Peralta Azurdia, la militarización y la segunda ola

El golpe de Estado dado por Enrique Peralta Azurdia (1963-1966), ministro de Defensa durante el mandato de Ydígoras Fuentes, implanta una dictadura militar, que a pesar de los gobiernos civiles posteriores no desaparece (Figueroa, 2011). Deroga la Constitución y establece un estado militar contrainsurgente, que se consolida durante el mandato de Carlos Arana Osorio (1970-1974). En la nueva Constitución del 15 de agosto de 1965 “se

6 _{Una aclaración detallada de los hechos se puede encontrar en el artículo tituladaUn muerto en el armario:}

el asesinato del Coronel Francisco Javier Arana, publicado por la Universidad Francisco Marroquín en su

exceptúan de la categoría de delitos aquellos hechos derivados de la represión contrainsurgente” (Porras, 2009, p. 220).

Peralta organiza el Partido Institucional Democrático (PID) y se convocan elecciones generales para marzo de 1966. El Partido Revolucionario (PR) iba a presentar a Mario Méndez Montenegro, pero muere en circunstancias sin esclarecer y es sustituido por su hermano Julio Cesar Méndez Montenegro (1966-1970), quien gana y toma posesión de cargo como presidente el 1 de julio de 1966. Entre otras acciones, nacionaliza la empresa de ferrocarriles.

Por un lado, Méndez Montenegro ha sido anteriormente impulsado por la izquierda para ocupar el puesto de rector en la San Carlos, pero para la candidatura presidencial sólo un axioma de las FAR lo apoya “críticamente” y también la PGT, que se encuentra en la clandestinidad (Porras, 2009). El Gobierno quiere ser una continuación de los gobiernos democráticos de la Primavera y se autodenomina “tercer gobierno de la Revolución”. Desea acabar con la lucha armada, por lo que decreta una amnistía, pero la guerrilla no la acepta.

Por un lado, firma un acuerdo con los militares para que le dejen gobernar. El acuerdo incluye: “no interferir en la conducción de las operaciones contrainsurgentes del Ejército y a no intentar ninguna solución negociada al conflicto armado” (Porras, 2009, p. 227). Por otro lado, el Gobierno organiza el programa “Acción cívica” con la colaboración de Estados Unidos y la intención de obtener mayor apoyo popular. Consiste en promover jornadas médicas y sanitarias en comunidades del área rural seleccionadas.

En este periodo la guerrilla sufre varios golpes. El 2 de octubre de 1966 muere Luis Turcio Lima en un accidente de tráfico, destacado jefe de la guerrilla, y es sucedido por Cesar Montes. A mediados de 1967, el jefe militar Carlos Arana Osorio derroca a la guerrilla en Zacapa, donde se encuentra el principal frente subversivo. La insurgencia decide concentrarse en el área urbana y valorar otras opciones de lucha y organización.

La guerrilla desarrolla su estrategia urbana a través de secuestros y asesinatos. Entre ellos, destacan el asesinato de los agregados militares de Estados Unidos, John D. Webster

y Ernest Munro en el 68, del embajador de Estados Unidos, John Gordon Mein, en agosto de ese mismo año, y el secuestro y asesinato de Karl von Spreti, embajador alemán en 1970. En ese año sufre también un atentado el director del Registro Electoral y secuestran al ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Fuentes Mohr.

Figueroa Ibarra sitúa la segunda ola de terror en el periodo comprendido entre 1966 y 1971, cuando el “Estado asesinó a 18 mil personas con el propósito de aniquilar a algunos centenares de alzados” (Torres-Rivas, 1980 citado por Figueroa, 2011, p. 71) El enfrentamiento del ejército con la guerrilla tiene un alto coste para la población civil, ya que la estrategia en muchas ocasiones consiste en “dejar al pez sin agua”. La guerrilla tiene, a veces exige, el apoyo de la población en muchos lugares del país. La población civil se encuentra en medio. Dentro de la Doctrina de la Seguridad Nacional el Ejército considera que los procedimientos legales no son suficientes, por lo que se recurre a detenciones ilegales, torturas y asesinatos extrajudiciales (Luján, 2012).

En 1966 se aprueba la Ley de Radiocomunicación, a través de la cual se centraliza en el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas la gestión del espectro de radio (Toledo, 2000 citado por Bull, 2005). Esta medida y el establecimiento de Guatel7 (1971) están relacionados con la vigilancia de los Estados Unidos hacia Centroamérica. La Office of Public Safety (OPS), dependiente de USAID, tiene la responsabilidad de estandarización del sistema de telecomunicaciones en Centroamérica y proporciona el equipamiento necesario a la Red de Seguridad Internacional de las Telecomunicaciones en Centroamérica y Panamá entre 1964 y 1965 (Bull, 2005). En 1966 se crea el Sistema Militar Centroamericano de Telecomunicaciones (SIMCATEL). La OPS establece en Guatemala un servicio de inteligencia policial (Holden 1999 citado por Bull, 2005). En 1964 Peralta crea una agencia de inteligencia presidencial donde se encuentra el Centro de

7 _{La creación de la empresa nacional de telefonía se produjo gracias a la Ley 14-71, que se trata más}

extensamente en el apartado sobre el sistema de medios (Capítulo 2: 4). La expansión de Guatel fue en gran medida financiada por el Banco Mundial. El Gobierno guatemalteco recibió un primer préstamo de 16 millones de dólares en 1972 y otro de 26 millones en 1975 (Bull, 2005).

Telecomunicaciones Regional, que conecta la Policía Nacional, la Guardia de Hacienda, el Cuerpo de Detectives, el Ministerio de Gobernación, la Casa Presidencial y el Centro Militar de Comunicaciones. Entre otras cosas, la Regional sirve como un archivo de información de activistas para secuestro y asesinatos extrajudiciales (Schimer, 1998 citado por Bull, 2005).

Entre 1966 y 1967 se forman grupos paramilitares, también denominados escuadrones de la muerte, promovidos y apoyados por el Estado: la Nueva Organización Anticomunista (NOA), el Movimiento Anticomunista Nacional Organizado (MANO), el Comité Anticomunista de Defensa de Guatemala (CADEG) y el Comité de Resistencia Antiguerrillera de Guatemala (CRAC) (Aguilera, 1969 citado por Figueroa, 2011). Maestre (1969) defiende que estas fuerzas, junto con los cuerpos policiales y el ejército, matan a más de cuatro mil persona en siete meses entre 1966 y 1967 (Fundación Acción Pro Derechos Humanos, 1998).

Son asesinados entre muchos otros: Adolfo Mijangos López, diputado del Congreso y miembro de la Unión Revolucionaria Democrática (URD), el abogado Julio Camey, el líder sindical Jaime Monges Donis y el profesor universitario y antiguo ministro de la década revolucionaria Alfonso Bauer Paiz sobrevive a un atentado. A mediados de 1971 se considera que la guerrilla urbana se encuentra prácticamente desmantelada. El PGT continua con sus labores clandestinas pero no armadas.

En 1970 muere en México el dirigente guerrillero Yon Sosa junto con Eulogio Xitumul, su lugarteniente, a manos del ejército mexicano. La comandancia de las FAR la asume Pablo Monsanto. La guerrilla cambia de estrategia, formulando la denominada “guerra popular prolongada”, que consiste en aunar el apoyo de la población y concienciarla sobre la necesidad de la lucha para mejorar la calidad de vida. En 1972 se introduce a Guatemala por el Ixcán el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), cuyo comandante es Rolando Morán. Posteriormente se forma la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA), bajo el liderazgo de Gaspar Ilom. Se asientan principalmente en la frontera con México.