Las víctimas:
una guerra injusta
Agradecimientos
Colaboración: Fundación Social y Luis Alberto Bonilla, Ana María Díaz, Catalina Díaz, Carmen Elisa Echeverría, Rodolfo Escobedo, Sandra Milena Gavilán, Astrid Gó- mez Hilarión, Beatriz Helena Gutiérrez, Luis Manuel Lasso, Patricia Luna, Marlene Mesa Sepúlveda, Mariany Monroy, Ruth Yanira Nieto, Tatiana Olarte Fernández, Luis Carlos Osorio, María Eugenia Querubín, Edith Puerto, Carlos Rúa, Paola Ximena Silva, Carmen Elisa Soto y María Eugenia Vásquez.
E
l costo humano del conflicto no se agota en su impacto numérico sobre los índices de desarrollo o sobre el crecimiento económico, la democracia política y la inser- ción internacional de Colombia. Hay un impacto más directo, más obvio y más dramático sobre las personas que sufren el efecto inmediato de la guerra: la violación de sus derechos básicos por parte de los actores armados. Este capítulo se ocupa pues de las víctimas y ofrece una mirada de conjunto a información que suele ser dispersa; en la sección A mirare- mos con cierto detalle a las víctimas según el tipo de agre- sión que padecieron, y en la sección B según su pertenencia a determinadas profesiones o minorías especialmente vul- nerables; a manera de cierre, la sección C responderá si el conflicto se ha degradado o no en la actual coyuntura.A. Víctimas según tipo de agresión
Los actores armados realizan seis tipos de agresiones con- tra la vida o la integridad de las personas, a saber: i) contra enemigos armados en el curso de un combate; ii) contra la
población civil que real o supuestamente conforma las “ba- ses sociales” del adversario (“guerra sucia”), y en especial iii) contra civiles forzados a abandonar su lugar de residencia (“desplazados”); iv) contra civiles que sufren los llamados “daños colaterales” de los ataques; v) contra poblaciones civiles con objeto de aterrorizarlas, y vi) contra personas ob- jeto de secuestro o “retención” para obtener provecho eco- nómico o político.
1. Violencia en combate
Los homicidios o heridas en enfrentamientos armados no violan los derechos humanos ni el dih, mientras no se pro- duzcan por medios que causen males o sufrimientos innece- sarios. Dichos homicidios son el principal indicador de la intensidad del conflicto. Como muestra el Cuadro ., los homicidios en combate aumentaron % en , según la fuente () y % según la fuente (); en , el aumento fue del % de acuerdo con la fuente () y del % según la (). Si se toma el promedio mensual de los homicidios en combate
Cuadro 5.1 Homicidios en combate, según tres fuentes 1997-2002
Tipos de víctimas 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Total
(1) Militares y guerrilleros 1.222 1.031 1.686 1.572 1.539 *1.563 8.613
(2) Miembros de las FF AA y guerrilleros 1.527 1.333 1.954 2.191 2.681
(3) Muertos en acciones bélicas 1.295 1.495 1.437 1.677 2.094 **2.178 10.176
*Enero-agosto de 2002. ** Enero-septiembre de 2002.
Fuentes (1): Comando General de las Fuerzas Militares —procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Vicepresidencia de la República. (2): Sala de Estrategia Nacional de la Presidencia de la República con base en boletines diarios del DAS. (3): Revista Noche y Niebla, números 3, 4, 5, 6, 10, 14, 18, 22, 23, 24 y 25 / Banco de datos de Cinep & Justicia y Paz, y cálculos del INDH 2003. 119
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia - 2003
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cometidos en y se lo compara con el promedio men- sual de los cometidos en los primeros ocho meses de , el incremento resulta ser de %.
2. Guerra sucia
La peor parte en el conflicto la llevan quienes conforman, supuesta o efectivamente, las periferias de apoyo de los acto- res armados. Son las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, homicidios fuera de combate, desapariciones forzadas y tor- turas. En ocasiones son objeto de ataques indiscriminados, como bombardeos, explosiones, ametrallamientos, incen- dios y masacres; con más frecuencia, son amenazados para que abandonen sus asentamientos habituales.
Hay civiles que simpatizan con los actores armados o los apoyan de manera práctica; el dih prohíbe atacar su vida, su integridad o sus bienes —pero permite sancionarlos con- forme a la ley penal del Estado—. La población civil sólo pierde la protección del dih cuando —y sólo mientras— par- ticipa directamente en las hostilidades. En cambio, los civiles que apoyen el esfuerzo de guerra de manera indirecta —tra- bajando en fábricas de armas, o distribuyendo pertrechos en la retaguardia— no pueden ser tratados como combatientes. Con todo, los actos de apoyo práctico al enemigo permane- cen sujetos a la ley penal (Goldman, : -). Las partes del conflicto colombiano y, en particular, los grupos armados irregulares, no respetan esta distinción.
Los cuadros . y . muestran el número y variación anual de los incidentes de guerra sucia. De entrada hay que notar que el alivio reportado para el (Cuadro .) es apenas aparente, pues estos datos siempre presentan reza- go de entre tres y cuatro trimestres a la fecha del corte; ade- más, la intensificación del conflicto en pudo haber he- cho más difícil recaudar información (Recuadro .).
El homicidio fuera de combate es la expresión más clara de la violencia contra las periferias reales o supuestas del adversario. Constituye violación de los derechos humanos y del dih cuando sus autores son agentes del Estado o ac-
-
Cuadro 5.2 Actos de violencia política contra las “bases de apoyo” de los grupos armados irregulares 1997-2002
1997 1998 1999 2000 2001 2002* Total
Homicidios políticos fuera de combate 2.098 1.668 2.238 4.632 4.925 2.215 17.776
Desapariciones forzadas 337 470 328 678 618 249 2.680
Torturas 119 79 129 396 439 163 1.325
Amenazas 1.666 485 835 811 679 956 5.432
* Enero-septiembre de 2002.
Fuente: Revista Noche y Niebla, números 3, 4, 5, 6, 10, 14, 18, 22, 23, 24 y 25 / Banco de datos de Cinep & Justicia y Paz, y cálculos del INDH 2003.
Cuadro 5.3 Variación anual del número de actos de violencia política contra las “bases de apoyo”
de los grupos armados irregulares 2000-2002 (porcentajes)
2000 2001 2002*
Homicidios políticos fuera de combate 107.0 6.3 - 40.0
Desapariciones forzadas 106.7 - 8.8 - 46.2
Torturas 207.0 10.8 - 50.5
Amenazas - 2.9 - 16.3 87.7
* Enero-septiembre de 2002.
El conflicto, callejón con salida
121 túan con apoyo o aquiescencia de éstos. Cometido por la
guerrilla o los paramilitares, es una infracción al dih. Mu- chos de esos homicidios tienen lugar en forma de masacres. Como indica el Cuadro ., las masacres aumentaron en
% en , pero se redujeron en % en y en % adicional en . Con la cantidad de víctimas ocurrió lo mismo: creció % en pero decreció % en el año
Cuadro 5.5 Desapariciones forzadas 1997-2002
1997 1998 1999 2000 2001 2002 Total
Número
183 349 457 743 1.565 1.358 4.655 de casos
Fuente: Asociación de Familiares de Detenidos - Desaparecidos, Asfaddes.
siguiente y otro % en . Según reportes de la policía nacional, durante el primer trimestre de se cometie- ron masacres mientras que en el mismo lapso de se realizaron .
Las desapariciones forzadas con móviles políticos son asimilables a los homicidios políticos: es muy excepcional que la víctima aparezca con vida. La desaparición forzada
Cuadro 5.4 Masacres 1997-2002
1997 1998 1999 2000 2001 2002 Total
Casos 114 115 168 236 186 111 930
Víctimas 563 685 929 1.403 1.044 661 5.285
Fuente: Policía Nacional, Dirección de Policía Judicial, Centro de Investigacio- nes Criminológicas —datos procesados por el Observatorio de Derechos Humanos y DIH—, Vicepresidencia de la República, y cálculos del INDH 2003. La fuente considera como masacre todo evento donde se da muerte a cuatro o más personas en el mismo lugar y con mucha proximidad en el tiempo.
1. El Tiempo, 1 de abril de 2003.
Cuadro 5.6 Número de personas desplazadas, por departamento de donde fueron expulsadas 2000-2002
Departamento 2000 2001 2002 TOTAL Amazonas 9 20 33 62 Antioquia 62.575 70.832 46.117 179.524 Arauca 1.095 1.114 5.045 7.254 Atlántico 90 368 296 754 Bogotá 19 34 118 171 Bolívar 43.061 44.642 30.352 118.055 Boyacá 391 844 1.450 2.685 Caldas 437 3.329 14.535 18.301 Caquetá 7.369 8.655 21.684 37.708 Casanare 1.540 4.847 2.968 9.355 Cauca 2.471 13.099 15.274 30.844 Cesar 12.971 17.381 23.398 53.750 Chocó 20.693 15.671 18.067 54.431 Córdoba 9.661 12.755 16.959 39.375 Cundinamarca 1.517 3.856 9.007 14.380 Guainía 30 73 217 320 Guaviare 1.291 2.044 6.404 9.739 Huila 632 1.732 5.015 7.379 Departamento 2000 2001 2002 TOTAL La Guajira 1.743 2.064 6.362 10.169 Magdalena 17.195 22.101 35.822 75.118 Meta 6.347 5.241 11.083 22.671 Nariño 646 4.344 10.916 15.906 Norte de Santander 6.324 7.572 17.471 31.367 Putumayo 7.419 17.729 20.024 45.172 Quindío 83 238 661 982 Risaralda 1.054 1.567 1.559 4.180 San Andrés 0 0 0 0 Santander 4.535 11.562 8.985 25.082 Sucre 14.416 21.243 18.797 54.456 Tolima 6.418 11.240 16.307 33.965 Valle del Cauca 13.950 16.604 7.378 37.932
Vaupés 249 13 80 342
Vichada 382 555 636 1.573
Sin información 20.273 1.629 0 21.902
TOTAL 266.886 324.998 373.020 964.904
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia - 2003
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crea una duda insuperable acerca de la situación de la vícti- ma. Sus móviles son complejos: eliminar pruebas para ga- rantizar la impunidad, quebrar la resistencia de la víctima ante la tortura, llevar la agresión más allá de la muerte, ate- rrorizar a la comunidad. Según la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, Asfaddes (Cuadro .), en
se habría producido un salto del % en el número de desapariciones —no la reducción de ,% que propone el Cuadro .—. Y Asfaddes advierte que su reporte sobre el
(que implicaría una disminución del ,%) es provi- sional, pues no se ha recaudado toda la información perti- nente. Según esta nueva fuente, en los años comprendi- dos entre y se produjeron . desapariciones con móviles políticos.
3. Desplazamiento forzado
Los desplazados constituyen, de lejos, el grupo más nume- roso de víctimas del conflicto. Por razones que explicare- mos en el Capítulo , para los efectos de este Informe toma- mos como número de desplazados el de los inscritos en el Sistema Único de Registro (sur) de la Red de Solidaridad Social (rss) que huyeron de sus asentamientos durante los tres años previos (cuadros 5.6 a 5.9).
Puede obtenerse un dato más ajustado restando a los desplazados registrados de los tres últimos años, % de quienes han participado en desplazamientos masivos. De acuerdo con eso, a finales de los desplazados ascende- rían a unas mil personas de cerca de mil hogares (cálculos a partir del Cuadro .). De este Cuadro . tam- bién se desprende que el número de desplazados registra- dos creció en % en y en % en .
La magnitud relativa del fenómeno puede expresarse en dos índices: el de intensidad y el de presión del desplaza-
miento de los diferentes departamentos del país. El primero
resulta de dividir el número de personas que han abando-
nado sus asentamientos habituales en determinado departa- mento, por la población del mismo; el segundo de dividir el número de desplazados que hay en el departamento (sea éste o no su lugar de origen) por el total de su población (Ibáñez y Vélez, : ). Como muestra el Cuadro ., algu- nos de los más pobres presentan los índices más elevados de intensidad y de presión. Córdoba se encuentra en la peor situación: casi % de sus habitantes ha huido de sus asen- tamientos y los desplazados localizados allí equivalen a un poco más de ese porcentaje de su población. En intensidad del desplazamiento Putumayo supera a Córdoba, con un índice cercano al %, y en presión del desplazamiento Sucre sigue muy de cerca al segundo de dichos departamentos.
Si la situación de algunos departamentos llega a ser gra- ve, la de ciertos municipios se vuelve a veces dramática. Más del % de la población de Colosó (Sucre) ha llegado a en- contrarse desplazada. En Peque (Antioquia), más del %. En Chámeza (Casanare), el %. En Bojayá (Chocó), algo más del %, y en Murindó (Antioquia), algo menos de esa cifra (Ibáñez y Vélez, : ). Estos picos del fenómeno suelen ser transitorios.
El panorama de las ciudades capitales también es revela- dor. Según una fuente, los desplazados recibidos en Quibdó equivalieron, en el momento de la medición, y en números redondos, al % de su población. En Florencia casi al %, en Santa Marta a más del % y en Valledupar a algo menos de eso. La situación fue distinta en las cuatro principales
Cuadro 5.7 Número de hogares desplazados, 2000-2002
2000 2001 2002 Total
Número de hogares 57.212 68.660 81.965 207.837
Fuente: Sistema Único de Registro - Red de Solidaridad Social.
Cuadro 5.8 Número y porcentaje de personas despla- zadas, según modalidad de desplazamiento 2000-2002
INDIVIDUAL MASIVO TOTAL
Número
% Número % Número %
de personas de personas de personas
2000 202.297 75.8 64.589 24.2 266.886 100
2001 259.854 80.0 65.144 20.0 324.998 100
2002 307.664 82.5 65.356 17.5 373.020 100
TOTAL 769.815 79.8 195.089 20.2 964.904 100
El conflicto, callejón con salida
123 ciudades: la presión del desplazamiento bordeó ,% en
Medellín, ,% en Barranquilla y no alcanzó a llegar al ,% en Cali. La de Bogotá estuvo por debajo de la de Cali (Ibáñez y Vélez, : ). Con todo, en números absolutos, estas grandes ciudades son receptoras de importantes corrientes de desplazados.
Los desplazados son, por definición, personas que hu- yen pero sin salir del país (de lo contrario serían refugia-
dos). Para toda Colombia, en consecuencia, los dos índices
pueden fijarse en ,% y un % en números redondos res- pectivamente.
La rss reporta que mientras municipios fueron afec- tados por el desplazamiento en el año , en el lo fueron y en el primer semestre de el número ascen- dió a ; también reporta que durante el período en su conjunto fue afectado % del territorio nacional (rss, :
).
Esta expansión no ha sido uniforme. La rss encuentra que “en municipios se concentra la dinámica de expul-
sión y recepción del % de la población desplazada”. E identifica veinte microrregiones críticas de donde huye casi
% de esa población. Las principales son la Sierra Nevada de Santa Marta (expulsó ,% de las víctimas del fenóme- no), el oriente antioqueño (,%), Montes de María (%), el Urabá ampliado (,%) y el centro del Chocó (,%) (rss,
: ).
Según esa misma entidad, % de la población se des- plazó por amenaza generalizada, % por enfrentamiento
entre grupos armados y sólo % por amenazas específicas
(rss, : ).
4. Daños colaterales y terrorismo
Estos dos tipos de violencia son muy disímiles, pero sus registros estadísticos se entremezclan y por eso los exami- namos en conjunto.
Los ataques con consecuencias nocivas sobre población civil no infringen las normas humanitarias cuando se cum-
Departamento IID(%) IPD(%)
Amazonas 0.082 0.110 Antioquia 3.223 2.789 Arauca 2.782 1.671 Atlántico 0.034 1.922 Bogotá 0.002 0.648 Bolívar 5.585 3.913 Boyacá 0.193 0.296 Caldas 1.605 1.299 Caquetá 8.541 5.027 Casanare 3.063 2.280 Cauca 2.354 1.904 Cesar 5.340 4.400 Chocó 4.003 2.706 Córdoba 9.581 10.475 Cundinamarca 0.640 0.810 Guainía 0.796 0.465 Guaviare 7.780 5.189
Cuadro 5.9 Índice de intensidad del desplazamiento (iid) e índice de presión del desplazamiento (ipd) por departamento
Departamento IID(%) IPD(%)
Huila 0.768 1.542 La Guajira 2.016 3.075 Magdalena 5.587 4.395 Meta 3.079 2.881 Nariño 0.933 1.493 Norte de Santander 2.209 1.911 Putumayo 12.712 6.143 Quindío 0.167 0.977 Risaralda 0.424 1.293 San Andrés 0.000 0.020 Santander 1.237 1.896 Sucre 6.543 10.294 Tolima 2.599 1.283 Valle 0.871 1.322 Vaupés 1.084 0.000 Vichada 1.745 0.920
Fuente: Sistema Único de Registro —Red de Solidaridad Social— y cálculos del INDH 2003. Para obtener los IID se tomó el número de personas que abando- naron sus asentamientos habituales, en el respectivo departamento, en los años 2000, 2001 y 2002, y se lo dividió por la población estimada de dicho departa- mento en diciembre del último de esos años. Para obtener los IPD se tomó el número de personas desplazadas recibidas en esos mismos tres años en el de- partamento (ya provinieran de este último o de otra sección geográfica) y se lo dividió por la población estimada en diciembre de 2002.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia - 2003
124
Cristina lo único que recuerda es el estruendoso ruido que causó la explosión. Después salió despedida por los aires. Se- gundos más tarde miró alrededor y un intenso dolor hizo que dirigiera la vista hacia sus pies: uno de ellos, el derecho, esta- ba mutilado y yacía a un lado de su cuerpo. En ese momento, la vida de Cristina, una joven de años, cambió para siempre por causa de las minas antipersonal sembradas en el país.
Cristina al igual que muchos colombianos está marcada por ser discapacitada. Aunque se siente afortunada por poder con- tarlo —pues muchas víctimas de las minas antipersonal, sobre todo niños y jóvenes, mueren por falta de cuidados durante las horas que siguen a la explosión—, sabe que nunca volverá a llevar una vida normal. Su familia no puede pagar los costos para el tratamiento, la ayuda humanitaria del gobierno no lo cubre todo y debe desplazarse hasta las ciudades principales, donde se encuentran los centros de rehabilitación.
Según la campaña internacional para la prohibición de las minas antipersonal, aún quedan catorce países productores de estos artefactos: Estados Unidos, Rusia, China, India y Paquistán, entre otros. Si bien se estima que la cifra de vícti- mas en el mundo ha disminuido desde la entrada en vigencia del Tratado de Ottawa sobre prohibición, uso, almacenaje, pro- ducción y comercialización de minas, entre mil y mil personas resultan aún afectadas cada año.
Afganistán, Camboya y Angola están considerados como los países con mayor número de minas. Según el cicr, en el mundo existen aproximadamente millones de minas, de las cuales están plantadas en el territorio de países. El resto se encuentran almacenadas en espera de ser vendidas o
RECUADRO 5.1
Cerca de 130 mil minas antipersonal en Colombia*
utilizadas. Se cree que cada año se desactivan mil minas, mientras que se plantan entre dos y cinco millones que ocasio- nan dos mil accidentes al mes, es decir, uno cada minutos.
Radiografía en Colombia
La explosión de las minas mata a dos colombianos por día. Se habla hipotéticamente de mil minas sembradas. Un infor- me del Departamento de Estado de Estados Unidos (marzo de ), calculaba que hasta el existían en Colombia
mil minas en más de municipios, en de los de- partamentos. Lo que sí se sabe es que Colombia y Nicaragua son las dos naciones de América Latina en donde aún existen minas antipersonal, llevando Nicaragua la delantera en el pro- ceso de desminado. Pero Colombia se la juega al ser el primer país del mundo que le apuesta a desminar el territorio aún en medio del conflicto.
El drama ha sido silencioso pues el Estado apenas abordó esta realidad a finales de , cuando ( de diciembre) sus- cribió el Tratado. Con base en ello, se creó (junio de ) el Observatorio de Minas Antipersonal. Posteriormente, el Con- greso aprobó la ley ( de julio de ) para dar cumpli- miento al tratado.
Es un proceso difícil pues se desconoce la ubicación pre- cisa de las minas, los procesos de prevención y rehabilitación son costosos, y el Estado no puede garantizar el respeto por parte de la guerrilla o el paramilitarismo a los procesos de desminado desarrollados por el ejército y por la indiferencia social.
plen cuatro condiciones: i) el ataque se dirige contra objeti- vos militares concretos y no contra la población civil; ii) se realiza por métodos y medios que pueden controlarse y di- rigirse contra objetivos militares; iii) se adoptan las precau- ciones factibles para evitar o reducir al máximo los daños a civiles y a sus bienes, y iv) los daños incidentales inevitables no son excesivos en relación con la ventaja militar concreta que se busca.
Para prevenir los daños colaterales las normas humani- tarias i) prohíben utilizar a la población civil como escudo de objetivos militares; ii) ordenan alejar la población de ta- les objetivos y abstenerse de situarlos en zonas densamente pobladas, y iii) mandan tomar las demás precauciones ne- cesarias para proteger a los civiles. Lamentablemente, las organizaciones armadas colombianas no suelen tomar las precauciones ordenadas por el dih.
El conflicto, callejón con salida
125 La radiografía de las minas establecida por el Observato-
rio da cuenta de:
• Durante los dos últimos años, el índice de víctimas ha su- perado el de cualquier otro momento de la década de los .
• El % de los accidentes tienen lugar en áreas rurales. • El % de las víctimas civiles son niños. La falta de cono- cimiento sobre lo que son las minas antipersonal ha cobrado muchas vidas, sobre todo de niños que las encuentran en el campo y las convierten en un juguete, en un adorno, o para trancar las puertas, como sucedió en San Vicente de Chucurí, donde cinco granadas mataron a cinco niños.
• Así los niños representan % del total nacional de afec- tados.
• El % de las víctimas totales del país son miembros de las Fuerzas Armadas. Según datos del Ministerio de Defensa has- ta octubre de habían muerto policías y soldados, lo cual representaba cinco veces más que en el . Esto sin tener en cuenta las víctimas de la guerrilla, los paramilitares y la población civil cuyas muertes por esta causa no son denun- ciadas.
Poner una mina antipersonal cuesta centavos de dólar; quitarla, entre y dólares. Según la cri, el tratamiento para cada víctima oscila entre mil y mil dólares. Al Estado colombiano, la rehabilitación de las víctimas militares le su- pone alrededor de mil dólares. Si la guerra en Colombia terminara hoy, se necesitarían veinte años y cerca de mi- llones de dólares para desminar el país.
* Fuente: Observatorio de Minas, Vicepresidencia de la República.
Los ataques deliberados contra la población civil para obligarla, causándole pánico, a hacer o dejar de hacer algo constituyen actos terroristas. Éstos asumen dos modalida- des. Se ejercen contra las “bases sociales”, reales o presun- tas, del enemigo (como cuando la guerrilla o, más a menu-