POR PRIMERA VEZ. LUEGO,
CUANDO TENÍA NIÑOS
PEQUEÑOS, NOS
VOLVIERON A EVACUAR.
AHORA TENGO TRES
NIETOS Y NO HA
CAMBIADO NADA.
Mujer de 63 años, una de las personas internamente desplazadas en la provincia de Cotabato del Norte (Filipinas), agosto de 2008.
PERSPECTIVA
REGIONAL
por las fuerzas armadas acaparaban los titulares de la prensa, entre bastidores el gobierno continuaba apoyando firmemente a los colonos bangladeshíes que se apropiaban de tierras habitadas por indígenas jummas en Chittagong Hill Tracts.
En octubre, el Banco Asiático de Desarrollo advirtió de la posibilidad de que dos millones de camboyanos hubieran pasado a vivir por debajo del umbral de la pobreza debido a la subida del precio de los alimentos, el combustible y otros artículos generada por la crisis económica mundial. Esta cifra se sumó a los 4,5 millones de camboyanos, en torno a un tercio de la población, que ya vivían en la pobreza. Más de 4.000 familias de Phnom Penh que residían en las orillas del lago Boeung Kak, muchas de ellas en viviendas rudimentarias, se vieron expuestas a convertirse en desplazadas al iniciarse el proceso de relleno del lago. El relleno, que comenzó el 26 de agosto, no se notificó a las personas que vivían en la zona, y quienes se manifestaron en contra fueron objeto de amenazas generalizadas por parte de autoridades locales y empleados de la empresa. Por otra parte, la policía de Phnom Penh aumentó las redadas nocturnas de personas pobres y marginadas, en las que practicaba detenciones arbitrarias de mendigos, de personas sin techo y de quienes ejercían el sexo como profesión.
En Corea del Norte, millones de personas sufrieron el azote del hambre a una escala que no se había visto en 10 años. Mujeres, niños y ancianos fueron los más vulnerables. Miles de personas continuaban cruzando la frontera con China, fundamentalmente por razones económicas y alimentarias. Las personas detenidas y repatriadas por la fuerza fueron víctimas de trabajo forzoso, tortura y otros malos tratos en campos penitenciarios. El gobierno norcoreano no tomó medidas para solucionar la situación, y ni siquiera solicitó la ayuda de Corea del Sur, uno de los principales donantes de arroz y fertilizantes durante los años anteriores, debido a la tensión de sus relaciones.
Inseguridad
En 2008 no hubo ningún conflicto declarado oficialmente entre los países de la región, pero los conflictos entre gobiernos y grupos armados de oposición amenazaron la vida de decenas de miles de personas de toda Asia e impidieron que millones accediesen a la atención a la salud, la educación, la vivienda y la alimentación. Estos conflictos, al menos en parte, se basaban en el origen étnico, dado que a menudo un grupo se levantaba en armas contra otro para exigir igual o mayor acceso a los recursos.
Al margen de las causas, la población civil, especialmente la ya marginada por motivos de género, origen étnico, religión, casta o clase social, era especialmente vulnerable en esos conflictos.
La población de Afganistán, Pakistán, Sri Lanka, Myanmar, el sur de Tailandia y el sur de Filipinas se enfrentaba a importantes amenazas de fuerzas armadas –gubernamentales y contrarias al gobierno–, que a menudo atropellaban las leyes más básicas del conflicto armado.
Millones de habitantes del sur y el este de Afganistán, aterrorizados por los talibanes, otros grupos insurgentes y milicias locales aparentemente aliadas con el gobierno, se encontraban en una situación de inseguridad persistente que restringía aún más su ya limitado acceso a la alimentación, la atención a la salud y la educación, especialmente para las mujeres y las niñas. En 2008 se estableció otro récord sangriento de violencia en Afganistán, con la muerte de alrededor de 1.400 civiles como consecuencia directa de los enfrentamientos y la huida de decenas de miles de personas, que abandonaron sus hogares para evitar el conflicto y que en muchos casos acabaron apiñadas en nuevos barrios marginales de ciudades importantes como Kabul y Herat, a las que llegaban atraídas por la relativa seguridad y prosperidad que ofrecían. Si bien los talibanes y otros grupos antigubernamentales fueron responsables de la mayoría de los civiles heridos, los casi 60.000 efectivos de tropas
internacionales que se encontraban en Afganistán continuaron lanzando ataques aéreos y realizando incursiones nocturnas que causaban daños a los civiles y a sus bienes, lo que, como era de esperar, desató una enorme ira entre la población.
El gobierno de Afganistán no mantuvo el Estado de derecho ni proporcionó servicios básicos a millones de afganos, ni siquiera en zonas que estaban bajo su control. Los talibanes y otros grupos antigubernamentales extendieron su dominio a más de un tercio del país, prohibiendo de nuevo que las niñas recibiesen educación y atención a la salud e imponiendo su propio y brutal estilo de justicia, que a menudo se basaba en flagelaciones y ejecuciones públicas. Debido a todo ello, a pesar de que se habían producido algunos avances en la asistencia de niños y niñas al colegio y en la atención básica a la salud, la vida de la mayoría de la población afgana era corta y estaba llena de enormes privaciones. La esperanza de vida se cifraba en sólo 42,9 años, el país contaba con uno de los más altos índices de mortalidad materna registrados en el planeta y la renta per cápita media era de sólo 350 dólares estadounidenses al año, una de las más bajas del mundo.
La inseguridad que se vivía en Afganistán traspasó sus fronteras y se abatió sobre grandes zonas de Pakistán; no sólo en las zonas tribales limítrofes con Afganistán, sino cada vez más en otras regiones del país en las que miembros de los talibanes paquistaníes tomaron