SEGUNDA PARTE EXPERIENCIAS REGIONALES
VI. JUSTIFICACION DE LA AUTOEVALUACION Y ACREDITACION.
Una justificación de los procesos de autoevaluación y acreditación, conforme al proceso seleccionado por la ADAA, ha estado presente a lo largo de este trabajo. Pero es necesario aclarar y aportar algunas razones más directas, que contribuyan y se conviertan en una explicación más terminada del proceso tal como se entiende en el modelo de la ADAA.
un proyecto propio y sin ninguna ingerencia de otra entidad, y al concluirlo, decidir sobre los resultados para el bien de la institución. Incluso, puede invitar a expertos de otras instituciones para que participen durante o al final del proceso. Esa alternativa es válida y podría ser la opción de muchas instituciones. Sería un proceso individualizado por el modelo y por el proceso seguidos, pero sobre todo, por las consecuencias y aplicaciones, que no tendrían finalidad alguna en relación con las otras instituciones del sistema.
La ADAA no presenta ese diseño. En la ADAA, existen unos Criterios de Excelencia, que definen la “universidad” y determinan lo que debe estar presente en la institución que inicia el proceso, y establece un mínimo de condiciones que debe reunir para ser aceptada como candidata a la acreditación. Ese mínimo se exige para forzar a las instituciones a entrar en un estado de calidad que debe poseer cada una de ellas para beneficio de todas. A partir de esa calidad comienza la autoevaluación.
Esa característica indica que la ADAA exige cierta organización, algún logro institucional para entrar en el proceso de acreditación. No son todas las instituciones, las que pueden realizar el proceso con la ADAA, solamente aquellas que de alguna manera están empañadas en ser de calidad, pero a partir de hechos concretos que tienen ya en su haber.
El modelo de la ADAA parte de la necesidad de que todas las universidades dominicanas deben reorganizarse. En mayor o menor grado, prácticamente todas deben hacer esfuerzos en esa línea, interna e individualmente y también como sistema coherente. Sin esos procesos, que necesariamente envuelven planificación, es muy difícil asegurar la permanencia de algunas, y el desarrollo de otras instituciones, en el panorama de la educación superior dominicana.
La universidad dominicana precisa mejorar sus actividades de planificación institucional y hacer de esa herramienta un instrumento de utilización continua y completa, y no quedarse en el diseño de programas sin desarrollar el seguimiento organizado y permanente de toda la institución.
En muchas universidades, el proceso de crecimiento institucional fue realmente dirigido por el mercado, por la demanda, y administrado de acuerdo a esquemas tradicionales, fáciles de copiar, que recogían una concepción superficial y mínima de universidad.
A nivel del sistema, no se creó en las asociaciones ni en el organismo estatal, la conciencia sobre la necesidad de un proceso de planificación de la educación superior dominicana que pudiera orientar a las instituciones en particular y conformar el sistema como tal. Una mala comprensión de la autonomía puede ser el motivo principal de tal
comportamiento en el caso del sistema. En las instituciones pudo obedecer a una visión limitada de la planificación, de la gerencia universitaria, y a la carencia de recursos humanos y económicos. En todos los casos, no existió una preocupación por el análisis de los resultados y el progreso dirigido desde dentro de la institución.
Hoy se acepta que las universidades, como entidades particulares y como sistema, pueden ser objeto de planificación sin lesionar su autonomía y sin disminuir sus características típicas, y por el contrario, por medio de ella, se puede lograr una administración más eficiente.
Dentro del proceso de planificación institucional, el diagnóstico, alguna alternativa de seguimiento y apreciación de los proyectos en marcha son elementos esenciales. Se podría afirmar que el diagnóstico es una actividad permanente, dados los cambios continuos y modificantes de la realidad, que afectan la existencia, y sobre todo, la relación de la universidad con el entorno al que ella debe dar un servicio social tan importante como es la distribución del conocimiento.
La autoevaluación comprende esas funciones, por lo que se puede afirmar que es un proceso que complementa periódicamente a la planificación institucional. La autoevaluación es una acción institucional por la que la entidad se autoexamina en su interior y en su contorno. Asigna valores de calidad a la relación entre lo planificado por ella misma y la realidad en que se encuentra.
La planificación aumenta de sentido y cobra un significado nuevo cuando es ejercida y aplicada dentro del contexto de la autoevaluación, en él, la calidad institucional es más relevante si es identificada con la pertinencia de los resultados institucionales, proyectados como logros de la actualización permanente de la misión y objetivos de la institución.
La universidad dominicana necesita obtener legitimación por la vía de presentar resultados no sólo cuantitativos, sino también cualitativos, y para esto es preciso una amplia relación con el entorno exterior, tanto a nivel particular como colectivo. Pero sobre todo, precisa un nuevo estilo de gestión universitaria, donde la racionalidad institucional fluya de la contribución relevante de la educación superior a la vida nacional, no como un medio de conseguir otro tipo de beneficios.
La racionalidad universitaria más válida es la conseguida dentro del consenso de los actores institucionales, profesores, estudiantes, funcionarios y empleados, y permite la conjugación de los intereses y metas de todos con los fines de la universidad, socialmente ponderados y conseguidos con medios, tecnología y condiciones de trabajo conjuntamente
coinciden lo particular y lo social
La legislación necesaria en la educación superior dominicana no es únicamente la individual, la de cada una de las instituciones. Se precisa con la misma urgencia una legitimación colectiva del sistema universitario. Para este proyecto se necesita una agenda del futuro universitario dominicano, planificado y concertado por todas las instituciones, y que lo consideren como lo óptimo para ellas y para el sistema. Esa agenda puede coincidir, constituirse en Criterios de Excelencia de la educación superior dominicana, que deben ser permanentemente actualizados, pero también, una condición de entrada para iniciar el trabajo con una base común de calidad que permita a todas las universidades sentirse cómodas.
La confección de la agenda anteriormente mencionada, que además de contener los grandes lineamientos de la educación superior dominicana en el futuro inmediato, aceptados por las instituciones como compromisos individuales y colectivos, privados y sociales, puede servir de proceso, de experiencia para que las universidades dominicanas aprendan a construir y compartir un rol común en el desarrollo del país.
Ese proceso de confección y realización como forma de inserción de la universidad en la sociedad debe pasar por el proceso de acreditación de las diferentes universidades, donde descubran la verdadera vocación para la excelencia, sobre todo, sea definida y sancionada por el acuerdo común de todas las instituciones.
Calidad construida desde el respeto a la singularidad de cada una, pero también desde el consenso de elementos fundamentales, que todas deben poseer y sin los cuales la educación superior no será eficiente y eficaz, y por lo mismo, no obtendrá la legitimación correspondiente.
Por lo mismo, es necesaria la existencia de alguna estructura, como la ADAA, colocada sobre todas y cada una de las instituciones, que comparten una preocupación de legitimación y de servicio a la sociedad. Desde ellas se podrá gerenciar y aplicar ese proceso de planificación y reorganización de la educación superior dominicana, consistente básicamente en la realización de procesos honestos de autoevaluación institucional. La ADAA nació con ese objetivo.
En República Dominicana es difícil que otra institución pueda proveer legitimación a las instituciones de educación superior.
Las organizaciones gremiales tienen demasiados problemas como para tomar bajo su responsabilidad esta tarea, y actualmente no existe en ellas la cultura adecuada para tal función social. El Consejo Nacional de Educación Superior fácilmente entraría en contradicción con las universidades sobre los ámbitos y constitutivos de la autonomía,
además de tener los peligros periódicos del cambio de gobierno central.
Por lo tanto, es posible que no exista mejor mecanismo para el desarrollo del sistema que aquel salido de la voluntad libre de las instituciones al someterse voluntariamente a otra institución, formada por todas, para que ella determine la calidad de cada una, no contra un parámetro exterior, sino confrontado con ella misma a través del análisis del cumplimiento de su misión y metas, ya que la calidad o excelencia no responde a una concepción que la ADAA posee y a la que se deben ajustar las instituciones que entran en el proceso. La calidad de una institución, según la ADAA, consiste en la adecuación del funcionamiento de la institución a la misión que ella misma ha seleccionado, que la identifica interna y externamente y a los objetivos que persigue como organización educativa.
Esa misión implica no sólo un ideario, sino también la selección de un destino de las funciones naturales de las universidades, dirigidas a cumplir un rol en la sociedad. Cuando la misión no existe, o se presenta en una forma desdibujada, indefinida, la institución no puede apreciar su realización propia y conseguir aquellos logros que debe aportar a la sociedad.
La relación existente entre la misión y las actividades de la institución, constituyen la integridad institucional. Es fácil que una institución a nivel de declaraciones teóricas sea extraordinariamente coherente, pero cuando se trata de ajustar sus acciones a esas declaraciones podría olvidarse de ellas y todas las acciones institucionales seguir en persecución de otros intereses.
La meta de la progresión cualitativa y la integridad como norma institucional son los criterios máximos de la ADAA. Concebida la autoevaluación y acreditación en esos términos, será muy difícil explicar la negación a no aceptar el proceso y a que sea realizado por una agencia que es fruto de todas las universidades y se guía por esos criterios. La ausencia en el país de una cultura de evaluación institucional no puede ser argumento.
La otra perspectiva, la de dejar en manos de la demanda del mercado la decisión y la retroalimentación institucional es una opción, pero los cambios de posición en un mercado no se logran, no se mejoran, sin evaluación. Además, en la educación, en su evaluación, no se trata de un servicio cualquiera, sino de uno que es eminentemente social. De donde se desprende la necesidad de algún mecanismo evaluador con alguna garantía por ser representante de la colectividad especializada del sector.
BIBLIOGRAFIA
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