financiación del consumo con tarjetas de crédito volverá a su senda de crecimiento tan pronto lo hagan las perspectivas económicas, se recupere la confianza del consumidor, la movilidad y todas aquellas actividades limitadas para controlar la pandemia. Además, han surgido variantes de financiación en el punto de venta asociadas a la tarjeta de crédito –Buy Now Pay Later- de la mano de Klarna, el unicornio fintech sueco, modelo de negocio al que se han sumado grandes plataformas de e-commerce y/o pagos online como Amazon o Paypal. Si bien representa aún un pequeño porcentaje de la financiación con tarjeta de crédito, el crecimiento mostrado en países como EE.UU., Reino Unido y Australia es muy notable. Tanto es así que han surgido en fecha reciente iniciativas de autorregulación (códigos de conducta) para prevenir el riesgo de sobreendeudamiento, especialmente de colectivos más vulnerables.
La incipiente multibancarización
Respecto al inicio del proceso de multibancarización observado el año anterior, la pandemia parece haberlo interrumpido, al menos durante el año 2020. Interrupción que resulta razonable en la medida en que el confinamiento, la interrupción de la actividad presencial o el mantenimiento durante varias semanas de la atención exclusivamente para determinadas operaciones y transacciones han impedido, desalentado o al menos dificultado temporalmente el onboarding. En España, donde la segunda mitad del 2020 ha estado trufada de importantísimos anuncios de reestructuración del sector bancario con las fusiones de Caixabank- Bankia y la en el último momento frustrada BBVA-Banc Sabadell, el proceso de multibancarización iniciado previsiblemente se verá interrumpido o ralentizado de forma más acusada.
Testigos de la evolución
de las tendencias globales
Europa y Latinoamérica: mercados que
crecen y se sofistican
Europa ha sido una región pionera en la integración del mercado único de pagos para que ciudadanos, empresas y otros agentes pueden realizar y recibir pagos en euros en Europa, dentro y fuera de las fronteras nacionales, en las mismas condiciones y con los mismos derechos y obligaciones.
Una vez adoptada la moneda única en 2002, el perfeccionamiento de la zona única de pagos en euros (SEPA) ha sido el propósito de todas las iniciativas regulatorias en esta materia, con el fin de que los ciudadanos puedan con una única cuenta (con el identificador único de cuenta IBAN, International Bank Account Number), una única tarjeta y unos instrumentos de pago con idénticas características (transferencias y adeudos), realizar pagos en cualquiera de los países de la zona SEPA. El Reglamento UE 260/2012 estableció como fecha límite para el reemplazo de los instrumentos de pago nacionales por los nuevos esquemas SEPA el 1 de febrero de 2014.
La Directiva de Servicios de Pago (PSD) de 2007 fue el resultado del análisis realizado por la Comisión Europea y que desveló que (i) el coste del sistema de pagos de la economía europea era elevado por ineficiente y desincentivaba el uso de pagos electrónicos sobre los pagos en efectivo; (ii) los sistemas de pagos eran de facto nacionales, estando supeditada la operativa transnacional a la falta de infraestructura; y (iii) los mercados nacionales disponían de marcos jurídicos propios para sus sistemas de pago, haciendo imprescindible una mayor integración y estandarización. PSD garantizaba que todos los pagos electrónicos nacionales o en euros se completarían en un máximo de un día después de la orden de pago, sentaría los fundamentos jurídicos de los regímenes transfronterizos de adeudos, daría lugar a precios más bajos y a una mayor capacidad de elección para los usuarios. También proporcionaba la base jurídica para la SEPA. En junio de 2010, ocho países miembros (Chipre, España, Grecia, Polonia, Rumanía y Suecia) fueron señalados por la
La incertidumbre condiciona
el dinamismo del consumo, pero
el negocio de la financiación con
tarjetas de crédito volverá a su
senda de crecimiento
5. Cómo hemos cambiado
La PSD2 de 2015 (en vigor desde 2018 en dos fases) profundiza en los elementos de la PSD y la adapta a los nuevos factores surgidos del proceso de digitalización y de los nuevos proveedores de servicios de pago, a los que se les habilita el acceso a las cuentas bancarias, previo consentimiento de los clientes en la medida en que la propiedad de dicha información y datos es de estos últimos, no de las entidades bancarias, enfatizado este derecho por el Reglamento General de Protección de Datos de 2018.
La primera fase sobre transparencia de precios arrancó el 13 de enero de 2018; la segunda sobre seguridad de pagos y acceso a cuentas, originalmente prevista para el 14 de septiembre de 2019, se ha pospuesto hasta finales de 2020 salvo algunas excepciones puntuales como Francia y Reino Unido que han ampliado el plazo. La segunda fase sigue siendo objeto de debate en relación a la interpretación de los mandatos de PSD2, las RTS sobre autenticación reforzada (SCA) y los documentos de opinión de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y grupo de evaluación del Consejo de Pagos Minoristas en Euros (ERPB) sobre API.
Las dificultades en la armonización y estandarización de API, junto con la falta de sincronización de los tiempos entre PSD2 y los pagos inmediatos (10”), puede provocar tres escenarios en el medio plazo: uno, que fintech y bigtech accedan a las cuentas bancarias a través de las licencias de entidades de dinero electrónico (EDE) obtenidas y construyan sus propias soluciones al margen
de los bancos. Otro, que las autoridades se animen a un tercer intento regulatorio (PSD3) que establezca especificaciones más precisas –tras evidenciar las complejidades de alcanzar acuerdos por parte de la industria- de aspectos clave como los estándares para API, los KPI de desempeño para API, la unificación de métodos de autenticación fuerte, de interpretación de las RTS, de servicios de directorios y de procesos de disputas. Un tercer escenario es que el BCE asuma la construcción y operación de las infraestructuras y reglas, opción que ha explorado la Reserva Federal de EE.UU. para pagos inmediatos.
Entre tanto, en 2020 se intensifica el debate sobre la necesidad de ampliar el perímetro regulatorio y explorar la posibilidad de complementar el régimen actual basado en entidades con un enfoque basado en actividades ante la perspectiva de que las empresas tecnológicas aumenten su presencia en el sector de los servicios financieros. Y se avanza con paso firme en la innovación alrededor de los pagos inmediatos, considerados estratégicos en el ámbito europeo, con la inauguración de nuevas modalidades como el Request-to-Pay. La prioridad en Latinoamérica en materia de pagos minoristas sigue siendo, en la década del 2020, la inclusión financiera. Y los datos de Global Findex del Banco Mundial, que previsiblemente serán actualizados en 2021 (con información de 2020), reflejan con claridad la necesidad de avanzar con urgencia en este propósito de inclusión.
Figura 5.1: Adultos con y sin cuenta en entidad financiera, 2017
1 millón 10 millones 100 millones 200 millones
Los principales motivos declarados por la población no bancarizada de los países de la región son de índole económica: en media, el 58% de los no bancarizados aluden a la insuficiencia personal de fondos (67% en Colombia y República Dominicana), y el 50% al elevado coste de los servicios financieros (cerca del 60% en Brasil, Colombia y Perú). El tercer motivo principal (lo es para el 30% de la población no bancarizada) es la falta de confianza en las entidades financieras, en el que destaca Chile (45%). Le sigue de cerca (29%) el hábito de compartir cuenta entre varios miembros de la familia, donde destaca Brasil (51%). La falta de documentación necesaria para el onboarding es especialmente frecuente en Argentina (30%), Colombia (28%), Perú (29%) y México (26%), países que también comparten un alto porcentaje de trabajadores informales. La lejanía de los puntos de atención de las entidades financieras desincentiva a uno de cada tres no bancarizados de Brasil, México y Perú. Y quizá lo más relevante: todos reconocen necesitar una cuenta.
Los detalles de las motivaciones obtenidas a través de estudios de demanda desvelan espacios de mejora e innovación que las entidades financieras en particular, o los proveedores de servicios de pago en general, han de considerar a la hora de definir sus estrategias de negocio si buscan contribuir a los objetivos de inclusión financiera establecidos en cada uno de los países analizados. El caso de uso de distribución de recursos a colectivos vulnerables a través de tarjetas o billeteras prepago durante la pandemia ha demostrado ser una solución ágil, sencilla y efectiva para el propósito coyuntural de emergencia que contribuye, además, a avanzar con paso firme en el proceso de inclusión financiera de los no bancarizados. Ejemplos como Ágora, cuenta digital prepago que llegó al mercado peruano en mayo de 2020 en tiempo récord, son instrumentos que consideran desde la fase de diseño las motivaciones declaradas por los no bancarizados.
El uso de internet en su vertiente financiera (realización de pagos o compras online) desde una perspectiva socio- económica y demográfica arroja asimismo información de utilidad: existen brechas de uso en población con menor nivel de formación, por nivel de ingresos y por edad. Los jóvenes en Chile y Costa Rica destacan sobre
país que peor puntúa en todos los indicadores, seguido de cerca por Colombia, República Dominicana y México. En una posición intermedia se sitúan Argentina y Brasil. Para la población menos formada, las diferencias entre países se difuminan, y en todos ellos el porcentaje de población activa en e-commerce y pagos en línea es
Figura 5.2: Motivos declarados de no disponer de una cuenta en entidad financiera (% de mayores de 15 años sin cuenta)
Fuente: Afi, a partir de Global Findex 2017
Argentina 6,5% Brasil 11,5% Colombia 13,3% Costa Rica 5,4% México 21,4% Perú 20,2% República Dominicana 10,7% Chile 6,8% 0% 20% 40% 60% 80% Insuficiencia de fondos
Servicios financieros caros
Falta de confianza en las entidades financieras
Alguien de la familia tiene cuenta Falta de documentación
necesaria Distancia física entidades
financieras No necesita servicios
5. Cómo hemos cambiado