sentido, el Gobierno etíope anunció el incremento de su apoyo a las organizaciones rebeldes eritreas presentes en Etiopía que forman la coalición EDA, y la adopción de las medidas necesarias en el campo político y militar para expulsar del Gobierno eritreo al régimen de Isaias Afewer- ki. En paralelo, el primer ministro etíope anunció el in- cremento de los gastos de defensa días después de ame- nazar con llevar a cabo acciones militares contra Eritrea, lo que podría suponer una escalada armamentística en el Cuerno de África. A principios de julio la organización regional IGAD realizó un llamamiento a la UA y al Conse- jo de Seguridad de la ONU para que impusieran más sanciones contra Eritrea. Además, los miembros de la IGAD solicitaron el establecimiento de una zona de ex- clusión aérea sobre Somalia como mecanismo para refor- zar el embargo de armas y cortar el suministro que recibe al-Shabaab por parte de Eritrea. A pesar de las malas relaciones, el Gobierno eritreo decidió reabrir su misión diplomática para la UA y enviar a su embajador a Addis Abeba, acreditado para representar a su país en la cum- bre anual. Además, en un intento por romper su aisla- miento diplomático, a finales de julio Eritrea reactivó nuevamente su membresía en la IGAD, cuatro años des- pués de haberse retirado de ella en protesta por la inva- sión etíope en Somalia. Asimismo, aceptó una visita de Estado a Uganda y el presidente eritreo se reunió con el secretario general de la ONU durante el periodo de sesio- nes de la Asamblea General en septiembre.
Eritrea
Intensidad: 2
Evolución: =
Tipología: Gobierno, Autogobierno, Identidad Interna internacionlizada
Actores: Gobierno, oposición política y social interna, coalición opositora político- militar EDA (EPDF, EFDM, EIPJD, ELF, EPC, DMLEK, RSADO, ENSF, EPDF, EIC, Nahda), otros grupos
Síntesis:
El régimen de partido único que gobierna Eritrea desde 1993, antigua insurgencia que contribuyó a la caída del régimen de Mengistu Haile Mariam en Etiopía en 1991, ha gobernado el país con un marcado autoritarismo y ha silenciado y reprimido a la oposición política. El Gobierno, liderado por la vieja guar- dia de la época de la independencia, se enfrenta a una serie de movimientos opositores que reclaman avances en la demo- cracia y la gobernabilidad del país, respeto por las minorías étnicas, un mayor grado de autogobierno, reivindican el árabe como lengua oficial, el fin de la marginación del Islam en el país y el freno a la imposición cultural de la comunidad tigray, o tigrinyización, que lleva a cabo el PFDJ, que controla todos los mecanismos de poder. Esta situación, además de la políti- ca de Eritrea en la región del Cuerno de África, ha llevado al país a un creciente aislacionismo. En diciembre de 2009 el Consejo de Seguridad de la ONU impuso un embargo de armas, restricción de vuelos y congelación de bienes a los principales altos cargos del país por su apoyo a al-Shabab. posible reactivación del grupo armado FRUD. A finales
de octubre el ministro de Educación, Adawa Hassan Ali, fue expulsado del Gobierno tras haber realizado una re- unión secreta con el líder opositor Hussein Abdourahman Andholeh en Canadá. Posteriormente, se exilió a Etiopía. Por último, cabe destacar que las Fuerzas Armadas ja- ponesas inauguraron el 5 de julio su primera base militar en ultramar desde la II Guerra Mundial, situada en Dji- bouti, con un coste anual de 40 millones de dólares.
Eritrea – Etiopía Intensidad: 2
Evolución:
Tipología: Territorio Internacional Actores: Eritrea, Etiopía Síntesis:
En 1993, Eritrea se independizó de Etiopía, aunque la fronte- ra entre ambos países no quedó claramente delimitada, lo que les enfrentó entre 1998 y 2000 causando más de 100.000 víctimas mortales. En junio de 2000 firmaron un acuerdo de cese de hostilidades, el Consejo de Seguridad de la ONU esta- bleció la misión UNMEE para supervisarlo y en diciembre fir- maron el acuerdo de paz de Argel. Éste estableció que ambos se someterían a la decisión que acordase la Comisión Fronte- riza entre Eritrea y Etiopía (EEBC, por sus siglas en inglés), encargada de delimitar y demarcar la frontera basándose en los tratados coloniales pertinentes (1900, 1902 y 1908) y el derecho internacional. En abril de 2002 la EEBC anunció su dictamen, que asignó la disputada aldea fronteriza de Badme (epicentro de la guerra y actualmente administrada por Etio- pía) a Eritrea, decisión rechazada por Etiopía. A finales de 2005, Eritrea decidió restringir las operaciones de la UNMEE, frustrada por los nulos avances en la implementación de la decisión de la EEBC debido a la insuficiente presión sobre Etiopía para que cumpliera el dictamen, lo que forzó la retira- da de la UNMEE en 2008. Un año antes, la EEBC finalizó sus trabajos sin poder implementar su mandato por obstrucciones de Etiopía, por lo que la situación continúa estancada desde entonces.
Durante el año se agravó la tensión entre ambos países. En enero, el primer ministro etíope, Meles Zenawi, acusó a Eritrea de ser la responsable de intentar perpetrar una serie de ataques con bombas durante la cumbre anual de la Unión Africana (UA) en Addis Abeba. Posteriormente, un informe del Grupo de Monitoreo sobre Somalia y Eri- trea ratificó estas acusaciones y estableció en julio que
el Gobierno eritreo y el grupo armado oromo OLF de Etio- pía estuvieron directamente involucrados en la planifica- ción de un frustrado ataque masivo durante dicha cum- bre.19 En abril se produjo una nueva escalada de la
tensión debido al anuncio de cambio de política por par- te de Etiopía hacia Eritrea. El Gobierno etíope decidió romper públicamente con la política de “paz armada” que había definido las relaciones con su vecino eritreo duran- te los últimos 10 años. Así, el primer ministro etíope decidió apoyar un cambio de régimen en Eritrea. En este
19. Consejo de Seguridad de la ONU.Informe del Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea, presentado de conformidad con la resolución 1916 (2010) del Consejo de Seguridad. S/2011/433, 18 de julio de 2011. <http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/2011/433>.
rismo y con el beneplácito de las élites amhara. Existe un des- contento en el país con el régimen federal étnico implantado por el EPRDF, que no ha resuelto la cuestión nacional, lo que ha alimentado la consolidación de una fuerte oposición políti- ca y social. Hay sectores político-militares que cuestionan el federalismo étnico como insuficiente para sus demandas nacionales y otros sectores de las clases dominantes y con presencia en el conjunto del país que consideran el federalis- mo étnico un freno a la consolidación del Estado-nación, en paralelo a las exigencias de una democratización de las insti- tuciones. En las elecciones de 2005 esta diversa oposición supuso un reto para el EPRDF, que reprimió con dureza las protestas postelectorales, renuente a la competencia multi- partidista.
Las movilizaciones y la caída de regímenes en el norte de África y Oriente Medio generaron un clima de preocu- pación en el seno del Gobierno etíope que habría moti- vado, según diversos analistas, una campaña de presión e intimidación contra la oposición. Así, las autoridades incrementaron su política de arrestos de miembros de la oposición o de minorías nacionales, llevando a cabo cen- tenares de detenciones durante todo el año. Uno de los
más graves fue el encarcelamiento de unos 500 musulmanes. La comunidad musulma- na señaló que la persecución a la que esta- ba siendo sometida era un hecho que ha sido ignorado durante mucho tiempo por las autoridades regionales y federales. A prin- cipios de marzo un grupo de jóvenes musul- manes atacaron comunidades cristianas ortodoxas y protestantes cerca de la locali- dad de Asendabo, a poca distancia de Jim- ma, la capital de la región de Oromiya, tras circular la noticia de que el Corán había sido profanado en un espacio donde se estaba constru- yendo una iglesia. 69 iglesias fueron incendiadas por extremistas en respuesta a este hecho.En junio, el Go- bierno anunció la inclusión de dos grupos armados loca- les, un partido político ilegalizado y dos grupos armados internacionales en su lista de grupos terroristas. Según la Anti-Terrorism Proclamation (ley antiterrorista etíope), los grupos armados ONLF (de la región de Ogadén), OLF y el ilegalizado partido político Ginbot 7 fueron catalo- gados de grupos terroristas. En paralelo, el Gobierno también introdujo en esa lista a al-Qaeda y al grupo ar- mado islamista somalí al-Shabaab. La organización Com- mittee to Protect Journalists (CPJ) criticó dicha medida porque cualquier aproximación para intentar cubrir las informaciones sobre estos actores, según la ley antite- rrorista de 2009, sería calificada de terrorismo. CPJ acusó al Gobierno etíope de haber incrementado la pre- sión y el acoso sobre los periodistas críticos bajo el pre- texto de la lucha contra el terrorismo. Por otra parte,
EEUU instaló en Etiopía una nueva base militar de avio- nes no tripulados en un paradero secreto para llevar a cabo operaciones de contrainsurgencia en la región del Cuerno de África. Además, cabe añadir que Etiopía fue también uno de los países que más sufrió la sequía y la crisis humanitaria derivada de ésta, sobre todo en el sur y el sureste del país, donde podría haber hasta 4,5 mi- llones de etíopes afectados por la situación.21
Durante el año se constataron algunas acciones esporá- dicas de los grupos armados eritreos. A principios de año el RSADO anunció que durante 2011 pretendía llevar a cabo acciones bélicas de carácter unificado con los di- ferentes grupos y movimientos político-militares eritreos. En este sentido, ocho grupos habían unificado sus brazos militares durante 2010 para combatir al Gobierno eri- treo, al que califican de creciente amenaza para la se- guridad regional. En octubre, el RSADO y el ENSF, anun- ciaron haber causado la muerte de 12 soldados eritreos. Otros 15 habrían resultado heridos como consecuencia de una acción insurgente conjunta en las localidades de Kermed, Adi Metras, Ingra Abo, Adi Tela’a y Meshal Akran, en la región Afar. A finales de septiembre el RSA- DO acusó al Gobierno eritreo de estar desviando la ayuda humanitaria que debería recibir la comunidad afar para paliar las consecuencias de la actividad volcánica en la región de Dankalia. El grupo armado acusó al Gobierno de minimizar la magnitud del desastre. Eritrea también sufrió los efectos de la grave sequía que azotó al Cuerno de África.20 Por otra parte, continuaron durante todo el
año las detenciones por parte de las autoridades eritreas de personas de las minorías cristianas que no pertenecen a las comunidades reconocidas por el Gobierno, y per- sistieron las deserciones de militares eri-
treos. Finalmente, cabe destacar que Am- nistía Internacional y el Parlamento Europeo exigieron la liberación de 11 antiguos altos cargos eritreos y de un periodista que se encuentran en régimen de incomunicación desde que en el año 2001 hicieran un lla- mamiento para que el presidente llevara a cabo reformas democráticas. El Gobierno les acusó de estar al servicio de intereses extranjeros con el objetivo de derrocar al presidente eritreo y les arrestó sin estable-
cer cargos contra ellos ni llevar a cabo un juicio para probar las acusaciones. En junio el Gobierno liberó a cuatro británicos acusados de espionaje y terrorismo que estuvieron retenidos durante cinco meses. El país cen- suró las noticias sobre las movilizaciones en el norte de África y en la vecina Djibouti.