Las corrientes autoritarias y la Constitución de

Durante el oncenio, el sector económico de mayor expansión fue el mercado urbano de Lima. La construcción civil estuvo en auge, el gobierno financió grandes obras de infraestructura que dieron impulso a las urbanizaciones particulares. Ese auge urbano se reprodujo en menor medida en algunas capitales departamentales. El automóvil comenzó a utilizarse y su uso se incrementaba entre el centro de Lima y las residencias de las nuevas urbanizaciones al sur de la capital. Había comenzado la gran segregación urbana por barrios definidos socialmente. Esta expansión del automóvil dio origen al primer seguro de vehículos motorizados, que comenzó a ser ofertado por las compañías de seguros hacia 1918 y fue reglamentado por la asociación de aseguradores en 1927. Al final del oncenio, circulaban en el Perú 15,000 vehículos a motor. 136

134

Basadre, Jorge Ob. Cit., pp. 156 y ss. 135

Ibídem, p. 156 y ss.

136 _{Zapata Velasco, Antonio. (2006). Instituciones de control del Estado peruano. Historia y}

67 Al terminar el periodo de Leguía, los diversos grupos hegemónicos de la clase dominante se presentaban políticamente desorganizados y divididos en múltiples facciones. Las viejas elites habían sido desintegradas y su influencia había desaparecido casi completamente:137

“La crisis económica aceleró violentamente la cristalización de todas las contradicciones y conflictos que venían madurando en el seno de la sociedad peruana, y nunca como entonces el Perú estuvo al borde mismo de una revolución popular. Desorganizada políticamente la clase oligárquica, debilitada económicamente por los efectos de la crisis, ausente la capacidad imperialista para intervenir en defensa de sus intereses, fraccionado el ejército por las ambiciones de caudillos momentáneos, los sectores populares parecieron, por un momento, tener la vía abierta hacia el poder. Sin embargo la revolución fue derrotada, lo que descubrió la debilidad de las organizaciones políticas anti oligárquicas (…)”.138

En el contexto de la quiebra del Perú y Londres que afectó en elevada medida a la economía nacional porque era un banco muy compenetrado con el mundo empresarial peruano, se dio la caída de Sánchez Cerro y la formación de la Junta de Gobierno presidida por David Samanez Ocampo. A pesar de las reformas bancarias, la ausencia de reforma tributaria impidió dar solución al presupuesto público:

“(…) las rentas del estado habían colapsado a causa de la crisis mundial y los déficit presupuestales se hicieron difíciles de manejar. Los gobiernos posteriores a Leguía paralizaron las obras públicas hasta la recuperación de la economía nacional a mediados de los treinta. Pero, estos gobiernos no pudieron reducir la burocracia, cuyas

137

Quijano, Aníbal. (1985). Imperialismo Clases Sociales y Estado en el Perú 1890-1930. Lima: Mosca Azul Editores. 2da edición. p. 118

68 filas se quintuplicaron bajo el Oncenio y cuyos salarios se habían incrementado en 33% entre 1925 y 1930. Así, la carga de gastos corrientes era bastante pesada en el presupuesto público”.139

Las elecciones de 1931 a la Presidencia de la República dieron el triunfo a Luis M. Sánchez Cerro sobre Víctor Raúl Haya de la Torre, después de una campaña electoral polarizada y controvertida. El 8 de diciembre de ese mismo año se instaló el nuevo gobierno y una Asamblea Constituyente, pero el gobierno fue breve, apenas 16 meses, signado por la insurrección civil, la guerra externa y las penurias económicas. Encontró así las arcas fiscales vacías, obligando a cambiar de ministro de hacienda en enero de 1932, quien expuso públicamente el crítico estado de las finanzas públicas:

“Desde 1929 hasta comienzos de 1933 se vivió una caída muy significativa de las exportaciones; su valor en dólares se redujo en 72%. En ese período también las importaciones cayeron por debajo del 50%, debido a la reducción del poder de compra y la devaluación de la moneda nacional. Los habitantes de las ciudades fueron golpeados en forma muy ruda por el desempleo. Por ejemplo, en la construcción civil el desempleo alcanzó al 70% de la fuerza laboral. El fuerte deterioro abarcó también a la antes próspera economía minera, donde los trabajadores disminuyeron de 32,000 en 1929 a solamente 14,000 en 1932. La crisis también golpeó a las clases medias; el ingreso de los profesionales independientes disminuyó marcadamente; las universidades fueron clausuradas y los maestros quedaron impagos durante largos meses”. 140

En tales circunstancias, la nueva Constitución Política del Perú es dada por el Congreso Constituyente de 1931. Villarán presidió la comisión de notables

139 _{Zapata Velasco, Antonio. (2006). Instituciones de control del Estado peruano. Historia y}

políticas en la CGR, SBS y SUNAT. p.40.

69 que elaboró en aquel año el anteproyecto de Constitución Política del Estado, que influyó sobre el texto fundamental aprobado en 1933, a favor o en contra. Aquel documento se mostraba a favor de la inclusión de los derechos fundamentales, de la existencia de los tres poderes clásicos del Estado, y el control de constitucionalidad de las leyes a cargo del Poder Judicial, así como la descentralización política y administrativa.141 Este congreso con vigencia de 1931 a 1933 contó en sus inicios con la presencia de los diputados del Partido Socialista del Perú, Partido Comunista, Partido Aprista (la oposición, con 27 representantes), Partido Indigenista, Partido Descentralista y de la Unión Revolucionaria (partido de gobierno con 67 representantes incluido aliados) entre otros.

En aquel parlamento, se dio un gran debate, como lo reconoce Víctor Andrés Belaúnde en su obra El Debate Parlamentario, de los más vibrantes en torno al sufragio, proponiéndose el otorgamiento del voto a partir de los 18 años de edad, el voto a la mujer con ciertas restricciones, a los miembros de las fuerzas armadas y a los analfabetos, por parte de los representantes apristas, apoyados algunas veces por socialistas y descentralistas, pero sin éxito alguno. Los constituyentes atendieron la obligación y secreto del voto, la representación de las minorías con tendencia a la proporcionalidad, la autonomía del Poder Electoral, las garantías constitucionales individuales y sociales, la pena de muerte para contados casos, la traición a la Patria en época de guerra y el homicidio calificado. De menor interés fueron en estos debates, el régimen del poder ejecutivo y el legislativo, la supresión del veto presidencial a las leyes parlamentarias, la descentralización, las municipalidades, la religión y las comunidades indígenas. Sobre esta constitución, Chirinos Soto (1985) señala:

“Como reacción contra el despotismo de Leguía, los constituyentes de 1931, escogieron el camino de abolir en los textos, hasta donde fuese

70 posible el sistema presidencial. Le fue reducida al Presidente inclusive la capacidad de elaborar por cuenta propia mensajes al Congreso, sujetándola al requisito de la aprobación por el Consejo de Ministros; se le regateó el derecho de nombrar a los miembros del gabinete, disponiendo que los nombres de éstos serían propuestos al Jefe del Estado por el Presidente del Consejo; fueron confirmadas y ampliadas las disposiciones ya existentes en la Constitución de 1920 en cuanto a la actitud de cada una de las Cámaras para derribar gabinetes; no se otorgó al Poder Ejecutivo la facultad correlativa de disolver el Parlamento; y no se reconoció tampoco al Presidente de la República, en el articulado orgánico de la Constitución el derecho de devolver al Congreso, para una segunda deliberación, los proyectos de ley aprobados por este”.142

Por los constituyentes de 1931 se limitó el poder del presidente mediante el refrendo del ministro correspondiente, necesario para dar validez a sus actos jurídicos. El Presidente requiere la firma del Ministro, y el Ministro requiere la rúbrica del Presidente. Otro factor limitante fue por el Presidente del Concejo de Ministros, a cuya propuesta el Presidente puede nombrar Ministros, y solo con su acuerdo puede removerlos, limitado además por el propio gabinete. Los actos presidenciales son refrendados por los Ministros, los mensajes del Presidente aprobados en Sesión de Concejo. Está limitado por el Parlamento, las Cámaras están facultadas para censurar a los Ministros por separado o al Concejo en pleno, también pueden en última instancia acusar al Presidente y privarlo de su cargo. De otro lado, es limitado por la ciudadanía, la Constitución permite a cualquier ciudadano hacer uso del recurso llamado Acción Popular que procede contra los decretos y resoluciones emanadas por el Poder Ejecutivo. Este recurso fue un instituto de derecho procesal constitucional impracticable y solo se reglamentó en

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Chirinos Soto, Enrique (1985) Historia de la República. Tomo II. Lima: AFA Editores Importadores S.A., p. 85.

71 1963 en la Ley Orgánica del poder Judicial, para dar paso a su uso con la entrada en vigencia de la Constitución de 1979.

La labor se interrumpió por rumores de conspiración e intentos de asesinato en contra del presidente Luis Sánchez Cerro por parte de los apristas. Esto motivó que el gobierno de Sánchez Cerro propusiera una Ley de Emergencia para defender el orden público y la paz social, con el Poder Ejecutivo autorizado para imponer sanciones de carácter judicial: multas, expatriación, confinamiento; para suspender el derecho de reunión; para clausurar centros o asociaciones, etcétera. Esta ley fue aprobada tras una tumultuosa sesión realizada el 8 de enero de 1932, convirtiendo al gobierno en la práctica en una dictadura legalizada.143 Víctor Raúl Haya de La Torre y otros líderes apristas fueron apresados, acusados de atentar contra la seguridad del Estado, de formar parte de una conspiración internacional y de haber complotado contra el gobierno, imputándoseles la responsabilidad de la revolución de Trujillo. El 30 de abril de 1933 Sánchez Cerro fue asesinado cuando pasaba revista a la formación militar que se enfrentaría con Colombia por la disputa de la zona de Leticia. Después, el Congreso elige Presidente Constitucional de la República a Oscar R. Benavides, promulgándose la Constitución el 9 de abril de 1933, durando hasta el 28 de julio de 1980.

Durante el gobierno de Benavides se negoció la paz con Colombia y mantuvo una política interna estable en medio de una latente guerra civil. La obra económica del Estado se concentró en las grandes obras de infraestructura (las carreteras de Benavides). En aquel período de tiempo, el ingreso nacional subió 66% gracias al buen desempeño del algodón, el petróleo y otros minerales. El gobierno mantuvo equilibrado el presupuesto, pese a que había aumentado los impuestos a los acaudalados, realizando

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En aplicación de esta ley, entre el 17 y 20 de febrero de 1932, la fuerza pública aprehendió a 23 congresistas (22 apristas y el descentralista Víctor Colina), enviados todos al destierro. Sin desafuero, se promulgó la vacancia de las 23 representaciones un año después.

72 un amplio programa de vivienda social compuesto por significativas inversiones en escuelas, carreteras e irrigaciones. Su instrumento fue la Junta Pro desocupados. Introdujo además el impuesto a la renta a través de la Ley 7094 que introducía este impuesto para las empresas y las personas naturales. El Ministro de Hacienda de Benavides había declarado que los impuestos directos eran escandalosamente bajos en el país, al grado que no alcanzaban siquiera para pagar el pliego de la policía. 144 _{Los problemas}

sociales básicos fueron ignorados, o tratados como problemas de seguridad policial. Bajo influencia del Partido Aprista, Benavides se vio obligado a convocar a elecciones generales en 1936, en las cuales los candidatos favorecidos por el APRA ganaron, siendo estas anuladas y prorrogándose su gobierno por tres años más. Después transfirió el cargo a Manuel Prado Ugarteche en 1939.