Desde el 2003 en adelante, los discursos públicos del peronismo gobernante vuelven a plantearse en el antagonismo de clase, pero la aceptación dentro del movimiento, así como en el discurso popular, no parece ser tan
masiva. A pesar de que se comenzó a hablar de derechos y de las políticas públicas como deudas sociales y “justicia social”, aún no se logra revertir el discurso público que estigmatiza a los sectores populares como “parias que viven de los subsidios del Estado”, representación social difundida y aceptada durante los años de neoliberalismo.
Desde el 2003 hasta el 2008, por lo menos, el país ha experimentado mejoras en relación a la desigualdad social originada desde el inicio del período neoliberal en Argentina (1976-1999) (Adamosvsky, 2012; Arceo, Monsalvo,
Schorr y Wainer, 2008; García Delgado, 2007; Kessler, 2014).
La recuperación del empleo, el descenso de la pobreza y la reactivación económica son los pilares de los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). Estos se basan en un modelo económico neo-keynesiano que se sustenta en la promoción de la producción, en el crecimiento del consumo público y privado, y en la creación de empleos (Arceo, Monsalvo, Schorr y Wainer, 2008; García Delgado, 2007). Los incentivos y la gestión de la expansión del consumo son sus principales pilares. Así, los créditos, subsidios e incentivos “oficiales” para el consumo se cruzan y refuerzan para sostener la productividad interna.
El salario se constituyó en la fuente de demanda que impulsa la producción, el mercado interno y el consumo en el motor del crecimiento. En ese orden, desde el 2003 hasta el 2004, el salario mínimo aumentó un 125%, y desde este último año hasta el 2013, un 133% (cf. Merediz, 2013). Esto fue acompañado por políticas de subsidios al transporte, las transferencias de ingresos como la Asignación Universal por Hijo40 (AUH), los subsidios al consumo y a los servicios que mantienen accesible el precio de estos últimos. De este modo, desde el 2002 hasta el 2009, para Kessler (2014), el número de prestaciones se ha duplicado con respecto a 1997. Se otorgaron 7 millones de protecciones sociales, que representan un crecimiento del 63% en la cantidad de prestaciones distribuidas por el sistema. Entre ellas, la jubilación, pensiones no contributivas y asistenciales.
A nivel económico, las transferencias de ingresos vía políticas sociales han sido una inyección fuerte al consumo popular, aumentando el nivel de compra de sectores antes excluidos, lo que produce un círculo económico
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La Asignación Universal por Hijo alcanza actualmente a 3,3 millones de niños, niñas y adolescentes. Permitió ampliar la matrícula escolar, mejorar el sistema de control sanitario y fortalecer la economía familiar de muchísimos hogares.
favorable que fortalece los ingresos de diferentes grupos sociales. En ese sentido, Roca (2011) describe que en febrero de 2011, se liquidaron casi 3,5 millones de prestaciones de AUH, que ascienden a 6,8 millones de asignaciones familiares del régimen contributivo del sistema de seguridad nacional y de los trabajadores públicos nacionales y provinciales.
Además de estos indicadores de la reactivación económica, distintos trabajos (cf. Calcagno, Eric, Calcagno, Alfredo E. y Calcagno, Alfredo F., 2001; Escudero, 2011; Féliz y López, 2010) señalan el aumento del consumo de los sectores populares que acceden a bienes otrora vedados. Esta cuestión no es un fenómeno menor, ya que la exclusión social se manifiesta en el capitalismo, tanto a través del desempleo y formas de empleo informal o precario, como por la imposibilidad de participar en el mercado de consumo.
Respecto al fenómeno del consumo, podemos señalar dos visiones fundamentales que se enfrentan para su análisis. Una considera el consumo como una medida “compensatoria” frente a la desigualdad social (cf. De Sena y Scribano, 2014). La otra, como un espacio y una práctica para la construcción de identidades sociales (cf. Milanesio, 2014).
Para De Sena y Scribano (2014), el consumo41 se viene consolidando como fenómeno en los últimos catorce años en Argentina y en Latinoamérica en general. Consumo que denominan “compensatorio”, una de las consecuencias de las políticas orientadas a la expansión de los mercados internos. Consideran este tipo de fenómeno como un mecanismo estatal destinado a la reparación, restitución y resarcimiento de un complejo de fallas ocasionadas por el funcionamiento del mercado, el Estado y la sociedad civil. Su impulso principal son las políticas públicas, “que crea sensibilidades en conexión directa a las «necesidades» de expansión del capitalismo” (De Sena y Scribano, 2014:64).
Mientras que Milanesio (2014) sostiene que el consumo es un espacio y una práctica para la construcción de identidades sociales a partir del cual los/as sujetos se expresan, se diferencian de otros/as y establecen formas de pertenencia y status social. A su vez, es un campo de conflicto y de disputa entre sujetos y sectores con distintas identidades de clase, de género, políticas, raciales y nacionales. En ese sentido, no podemos obviar que el consumo define
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El consumo, según Milanesio (2014), es mucho más que un acto económico; es un fenómeno multifacético que incluye prácticas como comprar, usar, exhibir, ostentar y desear. Implica relaciones complejas entre los sujetos sociales y entre estos y los objetos.
no solo el poder adquisitivo de los sectores sociales, sino que, simbólicamente, y en el marco del capitalismo, representa una manera de integración social que debemos repensar.
Para nosotras, el consumo de los sectores populares como fenómeno en crecimiento a partir del 2003, amerita un análisis exhaustivo que escapa a las posibilidades de esta tesis. Aunque debido a la importancia que adquiere en la construcción de las relaciones entre el Estado y los sectores populares, más adelante analizamos las repercusiones de este contexto en las prácticas y sentidos construidos por las mujeres.
En relación al consumo y al modelo económico centrado en la demanda, la inflación se constituye en un fenómeno económico-social y político problemático. Para el Instituto Nacional De Estadísticas y Censo (INDEC), desde el 2007 hasta el 2010, en Argentina, la inflación42 aumentó un 85%. Y desde el 2013 hasta el 2014, los precios al consumidor aumentaron del 10.9% al 23.9%. En general, la inflación afecta a los sectores populares de bajos ingresos, ya que destinan todo o parte de sus ingresos al pago de bienes de primera necesidad y de servicios, lo que se llama demanda inelástica. En una entrevista realizada por Saud y Sbora (2013), Zaiat explica que afecta principalmente a quienes poseen un ingreso fijo, como los/as trabajadores y jubilados/as. Principalmente, el rubro que repercute en la canasta básica de los sectores populares es el de alimentos y bebidas.
Para contrarrestar la inflación y sostener la demanda agregada, el gobierno interviene para la generación de empleo. Así, ha aumentado el salario - mínimo, vital y móvil- incorporando dichos aumentos al salario básico, ha impulsado las negociaciones colectivas de trabajo, ha derogado la denominada Ley Banelco a través de la Ley 25.877 del 2004 que intenta reordenar el mercado laboral, y ha aumentado las jubilaciones mínimas. También, ha implementado políticas de inyección al consumo popular, como programas de acceso a crédito, subsidios para mantener el precio de determinados productos de la canasta básica familiar y programas de empleo temporal remunerado. Todas estas medidas impulsaron una drástica reversión de la situación crítica vivida a partir del 2001 (cf. Basualdo, 2009).
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Se denomina inflación a un aumento del nivel general y sostenido de precios que impacta negativamente en el costo de vida de las familias (Saud, Julián y Sbora, Matías (2013): “Entrevista a Alfredo Zaiat. `En el cementario no hay inflación´”).
Según el Censo del 2010, la tasa de desocupación a nivel nacional presentó un valor del 5,9%. Este porcentaje implica un descenso del 22,6% con respecto al 2001, que fue del 28,5%. Específicamente, respeto a las mujeres, en el 2010 la tasa fue del 8,2%, lo que implica un descenso de 26,1% respecto al 2001. En la provincia de Córdoba, para el total de la población, la desocupación era de un 24, 2% en el 2001 y paso al 5,9% en el 2010 (bajó un 18,3%). En el 2010, de las 10.406.909 personas inactivas, lo que representa el 34,4% del total de la población de 14 años y más, el 68,6% eran mujeres y el 31,4%, varones. Así, la tasa de desempleo es más alta para las mujeres en casi todas las provincias. De hecho, los ingresos anuales de los hombres se encuentran entre el 55% y 5% por arriba de las mujeres (cf. Censo, 2010).
En cuanto a la salud pública, el sistema de salud argentino se encuentra fragmentado en tres subsistemas: el subsistema de obras sociales (OO.SS.), el privado y el de atención pública de la salud. Según el censo del 2010, el primero, que abarca a la población que cuenta con empleo registrado o con alguna jubilación o pensión, implicaba el 46% de la población, mientras que el subsistema de medicina privada cubría al 16%. El 38% restante dependía de la atención pública. Esto provoca una heterogeneidad dominante en su interior y fragmentación de las instituciones que la componen. Una falta de coordinación y articulación que obstruye la conformación de un “sistema formal” de salud y que atenta contra el uso eficiente de recursos y el logro de niveles aceptables de equidad en su cobertura (Bisang y Centrángolo, 1997:23).43
En la provincia de Córdoba persisten problemas44 -desde los procesos de descentralización de los años 90- que no obtienen respuesta y que afectan directamente a las mujeres entrevistadas: “La falta de insumos, la suspensión de cirugías programadas y la deuda con los proveedores, son aspectos que se replican en los distintos centros de salud de la provincia. Teniendo en cada caso como principales damnificados a los ciudadanos” (“Grave denuncia contra el
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Esta situación fue producto de los procesos descentralizadores iniciados en 1995 a partir de la transferencia masiva de efectores sanitarios de baja complejidad, desde la jurisdicción nacional a la provincial y de esta a la municipal. Se produjo una importante transformación del sistema de salud de la provincia de Córdoba, donde se municipalizó 526 efectores en 6 meses, en especial los de primer nivel de atención, el cual, según el Gobierno, debía pasar a ser responsabilidad exclusiva de los Gobiernos locales. La provincia se comprometía a garantizar el segundo y tercer nivel de complejidad (cf. Ase, 2006).
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Para conocer un ejemplo de la magnitud del problema consultar: http://www.lmcordoba.com.ar/nota/192630_grave-denuncia-contra-el-sistema-de-salud- provincial-de-la-capital
sistema de salud provincial de la Capital.” Diario La Mañana, 20 de enero de 2015)
Sin embargo, en los últimos años, los sectores populares han accedido a mayor cobertura pública de la salud45. Según el Censo 2010, hay un aumento considerable en la cobertura de salud de la población en relación al 2001. Mientras que en el 2001, la población con cobertura de salud representaba el 51,9%, a partir de los datos del Censo 2010, se verifica un incremento que lleva esta cobertura al 63,9%. La población con cobertura de salud se incrementa el 12%, equivalente a más de 6 millones y medio de personas con algún tipo de cobertura de salud.
Por otro lado, en esta última década, el Estado interviene e intenta hacerlo a través del reconocimiento de las identidades, las subjetividades y la heterogeneidad social. Según Hintze (2003), hemos pasado del asistencialismo compensatorio a un universalismo inclusivo. Las políticas públicas se orientan por criterios de universalización de su cobertura y en los derechos ciudadanos. Este es el caso de políticas sociales implementadas por el Gobierno nacional, como la AUH, los controles de salud obligatorios desde el Plan Nacer y diferentes políticas vinculadas a la salud sexual y procreativa; así como programas destinados a garantizar el acceso a medicamentos gratuitos como el programa Remediar46 o la Ley de Medicamentos Genéricos (cf. Alonso y Di Costa, 2011).
Como vemos a lo largo del apartado, los cambios a partir del 2003, particularmente a nivel nacional, implican nuevas y mejores condiciones de vida para los sectores populares. Sin embargo, a nivel provincial y local, los cambios no han sido tan claros y se observan algunas continuidades con ciertas lógicas similares a las de los años 90, tanto en las políticas públicas como en el modo de la intervención del Estado. Esto impacta particularmente en la participación comunitaria de las mujeres de las comunidades que analizamos. A continuación, desarrollamos las condiciones de vida de los/as pobladores de las comunidades sujeto de esta tesis y las historias de creación que protagonizan las mujeres.
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En el Censo se considera que la población tiene cobertura de salud cuando declara tener obra social (incluyendo al PAMI), prepaga a través de obra social, prepaga solo por contratación voluntaria, o programas o planes estatales de salud
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Más de 15 millones de personas en situación socioeconómica vulnerable que poseen cobertura de salud pública exclusiva reciben medicamentos esenciales a través del Programa Remediar.
4.4. La expresión local de la relación entre el Estado y los sectores