez mayor.55 El batllismo no logró la promoción de la agricultura y por lo tanto, no cumplió el objetivo de la transformación productiva. En este sentido, fracasó en la tentativa de incrementar los gravámenes de la propiedad
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Recién en 1879 se fundó la Liga Industrial y en 1898 se creó la Unión Industrial Uruguaya
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Las rentas del Estado en el año 1913, constituían 40.624 pesos en valores corrientes, y los gastos 42.828 pesos, mientras que en el año 1915 constituían 30.485 pesos y 43.278 pesos, respectivamente.
inmobiliaria urbana, en su intento por mejorar la concentración de la propiedad representada por el latifundio –los estancieros se opusieron al pago del impuesto progresivo sobre la tierra propuesto-, y por cambiar la fuente principal de recaudación fiscal compuesta por los impuestos aduaneros a las importaciones. La fuerza del sector rural representada, entre otros por la Federación Rural, le impidió cumplir con la reforma fiscal proyectada. (Bértola, 2000: 178 y 188) La estructura productiva del país estaba dominada por el sector primario y terciario, habiendo 174.569 personas ocupadas en el primero y 150.498 en el segundo, frente a un total de la población activa en el año 1908 de 395.623. En definitiva, se encontraba un creciente peso de la economía urbana56, gran peso de sectores y formas de producción artesanales, bajo crecimiento de la productividad producto de que sólo se introducían innovaciones universales, poco significativas para el aumento de la productividad, creciente peso de los servicios ofrecidos por el Estado y un rol progresivo del consumo de los sectores populares. Se continuó con el mismo perfil de inserción internacional, lo que favoreció a que la economía continuara muy atada a las fluctuaciones internacionales, frente a un sector interno aún débil. Entre 1900-1912 las importaciones aumentaron a una tasa anual del 5,8% y el ritmo de crecimiento de las exportaciones se duplicó. A pesar de que el poder de compra de las exportaciones, llegaba a cubrir casi la totalidad del valor de las importaciones, el Estado tuvo que recurrir a préstamos internacionales, lo que derivó en un creciente endeudamiento externo (Bértola, 2000: 174, 175 y 275).
La ganadería se estancó, con efectos principalmente en el mercado de exportación de carnes. El principal inconveniente a su crecimiento era la alimentación del ganado, y el mismo no fue atendido. Así, fue perdiendo peso en las actividades productivas del país –de representar un 55% del PBI en el año 1900, pasó a un 45% en 1920 y a un 33% en 1930 (Bertino y Tajam, 1999)
La agricultura venía creciendo, sobretodo se iba diversificando gracias al crecimiento de los productos industriales, y de los cultivos intensivos en trabajo –fruticultura, horticultura, entre otros- a la vez que se daba un crecimiento en la extensión cultivable. Principalmente en la agricultura cerealera -trigo y maíz-, existían primitivas técnicas de cultivo que ocasionaban que la productividad sea baja y no se podía escapar a los efectos perjudiciales del clima y las plagas, lo que disminuía aún más la productividad.
La tardanza en el desarrollo de un sistema de crédito barato que posibilitara inversiones y el hecho de que la tierra era en su mayoría arrendada, constituyeron dos factores relevantes en el atraso productivo. Sin embargo, la producción logró crecer, el crecimiento del mercado interno, el avance de la diversificación, la mayor productividad en cultivos como el trigo, y la expansión de la tierra cultivada hacia nuevas tierras situadas al oeste del país, parecen haber contribuido a este hecho. (Bertino et al., 2003: 34)
Cuando la demanda internacional por los productos de la dieta cárnico-trigueña perdió dinamismo, y no se logró la diversificación de las exportaciones uruguayas, se optó por cambiar de mercados, encontrando en los países de la región la demanda que se había perdido. Al mismo tiempo, los productos tradicionales tampoco lograron nuevas posiciones en el mercado mundial, altos niveles de estancamiento lo impedirían. Esta situación se reproducirá y se verá agravada. Es
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conocido que la demanda por materias primas y alimentos crece más lentamente que el ingreso, por lo que los países con rápido crecimiento y productores de bienes primarios, se inclinarán por desarrollar su propia producción agropecuaria, lo que implicará también altos niveles de protección, y por lo tanto una mayor competencia a afrontar por los países productores agropecuarios, como son los periféricos. (Bértola, 1991: 276)
En Uruguay, la legislación proteccionista continuaba estando basada en las tarifas a las importaciones, principalmente con el antecedente de las leyes proteccionistas de 1885 y 1888 y actualizadas por la ley de 1912, aprobada por el primer batllismo. Igualmente, dicha recaudación fiscal constituía uno de los pilares financieros del modelo, lo que en el momento en que decayó, debido a la disminución de las importaciones por la crisis de 1913, llegó a cuestionarse la viabilidad del mismo (Bertino et al, 2003: 16).
Antes del conflicto bélico, Uruguay se encontraba dentro del grupo de países que seguían de cerca a los líderes de la economía mundial, contaba con un PBI en el entorno del 80% del promedio de Inglaterra, Estados Unidos, Francia y Alemania, a la vez que los salarios superaban en un 60% los de los países latinos de Europa (Bértola, 2000:185). Había alcanzado una tasa de crecimiento global acumulativa de 3.4% anual, en las primeras décadas del siglo XX (Bertino et al., 2003:16).
En el país existía un alto nivel de inequidad en la distribución del ingreso, principalmente desde los últimos años del siglo XIX y hasta la primera guerra mundial. No obstante, esto no constituía un obstáculo al crecimiento del producto, el que no requería hasta este entonces de un alto nivel de capital humano, ni de un proceso innovativo endógeno. En particular, una mayor calificación de la mano de obra, encarecía al factor frente al recurso productivo tierra, lo que iba en contra de la rentabilidad de los productores, y del modo de producción existente. (Willebald, 2006: 21)