la participación popular. El caso de la
Policía Comunitaria de Guerrero
1E. Liliana López López
*Introducción
La escena internacional en los últimos años ha atestiguado el desfile de una serie de movilizaciones populares con reivindica- ciones de diverso cuño que, sin embargo, sostienen demandas que las emparentan: exigen mayor y mejor participación demo- crática, reclaman educación pública y gratuita como derecho garantizado por el Estado, denuncian los efectos nocivos de las políticas económicas de corte neoliberal. De Libia a Chile, pa- sando por España, Egipto o Estados Unidos, la denuncia del agotamiento del modelo aún imperante de participación política que expresa la ciudadanía por diversas vías (sea exigiendo lími- tes u orientaciones de las acciones gubernamentales; sea para garantizarse por sí el objeto de ciertas reivindicaciones) es una constante. Este cuadro, pletórico de manifestaciones contrasta 1 Este artículo fue construido con información que se desprende de la investigación de tesis doctoral que realicé en la Facultad de Ciencias Polí- ticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, orientación en sociología.
* Doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología, por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha sido profe- sora de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la misma Universidad. Integrante del Grupo de Trabajo “Anticapitalismos y Sociabilidades Emergentes” de CLACSO. En 2011 publicó su libro “La demanda indígena de autonomía desde los Acuerdos de San Andrés. Los retos para el derecho y la pertinencia del pluralismo jurídico”, Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí-Centro de Estu- dios Jurídicos y Sociales, Mispat- Educación para las ciencias en Chiapas. Correo electrónico [email protected].
amargamente con la realidad mexicana, pues aunque diversas expresiones sociales tienen lugar, la escena nacional desde que inició el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) se ha convertido en una gran nota roja. Este aspecto, si bien no ha gozado del ruido mediático que tuvo la administración prece- dente, en los hechos se ha mantenido en lo que va del ejercicio encabezado por Enrique Peña Nieto.
El clima social de creciente conflicto que se vive en México tie- ne múltiples protagonistas. Entre éstos se cuentan a las insti- tuciones estatales –el ejército, las fuerzas de seguridad pública en los diversos órdenes de gobierno, el sistema de procuración de justicia–, a las diversas agrupaciones del crimen organiza- do, y a una variedad de organizaciones y movimientos sociales. Éstos últimos sostienen una pluralidad de reclamos donde, por obvias razones, las demandas de seguridad, de justicia y de combate a la impunidad han venido ganando terreno. El Sis- tema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación de la Costa Chica y Montaña de Guerrero parece ser un punto de luz en medio de este obscuro panorama.
Conocida en la región donde lleva a cabo sus acciones, la Po- licía Comunitaria (PC), fruto de la organización popular, cum- plirá 19 años el 15 de octubre de 2014. A ella están integradas comunidades me-pahaa, na savii, nahuas, mestizas y afromexi- canas, distribuidas en once municipios, en las cuales la PC res- guarda la seguridad comunitaria y administra justicia. El éxito que ha tenido en estas tareas le ha valido reconocimiento y presencia pública en la región y en el Estado. Incluso, su buena reputación ha trascendido hasta el nivel nacional a partir de la visibilización que de ella hizo el Movimiento por la Paz con Jus- ticia y Dignidad en la caravana que desplegó en 2011, que des- tacó el drástico contraste entre los estimulantes resultados en materia de seguridad obtenidos por la PC y los funestos logros en el mismo rubro, por parte del gobierno mexicano. En una escena nacional con esas características, experiencias como la de la Policía Comunitaria multiplican su valor por varios mo- tivos, de los cuales mencionaré dos de relevancia indiscutible. El primero se relaciona con el hecho mismo de su eficacia en la reducción de los índices delictivos y en el aseguramiento de la tranquilidad en el territorio de su influencia, aún a pesar de las constantes amenazas y presiones en su contra. El segundo tie- ne que ver con la participación política alternativa, debido a que su dinámica de funcionamiento actualiza de modo novedoso la veta de costumbres y tradiciones que constituyen su materia
nutricia, logrando formas de participación política alternativas y sugerentes que incentivan la movilización social e incremen- tan los nexos con otros actores políticos.
En este artículo me propongo exponer, a través de un análisis de caso, la estrecha conexión existente entre la administración de justicia y la participación política, concretamente la parti- cipación popular, en las prácticas de la Policía Comunitaria. A partir del caso estudiado buscaré analizar las formas en las que se manifiesta la acción política y las prácticas jurídicas y las interrelaciones que existen entre ambas esferas.
El análisis que a continuación presentaré tiene por presu- puesto –a partir de los planteos del pluralismo jurídico– que el derecho no es sólo derecho estatal; en consecuencia, considera como un ejemplo de derecho el que se desarrolla en el Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación de la Costa Chica y Montaña de Guerrero, más conocido como Policía Co- munitaria2.
El artículo se compone de cuatro partes. Comienza con una breve exposición de las características del contexto regional en el que se inserta el nacimiento de la Comunitaria y que son claves para entenderla. Aquí se reseñan aspectos como la si- tuación socioeconómica del Estado de Guerrero, el capítulo de la guerra sucia y las principales características del sistema de justicia en el Estado. En un segundo momento, se expone la estructura y la distribución de funciones bajo las cuales opera la Policía Comunitaria. Más adelante se explica cómo en la PC, el derecho sirve como medio para ejercitar la acción política. El trabajo culmina con el análisis de un caso que, por su carác- ter grave y delicado, es resuelto en Asamblea Regional. El caso arroja luces sobre cómo se desarrolla la participación popular, y sobre por qué estas prácticas pueden ser leídas como alterna- tivas de participación política.