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Inseguridad, violencia y género en la ciudad

3 A MODO DE DESPEDIDA

Al fi nalizar este artículo, vuelvo a leer los interrogantes de Virginia Woolf que me sirvieron para desplegar mi pensamiento y confi rmo que, seguramente, no he podido «ofrecerles una pepita de verdad pura, que ustedes envolverían en las hojas de sus libretas y guardarían eternamente sobre el mármol de la chimenea…»

Lo que sí espero es haber colaborado para plantear nuevas preguntas que, como decíamos al principio, sean útiles para descubrir aciertos, pero también vacíos, olvidos y condicionamientos a la hora de pensar ideas y soluciones para construir y habitar ciudades seguras para todos y para todas.

Ciudades para convivir: sin violencias hacia las mujeres

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Comentarios

José Olavarría

Profesor Investigador, Área de Estudios de Género, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flacso-Chile

Claudia Laub plantea al inicio de su exposición una pregunta: «¿Qué necesi- tamos las mujeres para sentirnos seguras?». Creo que ahí hay una cuestión que se da por entendida, y que me gustaría desarrollar un poco más a partir de los aportes muy importantes que ella ha hecho. La pregunta a la que me refi ero es: ¿Por qué las mujeres no se sienten seguras? O, ¿por qué sienten incertidumbre, por qué se sienten abandonadas, desprotegidas? Esa es una pregunta histórica del movimiento de mujeres.

Quienes son parte del movimiento de mujeres tienen bastante claro que la pre- gunta principal planteada es: ¿por qué la diferencia se transforma en inequidad, en dominación? Es una pregunta que tiene respuestas, las cuales no siempre son observadas con detenimiento en las políticas urbanas y, en los últimos años, espe- cialmente en las políticas que tienen que ver con la seguridad ciudadana.

En el desarrollo histórico del movimiento de mujeres hay a lo menos tres cues- tiones que aparecen como centrales.

En primer lugar, la visibilización de las mujeres, que permita re-conocerlas, re-conocerse, en los lugares en que están —o no están— y en las condiciones en que se encuentran, y re-conocer los aportes que efectúan; ahí se hacen presentes las estadísticas y las demandas de desagregación por sexo. La visibilización es una demanda de fi nes de los cuarenta e inicios de los cincuenta, respecto de la cual hoy día hay avances importantes en términos de estadísticas, aunque en campos como el que trata esta reunión —seguridad ciudadana—, las cifras y desagregaciones son a todas luces insufi cientes. Por tanto, sigue presente la demanda de producción de estadísticas sobre violencia de género, de manera de poder hacer el seguimiento y las evaluaciones de impacto de las políticas y programas que se están formulando e implementando. Sin estos recursos, es difícil responder sobre los posibles cambios en esta materia.

La segunda cuestión es la importancia de las teorizaciones, que se refi ere a las explicaciones e interpretaciones que se hacen sobre el porqué de las inequidades entre hombres y mujeres y de la violencia de género. En este ámbito, adquiere importancia el debate sobre cultura y naturaleza. Las teorizaciones profundizan sobre los cuerpos, la biología y cultura: qué tienen los cuerpos de las mujeres, que son transformados

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en objeto de dominación; cómo se construyen e interpretan los cuerpos de hombres y mujeres; cuáles son los aprendizajes sociales y los recursos para hegemonizar tales interpretaciones; de qué manera son cuestionados y aceptados como constitutivos de la naturaleza humana, de la biología.

La tercera, tan destacable como las otras, es el movimiento social —los movi- mientos de mujeres y los feminismos— que está tras las demandas de visibilización, teorización y, fundamentalmente, construcción de una agenda pública que apunte a visibilizar y a modifi car las relaciones de subordinación y violencia de género actuales. La subordinación y la violencia de género se fundamentan en relaciones de poder que lo permiten, y en este sentido el movimiento de mujeres es un mo- vimiento político que, a través de sus actorías sociales, apunta a la equidad y a la igualdad de oportunidades.

Este derrotero, y la experiencia del movimiento de mujeres, han sido tomados como pauta de acción por los movimientos de diversidad sexual, de los pueblos originarios, los de la discapacidad, los de la tercera edad, que apuntan específi - camente a hacer visibles sus condiciones actuales, originadas en las diferencias e inequidades en relación con el propio cuerpo y los cuerpos hegemonizados, y a teorizar sobre ellas.

Si volvemos a plantear la pregunta inicial —por qué las mujeres no se sienten seguras—, podemos establecer que hay condicionantes que van más allá de la propia subjetividad de las personas, y que se refl ejan en las políticas que están estableciendo las autoridades. La cuestión central apunta a cómo acotar el poder de los hombres sobre las mujeres, o el poder de aquellos que tienen dominio sobre los otros cuerpos; cómo modifi car las relaciones de género dominantes. Si el ser mujer y el ser hombre está condicionado por los aprendizajes y la cultura —que permiten la subordinación y la violencia de género—, lo que se requiere es transformar la cultura en relación con los cuerpos, de manera que reconociéndose diferencias, se reconozcan asimismo los derechos y la equidad en la diferencia.

Se requiere que el hecho de ser mujer o ser hombre no sea una condición que per se, por la biología, genere la inequidad; por el contrario, es necesario reconocer que es una condición adquirida social y culturalmente y, por tanto, modifi cable. Sobre la cultura se puede actuar. Ser hombre o ser mujer, en la manera en que esta sociedad lo entiende y en la manera en que se establece la subordinación, son formas construidas; formas que se han sustentado y reproducido políticamente, pero que pueden ser redefi nidas, replanteadas de manera distinta a las que hemos conocido y en las que hemos sido socializados.

La agenda de las mujeres y del feminismo ha estado orientada a modifi car pro- fundamente la cultura de género que predomina en nuestras sociedades, y para ello se ha sustentado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que afi rma que «todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos». Desde este punto se ha avanzado en la agenda internacional con las distintas convenciones, acuerdos, programas y declaraciones que han tenido lugar desde el año 1979, con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Los cambios culturales requieren de nuevas políticas públicas y legislaciones que defi nan lo que socialmente deja de estar permitido y se transforma sea en falta, sea en delito; es el caso, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar.

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ción con la violencia de género. Nos situamos en la ciudad. Las relaciones entre las personas, entre los hombres y las mujeres —cualquiera sea su condición— se dan en un espacio físico, en un momento histórico y en una cultura y sociabilidad que son parte de esas relaciones. Las ciudades son, por tanto, espacios y expresiones de sociabilidad y cultura; la arquitectura y el urbanismo pueden condicionarlas en alguna medida, mayor o menor, pero sin personas no hay ciudades. Por ejemplo, el campamento minero de Sewell, declarado monumento de la humanidad, en algún momento fue una pequeña ciudad que cobijaba a los mineros de El Teniente y a sus familias; hoy es un museo, no es una ciudad, pese a que la arquitectura y su diseño urbanístico no han tenido, en general, modifi caciones. Otro ejemplo: los campamentos salitreros hoy son ruinas, salvo algunos que son museos.

La ciudad es un espacio en que vive y convive la gente; es donde las personas y las familias cohabitan en viviendas separadas en un espacio común; es el espacio que relaciona lo privado e íntimo con lo público; lo privado que se da preferentemente en la vivienda y en el hogar, y lo público en el espacio común: los lugares de trabajo, diversión, reclusión, por señalar algunos. La ciudad es el espacio que, de alguna manera, permite relacionarnos entre ciudadanos y ciudadanas: habitantes de la ciudad. Como espacio social, la ciudad está profundamente transversalizada por el género; tanto en lo público como en lo privado reproduce formas de dominio o, todo lo contrario, permite desenvolverse con autonomía y reconocer la diversidad.

Si nos situamos en el ámbito de la seguridad de las mujeres, vemos que hay espacios más inseguros que otros para las mujeres. Y el espacio más inseguro de la ciudad para las mujeres no es el público, como se tiende a creer, sino, por el contrario, el espacio privado. Las mujeres son criminalizadas dentro de sus casas; en las calles, por el contrario, pueden estar mucho más tranquilas que dentro de la casa —o tan tranquilas como los hombres—. Entonces, cuando se afi rma que la ciudad es lugar peligroso para las mujeres, es necesario precisar que mucho más peligroso que los espacios comunes de la ciudad son los propios hogares. En general, esa situación no es visible para nosotros, porque reiteradamente se señala, especialmente a través de los medios de comunicación y de la difusión de los resultados de las encuestas de opinión —que en general hacen y encargan esos mismos medios—, que el espacio público es el más peligroso y que las personas deben proteger sus hogares impidiendo que los violentos entren a ellos. Esta reiteración de que la violencia está fuera del hogar oculta lo que sucede al interior de él y protege a los violentadores, especial- mente a los que agraden en las propias viviendas a mujeres, niños y niñas, ancianos y ancianas y personas con discapacidad.

Desgraciadamente, una ciudad que no controla y castiga la violencia contra las mujeres es una ciudad que la estimula y cuyas autoridades y habitantes se hacen cómplices de ella. Es necesario recordar al respecto que parte importante de los aprendizajes sobre ser hombre y ser mujer que han dominado nuestra cultura señalan que los hombres son de la calle, el trabajo y lo público, y las mujeres del hogar, la crianza y lo privado. Pero cuando decimos eso, señalamos también que pese a ser los hombres «de la calle», dominan en el hogar; y se engaña a las mujeres haciéndoles creer que el hogar es un lugar seguro y la calle es el peligro.

Hoy día, en el caso de Chile, hemos sido testigos de cómo se ha puesto límite a la violencia contra las mujeres en el hogar y en las relaciones familiares, y en alguna medida hemos sido actores y actoras de ese avance. Ello porque el año 1994 entró

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en vigencia la primera Ley de Violencia Intrafamiliar (19.325), que fue el primer reconocimiento público de que la violencia intrafamiliar era una violación al derecho de las mujeres, y un deber del Estado intervenir y asegurar protección a las personas afectadas. Desde ese momento, la violencia intrafamiliar dejó de ser un problema privado y se consideró un ilícito, merecedor de reproche social y jurídico; un ilícito que no se limitaba a las relaciones matrimoniales. Pero esa ley, pese a que permitió la denuncia creciente de tales actos de violencia en el hogar, no fue sufi ciente para dar protección a las víctimas, ni asignó recursos públicos para su cumplimiento. Esta primera ley fue defi ciente en su aplicación y permitió la impunidad. Las demandas que se hicieron desde la sociedad civil por las insufi ciencias de esta ley, y la decisión de algunas parlamentarias, parlamentarios y autoridades del gobierno, llevaron a su modifi cación y a una nueva ley, que entró en vigencia a fi nes de 2005 (Ley 20.060). Esta ley es un avance importante, porque el Estado asume el deber de adoptar medidas para garantizar la vida, integridad personal y seguridad de los miembros de la familia y prestar asistencia a las víctimas. Y tipifi ca como delito el maltrato habitual, esto es, el ejercicio sistemático de la violencia física o psíquica, que desde ese momento pasa a ser sancionada con cárcel. El maltrato habitual ahora en Chile es delito, el Estado está obligado a proteger a las personas como un bien público en su seguridad. Pero para que se imponga el castigo a los que violenten, se requiere de una acción acorde a las instituciones que tienen a su cargo la administración de la justicia: especialmente los Tribunales de Familia, el Ministerio Público, los Tribunales de Garantía y Carabineros. Estas instancias y quienes las administran deberán señalar cuándo hay delitos y delincuentes contra las mujeres en el hogar. Este proceso indica un avance democrático que se da en el ámbito de la ciudad; en cierta medida, se crea la ciudad, la cultura y sociabilidad de sus habitantes.

La ciudad, por tanto, es más que las construcciones, que la arquitectura; es cómo se asegura un avance democrático en el espacio de lo público citadino, como bien lo planteaba Claudia Laub.

Quiero terminar con la misma entrada que hace Claudia. Me parece fantástico que ocupe el texto de Virginia Woolf. Claudia se pregunta: ¿qué necesitamos las mujeres para sentirnos seguras? Virginia Woolf le responde —desde lo suyo— que para escribir novelas una mujer debe tener dinero y un cuarto propio. Nosotros le responderíamos que para que una mujer se sienta segura, requiere de recursos que la empoderen, y de un espacio público y una ciudad segura que se lo permitan. Una política de seguridad ciudadana debe permitir el empoderamiento de las mujeres y una ciudad que, tanto en los espacios públicos como privados, sea amigable para hombres y mujeres.