Más de 1.500 personas detenidas durante las protestas de febrero fueron sometidas a juicio con inusitada rapidez, con escaso o ningún tiempo para preparar su defensa. Muchos encausados no dispusieron de asistencia letrada, en tanto que a otros no se les dejó tiempo para consultar con sus abogados. Los juicios fueron de carácter sumario. Cientos de encausados fueron condenados a entre tres meses y dos años de prisión. A pesar de una amnistía presidencial decretada en junio, cientos de personas permanecían en la cárcel al terminar el año, porque habían apelado o porque no podían permitirse pagar las multas impuestas por los tribunales.
Dos músicos y activistas políticos, Pierre Roger Lambo Sandjo (también conocido como Lapiro de Mbanga) y Joe de Vinci Kameni (también conocido como Joe La Conscience), fueron detenidos en marzo y abril, respectivamente, por cantar canciones en las que criticaban al presidente. Joe de Vinci Kameni fue declarado culpable de instigar al pueblo a manifestarse y condenado a seis meses de prisión. Pierre Roger Lambo Sandjo fue declarado culpable de complicidad en los disturbios y condenado a tres años de prisión y una cuantiosa multa. Joe de Vinci Kameni fue uno de los 139 presos liberados en virtud de una amnistía decretada el 16 de junio.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales
y personas transgénero
El Código Penal castigaba las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. La homofobia era endémica en la sociedad camerunesa. Continuó regularmente el procesamiento y ulterior encarcelamiento de presuntos gays.
Dos hombres fueron declarados culpables en marzo de actos homosexuales y condenados a seis meses de prisión y al pago de una multa. Los hombres quedaron en libertad porque ya habían pasado más de seis meses bajo custodia. Habían sido sometidos a exámenes anales humillantes.
En mayo, la policía de Lomié, provincia Oriental, detuvo a dos mujeres jóvenes como sospechosas de actos homosexuales. Mientras estaban bajo custodia, la policía, según los informes, obligó a las dos mujeres a denunciar a otras cuatro como «cómplices» suyas.
Condiciones de reclusión
En las prisiones y otros centros de detención se daban habitualmente condiciones antihigiénicas y de hacinamiento. A menudo no se prestaba asistencia médica ni se proporcionaban alimentos. Había menores de edad recluidos junto con adultos y, en ocasiones, hombres recluidos junto con mujeres. Los disturbios y los intentos de fuga eran frecuentes. Los guardias penitenciarios no disponían de medios adecuados ni habían recibido una capacitación apropiada.
Al menos 10 reclusos murieron y unos 78 resultaron heridos tras declararse un incendio en la prisión de New Bell el 20 de agosto. La prisión de New Bell había sido construida en la década de 1930 para una población reclusa de 700 personas, pero albergaba a casi 4.000.
Pena de muerte
Los tribunales seguían imponiendo la pena de muerte, aunque no se había tenido noticia de ejecuciones desde 1997. El 20 de mayo se conmutó un número indeterminado de condenas de muerte por cadena perpetua en aplicación de un decreto presidencial.
En diciembre, Camerún se abstuvo en la votación de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.
Informes y visitas
de Amnistía Internacional
Las autoridades no permitieron el acceso de Amnistía Internacional al país.CANADÁ
CANADÁJefa del Estado: reina Isabel II, representada por Michaëlle Jean Jefe del gobierno: Stephen Harper Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos
Población: 33,2 millones
Esperanza de vida: 80,3 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 6/6 por cada 1.000
Los pueblos indígenas que trataban de defender su derecho a la tierra siguieron encontrando grandes obstáculos. En el informe de una investigación sobre la intervención de funcionarios canadienses en la detención y tortura de personas en el extranjero se reveló que algunos funcionarios habían colaborado en violaciones de derechos humanos.
Derechos de los pueblos indígenas
Continuó suscitando preocupación que siguiera sin garantizarse la resolución rápida e imparcial de los conflictos en torno a la tierra y a los derechos de propiedad de los recursos naturales. En agosto, el Comité de la ONU para la Eliminación de la
Discriminación Racial expresó su preocupación por el plan de construir un gaseoducto en tierras de Alberta que los lubicon cree seguían reclamando como suyas. La Comisión de Empresas Públicas de Alberta hizo caso omiso de estas inquietudes al aprobar el proyecto en octubre.
En septiembre, la Comisión de Derechos Humanos de Canadá ordenó que se investigara una queja sobre la disparidad de los fondos destinados a los
organismos de protección de los niños indígenas. El gobierno siguió afirmando que la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas no era aplicable en Canadá porque este país había votado en contra de su aprobación.
En Ontario avanzaba con lentitud la aplicación de las recomendaciones del informe publicado en 2007 por la Comisión de Investigación de Ipperwash sobre las circunstancias que rodearon el caso de Dudley George, indígena que murió en 1995 por disparos de la policía cuando participaba desarmado en unas protestas por el derecho a la tierra.
La Policía Provincial de Ontario hizo uso excesivo de la fuerza durante unas manifestaciones por el
derecho a la tierra celebradas en el Territorio de Tyendinaga Mohawk y en sus alrededores en 2007 y 2008.
Derechos de las mujeres
En octubre, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer pidió a Canadá que «[adoptara] las medidas necesarias para corregir las deficiencias del sistema» en lo tocante a la investigación de los asesinatos y desapariciones de mujeres aborígenes. El Comité pidió también que se levantaran las restricciones impuestas a los fondos destinados a las labores de promoción, presión e investigación de las organizaciones de mujeres y que se creara un mecanismo de supervisión de las reclusas.
Seguridad y medidas antiterroristas
En febrero, tras una resolución adoptada en 2007 por la Corte Suprema de Canadá, el gobierno reformó el sistema del certificado de seguridad de inmigración, que aun así seguía siendo injusto. Cinco hombres sujetos a dicho sistema fueron puestos en libertad –en algunos casos con condiciones de libertad bajo fianza muy restrictivas– mientras continuaban los procedimientos judiciales que se seguían contra ellos. Uno de los hombres, Hassan Almrei, llevaba recluido desde octubre de 2001.
En marzo, la Corte Federal rechazó un recurso contra la práctica de poner bajo custodia de las autoridades afganas, con el elevado riesgo de tortura que ello entrañaba, a las personas detenidas durante las operaciones militares realizadas en Afganistán. La Corte Federal de Apelación confirmó esta decisión en diciembre.
En octubre se hizo público el informe de una comisión de investigación sobre la intervención de funcionarios de Canadá en los casos de tres ciudadanos canadienses –Abdullah Almalki, Ahmed el Maati y Muayyed Nureddin– detenidos y torturados en el extranjero. En el informe se indicaba que las acciones de los funcionarios canadienses habían contribuido de múltiples formas a violar los derechos de los tres detenidos.
El gobierno siguió negándose a intervenir ante las autoridades estadounidenses en favor de Omar Khadr, ciudadano canadiense detenido en Afganistán cuando tenía 15 años y recluido en Guantánamo desde hacía más de seis.
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Amnistía Internacional Informe 2009Personas refugiadas y solicitantes
de asilo
En junio, alegando defectos de procedimiento, la Corte Federal de Apelación invalidó una resolución adoptada en 2007 por la Corte Federal según la cual el acuerdo sobre terceros países seguros suscrito por Canadá y Estados Unidos vulneraba la Carta de Derechos y el derecho internacional.
Policía y fuerzas de seguridad
Se inició una investigación pública de ámbito provincial sobre la muerte en octubre de 2007, en el aeropuerto internacional de Vancouver, del ciudadano polaco Robert Dziekanski después de que agentes de la Real Policía Montada de Canadá le dispararan con pistolas Taser (armas de electrochoque).
El Departamento de Quejas Públicas de este cuerpo emitió un informe en el que se pedía que se restringiera el uso de este tipo de armas. Cuatro personas murieron durante el año después de que la policía les disparara con una Taser.
Pena de muerte
En septiembre, la Corte Federal examinó una petición de Ronald Smith, ciudadano canadiense condenado en 1983 a la pena capital en el estado
estadounidense de Montana. Ronald Smith impugnaba la nueva política del gobierno canadiense de no solicitar el indulto de ciudadanos canadienses condenados a muerte en países considerados democráticos y respetuosos con el Estado de derecho. Al finalizar el año, la Corte no había adoptado todavía una decisión.
Informes y visitas
de Amnistía Internacional
Canada: Amnesty International Submission to the UN Universal Periodic Review: Fourth session of the UPR Working Group of the Human Rights Council, February 2009(AMR 20/004/2008)
La tierra y el modo de vida, amenazados. El pueblo indígena Lubicon Cree de Canadá(AMR 20/006/2008)
Canada: Unequal Rights: Ongoing concerns about Discrimination against Women in Canada(AMR 20/008/2008)