La frontera colombo-peruana

Esta frontera de 1.626 kilómetros comprende los departamentos colombianos de Putumayo y Amazonas y el peruano de Loreto. Dentro de las dinámicas transfronterizas que afectan la seguridad a ambos lado de la frontera se encuentran el comercio de drogas facilitado por una geografía selvática en donde los ríos (como el Putumayo y el Amazonas) son un medio importante para el tráfico, además del contrabando de armas, la presencia de guerrillas colombianas como las FARC y el ELN, el crimen organizado, el lavado de activos y el daño ambiental a bosques causados por los cultivos de coca.

Diversos episodios durante los años 90 y la década del 2000 evidencian la permeabilidad del conflicto colombiano en la frontera con Perú tales como incursiones y ataques guerrilleros en localidades peruanas, robo de armamentos, municiones, y equipos, asesinatos por parte de narcotraficantes de campesinos además de los ataques a la Policía y Marina de Guerra peruana por parte tanto de guerrillas como de narcotraficantes e incautaciones de embarcaciones con pasta de coca.

Uno de los aspectos más importantes en torno a las dinámicas de seguridad de lado y lado ha tenido que ver con las plantaciones de hoja de coca las cuales se han instalado en estos países e incluso han tenido un marco de interacción debido a que en determinados periodos una

116 disminución del cultivo a un lado ha provocado el aumento del mismo en el otro. En este sentido se tiene que:

―La evolución de los cultivos de hoja de coca medida en número de hectáreas muestra, en efecto, que entre el año 1993 y 1999 hubo un traslado de los cultivos de hoja de coca del Perú hacia Colombia. El Perú redujo sus cultivos de 129,100has en 1992 a 38,700has en 1999. En ese mismo período Colombia incrementó sus cultivos de 37,100 has a 160,000has. Sin embargo, en los últimos años, venimos siendo testigos de un segundo efecto globo, es decir, de una segunda migración de la coca, pero esta vez en sentido inverso, esto es de Colombia al Perú, provocada no solo por los desiguales resultados obtenidos por ambos países en la lucha antidroga sino también como consecuencia de la aplicación del Plan Colombia‖ (Novak, F. & Namihas, S., 2011)

Cabe destacar que en el informe del Programa de las Naciones Unidas Para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID) del año 2002 en Perú, se aborda la dinámica de cambios durante la década del noventa en relación a los cultivos ilícitos. Es así que hasta 1995 Perú suministró, según el informe, entre el 60% y 70% de las necesidades del narcotráfico internacionales, dejando para Colombia y Bolivia la oferta restante. Sin embargo, entre los años 1995 y 1998, ―Colombia registró un abrupto crecimiento de la extensión cultivada con coca, que desplazó a un segundo plano la oferta peruana‖ (PNUFID, 2002) hecho que junto a otros factores, (como la reducción de la demanda, la sobreoferta de hoja y derivados de coca) repercutieron en una drástica reducción del 60% del área total cultivada en el Perú. Es revelador que el informe pronostique el efecto del Plan Colombia sobre el aumento de los cultivos en ese país debido a la profundización de las acciones contra el narcotráfico en Colombia así como el incremento sostenido de los precios en esta actividad.

Es así que para los años de ejecución del Plan Colombia la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) establece que ―La disminución de los cultivos de coca en Colombia se compensa con los aumentos en Perú y Bolivia‖ (UNODC, Informe 2005) aunque en el informe de 2010 se aclare que para la región andina ―la superficie total dedicada al cultivo de coca disminuyó un 6% debido principalmente a una reducción en Colombia que no fue contrarrestada por el incremento en Perú tendencia que se viene presentando desde 2007‖ (UNODC, Informe 2011) hecho que se refleja a continuación:

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Tabla 3. Total hectáreas cultivadas

País/Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Colombia 102.000 86.000 80.000 86.000 78.000 99.000 81.000 68.000 57.000 Perú 46.700 44.200 50.300 48.200 51.400 53.700 56.100 59.900 61.200 Fuente: elaboración propia con base en datos de UNODC (2011)

La correlación entre la disminución del cultivo en Colombia y el aumento en el Perú se desarrolla de manera constante entre los años 2007-2010 por lo que se evidencia el efecto directo del Plan Colombia (iniciado en 2000) y las acciones comprendidas en este para la lucha contra las drogas en el país tales como la interdicción, la sustitución de cultivos y la fumigación aérea. En ese sentido se constata cómo en la región andina las dinámicas de seguridad son comunes y afectan en conjunto a estos países evidenciando que no sólo el problema de cultivos ilícitos se debía tratar de manera individual sino que al involucrar a los demás territorios era necesario dar respuestas colectivas.

Esto en el caso concreto del Perú se cristalizó en iniciativas conjuntas con Colombia tales como: el Mecanismo de Consulta y Coordinación Política (2+2), la Comisión Binacional de Seguridad Fronteriza (COMBIFRON), el Grupo de Trabajo Bilateral de Defensa (GTBD), el Grupo de Trabajo Bilateral para Asuntos Policiales (GTBP), el Mecanismo de Alto Nivel de Seguridad y Cooperación Judicial (MAN), la Comisión Mixta en Materia de Drogas y Desarrollo Alternativo, la Comisión Mixta para la Represión del Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, así como el Acuerdo de Cooperación para la Prevención, Control y Represión del Lavado de Activos43

Sin embargo, ésta relación nutrida durante los gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2010) en Colombia, Alejandro Toledo (2001-2006) y Alan García (2006-2011) en Perú, evidenciada en los diferentes mecanismos y comisiones establecidas, no fue siempre la mejor. Durante los gobiernos de Alberto Fujimori (1990-2000) en Perú y Andrés Pastrana (1998-2002) en Colombia, hubo una serie de tropiezos y posturas del presidente peruano que se interpretaron como

118 intromisión en los asuntos internos de Colombia. Es así que frente a la decisión del presidente Pastrana de establecer los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC el presidente peruano declara en febrero de 1999 ante el Colegio Interamericano de Defensa en Washington su oposición a éstos diálogos y aboga por la necesidad de una salida militar al conflicto.

Otro de los episodios más llamativos en este periodo tuvo que ver con una compra de armas realizada por militares peruanos a Jordania las cuales fueron a parar a la guerrilla colombiana FARC involucrando al más cercano asesor de Alberto Fujimori quien presuntamente se benefició de este hecho, Vladimiro Montesinos. Previamente a la explosión de este escándalo, el presidente peruano había autorizado la militarización de la frontera con Colombia aduciendo razones de seguridad nacional debido a las constantes incursiones que desde 1993 llevaban a cabo las guerrillas colombianas FARC y ELN, declarados enemigos del régimen peruano.

Frente a este hecho, se manejaron diversas hipótesis en relación a las motivaciones del presidente Fujimori para tomar esa decisión: la búsqueda de un enemigo interno y externo tras la firma de la paz con Ecuador, la urgencia de las Fuerzas Armadas peruanas de establecer una amenaza para mantener sus tropas y presupuesto, la necesidad de presentar a la guerrilla colombiana como una amenaza regional para mostrar su postura de mano dura, contundente y eficaz en un momento político delicado al interior de su país y la representación bajo su nombre de ciertos sectores de Washington opuestos al proceso de paz y proclives a la confrontación conjunta en la región contra la subversión.

Estos elementos reflejan la internacionalización del conflicto interno colombiano en momentos en que la negociación de paz y la puesta en marcha de la recuperación territorial durante el gobierno de Pastrana incidían profundamente en las posturas de los mandatarios de los países de la región. Fujimori no sólo instrumentalizó el conflicto interno colombiano para buscar legitimidad interna sino que también lo posicionó como la principal amenaza a la seguridad regional para mantener una postura securitizada y guerrerista que lo mantuviese en el poder como único líder capaz de hacer frente a tal amenaza. Se tiene por ende que ―el conflicto colombiano fue el perfecto comodín que necesitaban, para justificar, en el terreno de la seguridad, su permanencia en el poder‖ (Rojas-Pérez I. 2004)

119 Finalmente, con el gobierno de Alejandro Toledo la relación no va a tener contratiempos y se van a establecer convenios de cooperación en materia de seguridad, además de su postura común frente a la importancia de tener de socio estratégico a Estados Unidos (con quien ambos países negociaron Tratado de Libre Comercio) y la necesidad de combate al terrorismo. Es así que en una visita oficial del presidente Uribe a Perú el mandatario Toledo enfatizó:

(…) nuestra firme solidaridad con el pueblo colombiano que lucha contra el terrorismo. El pueblo peruano no cesa de condenar clara y enérgicamente, y cuantas veces sea necesario, los métodos terroristas que violan los derechos humanos y condena la alianza perversa entre el narcotráfico y el terrorismo. No hay espacio para las ambigüedades en la lucha contra esta alianza (El Tiempo, 2004)

De igual manera, durante la presidencia de Alan García el presidente Uribe obtuvo un sostenido respaldo político y de compromiso de integración económica que tuvo como objetivo la firma del TLC con Estados Unidos y la conformación de un bloque comercial con Asia pacífico. La relación en materia de seguridad estuvo marcada por la firma de memorándums de entendimiento y el establecimiento de mecanismos de coordinación y cooperación en materia de patrullajes fluviales y control en el río Amazonas en donde la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo se establece como eje articulador de la relación entre ambos mandatarios.