159Directora del equipo de ONG de Desarrollo Cordillera que implementa el PQMB en Nueva Palena Alborada.
Entrevista realizada por la autora. 160 DS 553/67, de 26 de septiembre.
161 Villa es una denominación que reemplaza el término población. También se refiere a un conjunto habitacional de grandes dimensiones con casas y/o departamentos.
162 El origen y consolidación de Villa La Reina se puede revisar en detalle en el Cuaderno de Investigación 3. Villa La Reina 1965-2004.
proponen expulsar a los pobladores sin casa de la nueva comuna. En consecuencia, el alcalde designado por el presidente Alessandri, Oscar Castro, dicta un decreto que obliga a los propietarios a cercar los terrenos ocupados por los pobladores. Con ello, por una parte, se obligaría a las familias sin casa a salir de los sitios ocupados, y por otra parte, se impediría la llegada de nuevos pobladores a los numerosos sitios eriazos de la comuna, que quedarían entonces protegidos de nuevas tomas u ocupaciones ilegales.
«[Con el decreto] se expulsaba a los pobladores que estaban en la comuna. Se obligaba a cerrar con panderetas los sitios eriazos sin puerta, de manera que nadie pudiese ocupar los sitios eriazos, donde vivía mucha gente, y se prohibía vivir a orillas del canal San Carlos, donde vivían varios cientos de familias» (Fernando Castillo Velasco; en EL MOLINO, 1992).
Comienza entonces un movimiento de resistencia que coincide con la campaña electoral de 1964, y en el cual se crean 16 comités de pobladores sin casa, que apoyan las candidaturas de Frei y Allende (CASTILLO VELASCO, 2008a; SAN MARTÍN, 1988, 1990; ICAZA et al., 1991). En este mismo año, Fernando Castillo Velasco es nombrado alcalde de la recién creada comuna de La Reina, donde viven familias de distintos estratos socioeconómicos y cuya estructura urbana está muy poco consolidada.
El Alcalde se implica rápidamente en los problemas que aquejan a los sin casa. En palabras de Mónica Echeverría, su mujer:
«Sucede a la mañana siguiente de la elección de Fernando como alcalde en 1964 de la comuna donde vivimos, La Reina. Ese día despertamos muy temprano por voces y ruidos extraños. Al asomarnos por la ventana vemos que una cantidad de gente en harapos rodea la casa. Fernando baja a hablar con ellos y regresa descompuesto. Se trata de cientos de marginales que han levantado unas medias aguas con tablas y telas nylon a orillas del canal San Carlos que atraviesa la comuna y que por orden del alcalde anterior serán desalojados y echados a la calle» (ECHEVERRÍA y CASTILLO, 2002:96).
El compromiso del nuevo Alcalde con los pobladores queda sellado: el primero anula el decreto y los segundos aceptan congelar las movilizaciones mientras encuentran la solución para concretar un proyecto de viviendas con apoyo de la municipalidad.
«Yo llegué y me encontré con estas mil seiscientas familias, que por cierto reclamaban casa, y la posibilidad de tener el Fundo de La Reina que estaba en el centro de la comuna, fue un proyecto de ley, con la ley obtuvimos la expropiación del fundo. Como alcalde no pagué nada y tuve el 70% del terreno, porque la dirección de deporte del Estado le interesaba tener las oficinas y el campo de excelencia, y el Instituto Forestal tener sus instalaciones, que las hizo. Ellos financiaron toda la compra y yo iba quedándome con los retazos que fueron toda la parte de la población de Villa La Reina, que la ley definió por ley que ahí se hicieran viviendas de interés social» (Fernando Castillo
Velasco, 2009)163.
En las 39 ha destinadas al plan habitacional se implementa un programa de autoconstrucción de 1.592 viviendas, 712 viviendas en la primera etapa, y 880 en la segunda (HARAMOTO et al., 1985). El municipio aporta el terreno y la asesoría técnica y los pobladores definen el diseño urbano y la vivienda en un proceso participativo que se realiza en conjunto con los proyectistas.
«Luego de un mancomunado esfuerzo de usuarios y proyectistas apoyados en un proceso de participación proyectual se definieron por parte de la Federación de Pobladores y proyectistas las principales características de emplazamiento y diseño urbano de la nueva Villa La Reina» (SAN MARTÍN, 1988:73).
Cada comité elige a un jefe de obra que dirige el trabajo de las familias en terreno. Los comités
163 Alcalde de La Reina (1964-1967, 1992-1993, 1996-2004); exrector de la Universidad Católica (1967-1973); Premio Nacional de Arquitectura (1983); Intendente de Santiago (1994). Entrevista realizada por la autora.
acuerdan que el trabajo de autoconstrucción lo ejecute solo un miembro de cada familia, que trabajaría sábados y domingos en forma cooperativa en faenas colectivas, y que este trabajo sumaría puntaje a las familias. Las casas se asignan a las familias según el puntaje acumulado por cada una (nadie sabía para quién trabajaba y así se evitaban las deserciones), para el cálculo del cual se privilegiaban tanto las horas hombre como el ahorro mensual sistemático. Cada comité podía también establecer otros requisitos particulares.
«Y con ese puntaje, ellos adquirían más rápido su vivienda. Tú no sabías qué casa te iba a tocar hasta el final en que estaban todas terminadas. Y por puntaje: tú tenías más horas de trabajo, eras la
persona que estabas más pronto a recibir tu casa» (Juan Carlos Casas, 2008)164
En Villa La Reina se forma además una Cooperativa de Trabajadores de la Reina (COTREI), que no solo autoconstruye vivienda y urbaniza la población por sus propios medios, sino que extiende sus labores fuera de los límites de la Villa y luego de la comuna. Los pobladores capacitados forman una empresa constructora que presta servicios al gobierno comunal y al Estado (HARAMOTO et al., 1985: 87).
Hacia 1970, el programa de autoconstrucción iniciado el 23 de mayo de 1966 tenía un estado de avance que el nuevo gobierno de Salvador Allende —que introdujo cambios sustantivos a la política habitacional, entre ellos la suspensión de la autoconstrucción— no pudo desconocer. En 1973, cuando «el Gobierno militar paralizó los programas de autoconstrucción y cualquier otro tipo de programa habitacional de carácter colectivo», el programa estaba prácticamente terminado (SAN MARTÍN, 1988, 1990), a excepción del último sector programado, al oriente de la Villa, en la calle Cordillera, donde los vecinos tienen que seguir autoconstruyendo por su cuenta, con apoyo esporádico de los organismos públicos.
Para finalizar, debemos señalar que para los gestores de la idea, arquitectos y alcaldes democratacristianos, líderes del proyecto en el municipio, el programa emprendido es más que una solución a un problema habitacional, es una cuestión de sociedad. En efecto, entre los objetivos del programa se plantea que es un medio para integrar a la sociedad chilena a amplios sectores marginales, un medio de capacitación para capacitar a los trabajadores y un medio para crear empresas industriales administradas por los trabajadores, que sean competitivas. El programa es más que un proyecto de construcción de casas: es una nueva forma de hacer ciudad con espacios públicos para la cotidianidad. El programa es más que un ejercicio participativo: es una posibilidad de desarrollo para las personas y de robustecimiento de diferentes organizaciones (SAN MARTÍN, 1988, 1990).
«Quiero explicar que cuando partieron no eran pobladores, eran cientos de familias muy pobres que vivían aisladas y precariamente en diversos rincones marginales de la comuna. En el curso de la realización de su Villa se hicieron también pobladores, es decir, construyeron su cultura de cooperación y convivencia para trabajar eficazmente y vivir juntos en su apretado espacio urbano. En ese proceso, hombres y mujeres adquirieron destrezas que nunca habían tenido y se fueron haciendo carpinteros y carpinteras, albañiles y “albañilas”, electricistas, plomeros y todos los oficios necesarios, no sólo para construir una casa sino que para que la Villa, con sus mil seiscientas veinte familias, funcionara normal y agradablemente para la vida de todos los días» (CASTILLO VELASCO, 2008a:20).
Así, el interés primordial del proyecto es organizar comunidad en base a valores como la solidaridad y la subsidiaridad.
«Recuerdo que desde el instante en que él decide asumir la alcaldía de La Reina, comenzamos [a] hablar de dos temas: el de la solidaridad y el de la subsidiaridad, y me acuerdo haber estado en su
164 Dirigente Comité de allegados Encuentro con la Familia, Villa La Reina. Entrevista realizada por alumnos del Seminario de Investigación de la Universidad Andrés Bello, dirigido por María José Castillo.
oficina debatiendo intensamente acerca de la importancia de organizar comunidad, de que la sociedad esté estructurada en términos de una comunidad, y de cómo ellas debían fortalecerse con la autogestión. Discutíamos acerca de que el hombre era sujeto y no objeto, y de que el desafío era conformar una sociedad que fuera más democrática en función de la comunidad, y que lo que no podían hacer esas comunidades tenía que hacerlo una instancia superior por subsidiaridad» (Eduardo San Martín; en ZERÁN, 1998:43).
Podría decirse que Villa La Reina es el germen del programa de autofabricación de viviendas llamado Plan 20.000-70 que impulsa el gobierno de Frei a fines de la década de los sesenta, y que consiste en organizar fábricas populares para la producción colectiva de elementos prefabricados que sirvan en la construcción de viviendas de las operaciones sitio (SAN MARTÍN, 1972, 1992). Este programa incorpora algunos conceptos novedosos que en los años 80 y 90 retomarán las ONG. Estos son: asistencia técnica, capacitación y formación, organización social, autoconstrucción y ayuda mutua, talleres de producción locales y descentralizados, industrialización y prefabricación por ayuda mutua y mano de obra especializada y remunerada (BASAURI, 1993). A estas alturas, es importante señalar que el modelo de cooperativa de ayuda mutua de Chile es pionero en Latinoamérica, y que tuvo gran influencia en el desarrollo del cooperativismo en el resto de la región. Precisamente, el movimiento cooperativo uruguayo, formado hacia fines de los 60, y vigente hasta hoy, sienta sus bases en los aprendizajes de la experiencia chilena. De hecho, el director de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), Humberto Antúnez, señala: «el modelo [de Fucvam] es tomado del desarrollo cooperativo de Chile que tuvo que ver [con] la impronta de la [internacional] social cristiana, fue de Chile, sin duda» (Humberto Antúnez, 2011)165. Sin embargo, como ya anticipamos y como revisaremos más adelante, el cooperativismo chileno transitó posteriormente desde un énfasis en lo social hacia una acción cuyo objeto central son los mecanismos de financiamiento para el acceso a la vivienda. Sin embargo, las operaciones sitio, bautizadas irónicamente como operaciones «tiza» por los pobladores —al final, los sitios quedan solo trazados con tiza—, no logran satisfacer toda la demanda, a tal punto que en Santiago, durante los seis días que dura el llamado a los sin casa (del 16 al 21 de agosto de 1965), se inscriben 62.739 familias. Pero el gobierno solo cuenta con recursos para dar 11.000 soluciones, que se concretan en los siguientes dos años, de modo que todos los demás postulantes quedan sin solución (GARCÉS, 2002). Además, como la operación sitio no se acompaña de una política de reserva de suelo que permita la creación de barrios donde convivan sectores de distinta condición socioeconómica, la ejecución del plan profundiza la segregación espacial: las urbanizaciones se emplazan en la periferia sur y poniente, en vastos territorios homogéneos donde se concentra la población pobre.
Durante 1967, el gobierno promete acceso a sitio a todos los pobladores inscritos en 1965 y advierte que los pobladores que procedan a tomar terrenos serán excluidos de la operación sitio (ESPINOZA, 1988:281).
Las tomas de terreno «asistidas» por el gobierno, 1967-1973
Con todo, a partir de 1967 el gobierno se ve envuelto en una crisis y no consigue hacer frente a las demandas. Se produce un brote de movilizaciones populares con las cuales se reivindica el acceso a los terrenos y que los programas estatales no logran contener. Los pobladores se especializan en la toma de terrenos y en la negociación para obtener viviendas en los sitios ocupados, tal como señala
165 Director Nacional Fucvam. Intervención en el Taller-Conversatorio Hacia modelos de producción social de hábitat autogestionados: proyectos de transformación, incidencia y penetración en las políticas locales y nacionales, Escuela de Cooperativismo y Autogestión del Hábitat 2011, SUR, 18 de noviembre de 2011, registrada por la autora.
Juan Araya, presidente del Comité de Pobladores Sin Casa de Santiago, en este testimonio:
«Personalmente, he dirigido 85 tomas masivas. Por ejemplo hicimos la toma del 16 de marzo de 1967 en Barrancas, con 648 familias… Esta toma fue la primera que le quebró la mano al Gobierno, nosotros fijamos las condiciones de pago de las viviendas. Ahora todos esos pobladores viven en una hermosa población en Mapocho, a la altura del 7.300, que se llama “Herminia de la Victoria” en memoria de la niñita muerta y de que conseguimos la victoria sobre el gobierno de Frei. Otra toma que le puedo contar fue la de la población Violeta Parra, con 5.000 pobladores… La toma comenzó a las siete de la tarde del 7 de febrero de 1968… Pero no nos ganaron, no pudieron sacarnos del terreno… Ahora “Violeta Parra” es una linda población de la comuna de Barrancas….» (URRUTIA, 1972: 69-70).
Las movilizaciones tampoco se pueden reprimir con la fuerza, menos aún tras la masacre de pobladores ocurrida en Puerto Montt en marzo de 1969 (CASTELLS, 1973).
Por lo demás, no se puede desconocer que el movimiento de pobladores se inscribe en una lucha más amplia por el poder político. Como indica Castells, «no es la relativa especificidad que señalamos a nivel de la estructura social lo que fundamenta el movimiento de pobladores, sino la articulación, en el marco general de la lucha de clases, de la reivindicación urbana y de una estrategia política ligada a la movilización sobre base y objetivos de gobierno local» (CASTELLS, 1973:21). Esta crisis, producto de las crecientes demandas sociales y urbanas, pone en evidencia las limitaciones de la revolución en libertad, que en palabras de Garcés es «“pensada más desde arriba” que en diálogo con “los de abajo”», y que no ha reconocido suficientemente «el movimiento de pobladores como interlocutor legítimo en la resolución de los problemas de vivienda» (GARCÉS et al., 2004:19).
Es así como la política habitacional asistencialista y la autoconstrucción tutelada terminan por reforzar la organización de pobladores, que toma en sus manos el acceso a los terrenos, la definición del proyecto y la construcción de sus viviendas. Como señala Teresa Valdés: «El desarrollo de esta política habitacional y de promoción popular reforzó la acción popular. El resultado fue una organización de pobladores y pobladoras que, además de beneficiarse del Estado, adquirió una práctica de creciente negociación con el poder desde el interior de la institucionalidad vigente» (VALDÉS, 1987:270).
La relación entre el Estado y los pobladores en materia habitacional puede ejemplificarse con una cita. En 1969, con ocasión de un seminario internacional, el Director de Planificación Habitacional del Minvu explica el papel que cumplen los partidos políticos y otros actores en la organización comunitaria de las poblaciones callampas, y su intermediación con las instituciones de vivienda:
«Este contacto [entre una institución de vivienda y los grupos afectados] se produce de múltiples formas. Antes que todo se requiere que existan promotores, o sea personas que no necesitan ser técnicos, porque saldrían muy costosos y, además, en Chile no los tenemos y que se incorporen permanentemente en las poblaciones callampas a preguntar lo que pasa, etc. etc. En segundo lugar, tenemos a nuestro haber, algo que nos ayuda mucho en la promoción, y que es el esquema de partidos políticos que existe en Chile. En Chile existen partidos políticos muy fuertes, como el partido Comunista, el Socialista, el Demócrata Cristiano, el Radical, etc., que en realidad permanentemente están buscando tener participación entre las clases sociales y están junto a los sectores a los cuales representan, ya sea en el Congreso o como líderes, dando las orientaciones de su propio partido. De esta manera es normal que hayan personas de un nivel intelectual y cultural bastante más alto que el de la gente de las poblaciones marginales y que están incorporados en ellas. Es así como los partidos políticos ofrecen también un aspecto positivo que es lograr la organización de la comunidad. Por otra parte yo no diría que el contacto que existe entre las instituciones del gobierno y las instituciones populares, los comités, es un contacto fácil ni tampoco paternalista, yo me atrevería a definirlo como un poco agresivo. Las reuniones son, generalmente, violentas, con
peticiones fuertes por ambos lados y, evidentemente, siempre se llega a una conclusión concreta, o sea hay en esto una lucha permanente, lo que es muy propio nuestro, pero además esto tiene la ventaja de mantener a las partes preocupadas, lo que las obliga a cumplir y a llevar adelante el proceso» (Raimundo Guarda; en MINVU, 1969:299-300).
Del asistencialismo a la complementariedad
Las tomas cobran una importancia política tal que pasan a ser instrumentalizadas por los partidos, tanto de la izquierda como de la centro derecha, y hasta de la propia Democracia Cristiana. Aunque son ilegales, pasan a ser «asistidas», ya sea porque la administración pública las asesora negociando con los propietarios y expropiando los terrenos, ya sea por las soluciones de emergencia que se construyen en ellas.
Entre 1967 y 1972 las luchas de los pobladores escapan al control institucional y las tomas de terrenos se multiplican. De hecho, en este período Santiago es escenario de 312 tomas en las que participan 54.710 familias (DUQUE y PASTRANA, 1972: citado en VALDÉS, 1987; citado en ESPINOZA, 1998), que en conjunto representan el 10% de los 2.446.998 habitantes de la ciudad en 1972. Los suelos ocupados son terrenos intersticiales del tejido urbano así como predios agrícolas adyacentes a la ciudad. La fisonomía de las ciudades se transforma considerablemente con la aparición de estos nuevos campamentos (ESPINOZA, 1998).
Durante el gobierno de Salvador Allende, de 1970-1973, se radicaliza el concepto de vivienda: queda establecido que se trata de un derecho irrenunciable, que es obligación del Estado proporcionar vivienda a su pueblo y que esta no puede ser objeto de lucro. Por primera vez se promueve la integración social y se concibe un programa de vivienda social centralizado: el lema es «vamos pa’ [para] arriba», en alusión a la conquista de poder de los sectores populares y a la necesidad de densificar la ciudad construyendo en altura. La Consejería de Promoción Popular se convierte en la Consejería de Desarrollo Social, que sigue implementando programas sociales territorialmente, esta vez con profesionales que han transitado desde la Democracia Cristiana hacia la izquierda, como la Izquierda Cristiana y el Mapu.
«La promoción popular derivó, en la época de la UP, en lo que se llamó desarrollo social» (Gloria Cruz, 2011).
Sin embargo, los esfuerzos crecientes del gobierno a favor de la construcción de vivienda popular no alcanzan a satisfacer la demanda. Además, en 1971 el Minvu cambia de parecer respecto de la autoconstrucción y comienza a considerarla como otra forma de explotación de los sectores de menores ingresos, al crearles una ocupación adicional. Se argumenta también que las viviendas producidas por los pobladores resultan más caras y de peor calidad. A pesar del ambicioso plan de construcción proyectos habitacionales públicos, las metas propuestas no se cumplen y las tomas continúan. Según un Informe de Carabineros al Senado, el número de tomas aumenta de 8 en 1968, a 23 en 1969, a 220 en 1970, y a 175 los primeros seis meses de 1971 (CIDU, 1972); durante el primer semestre de 1973 llega a realizarse una toma diaria (ESPINOZA, 1982; citado en VALDÉS, 1987:274).
Estas ocupaciones son siempre una respuesta concreta e inmediata a la falta de vivienda. La política permisiva del gobierno de Allende en esta materia, acorde con la prioridad asignada al «poder popular», convierte las tomas de terreno en una de las formas predominantes de acceso, primero al suelo, y con el tiempo, a la vivienda. Se demuestra que las tomas consiguen soluciones habitacionales para los pobladores: en 1971 el 10% de la población de Santiago accede a tierra urbana mediante tomas y campamentos, configurando un nuevo paisaje urbano.
En la coyuntura del cambio de gobierno de la Democracia Cristiana a la Unidad Popular, el