Cashless societies
Hasta la irrupción de la covid-19, auténtica protagonista de 2020 en cualquier ámbito de la vida, los avances de las sociedades, economías y países hacia la
independencia del dinero en efectivo (cashless societies) se han producido a distintas velocidades en función de los diferentes puntos de partida, así como el mayor o menor impulso explícito de las autoridades.
Según el “Estudio sobre las actitudes de pago de los consumidores en la zona del euro (SPACE)” que el BCE publicó en noviembre de 2020, el efectivo sigue siendo la forma más común de realizar pequeños pagos al por menor, y representa en 2019 el 73 % de todos los pagos físicos minoristas, a pesar de que casi la mitad de los consumidores declaran preferir pagar digitalmente. El país de nuestro Informe más avanzado en su camino hacia una sociedad cashless es Reino Unido, y se encuentra en una fase a la que todavía no han llegado el resto de países analizados, por lo que es pionero (junto con otros como Suecia), en su preocupación por garantizar a la población el acceso al dinero en efectivo. En octubre de 2020 el Tesoro británico (HM Treasury- HMT) publicó un documento de evidencia sobre el acceso al dinero en efectivo para orientar la función regulatoria de las autoridades en su mandato de proteger el acceso al cash. El documento, abierto a consulta hasta finales de noviembre 2020, analiza los siguientes aspectos: • Las facilidades para retirar efectivo (en un escenario
post-brexit), para facilitar la adopción de “cashback without a purchase”, un servicio actualmente limitado por la falta de exención en virtud de PSD2 tal como se implementó en el Reino Unido por el Reglamento de Servicios de Pago de 2017 • Las facilidades para ingresar efectivo • La aceptación de pagos en efectivo
• La vigilancia de los sistemas de dinero en efectivo, sobre la que se propone sea responsabilidad exclusiva de la FCA en lugar de los actuales HMT, el Banco de Inglaterra, la FCA y el Regulador del Sistema de Pagos
Recuadro 5.1: ¿Dónde está el cash?
La Comisión Europea ya discontinuó en enero de 2018 la emisión de billetes de 500 euros, constatada su escasa utilidad como medio de pago y la preferencia de la población de utilizarlos como mecanismo de depósito de valor. En enero de 2020 la propia Comisión anunció su intención de analizar la eficiencia en el uso de las monedas de menor denominación (1 y 2 céntimos de euro), intuyendo un uso marginal que contrasta con el elevado coste que supone mantener su circulación, así como valorar la necesidad de adoptar normas comunes para el redondeo de precios.
No en vano, y poniendo a España como ejemplo ilustrativo, en mayo de 2020 el Banco de España publicaba los siguientes datos: el 46% de los 24.192 millones de monedas puestas en circulación por la autoridad monetaria española corresponden a las denominaciones de 1 y 2 céntimos, representando un valor total de 158 millones de euros, un 3,2% del valor total y el 30% del peso total. Es más, el coste de producción y puesta en circulación de estas monedas es superior a su valor facial. Ya en el año 2016 el propio Banco de España se preguntaba dónde estaban estas monedas, dada su escasa circulación entre la población a pesar del notable aumento de la demanda y consiguiente producción. ¿Están los ciudadanos acumulando monedas en vez de utilizarlas para realizar pagos? ¿Dónde están?
Y este debate no está presente solo en la zona euro, aunque las motivaciones son diversas. Durante los peores meses de la pandemia, EE.UU. sufrió un desabastecimiento de moneda metálica provocado por la ruptura de las cadenas de pago y de los patrones de circulación habituales, reduciendo su velocidad y los inventarios de monedas y dificultando a los puntos de venta la aceptación de pagos en efectivo.
En busca de soluciones inmediatas a este desabastecimiento, como primer paso la Reserva Federal impuso un límite temporal a las entidades depositarias para asegurar que el suministro se distribuyera de manera justa; conformó un grupo de trabajo junto con la US Mint (Casa de la Moneda, 1792) para identificar y promover acciones para abordar las interrupciones en la circulación de monedas y, desde mediados de junio de 2020, la US Mint ha estado operando a plena capacidad de producción, acuñando 1.650 millones de monedas al mes durante el resto del año. La expectativa es que a medida que la economía se recupere y las empresas reabran, más monedas volverán a los canales minoristas y bancarios permitiendo la reconstrucción de los inventarios de monedas en el país.
En Argentina, el Banco Central firmó en septiembre de 2020 un contrato de 20,6 millones de dólares con la Casa de la Moneda de Brasil para producir e importar 400 millones de billetes de 1.000 pesos (equivalente a aproximadamente 13 dólares a la fecha de redacción de este Informe), ante la sobredemanda sobrevenida por la pandemia que la Casa de la Moneda local fue incapaz de satisfacer. Al mismo tiempo, quedó descartada al menos temporalmente la iniciativa de inaugurar la emisión de billetes de 5.000 pesos anunciada previamente.
Lo anterior ilustra, desde diferentes geografías, la complejidad y el coste asociado a la gestión del dinero en efectivo, a la que a menudo se le asigna erróneamente un coste cero porque es un coste diluido en mayor o menor medida entre toda la cadena de valor de los pagos, incluidos los consumidores y contribuyentes.
5. Cómo hemos cambiado
La urgencia de la universalización de los pagos digitales
Los distintos puntos de partida y de nivel de desarrollo de las capacidades previas necesarias para aspirar genuinamente a garantizar la independencia del dinero en efectivo –equipamientos, conectividad y habilidades suficientes, fundamentalmente- han condicionado la respuesta de personas y establecimientos a la crisis sanitaria provocada por la covid-19. Esta respuesta, en cuanto a los pagos en efectivo se refiere, ha sido motivada tanto por la elección personal como por los muchos mensajes, esta vez sí, emitidos por las autoridades que recomendaban evitar el uso del dinero en efectivo para realizar pagos y cobros presenciales, por una simple cuestión de higiene y de interrupción de la propagación del virus.
El confinamiento decretado también obligó, sin ser mandatorio, a utilizar medios de pago alternativos al efectivo para poder consumir de forma remota a través de los canales de e-commerce existentes o los muchos que se habilitaron espectacularmente rápido durante la crisis sanitaria. Consumir llegó a implicar, en Europa, pagar por medios digitales, fundamentalmente con tarjeta de débito contactless, que es un medio de pago considerado “básico” por las autoridades europeas, de acuerdo con la Directiva 2014/92 sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas.
En Latinoamérica fueron las billeteras eminentemente prepago (y las tarjetas de esta modalidad de dinero electrónico o tarjetas monedero) las que asumieron esta labor de facilitar los pagos y, sobre todo, la de distribuir ayudas monetarias a los colectivos más vulnerables, como bien ha demostrado Brasil con la emisión y activación de más de cincuenta millones de billeteras digitales en apenas unas semanas, en el peor momento de la primera ola de la pandemia. Los esfuerzos de las autoridades por “localizar” a los beneficiarios potenciales han sido ingentes, demostrándose urgente la necesidad de garantizar la inclusión financiera de las personas como condición necesaria para la inclusión económica y social, especialmente para afrontar situaciones de emergencia como la provocada por la covid-19. Esta es una responsabilidad que las entidades financieras han de ejercer activamente, más aún en aquellos países donde el acceso a las cuentas de pago básicas (o “no- frills accounts” en sus múltiples acepciones) ya está
contemplado como un derecho. De no ejercerla, serán previsiblemente fintech, bigtech y neobancos (o nuevos operadores que aún no conocemos) los que ocuparán dicho espacio, muy amplio aún en muchos países de Latinoamérica.
De mantenerse el nuevo hábito entre un porcentaje de usuarios de los que con la pandemia han comenzado a pagar con medios alternativos al efectivo, el avance hacia una sociedad cashless es indudable. Pero para ello es preciso que la aceptación de estos medios de pago, a pesar de que creció durante la crisis sanitaria, permanezca y se extienda a otros puntos cotidianos, como el transporte público, las administraciones públicas y los negocios.
Un revés temporal para las tarjetas de crédito… Si ha habido un medio de pago que no ha despuntado en 2020, éste ha sido la tarjeta de crédito, que según los primeros datos apuntan a una minoración en el parque total de los países contemplados en este Informe (ver capítulos 4 y 6).
Más allá del menor número de tarjetas en circulación, uno de los grandes negocios asociados a las de crédito (travel) ha prácticamente desaparecido desde el mes de marzo de 2020, si bien se recuperará tan pronto finalice la emergencia sanitaria, previsiblemente en 2021 con la disponibilidad de una vacuna. El deterioro de las carteras de crédito al cumplirse el vencimiento de las moratorias y/o las refinanciaciones adoptadas por el sector, ha escalado posiciones entre las preocupaciones de los emisores, que deberán traer consigo cambios en las políticas comerciales y de riesgo en este segmento de negocio.
A esta situación coyuntural se unen los continuos cuestionamientos en diversos países -Brasil, Perú y más recientemente España- hacia la modalidad revolving, con implicaciones regulatorias y en algunos casos judiciales.