Hacia los Acuerdos de Paz

Por el deterioro de la imagen del gobierno y por estar perpetuándose en el poder cuando el objetivo era la organización de una Asamblea Constituyente, el Consejo de Comandantes del Ejército decide relevar a Ríos Montt en 1983, designando a Oscar Humberto Mejía Víctores (1983-1986), ministro de Defensa, como Jefe de Estado. El 1 de agosto se instaura

Se presentan 8 candidaturas, las más fuertes son la de Marco Vinicio Cerezo Arévalo del DCG y Jorge Carpio Nicolle (UCN). El recién creado Tribunal Supremo Electoral se encarga de supervisar el correcto desarrollo de los comicios. En segunda vuelta gana el candidato del DCG Vinicio Cerezo (1986-1991), quien toma posesión el 14 de enero de 1986, el mismo día que entra en vigor la nueva Carta Magna.

El Gobierno de Cerezo en un principio tiene intención de ganar terreno a los militares, admitiendo en una entrevista que el presidente ostenta sólo el 60% del poder (Luján, 2012). Hay una división en el ejército entre los partidarios de la línea dura y la tendencia moderada, partidarios de la negociación con la guerrilla. Entre estos últimos se encuentra el entonces ministro de Defensa, Héctor Alejandro Gramajo, quien, junto con Cerezo, es en numerables ocasiones acusado de comunista, principalmente por la promoción del diálogo con la insurgencia. Según Luján (2012), adquiere además un papel destacado en la no consecución de los intentos de golpe de Estado en 1988 y 1989. Estos intentos tienen como raíz las negociaciones que se establecen con los revolucionarios. La guerrilla es consciente de su incapacidad para ganar la guerra y promueve un proceso de negociación y el mantenimiento de cierta logística operativa. Se celebra la reunión de Esquipulas I para favorecer la salida negociada a los conflictos armados en Centroamérica y en agosto de 1987 se celebra la reunión de Esquipulas II en Madrid donde tiene lugar el primer contacto directo entre la URNG y el Gobierno. El proceso es favorecido bajo la presión de organizaciones que están trabajando fuera y dentro de Guatemala.

El cambio ocurrió, en parte, debido a la persistencia de organizaciones dentro y afuera de Guatemala: grupos internacionales, como Amnistía Internacional, Americas Watch, y the Washington Office on Latin America (WOLA); organizaciones guatemaltecas en el exilio, como el Comité Pro Justicia y Paz y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH, que operó en Guatemala a partir de 1994); y grupos en Guatemala, sobre todo las organizaciones del movimiento popular, como el CUC (que apareció en 1978 y sobrevivió en la clandestinidad durante los peores años de represión estatal), el GAM (activo desde 1984) y la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (CDHG), fundada en 1981 y

funcionando en el exilio en México hasta 1995. En 1990, el Arzobispado de Guatemala abrió, con años de atraso, su Oficina de Derechos Humanos, la ODHA (Americas Watch 1989: 52). (American Assossiation for Advancement of Science [AAAS] & Centro Internacional para Investigación en Derechos Humanos [CIIDH], 1999, p. 35)

Paralelamente a las negociaciones, el ejército y el Gobierno siguen manteniendo una estrategia de aniquilamiento de las fuerzas insurgente. El ejército organiza varias ofensivas, la más publicitada es la denominada “Ofensiva de Fin del Año”, que comienza en octubre de 1987 y se prolonga hasta marzo de 1988. Se concentra principalmente en el departamento del Quiché (Eduardo, 1995).

Al año siguiente tiene lugar un nuevo intento de golpe de Estado. Aunque Cerezo logra permanecer en el poder tiene que aceptar muchas de las exigencias presentadas por el Ejército, como la cancelación de las negociaciones de paz con la URNG. Se incrementan las protestas a las políticas económicas y al control del Ejército entre la población. La violencia de Estado aumenta tanto en el área rural como urbana. Se mantiene la estrategia de ejecuciones extrajudiciales en el área urbana por parte de los escuadrones de la muerte (Americas Watch, 1988 citado por AAAS & CIIDH, 1999).

A partir de 1990 desciende considerablemente el número de desapariciones y asesinatos. De 600 en 1990 se pasa a menos de 100 en 1995 (AAAS & CIIDH, 1999). Durante la administración de Serrano Elías (1991-1993), se intenta desprestigiar a las organizaciones de derechos humanos acusándolas de conexiones con la URNG. Además, las “Patrullas de Autodefensa Civil” (PAC) son en ese momento las responsables de la mayoría de las desapariciones y asesinatos en el área rural, a diferencia de los años previos, donde el ejército juega un papel principal (AAAS & CIIDH, 1999).

Serrano Elías intenta un autogolpe de Estado con la intención de mantenerse en el poder, pero las protestas populares y las organizaciones sociales lo impiden. En este proceso el Ejército no tiene protagonismo alguno, por lo que la organización de las

elecciones posteriores es desarrollada por los propios mecanismos democráticos que se estaban intentando establecer en el país.

El Gobierno de Ramiro De León (1993-1996), quien anteriorme trabajaba como Procurador de los Derechos Humanos, acuerda junto a la guerrilla la presencia de la Misión de las Naciones Unidas (MINUGUA) para el acompañamiento y verificación de los Acuerdos de Paz en 1994. La presencia internacional limita la represión y capacidad de acciones como los asesinatos extrajudiciales. “Nunca se habían destinado tantos recursos a investigar abusos, hacer estudios y a promover el respeto a los derechos humanos” (Amnesty International 1997c: 44; MINUGUA 1995a; 1995b; 1995c; 1996a; 1996b citado por AAAS & CIIDH, 1999, p. 37).

Durante esta legislación se empieza a hablar de privatización de varias empresas estatales: la telefónica y la eléctrica. De hecho, se designa a Ayau como “privatizador gubernamental” (Bull, 2005). Se pretende, por lo menos, aumentar la participación del sector privado en Guatel. Se asigna a Díaz López, un militar de la línea dura como gerente general de la compañía, pero que no está a favor de la pritavización. También se intenta privatizar la compañía eléctrica y esto causa desavenencias entre el CACIF y De León.

En este periodo se negocian los acuerdos relativos a los derechos humanos, refugiados, desplazados y los relativos a la identidad y derechos de los pueblos indígenas. Además, se forma la Comisión para Esclarecimiento Histórico (CEH), que no obtiene capacidad para juzgar los crímenes, y la Asamblea de la Sociedad Civil. Bajo la administración de Álvaro Arzú (1996-2000) y el partido PAN (Partido de Avanzada Nacional), se firman los acuerdos relativos a temas sociales, económicos y agrarios y finalmente se firma el Acuerdo de Paz Firme y Duradera el 29 de diciembre de 1996.