D e empresa a agenCIa públICa
IV.3. la eXpansIÓn De los FerroCarrIles estatales, 1884-
la incorporación de la riqueza salitrera capturada tras la anexión de los territorios peruanos y bolivianos, permitió una mayor disponibilidad de recursos públicos que hizo posi- ble crear nuevas agencias públicas como la EFE. desde 1884, la empresa quedó a cargo de un director General nombrado por el Presidente de la república, siendo asistido por un consejo directivo integrado por el mismo director, los directores de departamento y tres consejeros nombrados por el Presidente. su operación se dividió en cuatro departamentos: Explotación, Vía y Edificios, tracción y Maestranzas, y contabilidad, cada uno dirigido por un director nombrado a propuesta del director General y con el acuerdo del consejo. a este últi- mo organismo el director General debía someter los reglamentos que conviniera dictar, el pre- supuesto de gastos, las nuevas obras por construir, la adquisición de equipo rodante, mate- riales y modificaciones que debieran hacerse en la explotación19. la operación territorial se
dividió en tres secciones: Valparaíso-santiago, santiago-talca, talca-angol y una cuarta sec-
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Cap. iV. De empreSa a aGeNCia púBLiCa
16CS.BS (1873), pp. 25 y 69. 17CS.BS (1873), pp. 25 y 69. 18mhm (1881), p. CLXXXiV. 19Jofré (1892), pp. 367-373.
ción que se incorporó en 1906 que inicialmente cubrió de angol a osorno para luego exten- derse hasta Puerto Montt en 1912. En el norte del país en 1917 se creó la red norte para administrar las líneas compradas o construidas entre la calera (aconcagua) y Pueblo Hundido (atacama) con aproximadamente 900 km de distancia entre estos últimos destinos (ver mapas 3, 4 y 5).
Hasta 1886 la EFE dependió del Ministerio del interior, pero desde el año siguiente quedó bajo la tuición del MioP, ministerio que en este campo se encargó de construir y diri- gir los ferrocarriles del Estado así como vigilar las concesiones, cargas fiscales y obligaciones normativas de los ferrocarriles privados20. la nueva organización a pesar de su centralización
no solucionó los problemas de dirección y de coordinación de la red ferroviaria. En 1887 el director General, Hermógenes Pérez de arce, expuso que la ley que regulaba la empresa era inadecuada porque tendía a la centralización del servicio en cada uno de los directores de departamento, dando lugar a recargo de trabajo, atrasos, mala calidad de la gestión y, a veces, olvido de las tareas. situación que se replicaba en cada sección territorial en donde había otros cuatro jefes de departamento, lo que generaba antagonismos, desacuerdos y aumento en los costos de operación21.
sin embargo, sería con esa estructura con la cual la EFE llevaría a cabo la consolidación de las líneas de la zona agrícola y de colonización hacia el sur, ejerciendo una labor proteccionista tal como lo expuso en 1887 Julio Pérez canto, dirigente de la soFoFa, en el sentido de que: “por lo que respecta a los ferrocarriles, sabido es que su explotación por cuenta del Estado no se hace con el fin de sacar lucro de ella, sino con el de prestar toda clase de facilidades al desarrollo de nuestras fuentes de producción”22. desde 1888 las líneas
estatales se incrementaron con el proyecto de Balmaceda para construir alrededor de 1.000 km, a los que se sumarían las provincias mineras del norte que habían sido escasamente atendidas por los Gobiernos, situación que fue señalada en 1887 por el diputado Juan Walker Martínez:
“la minería es sin duda la primera y principal fuente de riqueza nacional. sin embargo vemos que mientras se derrochan millones para favorecer a los departamentos agrícolas del sur, los distritos mineros del norte yacen en completo olvido, entregados a sus propias fuerzas, en una situación que parece que no formase parte de la familia chilena”23.
62 TeCNoLoGía, eSTaDo y FerroCarriLeS eNChiLe, 1850-1950
20Greve (1944), vol. iV, pp. 111-112. 21eFem (1887), p. 54.
22pérez Canto, Julio: “observaciones sobre el estado del país en 1887”. BSFF, V:3 (1888), p. 105. 23CD.BSo (1887), p. 665.
un cuestionamiento más claro fue hecho por Zorobabel rodríguez, diputado y después de 1891 superintendente de aduanas:
“los agricultores del centro han venido a competir con los de la costa en una proporción considerable, puesto que se les ha facilitado el acarreo, lo que unido al menor costo de explotación, les permite dar sus artículos más baratos, adquiriendo en cambio, mucho mayor valor sus propiedades.
El hecho es, que los que más han ganado con la construcción de ferrocarriles son precisamente los propietarios del valle central a los cuales se cree en una condición muy inferior”24.
debe precisarse que Zorobabel rodríguez realizó una intensa campaña en pro de las libertades individuales y en contra de la expansión de las atribuciones del Estado, siendo seguidor del economista liberal francés Jean Gustave courcelle-seneuil, quien en la década de 1850 había sido asesor del ministerio de Hacienda, profesor de la universidad de chile, impulsor de leyes y de un debate local sobre el laissez-faire, enfrentado a las posturas neomercantilistas que enfatizaban en la protección e intervención del Estado en la economía25. El pensamiento de rodríguez quedó expresado en 1894 en su Tratado de
economía política, que fue adoptado como texto en la universidad de chile y rechazado por sectores eclesiásticos y conservadores por adherir a los postulados de Malthus26.
Este tipo de puntos enfrentados se fueron acentuando, y en 1887 el ministro de industrias y obras públicas, Pedro Montt –futuro presidente de la república entre 1906 y 1910–, señaló cuál sería la misión del Estado chileno en este campo:
“En dos palabras, puede decirse que la misión del estado es únicamente defender la propiedad y la seguridad individual; pero no puede aplicarse tan en absoluto esta doctrina a todo aquello que se refiera al progreso de un país y al adelantamiento material de una nación. a ese grado de perfección ideal a que algunos aspiran no puede llegarse en todas partes de la misma manera, y esto por una razón muy sencilla: porque unos países tienen más recursos y otros menos. Por mi parte debo aclarar que los medios que he visto desarrollar en los diversos países que conozco para llegar a ese resultado son diversos, lo que no he
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24CD.BSo (1887), p. 639.
25Will (1964), pp. 20 y 21; y Villalobos (1981), pp. 28-29. 26Correa (1997), pp. 387-388 y 391-392.
encontrado es estado alguno cuya acción se limite únicamente a proteger y amparar la seguridad individual y la propiedad”27.
Esta consideración de que el Estado no podía limitarse a ser sólo un guardián del orden, sino un promotor del progreso material se reflejó en el incremento de la construcción y adquisición de compañías ferroviarias en quiebra o con serios problemas comerciales, como las vías que atendían a la minería en coquimbo y atacama. Para estas últimas, en noviembre de 1888 fue presentado por el ministro de industrias y obras públicas, Enrique salvador sanfuentes, un proyecto de ley de expropiación de las líneas. se fundamentaba en que las compañías privadas obtenían ganancias en regiones deprimidas con tarifas tres o cuatro veces más altas que EFE, en cambio las tarifas estatales pagadas en papel moneda eran las más baratas del mundo y pagadas en oro eran iguales a las más moderadas de Europa como las francesas y belgas28. desde esa perspectiva, las líneas privadas “estrangulaban” a la
minería metálica:
“de aquí proviene la estagnación de la minería y de la agricultura por la sujeción a especuladores que utilizan en vasta escala el esfuerzo de grandes y pequeños industriales, con grave y manifiesto perjuicio de la industria y de la pro- ducción general.
no basta, sin duda, que haya en aquella región del país ferrocarriles para la comodidad personal de los viajeros y el pronto acarreo de frutos y minerales porque es indispensable que las tarifas sean reducidas y permitan al pequeño capital, ya sea individual o colectivamente considerado, aplicarse al trabajo con ventajas y seguridades de que hoy carece”29.
lo anterior apuntaba a la situación de los ferrocarriles de caldera a copiapó, de coquimbo a la serena y ovalle, de la serena a rivadavia, y de tongoy a tamaya que el Gobierno planteaba expropiar para reducir las tarifas hasta sólo cubrir el costo de explotación, que no consideraban los de orden financiero. la iniciativa fue aprobada en comisiones considerando que los productores de esas provincias podrían disponer de tarifas bajas y explotar minerales de baja ley. sin embargo, el proyecto se atrasó por el problema básico de establecer el valor de cada una de las líneas que iban a ser expropiadas, problema que en 1889 reconoció el ministro de hacienda ante la cámara de diputados30. así, las líneas para
64 TeCNoLoGía, eSTaDo y FerroCarriLeS eNChiLe, 1850-1950
27CD.BSe (1887), p. 884. 28eFem (1888), p. 27. 29CD.BSe (1888-1889), p. 187.
la minería metálica tardarían en completarse, situación frente a la cual los mineros de esas provincias plantearon en 1894 la dispendiosa idea de que si no se adquiría el Ferrocarril de coquimbo se construyera una línea paralela por cuenta del Estado31.
la guerra civil de 1891 no alteró sustancialmente la orientación en esta materia. si bien muchos de los dirigentes del bando del congreso que triunfó sobre el presidente Balmaceda, manifestaron una inclinación por las políticas económicas de laissez-faire, la nueva administración mantuvo la idea de que el Estado debía remover los obstáculos que entorpecían la conexión externa y el desenvolvimiento del mercado interno32. En 1892
Enrique Mac-iver, ministro de hacienda del Gobierno del almirante Jorge Montt, manifestó que era necesario mejorar los puertos, abaratar el comercio marítimo, multiplicar y mantener expeditas las vías de comunicación para bajar el costo de los transportes, fomentando la marina mercante “protegiéndola cuerdamente y no por medio de subvenciones personales que originan monopolios”33. Para los ferrocarriles del Estado se mantuvieron los mismos
criterios vigentes bajo Balmaceda, que fueron expuestos en 1894 por el ministro de industrias: “destinada, como está, la Empresa fiscal al fomento de los intereses industriales del país, más que a procurar al Estado recursos pecuniarios directos, es menester encaminarla al cumplimiento de su misión, perfeccionando su administración y dotándola de todos los elementos que requiera para satisfacer específicamente las exigencias de los industriales y de los particulares en general”34.