La parcelación del Collado de Sierra de Fuentes

En el caso de Sierra de Fuentes, un municipio muy cercano a Cáceres, cuando se creó el Patronato de Acción Social Agraria, las gestiones para adquirir la finca El Collado estaban ya muy avanzadas. Se puede decir que entre el Marqués de Castro Serna y sus herederos y el duque de Peñaranda se repartían todas las propiedades del pueblo. No sabemos por qué razón, entre los propietarios de El Collado se encontraba Clemente Sánchez Torres, que había sido ingeniero director de Cañamero y había estado a la cabeza del proyecto de Monroy. En resumen, era un funcionario público afecto a las instituciones agrarias de la provincia cuya actuación llena de sospechas la transparencia de la primera aplicación del decreto de parcelaciones en la provincia331.

La finca El Collado era un clásico proindiviso perteneciente a la familia Ulloa (marqués de Castro Serna)332. La petición del Sindicato Agrícola San Isidro de la localidad es incluso previa a la promulgación del Real decreto de 1927. Efectivamente el 6 de enero de 1926 se dirigen al Director General de Agricultura y Montes:

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Vid. LEMUS, Encarnación (1993): Extremadura a través de las Diputaciones Provinciales. Cáceres/Badajoz: Diputaciones Provinciales, pág. 64.

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El hecho sorprende más porque su parte se la había comprado a las hermanas Higuero Ávila, otra rica familia terrateniente de la provincia, apenas seis meses antes de cerrarse la operación y con el Real Decreto de Parcelaciones en vigor ¿tendría algún interés personal en la adquisición de la finca? ¿le permitía su condición de funcionario público disponer de información privilegiada sobre las posibles fincas a parcelar? Todo muy oscuro, en un ingeniero agrónomo que ejerció a modo de “consultor” durante la II República firmando numerosos informes de cultivo ejemplar y de excepcionalidad forestal de dehesas de la provincia que iban a ser expropiadas por el Instituto de Reforma Agraria.

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Por la copia de la escritura de compraventa, que se hizo efectiva el 15 de diciembre de 1928 aparecen como partícipes Doña María de la Concepción de Ulloa y Fernández Durán, Condesa de Revillagigedo, Excma. Sra. Doña Manuela O´Neill y Salamanca, Marquesa Viuda de Villamejor, Excmo.Sr. Don Álvaro María de Ulloa y Fernández Durán y Don Clemente Sánchez Torres. Mientras no se indique lo contrario, todas las referencias en ADGDR, Fondo Parcelaciones, Cáceres-Sierra de Fuentes, s.c.

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“...Siendo en nuestra mayoría unos humildes labradores que carecemos de terrenos propios a que podernos dedicar con nuestras familias y teniendo en nuestras cercanías muchos destinados a pasto y labor, se da el caso que éstas lo son por individuos que ni son labradores y si lo son no pueden laborearlos por sí y el que les sobra nos los ceden en condiciones exageradas sobre precios muy elevados, lo que nos hace imposible poder obtener la remuneración de nuestros trabajos y no contando con otros elementos de vida, pues con la agricultura nos hemos criado y otra cosa no conocemos, nos obliga a aceptar todas las condiciones que se nos imponen”333.

El 15 de junio de 1926, cumpliendo órdenes de la Dirección General de Agricultura, el ingeniero jefe de la 2ª región agronómica, con sede en Badajoz, elevaba un informe sobre la situación del pueblo en el que daba cuenta del pingüe negocio del subarriendo. Las dehesas eran arrendadas a grandes arrendatarios que a su vez las subarrendaban obteniendo escandalosas rentas, obteniendo “mayor utilidad que el mismo propietario”. El informe concluía a favor de una legislación social que corrigiera tales abusos, como si el asunto fuera algo nuevo para los ingenieros agrónomos.

El Collado era una más de estas fincas y una de tantas de la región. Estaba arrendada desde noviembre de 1923 en cuatro hojas a pasto y labor con la cláusula de “a riesgo y ventura” en el contrato. El precio del mismo, que tenía cuatro años de duración, era de 18500 pesetas anuales. El arrendatario se quedaba con los pastos y rastrojos, subarrendando la hoja de labor, obteniendo un beneficio anual de unas 8000 pesetas sin tener que labrar las tierras.

El 10 de abril de 1928, el Sindicato Agrícola solicita al Patronato de Acción Social Agraria “que previas las comprobaciones que estime pertinentes se les facilite que la expresada finca, medio de vivir del pueblo, no pase a otras manos y la puedan adquirir”. Siguiendo el Real decreto de 1927, el Sindicato debía acordar con los propietarios la compra y aportar el 20%, corriendo a cargo del Estado el anticipo del 80% restante del valor de la finca.

Los antecedentes que hemos venido citando eran conocidos por la Dirección de Acción Social Agraria, quien solicita a Cáceres un informe técnico sobre la posible parcelación. El ingeniero de montes Vicente Hernández informa en muy breve plazo del interés de la finca, siendo el valor de la misma garantía del anticipo del Patronato. Para el técnico “la parcelación es un elemento social y económicamente considerado, muy

necesario para la vida del expresado pueblo”334. Entre la solicitud de parcelación y la

aprobación por parte del Patronato apenas pasaron 12 días, lo que corrobora la sospecha de que Sánchez Torres era parte interesada en la parcelación. El precio, 410000 pesetas para una finca de 540 hectáreas, no parece nada malo para el vendedor ya que a precios constantes equivaldría a la renta de más de 20 años335.

Correspondía al ayuntamiento y al sindicato agrícola reunir el 20%. Entre abril de 1928 y febrero de 1930 se llevó a cabo la parcelación. Por parte de diversos vecinos se reclamó a la Dirección de Acción Social por la forma en que se llevó a cabo la suscripción de acciones: se quejaban de que se había tratado de un negocio entre los miembros de la corporación y sus familiares a fin de tenerlo controlado todo. Como ya ocurriera con Cañamero estamos de nuevo ante indicios de degeneración individualista de la ayuda del Estado. En marzo de 1929, el Patronato provincial declaraba que se daría prioridad a los más pobres, a los labradores sobre los artesanos y a los casados sobre los solteros. Curiosamente el ingeniero Clemente Sánchez Torres era el encargado de las operaciones de parcelación. De nuevo nos tenemos que remitir a fuentes posteriores para conocer cuál fue el problema de fondo. Nada más terminar la Guerra Civil, José González Gil, antiguo ingeniero del IRA y entonces jefe del Servicio Nacional de Reforma Económica y Social de

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Ibídem.

334 _{Ibídem, Informe de 16 de abril de 1928.} 335

la Tierra, informa a Zorrilla Dorronsoro de la “distribución, en extremo mala” que se hizo de las parcelas de El Collado “puesto que se concedieron a menores de edad, zapateros y a vecinos de otros pueblos”, siendo llevada con una “administración aún más deficiente”.

Verificada el 13 de febrero de 1930 la parcelación en 158 lotes, resultó habitual la venta inmediata de la misma por parte de algunos parceleros así como el acaparamiento por parte de los familiares del alcalde. El perito agrícola responsable pide en febrero de 1931 que se expulse a los infractores y que se saquen las parcelas nuevamente a concurso, si bien el alcalde no parece muy dispuesto a esta solución. Continuamente, en los años de la II República surgirán todo tipo de problemas en torno a El Collado: aprovechamientos de los pastos comunes vendidos a uno de los administradores de la Junta de Parceleros, subasta al mejor postor de las vacantes sin consultar con la superioridad, continuos boicots durante la II República para la venta del trigo producido y dificultades cada vez mayores para el pago de las anualidades. La primera experiencia del reformismo agrario promulgado por la Dictadura de Primo de Rivera en Cáceres evidenciaba de nuevo las lacras del sistema: corrupción y caciquismo a diversas escalas.