A MODO DE CONCLUSIÓN

La reciente evolución histórica y terminológica para definir situaciones generales e individuales difusas relacionadas con el fenómeno de la margi- nalidad —que se viene constatando en los estados contemporáneos occi- dentales desde el final de la revolución industrial—, ha llegado a asociar el significado del concepto de pobreza con el de exclusión social. Si bien es cierto, este nuevo término acuñado en Francia hace referencia, sobre todo, a las connotaciones laborales de desventaja como el factor causante de la existencia de discriminación, o al menos de desventaja y desigualdad eco- nómica entre los diferentes grupos poblacionales que componen las socie- dades contemporáneas occidentales industrializadas. desde mediados de los años setenta del siglo pasado, el proceso de integración comunitario ha venido reclamando el protagonismo para las políticas sociales reconocien- do expresamente la necesidad de lograr una verdadera dimensión social 62 Se han diseñado 156 acciones (un 14% más que en el III Plan), de las cuales 45 de las mismas abordan de manera directa el mencionado problema de la violencia contra las mujeres. Como datos más reseñables cabe destacarse, los siguientes: a) el área de tra-

bajo e inserción laboral, b) la configuración de una segunda área sobre conciliación de la vida familiar y laboral, ya que según refleja la evaluación del III Plan de Igualdad,

este ámbito se presenta como una zona de sombra donde la ausencia de corresponsa- bilidad familiar y la descoordinación entre la vida familiar y profesional es palpable, y los avances en unos casos y enquistamientos en otros, suponen un obstáculo para pro- gresar en dicha igualdad y c) la configuración del área quinta sobre prevención de la

violencia de género y atención a las víctimas que posibilita el incremento de esfuerzos

en el tratamiento de la violencia, concretamente, a través de los objetivos y acciones recogidos por el primer programa vigente de acciones contra la violencia de género (CaM, 2002).

(que tuvo su origen en la propuesta de delors de un espacio Social euro- peo) que pudiera impulsar e institucionalizar un modelo social de actua- ción sólido para el conjunto de los estados miembros de la unión europea. este modelo se constituiría como elemento estratégico de las actuaciones públicas de inclusión social a través del reconocimiento de que el plano laboral y, concretamente, las personas en situaciones de desempleo de lar- ga duración y sin posibilidad de sustento por parte de las unidades familia- res, conllevaría irremediablemente a exclusiones de la vida activa laboral y, consecuentemente, del sistema social, por este orden. de lo que se de- duce que tanto en la unión europea como en los estados miembros se considera que la exclusión laboral del individuo (pérdida de su puesto de trabajo y salida del mercado de trabajo) se conforma como el paso previo o la antesala de su exclusión social (pérdida de su posición de influencia en la sociedad y en el mercado, y salida del sistema social).

el inconveniente del modelo de exclusión laboral en ciertos colectivos es la dificultad creciente de obtención de unos niveles mínimos de empleo y si se produce, a la vez, una imposibilidad o restricción evidente de acce- so a una formación y recualificación adecuada, el grado de complejización aumenta. Como se ha podido observar, son los aspectos laborales y econó- micos los que vertebran el mayor número de iniciativas de lucha contra la exclusión social que se han aplicado en la Comunidad de Madrid, y con más fuerza, sobre todo, desde que en el año 2000 se reconociera institu- cionalmente que la lucha contra este fenómeno se convertía en uno de los factores estratégicos en el futuro de la Política Social Comunitaria (PSC) y de las respectivas políticas sociales de los estados miembros de la ue. Con lo que se reconoce que las acciones de inclusión laboral (empleabilidad e ingresos mediante rentas de trabajo) son fundamentales, sobre todo, para el caso de los colectivos de desempleados de larga duración que son los que tienen mayores dificultades para acceder a una cualificación que les vincu- le estrechamente con la posibilidad de ser empleados.

actualmente, se entiende que la lucha contra el fenómeno de la exclu- sión social debe abordarse desde la base del problema, desde su raíz. de forma que del análisis que se realice sobre esta problemática se pueda diagnosticar que la clave reside en evitar los riesgos de la exclusión de carácter laboral. La tendencia a seguir debe ser la que articule una serie de iniciativas y actuaciones socioeconómicas y laborales eficaces de lucha contra el desempleo de larga duración, que se configura como el elemento que vertebra, en última instancia, el fracaso y la exclusión social de las

personas. Las políticas de mercado de trabajo (y, específicamente, las polí- ticas activas de fomento y promoción del empleo y el rol de los interlocu- tores sociales a través de la herramienta eficaz del diálogo social) desem- peñan y, lo harán también en el futuro inmediato, un papel fundamental en el aumento del número de oportunidades y de las capacidades educativas- formativas de los individuos y de los grupos poblacionales posibilitan redu- cir entre los colectivos más débiles los riesgos de marginación y pobreza. esto supone elevar el nivel de igualdad sobre la base de una mayor prepa- ración y madurez de las personas que componen la comunidad. Como se ha podido observar, prueba de ello es el compromiso institucional adopta- do y la resposabilidad asumida por parte de la Comunidad de Madrid, so- bre todo desde finales de los años ochenta del siglo pasado, para abordar la lucha contra cualquier tipo de exclusión, discriminación u obstáculo que genere situaciones de indefensión entre los ciudadanos de esta Comuni- dad.

de las actuaciones autonómicas vistas sobre lucha contra la exclusión social, considero que tres de ellas son determinantes por su trascendencia futura. el I Programa de Ingreso Madrileño (IMI), de 19 de Julio de 1990, ya que, aunque no muy nítidamente, se produce el primer paso para insti- tucionalizar las actuaciones de la CaM sobre las situaciones de marginali- dad, precariedad , necesidad y pobreza que se daban en la misma, a tra- vés, del intento de definir el término de exclusión social. el III Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres (1997-2000) destaca como medida im- portante de inclusión social en la CaM, la creación de un Observatorio para conseguir mayor eficacia en las actuaciones en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Y, finalmente, en el IV Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres (2002-2005) de la CaM, actualmente vigente, se reflejan las directrices comunitarias en materia de inclusión so- cial que, principalmente, desde el año 2000 se han venido desarrollando en sus programas sociales de actuación y adoptando, a la vez, por parte de los estados miembros de la ue en sus planes nacionales de inclusión social (no discriminación por razón de sexo, de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, y de lucha contra la violencia de género).

Se puede decir que la premisa básica para la consecución de una mayor eficacia en esta dirección de las actuaciones públicas consiste en una co- rrecta identificación y definición de la problemática por parte de las auto- ridades públicas. Para elllo, se necesita una gestión institucional adecuada de la agenda sistémica, paralelamente, al establecimiento de una agenda

pública político-institucional realmente ajustada a la anterior que es la que, realmente, refleja las situaciones de precariedad existentes de los grupos de mayor riesgo de exclusión social. en este sentido, y en línea con La Parra y Tortosa, para seguir avanzando en esta dirección se necesitaría tener en cuenta una serie de aspectos, como son: 1) una correcta identificación y definición del problema de los colectivos de más riesgo que son suscepti- bles de caer en dichas situaciones (por ejemplo: personas jóvenes y mayo- res con problemáticas varias, mujeres, minusválidos, migrantes, minorías étnicas) para que la actuación pública sea lo más racional, eficaz o efectiva posible; 2) un tratamiento adecuado y una dotación ajustada del gasto pú- blico de las partidas presupuestarias de las políticas sociales de inclusión social sobre la base de la realización de previos análisis de evaluación de actuaciones e iniciativas, cronológicamente, anteriores producidas en la misma línea; 3) un desarrollo, sobre todo, del sistema público de seguridad y/o protección social; 4) un esfuerzo de ayudas al acceso a la educación y formación de los colectivos de más riesgo de exclusión social; y 5) un es- fuerzo continuado de educación en cultura política democrática basada en la articulación de unos mayores niveles de participación sociopolítica de dichos colectivos a través de la creación de opinión y en capacidad de in- fluencia en los procesos de toma de decisión.