Naciones Unidas

Para el caso de la ONU hemos de destacar el año de 1996 cuando se crea para Colombia la figura del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) el establecimiento de una oficina central en la capital, Bogotá. En el acuerdo se establecen, teniendo como eje la cooperación internacional al desarrollo y el respeto a los derechos humanos, funciones diversas

48 tales como: asesorar en materia de derechos humanos, la utilización de los mecanismos internacionales de protección, velar por que sean atendidas las recomendaciones y decisiones de los órganos de derechos humanos de la organización, recibir quejas sobre violaciones a derechos humanos, transmitir esas quejas a las autoridades nacionales competentes, formular recomendaciones, promover medidas de protección, mantener interlocución con el gobierno y el Estado para hacer seguimiento de la situación de derechos humanos.

Para el año de 1997 se crea una oficina especial en Colombia de la Alta Comisión de las Naciones Unidas para los refugiados ACNUR con el fin de atender la situación de desplazamiento que crea una grave crisis humanitaria en el país y fue vista por la comunidad internacional como un problema de enormes dimensiones. Para ésta oficina Colombia presenta un gran reto debido a la larga duración del conflicto interno armado el cual lleva 50 años y debido a la presencia en el territorio de diversos actores ilegales, el tráfico de droga, las minas antipersonal por lo que la población civil se ha visto obligada a desplazarse conllevando por ende una situación de vulnerabilidad para esas poblaciones que en muchos casos se han visto replegadas a las zonas de frontera encontrándose en Ecuador una alta población migrante que carece de condiciones dignas de vida y de seguridad.

Desde las diversas agencias de las Naciones Unidas se han gestionado informes con relación a aspectos del conflicto que se fueron recrudeciendo tales como el reclutamiento de menores para lo cual la oficina de UNICEF ha hecho llamados de atención a los diferentes gobiernos, estructurando también programas en relación al desarrollo infantil, la acción humanitaria, las políticas públicas y la educación. Para ello la agencia ha establecido diferentes líneas de acción como la prevención del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, políticas contra minas antipersonal, prevención de la explotación sexual, reporte de graves afectaciones a los derechos de los niños niñas y adolescentes en el marco del conflicto en contexto donde:

―Los niños se ven afectados de manera particular por las Minas Antipersonal (APL), las Municiones Sin Explotar (UXO) y los Artefactos Explosivos Improvisados (IED),el reclutamiento y utilización por parte de los grupos armados,la violencia sexual asociada al conflicto, el desplazamiento interno, y el confinamiento/carencia de asistencia humanitaria. Aunque es imposible saber con certeza cuántos niños, niñas y adolescentes están vinculados a grupos armados actualmente, entre 1999 y 2013 el Instituto

49 Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) asistió a 5,417 niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados ilegales, (28 por ciento niñas y 72 por ciento niños)‖ (Unicef Colombia)

En el caso del PNUD se destacan acciones, iniciativas y proyectos ligados al desarrollo, la paz y la reconciliación, los objetivos de desarrollo del milenio, la lucha contra la pobreza y por la equidad, resaltándose como drama histórico del país el conflicto interno armado el cual ha causado grandes impactos sobre el desarrollo humano y en sus indicadores tales como la pobreza, los derechos humanos y la equidad. Para el PNUD la expansión y degradación del conflicto constituyen el mayor obstáculo para el desarrollo humano de los colombianos señalando que el conflicto interno armado destruye la riqueza y tiene impactos sobre el PIB, la criminalidad disminuye las oportunidades de la gente, el impacto sobre los derechos humanos, los refugiados y las minorías, debilita la democracia a la vez que distorsiona la inserción internacional de Colombia.

De otro lado, la Oficina de las Naciones Unidas para la fiscalización Internacional de Drogas, se ha encargado de la prevención de la amenaza de la droga y el delito contra la seguridad, la paz y el desarrollo, por lo que sus objetivos están dirigidos hacia la promoción y orientación de políticas nacionales de lucha contra las drogas a la vez que el desarrollo de capacidades nacionales para enfrentar y prevenir la producción, el tráfico, el abuso de drogas y otras manifestaciones del crimen organizado por lo que han propugnado por el establecimiento de programas para la erradicación de y sustitución de cultivos ilícitos. La UNODC (en inglés) se encarga dentro de sus áreas de trabajo de reducir y eliminar plantas que contienen estupefacientes, la promoción de la justicia para contrarrestar diferentes actividades criminales como el tráfico de drogas, lavado de activos, la extorsión y el terrorismo, la asistencia para programas de prevención y tratamiento del consumo de drogas y desde el año 2000 la ejecución del proyecto SIMCI - Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilicitos- para contar con información geográfica acerca de la dinámica de los cultivos ilícitos con imágenes satelitales. Durante los diálogos de paz del gobierno del presidente Andrés Pastrana la presencia de las Naciones Unidas se va a materializar con la llegada de un enviado especial del Secretario General con el fin de ―buscar el apoyo en la comunidad internacional para el proceso de paz, así como a alentar al gobierno y a las guerrillas al diálogo y la negociación‖ (Ramírez S., 2001, p. 63). En un

50 primer momento (finales de 1999) este enviado especial fue el noruego Jan Egeland y en un segundo momento (2002) el Estadounidense James Lemoyne. En la práctica durante las negociaciones el rol del enviado especial se circunscribió a resolver momentos críticos del proceso como quedó constatado en un momento crítico en enero de 2002 cuando el gobierno solicitó urgentemente su mediación para no terminar abruptamente los diálogos suspendidos hacía casi 3 meses debido a las posturas opuestas en relación a la presencia militar en la zona de distensión y a las condiciones para un cese al fuego.

Las funciones y roles del enviado especial fueron adscritas a diversas actividades notándose por ende una precaria conceptualización y circunscripción de la labor de la ONU en el proceso paz adelantado por Pastrana pues en unos momentos esa función fue de acompañamiento, en otros de facilitación y en momentos críticos específicos de mediador. Es por ello que se establece que ―La facilitación de la ONU no se institucionalizó hasta la crisis de enero de 2002, durante la cual ni James Lemoyne, sucesor de Egeland, ni los países amigos escamotearon esfuerzos para salvar las

negociaciones‖ (Gil, 2002, p. 226)

Durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) éste involucramiento de las Naciones Unidas también va a mantener ciertos elementos conflictivos y contradictorios en relación a su papel tanto en las situaciones que se desarrollan en el conflicto interno como en los intentos por establecer su rol y sus funciones en escenarios de negociación. Las formulaciones del presidente Uribe se dieron en un primer momento como un llamado a la mediación del enviado especial de las Naciones Unidas, después se cristalizaron en una propuesta de la presencia de cascos azules ―a la colombiana‖ hecho que quedó descartado tajantemente por la ONU (El Tiempo, 2002). Posteriormente invocó los buenos oficios de la organización y también sugirió un papel de facilitador y verificador en términos de un acercamiento con las guerrillas y de un posible acuerdo con los paramilitares, respectivamente. Sin embargo, tras el recrudecimiento del conflicto y de la postura de las guerrillas contra un gobierno de seguridad democrática y mano dura, el papel de la ONU se vio limitado hacia la elaboración de informes de sus respectivas agencias y programas, constatando la cada vez mayor angustiante situación interna del país, descrita en diversos informes sobre desplazamiento, derechos humanos, reclutamiento, minas antipersonal y DIH.

51 En este periodo también se constata la reducción de la presencia y la importancia de la ONU para el gobierno pues ya para 2005 la oficina del enviado especial del Secretario General se retira de Colombia tras cuatro años de intentos frustrados de facilitación con las guerrillas. Las condiciones para esa facilitación nunca se dieron con las posturas tanto del gobierno como de las Farc en relación a una vuelta a las negociaciones de paz. Durante éste gobierno, la guerra se intensificó con los abanderados programas de Seguridad Democrática respaldo en el Plan Colombia y el Plan Patriota. Por ende las circunstancias de prolongación y profundización de la guerra por ambos bandos han desacreditado cualquier intento por buscar una salida negociada en la que el papel del enviado especial de la ONU pudiese ser importante y oportuno. La ONU tampoco aceptó la solicitud de verificación del cese de hostilidades tras el inicio de las conversaciones con los paramilitares, papel que fue llevado a cabo por la OEA, aunque posteriormente hiciera a través del Secretario General un llamado a la aplicación del cese de hostilidades, al respeto por los derechos de las víctimas y a la no impunidad tal como lo hicieron en su momento Michel Fruhling (OACNUDH) y Antonio Costa (UNODC).

Se evidenció por ende un malestar general en el gobierno de Uribe hacia ciertas posiciones y visiones de los representantes de Naciones Unidas en el país, hecho que limitó su papel y su alcance hacia un acercamiento de las partes en conflicto. Ello quedó constatado en primera instancia con la negativa del Secretario General Kofi Anan al llamado del grupo de Rio para darle un ultimátum a las Farc. Posteriormente el presidente colombiano enarbola unas críticas hacia la organización en relación a la postura que tiene sobre el conflicto el cual califica de un escenario de guerra contra unos terroristas sin ningún tipo de consideración política. A la vez las críticas tras las declaraciones de Lemoyne no se hicieron esperar, al considerar a las Farc como una formación política en su columna vertebral. A la vez las críticas que hizo el director de la OACNUDH sobre el estatuto antiterrorista el cual en su visión vulnera los derechos humanos, como también la postura de Mary Robinson quien para 2002 era la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en relación al candidato presidencial Alvaro Uribe y sus vínculos con los paramilitares (El Tiempo, 2003)