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Las empresas transnacionales Poder político y económico

III.2. III Prácticas irregulares y privatizaciones

La corrupción y los sobornos son una seña de identidad de determinadas multina-

cionales que, lejos de disminuir, se encuentran en crecimiento85. La corrupción,

desde una perspectiva jurídica, responde a toda acción realizada por sujetos públicos o privados que incumplan la legislación vigente en beneficio personal o para un grupo o empresa (Villoria, 2006, pág. 141). En cualquier, caso hay multitud de prácticas situadas en los límites jurídicos que no son éticas. Estas prácticas expresan dos realidades: la colisión entre los intereses generales y particulares –por un lado–, y la fortaleza política y económica que permite a las empresas transnacionales actuar con total impunidad e imponer sus políticas a gobiernos –sobre todo– de la perife- ria (Someshwar 2000, págs. 1-4). Es una práctica social oculta y –por lo tanto– difí- cil de medir cuantitativa y cualitativamente. Los procesos de desregulación y el poco control jurídico internacional y nacional han dado lugar a que en diciembre de 1997, 22 ministros de economía de la OCDE firmaran un acuerdo para reprimir la

corrupción86. Sus dimensiones cuantitativas y cualitativas han convertido a las prác-

ticas irregulares en un problema de amplia envergadura. El informe del Índice de Corrupción de 2006 sigue confirmando los contornos del conflicto (Transparencia internacional, 2006). Las prácticas corruptas más habituales son las presiones diplo- máticas o políticas, las presiones económicas, los condicionamientos de las ayudas, los sobornos a funcionarios, las becas como contrapartidas, medidas comerciales, estipulaciones de precios... El grupo de trabajo de la OCDE sobre el soborno en las transacciones económicas internacionales. ha tasado su cuantía en 150.000 millones de dólares al año en el mundo. Transparencia Internacional tasa en 400.000 millo- nes de dólares al año la cuantía de sobornos en los procesos de contratación. Este conflicto se encuentra unido a la pobreza, ya que afecta sobre todo a las mayorías sociales de los países pobres y –a su vez– los sobornos son un mecanismo de creci-

85En la actualidad, más del 60% del comercio internacional se realiza entre las filiales de las mul-

tinacionales, canalizándose a través de paraísos fiscales (Cid Gómez, 2007). Un ex miembro de la presidencia de Siemens conocía que desde 2004 existía en la firma alemana una enorme red de sobornos en todo el mundo. El fiscal del caso se ha encontrado pagos dudosos de los últimos seis años por importe de 420 millones de euros (El País, 14 de diciembre de 2006). La petrolera fran- co-belga Total se encuentra con varios sumarios abiertos por la justicia francesa relacionados con comisiones ocultas y blanqueo de dinero relacionadas con yacimientos en Irán, corrupción de funcionarios públicos en Camerún, naufragio de un petrolero en mal estado y explosión de una fábrica cerca de Toulouse (El País, 22 de marzo de 2007).

86El marco legal ha sido activado por la OCDE que ha impulsado el Convenio contra el soborno

de funcionarios extranjeros en las transacciones comerciales internacionales en 1999; la ONU con la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción de 2003 que entró en vigor en 2005 y el Global Compact de 2004. Normas articuladas desde los principios jurídicos internacionales alejados del poder normativo del Derecho Comercial Global.

miento de la deuda externa87. La corrupción genera la consolidación de monopolios

de hecho, puede dar lugar al encadenamiento de otros actos ilícitos, se extiende –tanto en sentido vertical como horizontal– a lo largo de las estructuras del Estado, puede provocar daños irreparables en la sociedad, incluida la pérdida de vidas huma- nas, al violar las normas de calidad de los bienes o reducir los límites de seguridad; incluso la fabricación y comercialización de productos tóxicos en países pobres suele estar acompañada de prácticas corruptas (Malem, 2002, págs. 173-209). Las priva- tizaciones de América Latina en la década pasada estuvieron rodeadas de numerosos casos de corrupción, así el gobierno de Violeta Chamorro de Nicaragua en 1990- 1994, vendió 341 de las 351 empresas estatales por debajo del 75% de su precio de mercado (Verger, 2003, pág. 45). La patronal francesa dispone de un fondo secreto valorado en 160 millones de euros, destinado a apoyar a los empresarios en huelga, pero que ha terminado financiando a determinados sindicatos y sindicalistas.

Las prácticas irregulares se extienden a la evasión fiscal88, a los paraísos fiscales89, el

blanqueo de dinero90y los sistemas judiciales (Transparencia Internacional, 2007).

Los precios de transferencia y el maquillaje de resultados forman parte del circulo de

impunidad en que importantes transnacionales desarrollan su actividad91(Lamrani,

2004, págs. 1-65; Le Monde Diplomatique, 2000; Zamora Sánchez, 2002; CIOSL, 2006a). Según datos oficiales de la Sociedad de Inversiones Exteriores dependiente

87Numerosas investigaciones han demostrado empíricamente que la corrupción impide o dificulta el

desarrollo (Villoria, 2006, pág. 147).

88La organización profesional de Inspectores de Hacienda del Estado Español aprobó en noviem-

bre de 2007 un documento que afirma que “las características de opacidad y anonimato de los paraísos fiscales los convierten en territorios que se utilizan para ocultar todo tipo de rentas, incluidas las provenientes de actividades delictivas, como terrorismo, tráfico de armas y drogas (Red por la Justicia Fiscal, 2007).

89El informe elaborado por la organización Somo aborda los distintos efectos de los paraísos fiscales

(2007). Christian Chavagreaux (2007) entiende “que los ecos de los paraísos fiscales en la mundiali- zación son mucho mayores que el fraude fiscal y el blanqueo de dinero”.

90Según Naím (2008) “el sistema mundial contra el blanqueo de dinero que resultó de la reacción al

11-S es excesivamente oneroso y complicado. Quienes tienen incentivos y recursos para esconder fondos aún cuentan con infinitas posibilidades para hacerlo”.

91Un caso tipo lo simboliza la multinacional Enron. “Enron era el querido sin par de todos aque-

llos que creían que los mercados libres eran el summum de la existencia. Su naufragio es una buena ocasión de sentarse y poner el punto sobre el Estado desregulado y privatizado en el que nos hemos precipitado despiadadamente durante el último decenio. Esto es lo que parece: el con- sejo de administración poniendo pies en polvorosa con centenares de miles de dólares mientras los empleados pierden su trabajo, los inversores pierden millones y los clientes deben sufrir nue- vas averías corrientes. Realización de beneficios excesivos, políticos corruptos. Las burbujas finan- cieras que estallan a fin de cuentas. Los trabajadores echados a la calle. Esto es lo que hace el mer- cado si se libra de si mismo”. Véase Lamrani 2004, pág. 45.

del Ministerio de Industria, las empresas españolas han sacado legalmente en los últi- mos diez años 6.000 millones de euros a través de paraísos fiscales.

En muchos de los países desarrollados los sobornos toman otra forma. La finan- ciación de los partidos políticos por parte del capital privado es un arma de chan- taje que está tomando dimensiones espectaculares (Vidal-Beneyto, 2006; Stiglitz,

2006b; Argullol, 2006)92.

Los mercados ilícitos también están globalizados. Los mercados ilegales de armas, de drogas, de arte, de patentes, de marcas, de seres humanos, están internacionalizán- dose casi al mismo nivel que las actividades legales. El poder de sus organizaciones se ha infiltrado en muchas instituciones y cargos públicos de la Administraciones nacionales e internacionales (Naim, 2007).

Existen, por último, prácticas legales que, sin embargo, se ocultan por sus carac- terísticas y valoración social, ya que carecen de la mínima transparencia, despla- zándose a espacios sin legitimidad social. La participación de La Caixa, con un contrato millonario, en el control del Trade Bank of Irak, que la autoridad pro-

visional de Irak decidió privatizar tras el petróleo93, no fue divulgada pese al éxito

empresarial que suponía, tomándose –por otra parte– la decisión a espaldas del Consejo de Administración. Únicamente con la noticia filtrada, fueron los repre- sentantes del Departamento de Comunicación quienes dieron explicaciones muy dudosas a los medios, pretendiendo ubicar la participación de la entidad finan- ciera en el marco de una actuación solidaria dentro de la reconstrucción. El ini- cio de una campaña de boicot hizo desistir de la operación ya que resultaba muy difícil compaginar su práctica filantrópica con el aprovechamiento de la invasión ilegítima de Irak –mucho más– cuando el gobierno socialista sacó a las tropas españolas (ODG, 2004a, págs. 1-5). El FMI y el Banco Mundial tampoco son ajenos a los procesos de corrupción generados en las denominadas reformas demo-

cráticas de –entre otros países– Rusia encabezada por Yeltsin, el Chile de Pinochet

o la Argentina de Menem, sin olvidar a los subcontratistas de Occidente en la Irak ocupada por EEUU (Klein, 2007b).

92La calidad de la democracia también queda afectada. Así, “La democracia americana es cada vez

más un fraude. El dinero compra los votos, la influencia y los puestos. La gigantesca necesidad de los políticos americanos (que dependen en gran medida) de las donaciones del mundo de los negocios para ganar sus campañas electorales, contamina ahora el discurso de la vida pública del país, con el business que redacta la política pública y que corrompe todo lo que toca. Y las con- secuencias, en términos de ideas y de prácticas de los negocios, se extiende hasta Gran Bretaña”. Hutton (The Observer, 13 de enero 2002).

93CPA/ORD/17 July 2003/20 (Coalition Provisional Authority Order Number 20. Trade Bank of

La privatización de empresas públicas ha sido la fórmula empleada por muchas empresas para transnacionalizarse: permite la acumulación de poder en pocas manos y, en el marco de los países del Sur, ha venido impuesta –con la colabora- ción de sus gobiernos– por las políticas del FMI y el Banco Mundial. Ha sido una medida de chantaje para la obtención de los préstamos del Banco Mundial y mecanismo de homologación de los gobiernos periféricos. La OMC participa plenamente de políticas privatizadoras a través de –por ejemplo– el Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS). Por otra parte, los procesos de priva- tización han ido acompañados de poca transparencia, excesiva rapidez, falta de debates públicos y han estado rodeados de numerosos casos de corrupción. En este caso la privatización de los beneficios viene acompañada de la socialización de las pérdidas a cargo del Estado.

En América Latina, son numerosos los estudios que han abordado un fenómeno de esta entidad (García Morales, 1998, págs. 1-20). Los servicios públicos, las fuentes de energía, transportes y comunicaciones, han sido objeto de privatización; sectores todos ellos muy vinculados a las identidades nacionales latinoamericanas. Las empresas españolas han participado directamente en la puja por las empresas priva- tizadas (Parera, 2005, págs.16-23). Más allá de los beneficios o perjuicios sobre los países latinoamericanos, lo que resulta evidente es la falta de transparencia que guió el proceso de privatización, la corrupción y el gran poder que las multinacionales españolas adquirieron, por poco coste, en el continente americano (Villoria, 2006, págs. 137-157). La inversión extranjera no ha servido para fortalecer los tejidos sociales y económicos ni el bienestar de la ciudadanía, los índices de desarrollo social de los países de América Latina son un indicador decisivo al respecto. Uno de los efectos más destacados ha sido la privatización de los sistemas públicos de protec- ción social y su gestión en manos de las aseguradoras privadas (De la Fuente Lavín, 2006). En cualquier caso, para lo que sí han servido, es para fortalecer a las empre- sas transnacionales (Gamarra Vilchez, 2000, Grupo de vigilancia PLADES, 2005 y Congreso de la República de Perú, 2002). Un ejemplo muy significativo fue la pri- vatización de Aerolíneas Argentinas ya que reprodujo todas las fases tipo de los pro-

cedimientos generalizados de privatización94.

94En la Argentina de Menem los procesos de privatización se desarrollaron en cuatro operaciones:

el saneamiento previo, las empresas privatizadas lo fueron libres de pasivos siendo el Estado el que asumió las deudas con organismos multilaterales o deuda externa; la adquisición de empre- sas con sus propios fondos, las compras se financiaban con créditos exteriores que generaban inte- reses que se sumaban a los beneficios que se exportaban a las empresas matrices; el benéfico fis- cal posterior, la legislación consideró a los intereses generados por los préstamos como deducibles del impuesto atribuido a las ganancias y la renegociación permanente de las cláusulas de los con- tratos que obligan a invertir en servicios sociales y cuyo incumplimiento lejos de provocar la res- cisión provoca la negociación sin indemnización alguna. Véase, Ramos (2001, págs. 2-3).

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