La excepción: la toma Esperanza Andina en 1992

Como señalamos, en 1990 el primer gobierno de la Concertación implementa un programa masivo de vivienda progresiva para contener las tomas de terreno, fenómenos esperables por el gran número de allegados y el importante déficit acumulado. En efecto, desde 1990 en adelante casi no se registran tomas, excepto dos emblemáticas con las cuales ya no se busca solo conseguir una vivienda, sino una buena localización.

La primera es la toma Esperanza Andina, cuyo desarrollo tiene lugar durante los dos primeros gobiernos de la Concertación, que da origen a algunas modificaciones en los procedimientos utilizados por las políticas habitacionales. La segunda es la toma de Peñalolén, que abordamos en la sección siguiente.

El gobierno suponía que, al ampliar la cobertura de «atención en vivienda», el problema habitacional se resolvería. Sin embargo, para entonces los allegados tienen nuevas necesidades: demandan el acceso a viviendas mejor ubicadas y una mayor eficiencia en la obtención de resultados; además demuestran interés en participar más en la gestión de los proyectos. Ya no buscan solo conseguir casa, sino que casa aquí y ahora; y «con nosotros».

Así, en 1992 se produce la toma Esperanza Andina, que agrupa a más de ochocientas familias allegadas, provenientes de distintos sectores de la zona oriente de Santiago, que se organizan durante 10 meses bajo la consigna «por el derecho de vivir en la comuna», y deciden instalarse en terrenos del sector precordillerano de Peñalolén, cuando ven agotadas las gestiones para conseguir una casa propia.

3.3.2.1. Adquisición del primer sitio 

Durante el gobierno de Aylwin, los allegados de Peñalolén comprueban que las autoridades no lograrán resolver ni siquiera el problema del 10% de las familias allegadas, que al oriente de Santiago suman más de 10.000 (ROYO, 2005; FIGUEROA, 2003).

«Lo que nosotros queremos es algo que le corresponde al gobierno solucionar. En Chile hay tantos allegados, miles de allegados. El gobierno da subsidios a unas pocas familias no más. Aquí en Peñalolén hay más de 10.800 familias de allegados, pero en este momento la solución sólo se está dando para 800 familias. Con este nuevo gobierno no ha cambiado mucho la situación. La re- estructuración según nuestra visión es pésima» (FLORES, 1994: 123)

El gobierno busca evitar la toma de terrenos, pero los allegados de Peñalolén ven la toma como la «esperanza» de tener un sitio, ante la pasividad del gobierno, que no escucha sus propuestas ni entiende que los pobladores quieren quedarse en la comuna donde viven. En efecto, en una reunión convocada por partidos políticos, a la que asisten diputados, profesionales y autoridades del Minvu, los pobladores no pueden presentar el documento «Por el Derecho de Vivir en la Comuna», donde proponen que todos los terrenos de Peñalolén queden disponibles para soluciones habitacionales para los más pobres, porque «ni siquiera la leyeron», «solamente habían discursos políticos» (Miguel Ángel García; en FLORES, 1994:32). Ante la insistencia de los allegados, autoridades de gobierno argumentan que el gobierno recién comienza y que tienen que tener un diagnóstico claro para poder actuar.

«Yo le dije: si en este momento no hay nada…, entonces la única solución que hay son las tomas. Me dijo: no, no, el gobierno no está de acuerdo con las tomas. Y se fue» (Miguel Ángel García; en FLORES, 1994:33).

Así, distintos comités de allegados de Peñalolén se organizan y crean la Coordinadora Comunal. Los dirigentes buscan y encuentran un terreno, conversan con el propietario, que se muestra dispuesto a vender a un precio asequible, y luego con el Minvu, con el objetivo de conseguir los fondos para adquirirlo y construir sus viviendas. El procedimiento para la compra del terreno, que la política habitacional no contempla, resulta difícil y el proceso se alarga. Entonces los allegados deciden movilizarse para presionar al gobierno. Le solicitan al Minvu que reserve terrenos para las familias allegadas, que otorgue un subsidio adicional para comprar los sitios y que les permita participar, en conjunto con el municipio y el gobierno, en la realización de proyectos de vivienda social.

«Tuvimos muy poco apoyo, para implementar nuestro proyecto. Salvo algunos funcionarios del Ministerio que captaron pa’ donde íbamos, que nos fueron aportando antecedentes, pero de manera completamente ilegal» (José Luis Flores; en FLORES 1994:33).

El gobierno responde negativamente señalando que las propuestas de los allegados no están incluidas en la ley vigente, pero las movilizaciones siguen —«si la política habitacional no la cambian ustedes, la cambiamos nosotros» (José Luis Flores; en FLORES 1994:39)—, y las negociaciones también. Los allegados y el Minvu convienen con el propietario del terreno que la compra se financiaría con el subsidio de vivienda progresiva primera etapa y con el ahorro de los pobladores. Pero la municipalidad, apoyada por un grupo de vecinos, y más tarde el Minvu, entorpecen el proyecto.

Los allegados recurren entonces a un mecanismo de presión y ocupan el terreno. El 17 de noviembre de 1991, 350 familias se toman el sitio por un día, exigiendo que se entreguen los subsidios para comprarlo, y que se modifique el procedimiento para acceder a una vivienda progresiva, de forma que el comité pueda adquirir el terreno y no el Serviu, solicitudes a las que el gobierno accede. Los pobladores aseguran así su primer sitio. Con los logros obtenidos, la Coordinadora se gana la confianza de los pobladores, pero la solución solo resuelve el problema de algunos allegados. Los dirigentes reciben peticiones de otras familias que no caben en el terreno.

«Uno de los que estaban presentes [frente a la petición de una allegada con tres hijos] dijo, hay que hacer otra toma» (José Luis Flores; en EL MIRADOR, 1999).

3.3.2.2. Toma masiva del 19 de junio de 1992  

A principios de 1992, el Minvu le ofrece a la Coordinadora Comunal espacio para mil familias en un proyecto de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional, pero posteriormente el gobierno retira su ofrecimiento, argumentando que la ley no permite entregar los subsidios a un grupo en particular y que se debe seguir el procedimiento establecido.

Sin embargo, para los pobladores era tarde, de hecho ya la coordinadora había iniciado una campaña para sumar más allegados y dirigentes a la organización y se había formado la Unión Intercomunal de Allegados de la Zona Oriente.

«El Ministerio había ofrecido algo y no cumplía… Nosotros inmediatamente dijimos: si el ministerio no nos ayuda a resolver este problema, vamos a determinar la toma» (José Luis Flores; en FLORES, 1994:33).

En este contexto, los comités de allegados deciden unánimemente realizar una toma y los dirigentes, con la idea de hacer una toma masiva, deciden ocupar las parcelas colindantes al terreno de la Coordinadora. Pese al temor, cientos de familias participan en esta toma, donde deben enfrentar difíciles condiciones de vida.

En la madrugada del 19 de junio de 1992, unos 4.000 pobladores ocupan el terreno precordillerano de 14,5 ha, adyacente a la parcela que ya pertenece a la Coordinadora, propiedad de la señora Filomena Narváez. Al principio, ni los carabineros dispuestos a desalojarlos ni los allegados saben con certeza si están ocupando los terrenos de la Coordinadora u otros, es decir, si están ocupando su propio terreno o un terreno ajeno. Tras la confusión inicial respecto de la toma, los allegados intuyen que la única manera de conseguir una vivienda es quedarse en el terreno y evitar el desalojo.

«Fuimos para allá con el objetivo de tener una casa propia, y no íbamos a transar en ese sentido. Era la casa o la casa» (Felipe Plaza; en EL MIRADOR, 1999).

Figura 41. Toma Esperanza Andina, 19 de junio de 1992. 

Fuente: Fotogramas EL MIRADOR, 1999, en base a registro audiovisual de los pobladores 

Cuando la lluvia empieza a arreciar, las autoridades exigen el retiro de las carpas con la esperanza de que los pobladores desocuparán el terreno, pero estos solo levantan tienda y enseguida instalan ochocientas mediaguas, desafiando al gobierno que se opone tenazmente a la ocupación ilegal. Las autoridades argumentan que, si apoyan a los ocupantes, dejarán sin solución a otras miles de familias que esperan una vivienda. Ante este argumento los dirigentes le proponen al ministerio que en los terrenos ocupados radique a las familias ocupantes y a otros allegados de la comuna.

La urbanización informal

Durante los primeros meses los ocupantes lotean el terreno con el fin de asegurar la permanencia en él. Diseñan un detallado plan de trabajo, con cuadrillas dedicadas a la urbanización del campamento. Instalan agua potable y se conectan al colector de alcantarillado; instalan un transformador y hacen la instalación eléctrica para cada vivienda del campamento.

«Con nuestro propio esfuerzo y basándonos en nuestra propia capacidad organizativa, confeccionamos un plano. Medimos los terrenos, delineamos las manzanas, las calles, los pasajes, las áreas verdes, colocamos nuestra propia instalación eléctrica y de agua, de esta manera loteamos el campamento. Esto significa que de aquí nunca más salimos, aquí cada familia se ganó ya su propio sitio para toda la vida» (José Luis Flores; en FLORES, 1994:196).

Según la información proporcionada por miembros del equipo del Ministerio, la subdivisión de los lotes se mantiene, aun cuando no hay certeza de que todas las obras de urbanización se hayan mantenido.

«El contratista evalúa en su oferta lo que existe, lo que va usar y lo que no va a usar, por lo tanto el SERVIU se desentiende de eso y queda en manos de esta empresa privada [encargada vía licitación], vio lo que estaba bien y lo que estaba mal y él asumió como responsable porque en Chile al menos se hace responsable a quien construye» (Juan Espinoza, 2011).

Los pobladores se niegan a recibir asistencia y confían en la autogestión para resolver sus problemas y satisfacer sus necesidades. Los valores del esfuerzo y de la autonomía son fundamentales.

3.3.2.3. La expropiación del terreno 

Durante el gobierno de Frei (1994-2000) el Minvu y los ocupantes dialogan más. Se crea una comisión ministerial con una encargada especial e interlocutora permanente, la señora Cristina Silva. Se trata de llegar a acuerdos que conduzcan a soluciones concretas.

Las gestiones para la compra del terreno prosiguen, pero la propietaria no actúa con seriedad. La señora Filomena Narváez negocia en un marco de especulación y falta de compromiso que genera en los pobladores un fuerte sentimiento de desesperanza y humillación. Cuando han convenido en un precio, los pobladores se esfuerzan y logran reunir el dinero, mas a último momento la propietaria lo sube.

«Tuvimos que juntar todas nuestras platas, todo. Hacer un esfuerzo y tener todas las platas, y cuántas veces subió la dueña de los terrenos, todos los compromisos que hacíamos se quedaban atrás, porque ella subía y subía los precios. Y cada vez que subía los precios teníamos que tener más plata. O sea,

logramos tener todas nuestras platas» (Teresa Llanquín, 2009)247_.

El precio del terreno sube cuatro veces. En tres años los pobladores han ahorrado un monto significativo, pero a la tercera vez que la propietaria desconoce el acuerdo, el dirigente José Luis Flores hace una huelga de hambre seca. La propietaria firma un nuevo acuerdo con los pobladores y el ministro de vivienda, pero este tampoco es respetado.

Las movilizaciones aumentan y se diversifican. Los pobladores dan conferencias de prensa, se toman organismos públicos e instalan carpas en el centro de la ciudad, hasta que deciden marchar a Valparaíso para exigirle al gobierno, ante el Congreso, que expropie los terrenos. Así, entre un domingo y un martes, 1.200 allegados marchan 116 km para presionar a las autoridades y exigir que el Congreso Nacional se pronuncie. Finalmente, la Cámara de Diputados aprueba el decreto de expropiación de los terrenos, dando inicio a la consolidación definitiva de la población.

Construcción definitiva de la población Esperanza Andina

Tras la compra del terreno, se realizan los proyectos y se prevé el inicio de la construcción para mediados de octubre de 1998. Los pobladores se instalan en campamentos provisorios, la mayoría en un terreno con pendiente en la precordillera. Unas doscientas familias lotean y equipan un sitio cerca de la municipalidad.

Entonces ocurre que vecinos con mayor capacidad económica manifiestan su rechazo a la instalación provisoria de los pobladores de la toma. Luego de una provocadora instalación de mediaguas en la calle, el municipio realoja a los pobladores en los estacionamientos municipales, a pocos metros del terreno que sus vecinos les impidieron ocupar, y donde dos semanas más tarde se construiría un gran muro divisorio que los deja aislados248_{. Los pobladores se sienten «arrinconados»} y humillados.

«Viene gente de afuera, compra casas bonitas aquí dentro de la comuna, pero creen que se compran también el derecho a vivir solos, que los pobres tenemos que arrinconarnos para darles el espacio a ellos. Los rotos de la comuna metidos al medio de los ricos. Entonces eso no nos perdonan» (Olga Leiva; en EL MIRADOR, 1999).

247 _{Presidenta Centro de Desarrollo Deudores Habitacionales Esperanza Andina, dirige proyectos FSV y PPPF,} exdirigente Andha Chile. Entrevista realizada por la autora.

248 _{Galleguillos (2000) estudia la satisfacción residencial de los pobladores de Esperanza Andina en el marco del clima de} hostilidad y rechazo que crean sus vecinos de más altos ingresos hacia ellos.

Ante la intolerancia de los vecinos de Peñalolén y la afluencia de familias de mayores recursos, los pobladores exigen con más fuerza que se reserve espacio para los allegados en la misma comuna. A principios de 2000 se terminan de entregar las 846 viviendas de 42 m2 _{en dos pisos, de mejor} calidad que la ofrecida entonces. Durante el proceso de consecución de la vivienda, los pobladores diseñan el barrio de manera participativa —incluyendo la nominación de calles con los hitos del proceso, La Toma, Ilusión Andina, El Congreso, Valparaíso, Alcaldía, La Unión, El Triunfo, Mi Casa, entre otros—, revisan y supervisan los proyectos de instalaciones, forman un comité unitario de 846 familias (aunque 50 familias es el máximo que establece la ley para las postulaciones colectivas) y ahorran en grupo. Todas estas prácticas son propuestas e impuestas por los mismos pobladores y constituyen una gran innovación.

3.3.3.4. Negociación: diálogo y presión 

La experiencia de Esperanza Andina es un ejemplo de autogestión que cuenta con la contribución de políticos, profesionales y representantes de la sociedad civil y de la cooperación internacional (FIGUEROA, 2003). Pese a este apoyo, respecto de los programas habitacionales y del financiamiento los dirigentes actúan prácticamente solos.

La principal reivindicación de los pobladores es que las autoridades resuelvan su problema habitacional particular, distinto al de otros comités, y que reconozcan su derecho a comprar el terreno, contratar a una constructora y adecuar los procedimientos administrativos del ministerio. En suma, solicitan que no los consideren como clientes o beneficiarios y que se les permita realizar la gestión de su propia vivienda.

«Había calidad en el equipo y condiciones naturales de cómo conversar con las personas, sobre todo los pobladores, pero más clave es que hubo una oportunidad del gobierno. El Ministerio de la Vivienda en ese momento tuvo una condición tal de que aceptó resolver un problema tan grave de una forma diferente [y] generó los instrumentos necesarios para que se pueda adecuar las soluciones para estas familias» (Juan Espinoza, 2011)

En su negociación con las instituciones estatales locales y centrales, el Comité de Allegados Esperanza Andina combina estratégicamente el diálogo y la presión. El desempeño de la encargada ministerial y su equipo es clave para la coordinación entre el Minvu, que modifica procedimientos y normas, el Serviu, que asigna los subsidios, y los demás organismos estatales. El municipio, que al principio se opone a la operación, termina patrocinando a los allegados y modificando el plan regulador para permitir la construcción de vivienda social en el terreno ocupado.

Por otra parte, los dirigentes actúan con total independencia de los partidos políticos, lo que facilita la relación entre los líderes de la toma y los pobladores.

Según Figueroa (FIGUEROA 2003), en la población es fundamental la formación de niños y niñas en el trabajo comunitario, que se entiende como un medio para superar la pobreza con herramientas de participación social y movilización comunitaria249_{. Figueroa señala que tras la} entrega de las casas empieza un período de receso de la organización, en que la vida familiar se desarrolla puertas adentro. Este repliegue prepara una nueva etapa de lucha, una lucha que de hecho ocurre en Esperanza Andina cuando, a poco de recibir su vivienda, los pobladores inician un movimiento de deudores habitacionales que solicita la condenación de la deuda hipotecaria contraída por veinte años.

249 _{En el estudio de caso de la Población Obrera de la Unión expuesto en el capítulo siguiente, queda demostrado que} esta hipótesis es correcta. Los niños y niñas formadas por el TAC en el cerro Cordillera durante los 90 son los que llevan adelante el proceso de transformación una década después.

Este movimiento se va extendiendo por el país y da vida a la organización Andha. En 2005 se condonan todas las deudas hipotecarias de Esperanza Andina y la organización de deudores de la población se transforma en un comité para la ampliación y mejoramiento de las viviendas250_. En resumen, la toma Esperanza Andina es exitosa; los allegados, que provienen de diversas comunas de Santiago, logran radicarse en el mismo sitio que han tomado. La compra del terreno resulta a un precio elevadísimo, ya que incluye además una indemnización luego de que la propietaria presenta una querella al Fisco. Esto origina una gran reticencia del ministerio para aceptar cualquier toma que intenten hacer los «sin casa».