Si tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 el ex presidente de Estados Unidos, George Bush, prometió “una cruzada contra una nueva forma de mal”,104 en diciembre de 2006, después de asumir la presidencia, el entonces presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe Calderón, no queriendo quedarse atrás, declaró una guerra para erradicar el mal posicionado dentro del espacio público, que tanto ha robado presencia al propio Estado dentro del territorio nacional, como ha contagiado a parte de la población mexicana. El enemigo visible —aunque ciertamente desdibujados — del primer discurso era el terrorismo; el del segundo, el narcotráfico. Ambos, catalogados como amenazas contemporáneas de la seguridad nacional, la plena democracia y la paz mundial, generan las nuevas guerras —negadas— contra el delito que encumbran políticos y gobernantes para no sólo recuperar su legitimidad pérdida, sino para establecer nuevos mecanismos de control y dominación. No se trata, sin embargo, de ganar la guerra, erradicar el supuesto mal y alcanzar la paz mundial, sino, más bien, como ocurre en toda guerra, de matar gente.
No obstante la misma esencia, las nuevas guerras son, al contrario de las acontecidas en siglos pasados, en las que infinitas tropas se alistaban para viajar en buques, aviones y tanques con la finalidad de luchar en campo enemigo, utilizando bombardeos aéreos y artillería pesada, “consensuadas”, menos visibles y sensibles, aparentemente más precisas en sus objetivos y con mayores impactos sobre la población, principalmente mediante los medios masivos de comunicación, los cuales adquieren un papel de suma importancia, dando voz e imagen a quienes sostienen la ineludible guerra y silenciando a los “otros”, los vencidos que pierden la guerra.
Esos “otros”, tras librar esta guerra permanente y preventiva, dice Zaffaroni, son “[…] los sectores criminalizados, victimizados y policializados y/o militarizados que padecen las consecuencias de esta supuesta guerra […] Una buena táctica de control de los excluidos [para que entre ellos] se neutralicen y, de ser posible, se maten”.105 Sin duda, hechos de remembranza marxista a partir de la formación del ejército industrial de reserva, constituido por personas expulsadas tanto del mundo agrario como apartadas de las empresas capitalistas.106
En este sentido, Flores Nández describe que la política de seguridad del sexenio 2006-2012 “[…] fue aplicada como mero pretexto para erigir un aparato represivo que se valió de la guerra contra las drogas como medio para deshacerse de la oposición armada, así como de disidentes, líderes sociales y ciudadanos que se atrevieron a luchar contra la violencia criminal y gubernamental”.107
El objetivo del sistema dominante, dirá Chomsky, “no es la democracia sino el modelo de la empresa privada capitalista y, por tanto, aplastar a los movimientos nacionalistas independientes y las fuerzas populares que intentan deponer una real democracia”.108
En el sexenio 2006-2012 los datos contundentes de la guerra están a la vista. En ninguno de los siguientes puntos se cumplió la meta establecida:
Incremento de 12% en delitos federales. Si bien la meta era disminuir 10% el número de delitos federales cometidos por cada 100 000 habitantes, es decir, tener 94%, para el 2011 el porcentaje de delitos fue de 116% (véanse cuadro XI y gráfica XXXI).
CUADRO XI. Número de delitos federales desde 2006 (cientos de miles)
Año Delitos del fuero federal*
2006 109 629 2007 137 289 2008 136 091 2009 131 582 2010 132 227 2011 133 045
* Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su rubro Incidencia delictiva del Fuero federal, 1997-2012.
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, Incidencia delictiva de 2006 a 2011.
incidencia de los delitos de privación ilegal de la libertad. En Yucatán se mantuvo neutro y en las 28 entidades restantes se observó un aumento significativo, que fue desde 300% en el caso de Campeche a 6 600% más para Durango. La meta era disminuir 50% la incidencia de este delito en cada una de las entidades federativas, logro que sólo obtuvo una entidad de 32, Tlaxcala, que pasó de 408 en 2006 a 3 en 2011. (Véase gráfica XXXII.)
En 2011 el promedio nacional de homicidios fue de 19.8. Del total, 12 entidades federativas están por encima de la media, mientras que las 20 restantes se encuentran por debajo. No obstante, la meta del gobierno federal se centró en 12 homicidios dolosos por cada 100 000 habitantes en cada uno de los estados, situación que hace que sólo 15 entidades, menos de 50%, hayan cumplido con la meta.109 (Véase gráfica XXXIII.)
Tal realidad es preocupante, pues mientras que la tasa en 2006 era de 11.2 homicidios dolosos por cada 100 000 habitantes, en 2011, como se ha comentado, pasó a 19.8 es decir, un aumento de más de 70% en la incidencia de este delito. El hecho ha ubicado a México entre los países con una mayor tendencia al aumento.110 (Véase imagen VI.).
En 2011 la incidencia de delitos de robo con violencia fue de 182.2 como promedio nacional, donde sólo 10 entidades se encontraban por encima y las 22 restantes por debajo. La meta del gobierno federal estableció 141 robos por cada 100 000 habitantes en cada una de las entidades federativas, razón por la cual solamente 20 entidades, es decir, 62.5%, cumplió la meta de estar por debajo de los 141 robos. (Véase gráfica XXXIV.)
Durante 2006-2011 el robo con y sin violencia de vehículos se incrementó en 60%, a pesar del éxito de la estrategia del Registro Público Vehicular (Repuve).
A pesar de la implementación en abril de 2009 del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), encargado de llevar el registro de los usuarios a partir de una asociación del número de línea telefónica y la Clave Única de Registro de Población (CURP) del usuario o propietario para
prevenir y sancionar el delito de extorsión y de secuestro, de 2008 a 2011 la extorsión aumentó 40%, al pasar de 4 400 a 6 200 denuncias, afirmó el Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, A.C. De hecho, tras una evaluación del sistema, en abril de 2011 el Senado de la República aprobó la derogación del Renaut. El registro de más de 98 millones de líneas de telefonía móvil, ofertada por sólo 500 pesos,111 será, precisaron legisladores y autoridades, destruido en tres etapas en presencia de autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Instituto Federal de
Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Aunque la meta en el rubro del sentimiento de seguridad en las localidades era lograr que menos de 50% de la población mayor de 18 años se sintiera insegura en la localidad donde vive, los datos de la Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI) 2010 indicaron que este porcentaje se localizó en
65%112 (véase gráfica XXXV). Desafortunadamente, después de las ENSI 2009 y 2010, elaboradas
por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad (ICESI) junto con el Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el ICESI fue vetado por el gobierno federal para proseguir
en su labor oficial, espacio que desde entonces tomó únicamente el INEGI, que a partir de la Encuesta
Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2012 dio a conocer — extrañamente— que el porcentaje de inseguridad se redujo 38.9%, con lo cual la meta se había logrado; menos de 50 por ciento.113
En el rubro de confianza en las corporaciones policiales, a pesar de que la meta era lograr que 63% de la población de 18 años y más sintiera confianza en ellas, la ENSI 2010 publicó que en
promedio las corporaciones policiales del país (tránsito, municipal, estatal, estatal ministerial, federal ministerial y federal) tenían 17% de mucha confianza, 62% con poca confianza y 19.3% nada de confianza. En igual proceso, posteriormente la Envipe 2012 dio a conocer que 19.8% de la población tenía mucha o alguna confianza en las policías y que 79% mantenía poca o nada de confianza en ellas. En ésta, cabe destacar que la policía federal tuvo la mayor confianza, mientras que la policía municipal y de tránsito serían las de mayor desconfianza. (Véase cuadro XII.)
CUADRO XII. Porcentaje de confianza en instituciones policiales (2012) Institución Mucha o alguna confianza Poca o nada de confianza
Policía federal 51.3% 46.7%
Policía estatal 38.4% 60.1%
Policía municipal 31.4% 68%
Policía de tránsito 28.6% 80.5%
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2012 realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
Por su parte, la cifra negra, es decir, el porcentaje de delitos no denunciados a las autoridades correspondientes, tuvo un decremento poco sustancial, al pasar de 79% en 2007 a 78% en 2009, de acuerdo con información de la ENSI 2010. Aun cuando uno de los principales objetivos del gobierno
federal en su Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 era disminuir la cifra negra,114 la Envipe 2012 dio a conocer que de los 22 389 492 delitos ocurridos en 2011, solamente 2 871 933, es decir, 12.8%, fueron denunciados, dando como resultado un considerable 87.1% de impunidad.
Finalmente, no obstante la guerra contra el narcotráfico, después dirigida hacia el crimen organizado, fue el principal discurso del sexenio 2006-2012, tras una Encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica de la Presidencia, en 2012 se reveló que sólo 21% de los mexicanos mantenía un balance favorable al gobierno.115
Tras la melancolía causada por estos datos, las preguntas obligadas ante una guerra contra el delito son: ¿quiénes fueron los criminalizados? y ¿quiénes las víctimas? Respecto a los
criminalizados, tenemos que 27.2% de los probables responsables detenidos por delitos previstos en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada (LFCDO) fueron jóvenes, un estrato social
ampliamente vulnerado desde que dio inicio esta guerra contra el delito. De hecho, de acuerdo con datos del INEGI, 46.5% de los procesados y 48.6% de los sentenciados son jóvenes de 18 a 29 años
de edad.116 Estas cifras dan cuenta del fenómeno de la juventud mexicana criminalizada. Respecto al segundo segmento, de los 43 816 fallecimientos por presunta rivalidad delincuencial de 2006 a 2010, según bases de datos de la Presidencia de la República, 26.8% correspondió a jóvenes de entre 15 y 30 años. Sobre este punto, cabe subrayar que en 43.7% de los fallecimientos se estaba sin poder determinar —inexplicablemente— a qué grupo de edad pertenecían. En otro punto de la lucha, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que las muertes de militares en el combate al crimen organizado y al narcotráfico correspondieron a 8 jefes, 45 oficiales y 220 elementos de tropa, en su mayoría entre los 18 y los 35 años.
En general, el perfil de la víctima de homicidio en el sexenio 2006-2012 fue de personas del sexo masculino, con una edad entre los 20 y los 34 años, con poca o ninguna escolaridad y que vivían en unión libre.117
De esta manera, las juventudes mexicanas han sido el grupo social que más ha resentido la guerra librada contra el delito,118 no sólo por constituirse en víctimas directas o indirectas por medio del castigo o de la muerte, para los cuales el progreso prometido por la modernidad no lo es ya (agigantamiento del Estado penal y policial), sino para esa masa de juventudes excluidas de la educación, el empleo, la salud y el deporte, aquellos jóvenes en riesgo119 que luchan día a día por no cruzar la línea que los instale en el discurso del castigo y el delito (achicamiento del Estado social y asistencial).120
Así pues, a pesar de la noticia de que “[…] a partir de 2010, México se beneficiaría con una inversión demográfica que podría llevarlo a un nivel de primer mundo […]”,121 el proceso decisorio de la globalización y el neoliberalismo122 galopante han hecho que las juventudes del país queden rezagadas ante las promesas de la modernidad y, por el contrario, sean objetos de la exclusión, la desigualdad, la discriminación, el castigo y la muerte.
Jóvenes rebeldes que son convertidos en los peligrosos; inquietos que son transformados en holgazanes. De los 36.2 millones de jóvenes mexicanos, algunos están excluidos del trabajo y/o de la escuela; unos más se encuentran recluidos en algún centro penitenciario municipal, estatal o federal; y otros más descansan, si corren con suerte, en panteones o en columbarios.
Su discurso es “prefiero morir joven y rico, que viejo y jodido… como mi papá”,123 paráfrasis del otrora famoso “prefiero morir de pie que vivir siempre arrodillado”, del general Emiliano Zapata, o del “preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos”, del grupo de los extraditables narcotraficantes en Colombia. Los tres se dirigen hacia un mismo objetivo: la individualidad frente a la realidad, anteponiendo el sujeto a la realidad, sea de manera ilegal, como sucedía con los extraditables, de modo revolucionario en Zapata o dentro de un contexto consumista
neoliberal. Los tres creían o creen defender causas justas; los narcotraficantes el negocio de las drogas frente al imperialismo norteamericano mediante el grupo de “los extraditables”; Zapata, por su parte, encauzando los valores de “tierra y libertad”, defendía al pueblo que lo vio nacer, y al cual observó siempre humillado, esclavizado y sin derechos por parte de los hacendados y gobernantes. Pero, ¿acaso tendrán algo que defender esas juventudes que pintaron la barda y que expresan el sentir de millones de jóvenes mexicanos?: “[…] los sujetos juveniles [dirá Alejandro Villa] son pensados en oposición y/o en ruptura con las sociedades capitalistas occidentales […]”,124 son tratados como peligros, siempre resistentes al control y a la disciplina; rebeldes, inquietos, desordenados y, por tanto, delincuentes en potencia.
Son objetivos de la biopolítica, dice Reguillo Cruz, quien, retomando el concepto de relaciones de poder de Foucault, comenta:
[…] El objetivo [de la biopolítica] es el sometimiento del cuerpo a una disciplina que lleva a la optimización de sus capacidades y al incremento de su utilidad [en el asunto de los jóvenes existen dos narrativas sociales]. Una estaría constituida por el cuerpo liberado y obstinadamente joven… el cuerpo juvenil transformado en nueva deidad del consumo […] Por otro lado, está la narrativa del cuerpo pecador, castigado, metáfora de la derrota del cuerpo […]125
Otro tanto ocurre en el espacio económico, donde “[…] el mercado de trabajo excluye masivamente a jóvenes que nunca ingresaron en él, y que, si lo hicieron, se encuentran en una situación de inestabilidad laboral […]”.126
De tal suerte que para los jóvenes únicamente existió un brazo —en términos de Bourdieu— del Estado-nación; el derecho expresado en las instituciones policiales, en las agencias del Ministerio Público, las fiscalías, los jueces y las instituciones penitenciarias. Nunca conocieron al brazo izquierdo, por lo menos, no como tendría que haber sido.
La política criminal adoptada por la mayoría de los países occidentales, en el supuesto marco de sus Estados democráticos de Derecho, siguen esta orientación de criminalizar a los jóvenes, quienes, al igual que en las clases populares de la Europa del siglo XIX, están volviendo a ser
considerados un potencial peligro social por la posibilidad de convertirse en delincuentes y atentar contra el orden social y la moral pública. Hecho que, sin embargo, tiene que ver con otro riesgo: el de los jóvenes que representan la posibilidad de cambio social y, en consecuencia, de crítica y reflexión sobre los fenómenos que les rodean. Constituyen un contrapoder que hoy día se alimenta — fuera de los medios tradicionales— de las redes sociales, que, en palabras de Castells, están formando nuevos movimientos sociales y la formación de una política insurgente;127 razón por la cual, a mansalva, “[…] internet, que originalmente se planteaba como un espacio civil, se ha convertido en un espacio militarizado […]”.128