El tabaco y sus problemas
III. Mercados y actividad comercial
1. El repartimiento mercantil
El repartimiento mercantil era un tipo de comercio estrechamente ligado al sis- tema de autoridad colonial. Los corregidores de los pueblos de indios, los curas y los caciques obligaban a los indios principalmente (aunque también podían presionar al resto de habitantes) a adquirir una serie de bienes de consumo, por
lo general, cobrados a un precio excesivo. En el siglo XVIII, este comercio quedó
legalizado por medio de la introducción de un arancel para cada provincia. A partir de allí, se han elaborado estudios de este tipo de circulación de bienes y su papel en la dinamización de ciertos espacios económicos. El sistema se beneficiaba del monopolio ejercido por los comerciantes de Lima. En este sen- tido, el corregidor fue, hasta la abolición del corregimiento y la implantación de las intendencias, una pieza maestra en la constitución de un mercado interno colonial. El reparto mercantil también podía ser realizado por los hacendados, los curas y otros funcionarios menores a los pobladores, no solo indígenas, que después se verían obligados a pagar lo adeudado por medio de su trabajo o en
especies.98 Después de la sustitución de los corregimientos por las intendencias,
el reparto siguió existiendo en algunas áreas, por ejemplo, en el Cuzco donde, 96. Contreras y Glave 2002: 16.
97. Chocano 1983: 14-15; Salas 1983: 60. 98. O’Phelan 1988: 147.
hasta 1795, continuó siendo una de las bases fundamentales para la obtención
del trabajo y no el salario en estado “puro”.99 De modo que el llamado “reparto
mercantil” fue un eslabonamiento de un mercado interno marcado por mono- polios y privilegios.
A mediados del siglo XVIII, la corona estableció aranceles para el reparto,
es decir, listas de productos susceptibles de ser repartidos con indicación de sus precios, a la vez que autorizó únicamente a los corregidores para realizar el repartimiento. El arancel de 1753 es el más completo, pues indica los productos y sus precios por unidad, así como el monto total a repartir en el plazo de cinco años. El arancel de 1779 es más escueto, ya que incluye solo los montos totales. Finalmente, un proyecto de arancel fechado en 1784 contiene indicaciones por- menorizadas, pero no incluye ya al Alto Perú ni a Puno, regiones que entonces formaban parte del virreinato del Río de la Plata. En 1753, el virreinato del Perú tenía 78 corregimientos y el arancel indica un monto de reparto para 68. En 1779 (ya fundado el virreinato del Río de la Plata), el virreinato del Perú tenía
48 corregimientos y se realizaban repartos en 46.100
CUADRO 27
ARANCEL DE LOS REPARTOS, 1754
Rubros Cantidad Monto en pesos de a 8 reales Mulas 103.300 cabezas 3.562.600
Paños de Quito 71.300 varas 365.800 Ropa de la tierra 533.900 varas 493.900 Fierro 2.373 quintales 1.195.299 Otros efectos — 5.747.299
Fuente: Tord y Lazo 1981: 140.
En el arancel, las mulas eran el elemento más importante. La mayor parte procedía de las provincias de Tucumán y Salta, territorios bajo gobernación y jurisdicción de la Audiencia de Buenos Aires, y otra parte, menor, provenía de Piura. El largo camino disminuía la tropa adquirida. Con el fin de cubrir lo esti- pulado en el arancel, en algunas regiones —como Trujillo— existían criaderos. Las mulas subían de precio a medida que se alejaban del centro donde se las criaba. Así, las mulas de Tucumán, que costaban 20 pesos en los alrededores de dicha provincia, llegaban a costar 70 pesos en Huamalíes, mientras que en 99. Glave y Remy 1983: 368.
Piura, otro centro de cría mular, solo alcanzaban los 25 pesos. El precio en el mercado libre era inferior: en el Alto Perú cada mula costaba 12 pesos de pro- medio, mientras que las mulas del arancel valían un promedio de 24,6 pesos en los corregimientos de esa región: una diferencia de más del 100%. En Lima, el precio de una mula en el mercado libre fluctuaba entre 15 y 17 pesos y, en el arancel, llegaba a 36 pesos. Esta situación perjudicaba a los indios que, habien- do recibido una mula al precio del arancel por el reparto, se veían precisados a venderlas para cubrir sus deudas en el mercado libre; es decir, las leyes de la oferta y la demanda operaban en marcos distintos, dependiendo de la posición
relativa de cada operador.101
La cantidad de animales repartida variaba de provincia en provincia. Para estimar la incidencia del reparto de mulas en las distintas provincias, se ha in- tentado establecer un promedio que toma como referente de cálculo el número de tributarios. De esta manera, resulta que el número más bajo correspondía a la costa norte, donde probablemente el abastecimiento de mulas se realizaba a través del mercado “normal”. En la costa central y sur, así como en algunas zo- nas de la sierra central donde había obrajes, se repartía al menos una mula por
tributario; lo mismo ocurría en las provincias al norte del lago Titicaca.102
El reparto de “ropa de la tierra” estuvo vinculado a la producción de los obrajes. Se repartía en 51 provincias de las 78 del virreinato; de las 51, casi to- das estaban en la sierra. En el caso de estos tejidos, se producía una situación paradójica en donde se protegía el mercado “libre” de dos provincias produc- toras de ropa de la tierra, Cajamarca y Huaylas, las cuales fueron exceptuadas del reparto, así como sus vecinas, Chachapoyas y Santa. De esta manera, los beneficios de los dueños de los obrajes quedaban resguardados del monopolio de los corregidores; lo mismo ocurría en Tarma, otro centro con importantes obrajes. El precio de la vara en el arancel (entre 5 y 8 reales en el sur) superaba el precio del mercado libre (de 2 a 3 reales). Los “paños de Quito”, producto de los obrajes de dicha región, eran importados por tierra y por mar hasta los centros de distribución. El precio del arancel se diferenciaba regionalmente: en la costa, el precio promedio era más bajo (unos 4 pesos); en la sierra oscilaba de 4 a 6 pesos, según la calidad; en el sur y los alrededores de Potosí podía llegar hasta
los 8 pesos. En el mercado libre, el precio por vara era de 2 pesos y medio.103
El hierro no se distribuyó de manera uniforme. Hubo unas ocho provincias exentas, mientras que en otras cinco el reparto de este material fue opcional. La información sobre el tipo de objetos de hierro introducido es escasa. Solo en 19 101. Tord y Lazo 1981.
102. Golte 1980: 87. 103. Tord y Lazo 1981: 147.
provincias se especifica que se trataba de rejas de arado, entre ellas se encontra- ban las provincias agrícolas vinculadas con el asiento minero de Potosí. Aunque es de suponer que el precio del hierro del arancel del reparto era mucho más elevado que en el mercado libre, no es posible una comparación más específica,
pues los datos no indican calidades.104 El rubro llamado “otros efectos” com-
prendía 54 artículos, de los cuales 41 eran importados de Europa y el resto de otras partes de América.
Al observar la distribución mediante el reparto mercantil de algunos de estos artículos, se aprecia la compaginación entre el circuito del mercado libre y el mercado forzoso: la yerba mate solo se repartía en algunas provincias nor- teñas y en Ica, pero no en la costa ni en la sierra sur ni en el Alto Perú, donde predominaba un circuito libre muy activo. Igualmente, ocurría con la bayeta de Castilla —importada de Europa— que no se distribuía en el repartimiento asignado a las provincias de la sierra sur, para salvaguardar el mercado de las bayetas producidas por los obrajes locales. Los artículos importados y que for- maban parte del arancel del reparto mercantil sumaban el 9% de los bienes im- portados para el virreinato en su conjunto. De esta manera, puede interpretarse que el comercio del reparto era un complemento del gran comercio de Lima, pues permitía la introducción de nuevos tipos de mercancías en el consumo
indígena.105
En cuanto a la geografía del repartimiento, se aprecian ciertas tendencias generales. En la región norte, los repartos guardaron correspondencia con las provincias de mayor población indígena (Piura, Saña, Cajamarca, Conchucos, Huaylas), así como provincias menos pobladas, pero de buena dotación pro- ductiva (Chachapoyas, Cajatambo y Huamalíes). En la región central, Tarma recibía la proporción más alta del arancel en el virreinato: se trataba de una provincia con gran diversidad económica en donde se combinaban la minería, la agricultura, la ganadería, la textilería, etc. En el sur y en el Alto Perú, se repe- tía esta misma diversidad en el Cuzco, Quispicanchis, Tinta, Lampa, Azángaro,
Sica Sica, Cochabamba, Larecaja, Oruro, Tarija.106 La cuestión del precio excesi-
vo o sobreprecio se justificaba por el gasto que implicaba la obtención del pues- to burocrático de corregidor y por los gastos de transporte, almacenamiento, pérdidas de los bienes y posibles impagos de los deudores. En efecto, la obten- ción del cargo requería que se contrajesen préstamos a interés que luego debían ser devueltos. Asimismo, el ciclo del reparto era de cinco años, a lo largo de los cuales el consumidor forzado debía pagar el crédito por el bien repartido. Un 104. Tord y Lazo 1981: 148.
105. Ibídem 1981: 145. 106. Ibídem 1981: 146.
ejemplo a partir de la inversión en una partida de mulas que debía ser repar- tida en el corregimiento de Chancay sirve para ilustrar la lógica del precio del repartimiento.
CUADRO 28
INVERSIÓN EN MULAS PARA EL REPARTIMIENTO DE CHANCAY
Concepto Valor en pesos de a 8 Costo de compra de 2.000 mulas a 12 pesos 4 reales 40.700 Pastos y gastos de distribución 3.000 Interés sobre 40.700 ps. según plazo de pago 5.000 Alcabala del 4% del monto repartido (85.500 ps.) 3.420 Cuatro cobradores a 500 ps. anuales 10.000 Intereses de los 3.420 ps. de alcabalas (20%) 684 Intereses de los 10.000 ps. para cobradores 1.200 Costo total de las mulas vendidas 67.004 Valor total del repartimiento de mulas 85.500
Fuente: Moreno Cebrián 1977: 210-211.
Se estimaba que unas 300 mulas de la tropa original podían perderse o morir y que habría quiebras, impagos y hurtos entre los indios receptores del reparto; por esta razón, se calculaba que solo ingresarían unos 80.000 pesos, lo que significaría una ganancia de 12.996 pesos, equivalente a un 16,2% aproxi- madamente; sin embargo, esta suma no se recibía en un solo año, sino en cinco, con lo cual el interés ganado disminuía progresivamente. En síntesis, la infla- ción de precios del repartimiento se debía a los costos burocráticos agregados, fuera de los costos que podían surgir de los intereses al capital invertido en los efectos y los impuestos. El impacto del repartimiento en la vida económica indígena se ha medido tomando como referencia a toda la población indígena
de las provincias,107 o exclusivamente a la población tributaria;108 sin embargo,
aún no existe una explicación detallada de la relación entre ambas variables, muy necesarias en los casos en que el monto asignado a una provincia resulta desproporcionado en relación a su población.
Así, por ejemplo, en Arica, se distribuían efectos por 88.920 pesos para una población tributaria de 135 individuos, mientras que la población total 107. Golte 1980: 104-105.
indígena sumaba 509 personas. El reparto por habitante indígena resultaba en 174,7 pesos, mientras que el reparto por tributario ascendía a 659 pesos. Una suma enorme si se la compara con la vecina Arequipa en donde se repartían 123.400 pesos en efectos, de lo que resultaba una carga de 74 pesos por cada uno de los 1.669 tributarios, y una de 15,32 para cada uno de los 1669 habitantes indígenas.
Otro tema aún no examinado a fondo es hasta qué punto este repartimien- to forzoso de mercancías se puede interpretar exclusivamente como un abuso o si en alguna medida satisfizo, incluso defectuosamente, una cierta demanda de bienes en el mundo rural. Las protestas y rebeliones fundamentan sobradamen- te el primer aserto, pero solo un mayor conocimiento de las necesidades de la economía campesina puede indicar si, para ciertos productos del reparto, como el hierro y las mulas, podría haber existido una demanda efectiva.