Si bien es cierto que la técnica guiada por la ciencia permitió al hombre un progreso casi impensable por las generaciones de los siglos pasados, también lo es que dicho progreso ha sido parcial. La razón instrumental lo ha llevado a dominar y controlar la naturaleza a un grado tal que — paradójicamente— uno de los riesgos más latentes es precisamente la dependencia respecto de la ciencia y la tecnología en sus expresiones más extremas: sea la era atómica advertida por Ulrich Beck75 o el calentamiento global denunciado por Al Gore,76 ambos auspiciados y propiciados por el hombre, principalmente de la clase dominante.77
Cuando, se supone, tendrían que ser dos de las principales herramientas con las que cuenta el hombre moderno para solucionar los grandes problemas a los que se enfrenta, ciencia y tecnología, por el contrario, no han sido más que dos espacios atravesados por el poder económico y político. Se sabe, como bien apunta Ruiz Zúñiga, que “Mucho de la estructura de la ciencia y la tecnología modernas, de la Big Science, fue motivado por las necesidades de la organización militar y los propósitos de la política y la guerra”.78
Los inventos de la imprenta, la brújula y el cañón, decisivos en los ámbitos de la ciencia, la economía, el comercio, la navegación y la guerra,79 son ejemplos de ello. La ciencia y la tecnología, lejos de representar bienes comunes al interés de la colectividad,80 constituyen recursos al servicio de las clases dominantes, utilizados principalmente para el control y la dominación de las clases subalternas.
Vigilar y castigar de Foucault, castigo y tecnologías de poder de David Garland, así como vigilancia y consolidación de los Estados-nación de Anthony Giddens, son conexiones que han permitido establecer el estrecho vínculo entre el saber y el poder.
El ámbito penal y policial, principal motor en el control y la vigilancia de los hombres peligrosos, no solamente no ha escapado a tal inclusión de las llamadas Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC), sino que ha representado un dique importante en la evolución
de estos mecanismos durante las últimas décadas. Ejemplo de lo anterior son las tecnologías de vigilancia y de C3I (Comando, control, comunicaciones e inteligencia), de las cuales Amnistía Internacional (AI) ha expresado su preocupación al ser potentes medios de vigilancia e intercepción
utilizados por fuerzas policiales, de seguridad e inteligencia que contribuyen a violar los derechos humanos. A pesar de ello, durante el sexenio 2006-2012 se construyeron en diversas entidades federativas los C4 (Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo) como parte fundamental del proyecto tecnológico policial Plataforma México (PM).
Plataforma, según autoridades de la SSP federal, concebida como la columna vertebral para
ofrecer al país los estándares de seguridad que merece, y que tendrá como responsabilidad responder a las siguientes necesidades:81
• Permitir el registro de los eventos ocurridos durante la actividad policial, de manera homogénea;
para conocer su modus operandi;
• Tener herramientas de consulta directa e integral a todas las bases de datos;
• Correlacionar la información y realizar cruces;
• Desarrollar un producto tecnológico que integre y opere en todos los centros penitenciarios;
• Facilitar la captación de la denuncia;
• Contar con un servicio de cartografía;
• Tener un Sistema Nacional de Llamadas de Emergencia;
• Contar con bases de datos de índole criminalística, de elementos de seguridad pública, de los vehículos automotores y en materia de administración e impartición de justicia;
• Generar un Sistema de Telecomunicaciones, y
• Contar con un Sistema de monitoreo y seguimiento de usuarios y operadores de la plataforma. El proyecto, creado en 2008, con un costo de 4 300 millones de pesos, más los 7 000 millones de pesos que generó de 2009 a 2011,82 es decir, con un gasto total de 11 300 millones de pesos — comparado con los 5 300 millones destinados al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades de Sedesol en 2012—,83 tuvo su principal objetivo en la sistematización, clasificación y utilización de datos e información, por parte de las instituciones de seguridad; de personal de Seguridad Pública, armas, municiones, automóviles, huellas dactilares, registros de voz, registro balístico, denuncias, probables responsables, procesados, sentenciados, mandamientos ministeriales y judiciales, video e imágenes, licencias, mexicanos cumpliendo condenas en el extranjero, casos de investigación, informes policiales homologados, entre otros.
La nueva lógica de seguridad en México, como la llaman Arteaga Botello y Fuentes Rionda, basada en el uso de dispositivos de vigilancia y administración de la población y control social, así como de gestión de riesgos, pareció mantener su objetivo en crear, expandir y articular las distintas bases de datos sobre comportamientos de diferente tipo —no sólo de carácter delictivo— que abarcan condiciones de vida y consumo a partir de la puesta en marcha de distintos dispositivos de localización y monitoreo.84 Un proyecto total que muestra a una sociedad vigilada,85 concretamente, una libertad vigilada.
No obstante, en términos de la meta, las 32 entidades federativas mantuvieron conexión a Plataforma México para subir, integrar, sistematizar e intercambiar la información que generaban sus instituciones de seguridad, el cumplimiento de su conectividad no se obtuvo, pues únicamente se alcanzaron 1 958 conexiones seguras de las 2 075 comprometidas, 979 en áreas de seguridad pública, de las cuales 340 fueron federales, 333 de orden estatal y 306 en municipios (véase gráfica XXVI). De esta manera, la vinculación de las áreas para ofrecer seguridad en las conexiones con terceros usuarios, como municipios, empresas privadas, instituciones de gobierno e instituciones estratégicas se vio limitada.
Una de las capas más importantes —junto con las aplicaciones— de Plataforma México es el relativo al Sistema Único de Información Criminal (SUIC), el cual está integrado por más de veinte
bases de datos que son actualizadas y alimentadas mediante las siguientes capas de aplicativos: Informe Policial Homologado, Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, Registro Nacional de Información Penitenciaria, Registro Nacional de Armamento, Sistema de Alertamiento y Colaboración, Sistema de Análisis e Inteligencia de Casos de Investigación, Sistema Gerencial de Operación, Módulo de Secuestro, Módulo de Extorsión, Tableros de Información, Sistemas de Productos de Inteligencia Motor de Búsqueda de Datos, y Sistema de Análisis de Correlaciones. Algunas de la veintena de bases de datos contenidas en el SUIC son:86
• Informe Policial Homologado;
• Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública;
• Información Penitenciaria;
• Biometrías dactilares, de voz y balística;
• Mandamientos ministeriales y judiciales;
• Registro Público Vehicular;
• Vehículos robados y recuperados;
• Denuncias ciudadanas;
• Fichas delictivas;
• Casos de investigación;
• Información estadística del delito de secuestro y de extorsión;
• Licencias de conducir;
• Registro Nacional de Armamento y Equipo, y
• Registro de Empresas de Seguridad Privada, entre otros.
Si bien en esta capa los 32 estados de la república mantienen conexión, al igual que en Plataforma México, cabe subrayar que solamente 306 municipios, 12.54% del total, cuentan con ella; lo anterior, a pesar de que son ellos los que concentran el mayor número de personal de seguridad pública, y quienes establecen el primer contacto con los hechos probablemente constitutivos de delito.
A agosto de 2012 Plataforma México contaba con 503 410 690 registros para combatir a la delincuencia, entre los que se encontraban 19 512 diferentes tipos de casquillos 4 000 tipos de balas, 7 millones de huellas dactilares, 90 000 registros de voz y 900 000 registros faciales.87
Otros dos temas en los cuales el sexenio 2006-2012 estableció metas fueron: el aplicativo del Registro Público Vehicular (Repuve) y el de Informe Policial Homologado (IPH). Sobre el primero,
que tuvo por objeto la “[…] identificación y el control de todos los vehículos automotores que circulan en el país [a partir] de información proveniente de autoridades de las entidades federativas, dependencias federales y sujetos obligados […]”,88 se rebasó la meta al lograr 33 595 000 vehículos registrados, 3 595 000 más (véase gráfica XXVII). Entre los rubros de registro se encontraban los siguientes:
• Características generales del vehículo (modelo, marca, número de placas y motor, tipo y color de unidad);
• Datos correspondientes a la inscripción, tales como el lugar, la fecha y la hora del registro, el número de identificación vehicular (NIV);
• Información sobre el propietario: nombre, apellido, domicilio, Registro Federal de Contribuyentes (RFC);
• Estatus físico y legal de vehículo, alta, baja, con o sin reporte de robo, y
• Fecha de última actualización, entre otros.
No obstante el sobre cumplimiento, el delito de robo con y sin violencia de vehículos, uno de los que mayor impacto genera en la sociedad89 y mayor daño patrimonial causa,90 aumentó 60% de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al
pasar de 146 906 denuncias por robo de vehículos con y sin violencia en 2006 a 230 415 en 2011(véase gráfica XXVIII). Aunque el número de automóviles asegurados se ha incrementado, esto no ha repercutido en la disminución del robo, ya que datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) indican que de 2007 a 2011 el robo de autos asegurados se disparó
53%. Según la AMIS, uno de los factores más importantes por el cual el robo de vehículos se
incrementó fue el recrudecimiento de la violencia como producto del combate a grupos criminales organizados.91
De esta manera, el incremento de las sociedades aseguradoras de Robert Castel (seguros para vehículos) a consecuencia de las sociedades en riesgo de Ulrich Beck (robos de vehículos) no proporciona automáticamente la ausencia de inseguridad subjetiva y objetiva. “La inseguridad moderna —dice Castel— no sería la ausencia de protecciones, sino más bien su reverso, su sombra lleva a un universo social que se ha organizado alrededor de una búsqueda sin fin de protección o de una búsqueda desenfrenada de seguridad […]”.92
Una búsqueda sin fin y desenfrenada de la cual el ámbito económico-empresarial obtiene sus mayores ganancias; empresas de seguridad privada,93 seguros de vida, seguros para vehículos, seguros de gastos médicos, seguro escolar. En sí, lo que Marx llegó a llamar la productividad del crimen94 y que se vislumbra como, dice Wacquant, la nueva lógica del mercado capitalista en los supuestos sociales y punitivos, anteriormente provistos únicamente por los Estados. No es, por tanto, el negocio de la seguridad el que está en juego, tampoco el de la guerra, sino el de la paz.
El segundo aplicativo referente al Informe Policial Homologado (IPH), base de mayor solidez
para generar el Nuevo Modelo Policial, creado con la finalidad de que el policía o la autoridad de primer contacto con los hechos presumiblemente constitutivos de delito y/o falta administrativa recaben los datos necesarios para estar en posibilidades de capturarlo en el Sistema de Informe Policial Homologado,95 tuvo la meta de 571 000 informes incorporados a Plataforma México. Aun cuando entre enero y junio de 2011, según datos del SESNSP, sólo se había logrado incorporar .32% de
informes policiales, es decir, ni uno por policía, a junio de 2012 —sorpresivamente— la cifra de IPH
subidos a Plataforma México era de más de 3 millones desde 2008, 50% más que la meta prevista. (Véase gráfica XXIX.)
El IPH es un documento de cuatro cuartillas, con más de 100 puntos por llenar, socializado a
todas las corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno. Es la piedra angular para que el Nuevo Modelo Policial funcione y sea efectivo. Si el IPH no es incorporado a Plataforma México,
como fuente confiable de información, de poco o nada sirve contar con la mejor plataforma tecnológica de sistematización, clasificación, correlación y cruce de información de América Latina. Su extensibilidad y su supuesta homologación —dadas las diferencias entre un policía federal y un policía municipal en lo que respecta a su capacitación, salarios y condiciones laborales— hacen que el IPH, aun cuando se haya sobrecumplido la meta, constituya uno de los puntos más importantes por
revisar y fortalecer para la próxima administración federal. El IPH puede generar no solamente mapas
comunitaria y la proyección de campañas de prevención del delito y la violencia.
Un último elemento, también incluido en Plataforma México, en el cual se estableció una meta específica, fue contar con la operación de 100% de los Módulos de Secuestro, delito que, desde hace décadas, ha venido experimentando un incremento geométrico en el país,96 ya no sólo a víctimas de clases altas y poderosas, sino a cualquier persona (la democratización del secuestro).97 Tal inseguridad frente a este delito ha generado, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Viviendas, Percepción ciudadana sobre la seguridad en México 2009, de Consulta Mitofsky, que 55 de cada 100 mexicanos teman ser secuestrados.
Cruenta realidad que, sin embargo, ha movilizado no sólo a víctimas directas e indirectas, sino también a posibles víctimas a exigir a las autoridades su compromiso para establecer estrategias serias y profesionales que reduzcan este tipo de delito, en el cual México ocupa los primeros lugares en el plano mundial.98 De hecho, el establecimiento de los módulos de secuestro fue uno de los puntos del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad,99 de agosto de 2008, entre diversos actores políticos y sociales.
Acuerdo, cabe subrayar, que lamentablemente no tuvo el éxito esperado. En voz de su principal exponente, María Elena Morera, presidenta de Causa Común, “[…] el Acuerdo fue un fracaso porque el índice delictivo no disminuyó, sino que aumentó. Se elevó el homicidio doloso y el secuestro denunciado […] Hay pocos logros y muchos pendientes […]”.100
En consecuencia, aunque el gobierno federal cumplió con la meta de operar el 100% de los módulos para el combate al secuestro en el SUIC, los datos evidencian un incremento drástico de
203%, según información del SESNSP, pues tan sólo las denuncias pasaron de 907 en 2008 a 1 344 en
2011, pese a que la meta establecida fue la reducción de 50% del delito en cada una de las entidades federativas, cumplimiento que solamente logró, con reservas, Tlaxcala. (Véase gráfica XXX.)
Aun cuando operan las Unidades Estatales contra el delito de secuestro —costeadas en 453 543 115 pesos—, el rezago en su integración es evidente, pues según Causa Común, a 2012 únicamente 8 unidades tenían un avance de más de 70%. Asimismo, a agosto de 2011, de los 1 200 agentes antisecuestro existentes en el país, sólo 61% se encontraban debidamente capacitados en la materia, en tanto que de los 1 079 sometidos a exámenes de control de confianza, casi la mitad reprobó.101
Por tanto, aunque se tengan titulares designados adscritos a los módulos y se cuente con las instalaciones para que cada entidad federativa tenga su Unidad de Combate al Secuestro, el personal por evaluar y capacitar hace que no se esté al 100% en operación, tal y como se pretendía. Aún de mayor preocupación es el incremento geométrico del delito y el personal que incluso “reprobados en las evaluaciones de confianza siguen trabajando en las Unidades antisecuestro de las fuerzas de seguridad estatales”.102
Fuera de estos datos técnicos que muestran el fracaso de la implementación tecnológica del modelo policial con la inclusión de Plataforma México, nuestro país se encamina hacia la sociedad de datos que plantea Nissenbaum, en la que “[…] la privacidad esté en riesgo no sólo en un caso u otro, sino bajo ataque como valor social general […] la videovigilancia de parques públicos, los programas de lealtad de tarjetas de clientes frecuentes de tiendas, la intervención de líneas por el
gobierno y el monitoreo de transacciones en línea […]”,103 paradójicamente, no son recibidos con desconfianza y temor, sino que, al contrario, son exigidos por la sociedad del miedo construida y amoldada a --y por-- los intereses de la clase dominante.
La exigencia de seguridad ha convertido a prácticamente todo ser humano en rehén de su propio deseo. Una libertad vigilada, controlada y castigada; el resurgimiento del panóptico benthamiano del siglo XVIII, reforzado con los nuevos descubrimientos de los siglos XX y XXI, hacen reflexionar, sin
duda, sobre la posibilidad del advenimiento de una sociedad en prisión.