Según cifras oficiales, seguían vigentes 1.125 casos de violaciones de derechos humanos ocurridos durante el gobierno militar de Augusto Pinochet (1973-1990); 3.195 ya habían sido sujetos a investigación. Al finalizar 2008, un total de 245 miembros de las fuerzas de seguridad habían sido condenados en relación con 115 casos.
En varios casos destacados se produjeron resoluciones y novedades importantes.
En marzo se condenó a 24 ex altos cargos de la policía militar por el secuestro, asesinato y tortura de 31 personas en Osorno en octubre y noviembre de 1973. Las penas oscilaban entre cadena perpetua y cuatro años de cárcel.
En junio, Manuel Contreras, ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), fue declarado culpable de los homicidios del ex comandante en jefe del ejército Carlos Prats González y de su esposa,
cometidos en 1974 en Argentina mediante la detonación de una bomba colocada en los bajos de su automóvil. El juez añadió dos cadenas perpetuas y 20 años de cárcel a las penas que Manuel Contreras estaba cumpliendo ya en prisión. Otros siete ex agentes de la DINA y dos civiles fueron condenados a penas de hasta 20 años de cárcel.
En octubre, el general retirado Arellano Stark, en su calidad de jefe de la Caravana de la Muerte, fue condenado a seis años de cárcel por su implicación en el homicidio de cuatro presos políticos perpetrado en 1973. A otros cuatro oficiales se les impusieron penas de entre cuatro y seis años de cárcel. La condena de Arellano Stark fue la primera relacionada con los 72 homicidios cometidos por la Caravana de la Muerte en el norte de Chile. En noviembre se confirmó que el ex general no ingresaría en prisión por motivos de salud.
Se presentaron cargos contra 19 oficiales de la Armada –algunos de ellos todavía en activo– en relación con el secuestro del sacerdote Miguel Woodward. Todos quedaron en libertad bajo fianza. Las investigaciones confirmaron que Miguel Woodward había muerto en 1973 tras ser torturado y que había permanecido recluido en el buque de la Armada
Esmeralda, que seguía formando parte de la marina chilena. La jueza encargada del caso recibió amenazas, y algunos testigos fueron hostigados al entrar en la sala del tribunal.
En julio fue detenido en España Alfonso Podlech, ex fiscal militar de Temuco. Se había emitido contra él una orden de detención internacional por su implicación en las desapariciones de cuatro ciudadanos italochilenos, entre ellas la del sacerdote Omar Venturelli, ocurrida en 1973. Alfonso Podlech fue extraditado posteriormente a Italia, donde al finalizar el año seguía en prisión preventiva.
Policía y fuerzas de seguridad
Se acusó a la policía de infligir malos tratos a detenidos y hacer uso excesivo de la fuerza contra manifestantes.
Durante una manifestación celebrada el 21 de mayo en Valparaíso, un carabinero a caballo golpeó en la cara al fotógrafo Victor Salas con un bastón de metal. Los golpes produjeron al fotógrafo una grave pérdida de visión con consecuencias duraderas. Se llevó a cabo una investigación interna, pero no se pudo identificar al responsable, y otras investigaciones posteriores no arrojaron resultados concluyentes.
Informes y visitas
de Amnistía Internacional
En noviembre, la secretaria general de Amnistía Internacional visitó Chile y se reunió con la presidenta Bachelet y altos cargos de su gobierno.Recomendaciones de Amnistía Internacional al Gobierno de Chile
(AMR 22/009/2008)
Chile: Información para el Examen Periódico Universal de la ONU. Quinto periodo de sesiones del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el Mecanismo de Examen Periódico Universal, mayo de 2009(AMR 22/010/2008)
CHINA
REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
Jefe del Estado: Hu Jintao
Jefe del gobierno: Wen Jiabao
Pena de muerte: retencionista
Población: 1.336,3 millones
Esperanza de vida: 72,5 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 24/34 por cada 1.000 Población adulta alfabetizada: 90,9 por ciento
Los Juegos Olímpicos de Pekín provocaron un aumento de la represión en todo el país, al endurecer las autoridades el control sobre defensores y defensoras de los derechos humanos, practicantes de diversas religiones, minorías étnicas,
profesionales de la abogacía y periodistas. Tras las protestas y los disturbios que comenzaron en marzo en Lhasa, en un primer momento el gobierno detuvo a más de un millar de personas. Al finalizar el año, centenares de ellas continuaban recluidas o en paradero desconocido. Las autoridades utilizaron una serie de incidentes violentos presuntamente vinculados a terroristas para iniciar una amplia represión contra la población uigur en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang. La tortura y otros malos tratos continuaban siendo prácticas generalizadas. Las autoridades mantenían un férreo control sobre la difusión de información, bloquearon el acceso a numerosos sitios web, y hostigaron y encarcelaron a periodistas y cibernautas por la expresión pacífica de sus ideas. Además, durante el periodo previo a los Juegos Olímpicos utilizaron con mayor frecuencia formas punitivas de detención
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Amnistía Internacional Informe 2009administrativa, especialmente a través del sistema de «reeducación por el trabajo», para silenciar las voces críticas.
Defensores y defensoras
de los derechos humanos
Las personas que ejercían pacíficamente su derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación continuaban en grave peligro de sufrir hostigamiento, arresto domiciliario, detención arbitraria y tortura y otros malos tratos. Los familiares de activistas de derechos humanos, incluidos menores de edad, estuvieron cada vez más en el punto de mira de las autoridades y, entre otras cosas, fueron objeto de arresto domiciliario durante periodos prolongados y de hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad. También corrieron peligro los abogados que se hicieron cargo de casos delicados. A algunos les retiraron la licencia para ejercer su profesión, mientras que otros perdieron su empleo. Hubo abogados que recibieron advertencias concretas de las autoridades para que no aceptasen casos delicados, como los
correspondientes a seguidores de Falun Gong y a tibetanos detenidos durante los disturbios en las zonas tibetanas.
Chen Guangcheng, asesor jurídico y activista invidente, continuaba sufriendo malos tratos en prisión. Cumplía una pena de cuatro años y tres meses de cárcel impuesta tras intentar que las autoridades locales de Shandong rindiesen cuentas por realizar esterilizaciones y abortos forzados a fin de que se cumpliesen las cuotas de nacimientos. Su esposa, Yuan Weijing, continuó sufriendo hostigamiento por parte de la policía, especialmente durante el periodo previo a los Juegos Olímpicos de Pekín, y siguió sometida a una estricta vigilancia policial.