Guatemala en el contexto posconflicto bélico

Durante su mandato Arzú privatiza la empresa telefónica, la eléctrica y el espacio radioeléctrico. Guatel es privatizada el 28 de junio de 1997 a través del Decreto 11-97. Transfiere sus acciones a Telgua que es vendida a Citibank y posteriormente Telmex adquiere una gran participación (Bull, 2005). Su denominación actual es Comcel, comercialmente conocida como Claro. Se presenta una demanda por el Grupo Londrina, que se asocia posteriormente con Telefónica, en la Corte Constitucional por monopolio. Uno de los principales inversionistas en ese momento es Víctor Suárez, ex presidente del CACIF (Bull, 2005).

También la empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) es privatizada en 1998. En principio sacan al mercado el 80% de la empresa que es comprada por Iberdrola España junto con la estadounidense Teco Power Services y Electricidad de Portugal. El 96,1% de EEGSA pertenecía al Estado desde 1972 y aunque había cosechado pérdidas, en los años 1995 y 1996, con la subida de tarifas, su situación mejora (Bull, 2005). Asimismo, la Ley General de Telecomunicaciones se aprueba en 1996 y privatiza la administración del espacio radioeléctrico, como se analizará en el capítulo de la legislación sobre los medios de comunicación (Capítulo 2: 4.1).

Benedicto Bull (2005) defiende que la mentalidad empresarial y la tendencia de privatizaciones de empresas públicas desarrollada principalmente tras la firma de los Acuerdos de Paz y bajo el gobierno de Álvaro Arzú, es influenciada por el profesor de Berkeley Pablo Spiller, quien es representante regional de USAID en ese momento y por la corriente establecida y enseñada en la Universidad Francisco Marroquín, fundada por Ayau13.

13 _{En 1972 Ayau constituyó la Universidad Francisco Marroquín, inspirado en Milton Friedman y Friedrich}

Paralelamente, un año después de la firma de los Acuerdos de Paz, en 1997, se desmoviliza la URNG, con un gran evento en el Parque Central de Ciudad de Guatemala, simbolizando el fin del enfrentamiento. Los sectores más radicales no están de acuerdo y como afirma David Guzmán, Presidente de AEU en 1997 (Morrison, 2011), el propio ministro de Defensa reconoce que las bandas paramilitares que actúan como escuadrones de la muerte no están controlables en ese momento.

Álvaro Arzú fue ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Serrano Elías, pero la forma en que éste último gestiona el reconocimiento de Belice lo lleva a renunciar. Actualmente Álvaro Arzú lleva más de diez años como alcalde de la ciudad capital con el Partido Unionista.

Posteriormente, Alfonso Portillo (2000-2004), Óscar Berger (2004-2008) y Álvaro Colom (2008-2012) ocupan la presidencia. Portillo es encarcelado por lavado de dinero en Estados Unidos. Tras su salida de la prisión, es recibido en Guatemala con un gran clamor popular el 25 de febrero de 2015. Él mismo afirma que la gente lo recuerda por mejorar el salario mínimo, el apoyo al campesinado, fomentar la estabilidad de los precios de la canasta básica, la reforma financiera, laboral y social, y un crecimiento económico estable (Font, 2015). Asimismo, durante su legislatura promueve políticas en contra de los monopolios existentes en el sector del azúcar, la cerveza, el cemento y los productos avícolas.

Berger se encarga de revertir las políticas antimonopolísticas fomentadas por el anterior Gobierno. Durante su mandato Guatemala es azotada por el huracán Mitch y el Stan dejando al país en condiciones muy precarias. También se da la toma de la cárcel de Pavón, donde según un reportaje publicado por Prensa Libre (2006), los reos tenían el control del centro penitenciario. Tras la publicación fuerzas del ejército toman el centro con un resultado de seis muertos. La versión del Gobierno apunta a la muerte de los presos como resultado del fuego cruzado. La Procuraduría de Derechos Humanos, en cambio, defiende la ejecución extrajudicial. Durante su mandato se crea la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), encargada de apoyar al Ministerio Público, a

la Policía Nacional Civil y al Estado en el desmantelamiento de aparatos clandestinos de seguridad. Esta misma organización ha sido la que posteriormente ha desentramado toda una red organizativa de “cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (CIACS)” (CICIG, 2012, p. 9), llegando a involucrar al ex ministro de Gobernación Carlos Vielmann, al ex director general de la Policía Nacional Civil (PNC) Erwin Sperisen, al ex director del Sistema Penitenciario Alejandro Giammattei y a otros funcionarios14 de la legislatura de Berger. Estas organizaciones han heredado las prácticas de los escuadrones de la muerte que operaron durante el conflicto armado, pero con objetivos de limpieza social, principalmente dirigidos a posibles delincuentes, reos conflictivos y prófugos.

Colom es especialmente recordado por sus políticas sociales. Con anterioridad a ser erigido presidente, fue director durante seis años el Fondo Nacional para la Paz (FONOPAZ). Crea un archivo donde se centralizan todos los documentos relacionados con el conflicto armado y las desapariciones para facilitar las investigaciones. Promueve la educación y un programa denominado Escuelas Abiertas, donde los centros educativos abren sus puertas durante el fin de semana a los jóvenes y niños para crear un espacio lúdico y recreativo donde se desarrollan diferentes actividades. Pero su gobierno también es salpicado por la implicación durante su mandato de la directora general de la PNC, Marlene Blanco Lapola, en la organización de estos aparatos de seguridad clandestinos (CICIG, 2012) para ejecutar a posibles delincuentes. Lapola es detenida en 2012 y se encuentra en prisión preventiva en la actualidad.

El actual presidente, Otto Pérez Molina (2012-) del Partido Patriota, fue comandante encargado del área ixil (Quiché) durante el régimen de Ríos Montt, conocido como el comandante “Tito”. Pero no es encausado en el juicio por genocidio presentado por esa comunidad contra Ríos Montt y su jefe de Inteligencia Militar Mauricio Rodríguez Sánchez, ni se le ha abierto posteriormente proceso alguno.

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Vielmann se encuentra acusado en España, Sperisen fue capturado en Suiza y se encuentra en prisión preventiva, al igual que el subdirector de Investigaciones Criminales de la PNC, Javier Figueroa, en Austria.

La sentencia encuentra culpable a Ríos Montt, quien es condenado a 80 años de prisión. Su antiguo jefe de inteligencia, en cambio, es absuelto. La sentencia es posteriormente anulada por la Corte de Constitucionalidad, aceptando el recurso presentado por la defensa. Se intenta de nuevo abrir el proceso el 5 de enero de 2015 sin éxito. Es nuevamente suspendido por la recusación interpuesta por la defensa de Ríos Montt sobre la imparcialidad de la jueza encarga del caso, Janeth Valdez, quien realizó su tesis sobre el genocidio en Guatemala. El caso se encuentra a la espera de reapertura con otro magistrado.

Durante la misma legislatura de Pérez Molina, en octubre de 2012, seis campesinos mueren y 35 resultan heridos a manos del ejército en una protesta pacífica celebrada en Totonicapán por la subida del precio de la electricidad, las reformas a la Constitución y los cambios de la carrera magisterial. Es la primera vez que ocurre algo semejante desde la firma de los Acuerdos de Paz. Ocho soldados y un coronel son acusados de ejecución extrajudicial. Todavía no se ha dictado sentencia. La violencia extrajudicial ha sido parte de la cultura política del país y esa cultura se mantiene en algunos ámbitos. Por otro lado, Guatemala ocupa el puesto 123 de 177 países en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2013 de Transparency International (Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2013). Además, el índice de impunidad es del 93.63% en casos penales y más del 90% de todos los casos que ingresan en el sistema judicial no reciben una respuesta efectiva (Monterroso, 2012).