El espacio desde la normativa escolar

Las políticas públicas no han estado alejadas del tema del espacio escolar, y desde el MINEDUC se han elaborado una serie de normativas y decretos que buscan optimizar los mismos en beneficio de los estudiantes.

En tiempos recientes, a partir de la década del 90, se comienza a aplicar en nuestro país una reforma educacional que plantea el establecimiento de una jornada diurna extendida, finalizando de esta forma con el sistema de dos jornadas de trabajo escolar que existía en la mayoría de los colegios. Se comienza de esta manera con la Jornada Escolar Completa, que pretende además alcanzar un 100% de cobertura escolar nacional. Esto significó la demanda de casi duplicar la capacidad del servicio educativo (Prado, C. 2013)

Entre las iniciativas tendientes a sistematizar la adecuación de los espacios a estos nuevos requerimientos y necesidades podemos mencionar la “Guía para el diseño de espacios educativos” (1999) que se realizó́ en el marco de un proyecto conjunto del Ministerio de Educación con UNESCO- OREALC, denominado “Reforma Educativa Chilena: optimización de la

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inversión en infraestructura educativa”. Este proyecto duraría diez años, y entregó recomendaciones para las construcciones escolares que se realizan con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y planes específicos de inversión financiados por el mismo Ministerio. (Prado, C.2013)

Según Sequeira (2010), la relación entre calidad de la educación e infraestructura escolar en Chile ha sido fundamental:

“Una educación es de calidad si ofrece los recursos y ayudas que cada quien necesita para estar en igualdad de condiciones de aprovechar las oportunidades educativas y ejercer el derecho a la educación. Entre los atributos generales que una política educativa ha de tener para avanzar en la garantía de este derecho, se encuentra el desarrollo de políticas integrales que consideren la totalidad de los aspectos que afectan el aprendizaje de los niños en todas las circunstancias sociales en que estos se desenvuelvan. El esfuerzo que Chile ha realizado para mejorar la infraestructura escolar de las escuelas públicas apunta precisamente en esa dirección. Se trata de una intervención estatal, integral y multidisciplinaria que logra reunir en cada proyecto realizado una mirada pedagógica, cultural y psicosocial. Todas ellas se plasman en una arquitectura que convierte a cada establecimiento educativo construido en un proyecto único, inclusivo, que aporta calidad a la educación y se transforma en un espacio acogedor, protector, formativo, creativo, de futuro y oportunidad.” (Sequeira, 2010)

Podemos constatar que desde la política pública en nuestro país ha existido un esfuerzo para que la calidad de la educación y el logro de los objetivos de cada establecimiento se vea reflejado también a través de la normativa espacial en los establecimientos.

Más aún, si se revisa el Decreto 548 del MINEDUC (2015)se descubre que existe toda una normativa que regula lascondiciones de la planta física de los locales educacionales y establece las exigencias mínimas que deben cumplir los establecimientos reconocidos como cooperadores de la función educacional del estado, según el nivel y modalidad de la enseñanza que impartan.De esta manera se fija las condiciones de seguridad que se deben

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cumplir en los alrededores del edificio, la cantidad de salas de las que se deben disponer por nivel educativo, las dependencias anexas con las que se debe contar como bibliotecas, enfermería y sala de profesores, e incluso la disposición de la pizarra, la cantidad de espacio que debe ocupar un pupitre y la cantidad de iluminación que debe recibir un estudiante

Se puede decir que en nuestro país existe una legislación que está preocupada por una buena utilización y administración de los espacios.

Al analizar el concepto del espacio geográfico y escolar veíamos que la utilización del espacio permite la vinculación del individuo con su entorno y con su comunidad; lo que en el caso de los centros educativos se puede traducir en el logro de las metas fijadas en el Proyecto Educativo o en la Misión. Esto requiere de un nivel de autonomía y de gestión por parte de los colegios. En la última década,desde que se instaló la preocupación por el tema de la calidad en educación, el Ministerio de Educación se han adoptado mecanismos que apuntan a potenciar esta autonomía de los centros educativos para que estos logren sus propios objetivos; las disposiciones establecidas en torno a la ley SEP apuntan en esta lógica y abren el debate en torno a si las metas de un establecimiento deben ser autónomas y dar un énfasis mayor a los propios objetivos o ser heterónomas y buscar un buen rendimiento en las pruebas estandarizadas. Las mencionadas mediciones de los Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS) también apuntan en esta línea.

3.2 La Ciudadanía

Para comenzar a dimensionar el concepto de Ciudadanía es necesario realizar una mirada histórica del mismo. El punto de inicio de este recorrido será la época moderna, ya que esta fue cuna de muchos ideales y mecanismos relativos a la ciudadanía, muchos de los cuales aún prevalecen

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en los idearios colectivos y en están presentes en los establecimientos escolares.

Las raíces del concepto de ciudadanía moderno se encuentran en el período de la revolución francesa donde priman los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Estos principios deben ser accesibles a todos los ciudadanos a la luz de un contrato social el que se establece para alcanzar la paz entre los hombres. Esta idea enarbolada por pensadores de la ilustración como Hobbes (1651) quien postula que el poder político es consecuencia de un contrato o un orden natural. Locke (1690) quien postula que cada uno renuncia al poder en post de la justicia común representada en el poder ejecutivo y Rousseau (1762) quien establece que los hombres voluntariamente han renunciado a un estado natural de inocencia para someterse a las reglas de la sociedad a cambio de beneficios mayores inherentes al cambio social.

Este concepto moderno de ciudadanía define el poder desde lo heterónomo, donde un ciudadano lo único que hace es ceder su propio poder en aras de un bienestar común, de un poder colectivo que será entendido como Estado y que se encargará de regir los destinos de cada uno. La ciudadanía se ve objetivizada y se entiende como parte de un orden social cuya presencia significa que existe un progreso que es propio del mundo civilizado. Por lo mismo al entenderse como parte de la civilización y del progreso el individuo debe ser partícipe de una estructura ya existente que no depende para nada de él.