Hasta ahora “el derecho a la justicia”, el derecho a tener justicia, en los sectores populares ha sido abordado desde la perspectiva del Estado. De ahí que la problemática haya sido tematizada como “ac- ceso a la justicia”. En ese sentido, se tendrá dicho, que los pobres al no tener los recursos (capital económico), los contactos (capital social) y la información (capital cultural) necesarios para acceder a la justicia no pueden resolver sus problemas.
En los estudios de sociología jurídica en nuestro país, el “acceso a la justicia” ha sido visto y estudiado centralmente desde “arriba”, es decir, desde la perspectiva de la organización judicial. Es el caso, entre otros, de los importantes aportes teóricos y empíricos de María Inés Bergoglio (1997), Carlos Lista y Silvana Begala (2000) y José María De Rosa (1985).
Las preguntas que orientaron aquellas exploraciones han sido,
cuáles son las diicultades y obstáculos que se plantean para acceder
a la justicia y cuáles las soluciones para sortear aquellos escollos. El problema es abordado para dar cuenta de la disfuncionalidad del sistema judicial, o la selectividad con la que suele intervenir en la sociedad.
En efecto, un lugar común en la teoría social a la hora de estudiar a los “pobres” es abordarlos negativamente, a partir de lo que les
falta, deinirlos por sus carencias: “los pobres no tienen trabajo”, “no
tienen salud”, “no tienen educación”, “no tienen identidades”, “no tienen vivienda digna” y tampoco tienen acceso a la justicia. Casi nunca los estudiamos en un sentido positivo, es decir, desde lo que tienen.
Sin embargo, como dijimos más arriba, el hecho de que estos actores no accedan a la justicia no implica que no construyan sus propias experiencias para hacer frente a los problemas con los que cotidianamente tienen que medirse.
Por el contrario cuando abordamos la cuestión volviendo sobre la perspectiva de los actores, es decir, enfocamos la temática desde “abajo”, las preguntas que nos hacemos son otras: ¿cuáles son las estrategias a través de las cuales un grupo de personas le imprimen previsibilidad a una vida cotidiana caracterizada por el desdibuja- miento y/o desfondamiento institucional?
Para decirlo de otra manera, mirada la problemática desde “arriba”, estos grupos se presentan como objeto de una justicia ausente o de rutinas judiciales que sólo los tendrán en cuenta cuando sean interpe-
lados como victimarios de determinadas situaciones deinidas como delitos. Muy pocas veces los tribunales procesarán aquellos conlic- tos donde estos mismos grupos aparecen como víctimas. La conclu- sión obvia que se saca de estos análisis es que los pobres no pueden acceder a la justicia.
Sobre la base de perspectivas como estas, se contribuye a mo- delar un imaginario teórico, que ya resulta de sentido común en- tre nosotros, donde los pobres estarían a la intemperie, indefensos, desprotegidos. De esa manera, los pobres se vuelven otra vez vícti- mas, ahora de investigaciones apresuradas (Alarcón, 2002). Porque cuando postergamos otra vez su palabra, los pobres se transforman en objetos ausentes, los pobres serían aquellos que no pueden ac- ceder a la justicia, no tienen derecho a la justicia, ni tienen derecho a tener justicia. A partir de allí, suele proyectarse una imagen ro-
mántica y icticia, al presentar a los pobres como simples víctimas,
habitantes fragmentados que viven en una suerte de “estado de na- turaleza”, donde prima el caos, la informalidad, la guerra de todos contra todos, donde la vida se organiza en función del egoísmo, la
insolidaridad, la desconianza y la enemistad. Donde cunde la inse- guridad, el pánico y el caos.
Por el contrario, cuando enfocamos la problemática atendiendo el punto de vista de los propios actores involucrados en el espacio social, en esas zonas grises (Auyero, 2007), nos damos cuenta de que su cotidiano dista de aquellas representaciones ensayadas en clave progresista. Nos damos cuenta de que la sociabilidad no es expe- rimentada como un estado de guerra, toda vez que, y a pesar de la precariedad de la vida, los actores desarrollan prácticas solidarias, que van modelando conductas a través de las cuales buscan impri- mirle cierto tipo de seguridad y previsibilidad a su cotidiano (Peux, 2002).
Cuando analizamos las prácticas que desarrollan para encarar es-
tas situaciones conlictivas nos damos cuenta de que estos sectores
tienen otros recursos. Cuando estudiamos a los grupos que los com- ponen desde las estrategias que desarrollan para la reproducción de la sociabilidad en contexto de pobreza y retirada del estado, podemos advertir que además de víctimas (objetos de…) son protagonistas (sujetos de…) de prácticas a partir de las cuales movilizan experien- cias y repertorios previos, modelando lazos sociales, normando las relaciones sociales.
Recuperar el punto de vista de los actores involucrados, como sugiere Clifford Geertz (1997), implica situarnos en la posición y en el conjunto de relaciones desde las cuales las prácticas, las evaluacio-
nes y las creencias sobre la resolución de conlictos son construidas e
intentamos entenderlas desde el punto de vista de esta ubicación.2
En este sentido, y como dijimos arriba, si miramos de cerca, te- niendo en cuenta la perspectiva de los actores involucrados directa- mente, se advierte que, lo que se nos presenta como desorganizado
y, por añadidura, inseguro en los barrios marginales, revela ser una
manera distinta de organizar la vida social y de producir seguridad en función de los recursos limitados que poseen.
En síntesis, no haremos hincapié en el acceso a la justicia estatal,
oicial, sino en cómo resuelven los problemas y conlictos entre ellos,
sin la organización judicial, qué estrategias securitarias desarrollan los habitantes marginales de un barrio de la periferia para hacer frente
a las situaciones reconocidas y deinidas como problemáticas.