El país que más ha sufrido el impacto del narcotráfi co es Colombia. Una na- ción que ha servido de laboratorio a muchas otras y que ha sido el espacio para el despliegue más importante de recursos y de voluntad política de Washington para enfrentar el problema en conjunto con el gobierno de Bogotá. En efecto, la operación más importante realizada por los Estados Unidos en un país latino- americano en los últimos años es el Plan Colombia. Éste fue diseñado durante la administración de Clinton en los Estados Unidos y la presidencia de Andrés Pastrana en Colombia. El objetivo más visible (no el único) era combatir el poder de las organizaciones criminales, para desafi ar al Estado y debilitar la simbiosis de narcotráfi co y guerrilla que representaban las fuerzas armadas revoluciona- rias de Colombia, mejor conocidas por sus siglas, las FARC.
El grupo guerrillero colombiano nace en 1964 en pleno apogeo de la guerra fría. Su líder y fundador, Manuel Marulanda Vélez, alias “Tirofi jo”, militó en las fi las del Partido Comunista y en sus orígenes fue una organización de cor- te marxista leninista cuyo objetivo era defender a las comunidades rurales. El movimiento no es atípico en la historia de Colombia, país que registra diversos movimientos que oscilan entre la reivindicación popular y justiciera y el ban- dolerismo puro. Entre 1965 y 1980, las FARC llegaron a contar con tres mil elementos activos, pero a diferencia de otras organizaciones de corte izquierdis-
20 Herrera, Yuri, Trabajos del Reino, Cáceres, Periférica, 2008.
21 Mendoza tiene varias novelas. Véase por ejemplo: Mendoza, Elmer, Balas de plata, Barcelona,
Tusquets, 2007.
22 La novela fue publicada por el sello Alfaguara y ha sido objeto de varias ediciones. 23 Publicada en Barcelona por Random House. 2009.
ta que con el declinar de la URSS se debilitaban en todo el subcontinente, las FARC, por el contrario, se fortalecían en la década de los ochenta. En 1984, el gobierno de Belisario Betancourt fi rmaba un precario acuerdo para la desmo- vilización de los activos militares de las FARC e intentaba, por esa vía, atraer a los inconformes a la arena política. El esfuerzo fue vano en la medida en que otro campo gravitatorio atraía a todos esos cuadros y milicianos bien adiestra- dos en el uso de las armas y conocedores de la geografía colombiana. Ese factor atractivo era el narcotráfi co.
En esa misma etapa de la historia de Colombia, los grandes barones de la droga habían conseguido ya no solamente una gran implantación territorial en el campo colombiano, tenían también un considerable poderío económico con el cual habían penetrado a los cuerpos de seguridad del Estado e incluso al sistema político. El famoso narcotrafi cante Pablo Escobar, fundador del Cartel de Medellín y fuente de inspiración para diversas películas, inició su carrera política en Medellín, ciudad de la que llegó a ser Teniente Alcalde y logró llegar a ser diputado al Congreso de su país en 1982. Pablo Escobar no es el único responsable de la espiral de violencia que marcó la vida de ese país en aquellos años, pero no hay duda de que es quien mejor representa el ascenso y la cultura de las organizaciones criminales latinoamericanas. En los ochenta, la presión de los criminales sobre el sistema político se hacía por la vía del dinero, tema que revisamos en una sección anterior, y por la violencia. Los asesinatos de políticos y jueces se convirtieron en moneda corriente en la Colombia de aquellos años, el más signifi cativo de todos fue el del candidato presidencial Luis Carlos Galán, quien iba a la cabeza de las preferencias electorales en 1989.
Las elecciones presidenciales de 1990 dieron la victoria a César Gaviria, cer- cano colaborador de Galán, y el pulso entre los criminales y el estado colombiano llegaba a su punto culminante. Por un lado, los criminales, encabezados por Es- cobar, se resistían a ser extraditados a los Estados Unidos. Para los narcotrafi - cantes colombianos la posibilidad de enfrentar a las autoridades norteamerica- nas, crecientemente involucradas como lo apuntábamos en el primer apartado en la lucha contra esas organizaciones, signifi caba una complicación insalvable, por eso proclamaban, con un dejo de patrioterismo, que más valía una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos. La realidad es que la venta- ja comparativa de incluso operar sus negocios desde las cárceles colombianas, como de hecho lo hizo el propio Escobar cuando se entregó a la justicia de su país en 1991 y pasó poco más de un año en prisión hasta que decidió abandonarla, era un secreto a voces. Algo similar ocurrió en México en 2001, cuando se da la alternancia en el poder, el jefe del llamado Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, decidió salir de la prisión federal en la que se encontraba, cuando las nuevas autoridades restringieron su capacidad de dirigir su organización cri- minal desde su celda. La gran diferencia estriba en que Escobar murió abatido en 1993, al año de abandonar la prisión y el sinaloense, al momento de escribir estas páginas (2010), sigue en calidad de prófugo. Pero volvamos a Colombia.
Las FARC tienen una deriva criminal que explica su auge en el ocaso de la guerra fría. En los años noventa llegaron a contar con 10 mil efectivos en 70 frentes distribuidos en todo el país, es decir, tres veces más que en los años de apogeo del insurreccionismo latinoamericano. Su implantación en un amplio territorio del país, explica la razón por la cual el gobierno de Andrés Pastrana apostó por un proceso de paz negociado en 1998 y reconoció el control efectivo de las FARC en un área de 42 mil kilómetros cuadrados, a la que se nombró “la zona de despeje.” En 2002, Pastrana daba por terminado el proceso de paz, argumentando que Marulanda no había cumplido (los secuestros, entre otros el de la famosa Ingrid Betancourt, no habían cesado) con su palabra. A partir del 2002, el Presidente Álvaro Uribe cambió la estrategia de la negociación por la confrontación directa y a los antiguos guerrilleros los etiquetó como terroristas, en consonancia con el auge de la amenaza terrorista islámica y decidió pasar a la ofensiva dentro y fuera del territorio colombiano. En 2008, el gobierno de Uribe liberó a Ingrid Betancourt en una operación casi cinematográfi ca y poco tiempo después decidió atacar de manera directa un campamento ubicado en Ecuador, en el que dormía en aquel momento Raúl Reyes, principal líder de la organización tras la muerte de “Tirojifo”. Para muchos observadores, este episo- dio marca el principio del fi n de las FARC.
La complicada situación colombiana a lo largo de los 80 reforzaba, en las ofi cinas de Washington encargadas de enfrentar el fl agelo de las organizaciones criminales, la idea de que militarizar la lucha contra las drogas era la solución más directa para doblegar a los narcos. Por supuesto que esa militarización iba de la mano de una asistencia y colaboración (los más ingenuos la consideran desinteresada) de la DEA y los servicios de inteligencia americanos. En este marco conceptual nace el llamado Plan Colombia, que es hoy por hoy el modelo de cooperación más estrecho que los Estados Unidos han establecido con algún país latinoamericano.
La idea central que alentaba el plan era la de la responsabilidad compartida. Es decir, el gobierno de los Estados Unidos asumía que las graves amenazas que enfrentaba el estado colombiano eran producto, en gran medida, de la enorme demanda de estupefacientes que exigía el mercado norteamericano. El plan, en principio, reconocía que el combate a la producción suponía una importante in- versión para reconvertir a los campesinos colombianos que cultivaban droga y ofrecerles alternativas viables de desarrollo económico.
El Plan Colombia estaba dotado de un presupuesto millonario, superior a los 10 mil millones de dólares y un amplio despliegue de asesores militares, para re- forzar las capacidades del estado colombiano de combatir a los narcotrafi cantes. Las estimaciones del gobierno colombiano es que el Plan Colombia fue un éxito, ya que permitió la erradicación de cultivos de drogas en cerca de 800,000 hectá- reas. Se interceptó droga por un valor estimado de 17 mil millones de dólares y además se garantizó que el gobierno colombiano extraditara a 362 delincuentes a la Unión Americana. Otros efectos benéfi cos del plan, esgrimidos por el propio
gobierno de ese país, son la disminución de la violencia y la modernización de las Fuerzas Armadas, sobre todo en el fortalecimiento de sus sistemas de comu- nicación y generación de inteligencia para destruir las bases de operación del narcotráfi co24.
En 2007, el Plan Colombia fue reemplazado por la estrategia de fortaleci- miento de la democracia o seguridad democrática como se le conoce en el len- guaje periodístico, establecida por Álvaro Uribe y que ha cosechado hasta ahora un éxito importante y es decapitar a las FARC y demostrar los apoyos que éstas recibían de los gobiernos de Ecuador y principalmente de la Venezuela de Hugo Chávez.