GARRAS DE LA TIRANÍA Y
EL PODER CIEGO. TEMO
POR MÍ, POR MIS HIJOS, Y
ESPECIALMENTE POR MI
ESPOSO, QUE ESTÁ
DETENIDO.
Carta de una mujer de Arabia Saudí a Amnistía Internacional, agosto de 2008.
PERSPECTIVA
REGIONAL
ORIENTE MEDIO
Y NORTE DE ÁFRICA
documentos de identidad oficiales, arreglar asuntos familiares como divorcios o herencias e inscribir empresas en el registro debido a una decisión gubernamental de 2006 que rebajaba su condición a la de
ajdam(sirvientes).
En Irán, las autoridades continuaron prohibiendo el uso de las lenguas minoritarias en las escuelas y reprimiendo a los activistas que luchaban por un mayor reconocimiento de los derechos de las minorías –árabes ahwazíes, azerbaiyanos iraníes, baluchis, kurdos y turcomanos– y excluyendo arbitrariamente a los presuntos miembros de minorías de los puestos de trabajo en la administración del Estado. En Siria, la minoría kurda, que constituía hasta el 10 por ciento de la población, siguió sufriendo represión. Decenas de miles de kurdos sirios continuaron siendo en la práctica apátridas, condición por la cual se les negaba el acceso igualitario a los derechos sociales y económicos.
En algunos países, las creencias religiosas personales que se apartaban de la religión del Estado no se toleraban, y a quienes las practicaban se les impedía la participación plena en la sociedad o se les imponían castigos físicos. En Argelia, los cristianos evangélicos conversos del islam eran sometidos a juicio a pesar de que la Constitución garantizaba la libertad de conciencia; en Egipto, los musulmanes que se convertían al cristianismo y los bahaíes seguían teniendo en la práctica dificultades, según informes, para conseguir documentos de identidad en los que se reconociera oficialmente su fe o al menos no quedara disfrazada, pese a las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo Administrativo a este respecto, y en Irán, las autoridades de la República Islámica continuaron sometiendo a hostigamiento y persecución a los bahaíes y a los miembros de otras minorías religiosas, detuvieron a clérigos sunníes y condenaron a un líder religioso sufí a cinco años de prisión y a flagelación por «difundir mentiras».
En los Estados del Golfo Pérsico, los trabajadores migrantes del subcontinente indio y otras partes de Asia constituían uno de los pilares de sus ricas economías petroleras, a las que aportaban mano de obra y técnica para los sectores de la construcción y los servicios. Sin embargo, en muchos casos estos trabajadores con contrato se veían obligados a vivir y trabajar en condiciones totalmente
insatisfactorias, excluidos de toda forma de protección estatal contra la explotación y los abusos. Si protestaban por tales condiciones, como hicieron en Kuwait y en Emiratos Árabes Unidos, la respuesta de las autoridades consistía en detenerlos y expulsarlos.
La homosexualidad seguía siendo un tabú en la mayor parte de la región, y los hombres sospechosos de ser gays sufrían hostigamiento en varios países. En Egipto, varios hombres contra los que se
presentaron cargos por mantener relaciones sexuales con otros hombres de mutuo acuerdo fueron agredidos bajo custodia, obligados a someterse a exploraciones anales y pruebas de VIH/sida y,
en algunos casos, encadenados a sus camas durante el tiempo que pasaron confinados en hospitales antes de ser condenados a prisión por cargos de libertinaje. En Marruecos y el Sáhara Occidental se encarceló a seis hombres por «conducta homosexual» tras acusarlos públicamente de haber asistido a una «boda gay» en 2007.
En septiembre, un desprendimiento de tierra mató a más de 100 personas residentes en un asentamiento informal de El Cairo, lo que puso de relieve la precaria existencia de la población pobre, agobiada ya por las privaciones, de ciudades de toda la región. Al parecer, la tragedia se podía haber evitado: una fuga de agua procedente de un monte cercano venía avisando de un posible desastre y, de hecho, ya se habían producido desprendimientos en la zona anteriormente. Sin embargo, las autoridades no hicieron nada hasta que fue demasiado tarde. En toda la región había otras comunidades, de zonas pobres tanto urbanas como rurales, que parecían condenadas a sufrir una espiral de privaciones –falta de vivienda adecuada, de atención de la salud y de acceso a un trabajo remunerado– y reducción de sus derechos, sin tener apenas voz en las decisiones que afectaban a su vida y, desde luego, ninguna voz en absoluto en las relativas a cómo protegerse de un mayor empobrecimiento.
En los Territorios Palestinos Ocupados se dejó sin hogar, en aplicación de una política deliberada, a muchos palestinos que vivían ya en la pobreza. En Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, las fuerzas israelíes demolieron gran número de viviendas palestinas con la excusa de que se habían construido sin permiso –a la vez que denegaban en general tales permisos a los palestinos–, desalojando a centenares de personas. En el valle del Jordán utilizaron
excavadoras para derrumbar viviendas y corrales, privando a las personas afectadas de sus medios de vida, y en otras partes la construcción de la valla/muro dejó a muchos palestinos separados de sus tierras de cultivo, mientras que los numerosos controles de seguridad y bloqueos de carreteras les impedían desplazarse de un lugar a otro para ir a trabajar, a clase, e incluso a recibir atención hospitalaria. En la Franja de Gaza, la ofensiva israelí de tres semanas iniciada el 27 de diciembre destruyó o dañó gravemente cerca de 20.000 viviendas palestinas y ocasionó destrozos en escuelas y lugares de trabajo, además de causar la muerte de centenares de civiles palestinos. Mientras tanto, en la Cisjordania ocupada continuaron expandiéndose y ampliándose los asentamientos israelíes, en contravención del derecho internacional.