QUE NO NOS IGNORE.
Mohna Answari, abogada musulmana y defensora de los derechos humanos, Nepalgunj (Nepal), noviembre de 2008.
PERSPECTIVA
REGIONAL
mayoría, ya habían sufrido varias veces desplazamientos a causa del conflicto, incluso en años anteriores, y algunas habían sobrevivido a los estragos causados por el tsunami de 2004 en el océano Índico.
El gobierno de Sri Lanka impidió que el personal internacional de ayuda humanitaria y la prensa llegaran a la zona de conflicto para prestar asistencia o ser testigo de la difícil situación de las personas atrapadas entre los dos bandos. Por su parte, los Tigres de Liberación, asediados, explotaron a esta población como oportuna fuente de efectivos militares, mano de obra para trabajos forzosos y barrera frente al avance de las tropas srilankesas.
Exclusión
Incluso en los lugares en donde no acabó en conflicto armado, la discriminación étnica continuaba siendo un rasgo común en el panorama social de la región de Asia y Oceanía, desde las sociedades más ricas a las más empobrecidas. En febrero, el gobierno australiano, en una decisión histórica, pidió disculpas a las «generaciones robadas» (personas aborígenes y de las islas del Estrecho de Torres que, en aplicación de las leyes y políticas gubernamentales, habían sido separadas por la fuerza de sus familias cuando eran menores de edad). Pero el gobierno anunció que no crearía un fondo de indemnización ni ninguna otra forma de reparación.
El gobierno de la república más reciente del mundo, Nepal, luchó por cumplir su promesa de mejorar las vidas de los nepalíes, que durante generaciones habían sufrido privaciones toleradas por el gobierno. Los maoístas que controlaban el gobierno nepalí habían basado gran parte de su atractivo en la defensa de los derechos de las mujeres, las castas inferiores y los pobres. Sin embargo, el reto más importante con que se encontró su gobierno lo planteó la numerosa población de madhesis, habitantes de las llanuras del tercio meridional del país, que consideraban que el nuevo gobierno no se ocupaba lo suficiente de los agravios que sufrían desde mucho tiempo atrás.
Las amplias minorías étnicas que vivían en el oeste de China, en zonas de población tibetana y en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, de mayoría musulmana, continuaban sufriendo una discriminación sistemática. En 2008, ambas zonas fueron escenario de los peores disturbios de los últimos años. Las protestas
protagonizadas por monjes tibetanos el 10 de marzo y las posteriores de otros monjes insistieron en el cese de las campañas de educación política impuestas por el gobierno y en la relajación de las restricciones sobre las prácticas religiosas. La violencia se desencadenó cuando a las protestas se unieron tibetanos laicos para expresar agravios sufridos desde hacía mucho tiempo, como el sentirse excluidos de los
beneficios del desarrollo económico y el debilitamiento de la identidad étnica y cultural tibetana a causa de las políticas gubernamentales. Aunque algunos manifestantes atacaron a migrantes de etnia han y sus negocios en Lhasa, las protestas fueron mayoritariamente pacíficas en todas las zonas tibetanas. Finalmente, las autoridades chinas informaron de que 21 personas habían muerto a manos de manifestantes violentos y que más de un millar de personas detenidas en las protestas habían quedado en libertad. Por su parte,
organizaciones tibetanas en el extranjero cifraron en más de un centenar el número de tibetanos muertos y calcularon que al acabar el año al menos varios cientos continuaban detenidos. Resultaba difícil determinar las cifras exactas porque las autoridades negaron el acceso a medios de comunicación y observadores independientes.
En Sin-kiang, Wang Lequan, secretario del Partido Comunista en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, anunció el 14 de agosto una lucha «a vida o muerte» contra el «separatismo» uigur musulmán. Las autoridades alegaron una serie de incidentes violentos por parte de presuntos terroristas para justificar la arrolladora represión, y continuaron ejerciendo un férreo control sobre las prácticas religiosas, como la prohibición de que los empleados del gobierno y los niños y niñas acudiesen a orar a las mezquitas. Las autoridades chinas informaron de que más de 1.300 personas habían sido detenidas a lo largo del año por cargos de terrorismo, extremismo religioso u otras violaciones de la legislación relativa a la seguridad del Estado, y que 1.154 habían sido acusadas formalmente o se enfrentaban a juicios o sanciones administrativas.
Voces desoídas y silenciadas
A medida que finalizaba el año y el empeoramiento de la economía global se reflejaba en pérdidas de empleo, menor cantidad de
alimentos en la mesa y reducción de los ingresos necesarios para cubrir necesidades básicas como la vivienda, la educación y la atención a la salud, más personas de la región de Asia y Oceanía exigían
responsabilidades a sus gobiernos. En vez de dar respuesta a sus necesidades, los gobiernos intentaron silenciarlas. Esta tónica agravó la inveterada intolerancia con la libertad de expresión, propia de numerosos gobiernos de la región de Asia y Oceanía, cuyo exponente más claro se encontraba en Corea del Norte y Myanmar, que llevan años prohibiendo la libertad de expresión de forma rotunda y efectiva.
Las autoridades chinas relajaron temporalmente las restricciones a la libertad de prensa durante el periodo previo a los Juegos Olímpicos. Concedieron a los periodistas extranjeros una libertad sin precedentes para informar, y durante un tiempo desbloquearon el acceso a sitios web