Capítulo 8
Humanizar la guerra
mientras dure
Agradecimientos
Colaboración: Fundación Social, Carmen Elisa Echeve- rría, Astrid Gómez Hilarión, Tatiana Olarte Fernández, María Eugenia Querubín y Paola Ximena Silva.
Recuadros: Fabio Ariel Cardozo y Michael Frühling.
E
n aquellos países donde el Estado logra pro- veer plenos servicios de seguridad y justicia para todos, se da por sentada la vigencia de los derechos humanos básicos o de “primera generación” (derechos civiles y políticos). Éste no es por supuesto el caso de Colombia, donde un conflicto armado envilecido resulta en múltiples amenazas y violacio- nes de los derechos humanos por parte de los varios actores. Así, cualesquiera sean los altibajos de la guerra y de los diálo- gos de paz, es urgente avanzar en la defensa de aquellos dere- chos básicos, por lo demás plenamente establecidos en el derecho internacional.Lo más perentorio en medio del conflicto armado es ga- rantizar que el Estado respete y promueva los derechos hu- manos, y que todas las organizaciones armadas (estatales e irregulares) apliquen el dih.
Las recomendaciones del último informe de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Uni- das para los Derechos Humanos son una guía muy autori- zada para efectos de la primera de esas tareas. El Recuadro
. resume dichas recomendaciones.
La aplicación del dih presenta más problemas que la del respeto a los derechos humanos, porque involucra a más actores: al Estado, pero también a la guerrilla y a las auto- defensas o grupos paramilitares. Este capítulo se dedica por eso a la cuestión del dih. Tras mencionar las dificultades para su observancia (sección A), la sección B destaca las aperturas de los varios actores hacia el dih y la sección C precisa el concepto de “campo humanitario” y sus meca- nismos. Luego se esbozan algunas rutas compuestas de diez “módulos” posibles para humanizar el conflicto colombia- no (secciones D y E) y en la sección F se presenta un con- junto de sugerencias dirigidas a los distintos actores.
A. Obstáculos para la aplicación del DIH
Tanto el Estado como los grupos irregulares encuentran problemas para cumplir el dih aplicable a los conflictos ar- mados no internacionales —el plasmado en el artículo co- mún a los cuatro Convenios de Ginebra de y en el Pro- tocolo ii adicional a dichos convenios.
Ambos sectores comparten las siguientes dificultades: • Entre los hombres de armas existe poca sensibilidad hacia los sufrimientos ocasionados por el conflicto a la po- blación civil y mucha ignorancia sobre el dih.
• La moral de combate de todas esas organizaciones ha sido construida sobre la base de deshumanizar al adversa- rio y a sus colaboradores.
• Respetar el dih (no torturar aunque se pierda una in- formación valiosa, no usar un medio de ataque barato pero de graves efectos colaterales sobre la población) puede re- portar desventajas en terreno, que los guerreros no quieran asumir, a pesar de los costos de todo tipo (éticos, jurídicos, militares incluso) de infringir el dih.
• En las organizaciones armadas prevalece el espíritu de cuerpo, que protege a sus miembros de toda investigación o sanción por abusos cometidos en el conflicto.
Pero hay también dificultades específicas de cada sector.
1. Obstáculos que afectan a los grupos armados irregulares a. Dificultades operativas
Tanto los grupos guerrilleros como los paramilitares han incorporado estructuralmente a su quehacer militar deter- minadas infracciones al dih:
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Con base en su análisis pormenorizado, el Alto Comisionado formula una serie de recomendaciones concretas y priorita- rias para el , que se agrupan en seis aspectos: la preven- ción y protección; el conflicto armado interno; el Estado de derecho y la impunidad; las políticas económicas y sociales; la promoción de una cultura de derechos humanos; el aseso- ramiento y la cooperación técnica de la Oficina.
Las recomendaciones se dirigen a las autoridades na- cionales de las tres ramas del poder público y de los órganos de control encargados de la protección y promoción de los derechos humanos, a todas las partes del conflicto armado interno, a las organizaciones armadas al margen de la ley y a los sectores representativos de la sociedad civil.
El Alto Comisionado tiene la firme convicción que la situa- ción de los derechos humanos y del dih podría experimentar una sensible mejoría si éstas fueran tomadas en consideración y aplicadas durante el transcurso de por aquellos a quie- nes van dirigidas.
i) Prevención y protección
El Alto Comisionado exhorta:
. Al gobierno colombiano a hacer efectivo el sistema de alerta temprana (sat) de la Defensoría del Pueblo, en colabo- ración con la Vicepresidencia de la República y los ministe- rios del Interior y de Justicia y de Defensa.
. A la dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior para asegurar que el programa de protección de defen- sores de derechos humanos funcione con efectividad, dotándo- lo de los fondos suficientes y de parámetros claros y uniformes de medición del riesgo. El gobierno deberá actuar de manera preventiva sobre los factores de riesgo.
. Al Fiscal General de la Nación a introducir en el progra- ma de protección de testigos y víctimas los cambios hacia una rápida identificación de los riesgos y una pronta adopción de las medidas para afrontarlos.
. Al gobierno a identificar en conjunto con la Defensoría y la onu comunidades en riesgo por el conflicto armado in- terno, y poner en práctica cuanto antes acciones de atención, prevención y protección. Para las poblaciones desplazadas apli- car estrictamente los principios rectores de los desplazamien- tos internos.
. Al gobierno y al Congreso a dotar a la Procuraduría Gene- ral y a la Defensoría de los recursos necesarios para establecerse en aquellos municipios donde aún no tienen presencia, especial- mente en las zonas de rehabilitación y consolidación, y en regio- nes de poblaciones indígenas, afrocolombianas y desplazadas.
. Al Ministerio Público a sancionar disciplinariamente a aquellos agentes del Estado que con sus acciones u omisiones pongan en riesgo la labor de los defensores de derechos hu- manos.
. Al Procurador a verificar cada trimestre la exactitud y objetividad de la información contenida en los archivos de in- teligencia militar sobre defensores de derechos humanos y hacer público su resultado.
. A la Ministra de Defensa a incorporar en los cursos de formación de los miembros de la fuerza pública el estudio sis- temático del derecho internacional de los derechos humanos y del dih. Para ello, recomienda celebrar un acuerdo de capa- citación continua con la Defensoría.
ii) Conflicto armado interno
El Alto Comisionado insta
. A las Farc-ep, al eln, a las auc y a los demás grupos gue- rrilleros y paramilitares a respetar el derecho a la vida de to- dos los civiles. Los insta, en especial, a abstenerse en todo mo-
RECUADRO 8.1
La ONU y los derechos humanos: 27 recomendaciones para Colombia Michael Frühling*
* Director en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Na- ciones Unidas para los derechos humanos.
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mento de ataques contra la población civil, ataques indiscri- minados, reclutamiento de menores y actos de terrorismo.
. A liberar de inmediato y sin condiciones a todas las personas tomadas como rehenes, y a abstenerse de la práctica inaceptable del secuestro.
. A abstenerse de emprender acciones que afecten el goce de los derechos humanos de la población civil y disminuyan la capacidad del Estado para cumplir con su obligación de protegerlos y garantizarlos.
. A la fuerza pública a observar irrestrictamente los debe- res impuestos por el dih, en especial los relacionados con el cumplimiento de los principios de limitación, distinción, pro- porcionalidad y protección general de la población civil.
. A todas las partes en el conflicto armado a cumplir con las obligaciones a ellas impuestas por las normas internacio- nales que prohíben el empleo, el almacenamiento, la produc- ción y la transferencia de minas antipersona.
. Recomienda al gobierno, a los grupos armados ilegales y a los sectores representativos de la sociedad civil a no escatimar esfuerzos para establecer, cuanto antes, acercamientos dirigidos al diálogo y a la negociación hacia la superación del conflicto ar- mado interno y el logro de una paz duradera. Los diálogos y la negociación deberán tomar en cuenta, desde un principio, los derechos humanos y el dih, así como incorporar en su agenda el tema de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación.
iii) Estado de derecho y la impunidad
El Alto Comisionado solicita
. Al gobierno y al Congreso que en la adopción de políti- cas y elaboración de normas presten la debida atención a las obligaciones asumidas por Colombia como Estado parte en los instrumentos internacionales de derechos humanos y dih. Los urge a tener en cuenta los principios internacionales de legalidad, necesidad, proporcionalidad, temporalidad y no
discriminación cuando adopten y apliquen políticas y medi- das relacionadas con la seguridad y el orden público. En es- pecial, los insta a no introducir en el ordenamiento jurídico colombiano normas que faculten a los miembros de las fuer- zas militares para ejercer funciones de policía judicial, ni otras que sean incompatibles con la independencia de la justicia.
. Al Fiscal a presentar ante el Congreso un proyecto de ley sobre la carrera para los funcionarios y empleados de esa entidad, con el fin de fortalecer la independencia e imparciali- dad de la institución.
. Al Fiscal a asegurar y fortalecer la independencia de su unidad de Derechos Humanos y dih, garantizar la protección de sus integrantes y a dotarla de los recursos necesarios para desarrollar las investigaciones a su cargo.
. Al Fiscal a establecer dentro de esa Unidad un grupo especializado en la investigación de los posibles vínculos de miembros de la fuerza pública con grupos paramilitares. Ex- horta, asimismo, a los organismos de cooperación internacio- nal a respaldar esta iniciativa.
. A la Ministra de Defensa a suspender de inmediato del servicio a los miembros de la fuerza pública involucrados en graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de guerra, poniendo en conocimiento de las autoridades judicia- les y de control la información pertinente.
. Al comité especial de impulso de investigaciones de violaciones de derechos humanos e infracciones al dih, presi- dido por el Vicepresidente, a que trabaje proactivamente so- bre una selección de casos representativos de dichas violacio- nes, y a que cada trimestre elabore un informe al Presidente, Fiscal, Procurador y Defensor del Pueblo sobre el avance en las investigaciones de los mismos.
. Al Presidente a adoptar, en su condición de Jefe de Esta- do y de comandante supremo de la fuerza pública, to- das las medidas necesarias para que, independientemente
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de posibles diálogos entre el gobierno y los grupos paramili- tares, cese todo vínculo entre servidores públicos y miembros de dichos grupos. También lo exhorta a informar al Procura- dor y al Defensor del Pueblo, por medio de reportes semestra- les, sobre la ejecución de dichas medidas y los resultados de las mismas.
iv) Políticas económicas y sociales
El Alto Comisionado exhorta
. Al gobierno a desarrollar una política consistente para disminuir la brecha de iniquidad en el país y asegurar que se adopten todas las medidas necesarias para lograr una dismi- nución de los índices de analfabetismo y desocupación, y un aumento en el acceso a la salud, la educación y a la vivienda.
v) Promoción de una cultura de derechos humanos
El Alto Comisionado recomienda
. Al gobierno, a través de la Comisión intersectorial per- manente para los derechos humanos y el dih, a elaborar un plan de acción en derechos humanos que incorpore una políti- ca integral de género, y a presentar en el transcurso del primer semestre de un cronograma para su puesta en marcha.
. A la Ministra de Educación incorporar, a partir del ini- cio de los próximos calendarios escolares, la enseñanza de los derechos humanos en los programas de educación primaria y secundaria, mediante un acuerdo de capacitación continua con la Defensoría.
. Exhorta al Consejo Superior de la Judicatura, a la Fis- calía y a la Procuraduría a establecer con la Defensoría conve- nios análogos para la formación permanente de sus funciona- rios y empleados en derechos humanos y dih.
vi) Asesoramiento y cooperación técnica de la Oficina
El Alto Comisionado
. Urge al Estado a dar seguimiento a las recomendacio- nes internacionales, incluidas las del presente informe, y ex-
horta al Vicepresidente para que coordine, con la coopera- ción y el asesoramiento de la Oficina, la elaboración de un cronograma de aplicación de las distintas recomendaciones emitidas por los órganos internacionales competentes.
. Invita al gobierno, al Congreso, a la Fiscalía, a la Procu- raduría y a la Defensoría a profundizar la interlocución con la Oficina, beneficiándose plenamente con su mandato de ase- soría y cooperación técnica.
La Oficina de la ONU
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Nacio- nes Unidas para los Derechos Humanos se encuentra en el país desde , y se estableció con base en un acuerdo firma- do entre el gobierno colombiano y el Alto Comisionado.
En agosto de , el presidente Álvaro Uribe Vélez soli- citó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los De- rechos Humanos extender su periodo por cuatro años más, hasta octubre de , petición que fue aceptada.
Según el acuerdo, la Oficina en Colombia tiene como man- dato cuatro tareas principales. La primera de ellas es observar, sistemática y analíticamente, la situación de los derechos hu- manos y del dih en todo el país. La segunda es ofrecer aseso- ría en estos temas tanto al gobierno como a las autoridades del Estado y a la sociedad civil. La tercera es ofrecer cooperación técnica al gobierno, a las autoridades del Estado, a las institu- ciones que manejan el tema y a la sociedad civil interesada. La cuarta es informar, difundir y promocionar los derechos hu- manos y el derecho internacional humanitario entre los co- lombianos.
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• Ambos atacan a muerte a las supuestas o reales perife- rias de apoyo del adversario (homicidios por fuera de com- bate, con el aditamento, en el caso de los paramilitares, de las masacres y las desapariciones forzadas), o las fuerzan al desplazamiento (más las autodefensas que las guerrillas).
• La guerrilla utiliza medios de combate (cilindros de gas, voladuras de oleoductos...) con graves efectos colatera- les sobre la población civil, o ataca a ésta con explosivos pa- ra generar pánico y presionar al gobierno.
• Ambos extorsionan a la población civil para financiar su guerra (la guerrilla amenaza y secuestra a los hacenda- dos; los paramilitares ejercen sobre és-
tos una extorsión suave y negociada; ocasionalmente también los secuestran). Es muy difícil que los grupos irre- gulares abandonen las prácticas men- cionadas porque son mecanismos ba-
ratos y eficientes de agresión contra el enemigo y sus pre- suntas bases de apoyo, y financiación de la actividad béli- ca. Consideran que suprimirlas restringiría su capacidad de acción.
b. Problemas políticos
El enfoque de los grupos irregulares sobre el dih es pragmá- tico. El alivio de los sufrimientos de la población civil no está en el centro de sus preocupaciones. Sus aperturas hacia lo humanitario obedecen a cálculos de mejoría de imagen, equi- paración con el Estado o construcción de puentes para la negociación política. Todo ello politiza, en un sentido no de- seable, la relación de esos grupos con la humanización del conflicto.
Algunos sectores de la guerrilla estiman que el dih ha sido creado y es utilizado por los Estados según su propia conve- niencia, y les parece ilusorio que el gobierno se someta a las normas humanitarias. Esto es especialmente cierto respecto a las Farc; el eln, por la influencia del cristianismo de izquier- da en sus filas, es más receptivo al dih.
2. Obstáculos que afectan al Estado
A pesar de las falencias de la democracia colombiana, el Esta- do se somete a la legalidad internacional y a la Constitución y las leyes internas, y deriva de allí su legitimidad. Y a diferen-
cia de los grupos irregulares, conoce lo que está en juego en el respeto a las leyes humanitarias. No obstante, el Estado carece de determinación para:
—Garantizar que todos sus agentes armados se someterán a los límites que impone el dih en la lucha contra la subver- sión.
—Realizar los esfuerzos de presión, pedagogía y negocia- ción requeridos para que los grupos irregulares se sujeten al dih.
Lamentablemente muchos funcionarios son insensibles a los padecimientos de la población atrapada en el conflic-
to. Quieren evitar a toda costa que la guerrilla se beneficie políticamente de las negociaciones humanitarias. Y ven al
dih, exclusivamente, como un instrumento de denuncia con-
tra la subversión. Pero es válido el temor que existe en el Estado y la sociedad a ser tolerantes con las atrocidades de los grupos irregulares, so pretexto de la dificultad de huma- nizar el conflicto. Y a desconocer que el dih consagra un mínimo de protección de la persona humana que las partes no pueden reducir mediante acuerdo alguno.
B. Aperturas hacia la humanización del conflicto
A pesar de los obstáculos para la humanización, diferentes sectores han asumido aperturas hacia ésta, así:
1. Los grupos armados irregulares a. La guerrilla
En septiembre de , la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar expidió unas “normas de comportamiento con las masas” que señalan que el derecho a la vida es “nuestro prin- cipio fundamental”, mandan respetar las actitudes políticas de la población y la autonomía de las minorías étnicas, pros- criben el asesinato, prohíben los ajusticiamientos (excepto por los delitos más graves y previa confrontación de prue- bas y autorización de la máxima dirección) y ordenan estu-
Algunos sectores de la guerrilla estiman que el DIH ha sido creado y es utilizado por los Estados según su propia conveniencia, y les parece ilusorio que el gobierno se so- meta a las normas humanitarias.
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diar y practicar el dih “de acuerdo con las condiciones de nuestra guerra revolucionaria”.
En las Farc emitieron unas “recomendaciones a la población civil”, donde pretenden darle pautas para no ser utilizada como escudo por la fuerza pública: le aconsejan no acercarse a los cuarteles ni a los vehículos militares y se- ñalan que “los vehículos de prensa y de organismos huma- nitarios deben transitar con distintivos perfectamente visi- bles y a mínima velocidad”.
Casi todas las demás aproximaciones de las Farc a la humanización se han producido dentro de las negociacio- nes de paz. El tema fue incluido en el punto de la agenda de negociación con el Gobierno Pastrana, así: “. Acuerdos sobre [dih]. . Desvinculación de los niños del conflicto armado. . Minas antipersona. . Respeto de la pobla- ción civil. . Vigencia de las normas internacionales”. En el Acuerdo de Los Pozos (febrero de ) esa organización se comprometió a discutir un cese al fuego y de hostilida- des. En desarrollo de un acuerdo de canje, pusieron en li-
bertad a casi cuatrocientos soldados y policías (a cambio de catorce guerrilleros enfermos). También realizaron algunas treguas unilaterales. Rotas ya las negociaciones, propusie- ron realizar un nuevo intercambio humanitario entre todos los guerrilleros presos y los militares y dirigentes políticos retenidos por la guerrilla.
En el eln emitió un “código de guerra”, donde se señala que está “prohibido tomar rehenes”. No obstante, se agrega que la organización cobrará “tributos de guerra” y